La afición al fútbol del Club Deportivo Guadalajara está conmocionada desde que este viernes empezaron a llegar noticias desde Argentina en las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, daba cuenta en rueda de prensa de una operación contra el narcotráfico para desarticular la banda de un mafioso apodado Mameluco Villalba, que dirigía desde la cárcel una de las redes más extensas dedicadas a la venta de estupefacientes en el cinturón metropolitano de Buenos Aires. Según las investigaciones de la Policía Federal de Argentina, para mantener ese trapicheo (por el que movía 22 millones de pesos al día) se valía de una red de sociedades entre las que se citó al grupo inmobiliario y constructor que posee la mayoría de las acciones del Club Deportivo Guadalajara S.A. en España. La acusación, tal y como publica la prensa argentina, es que supuestamente se incurría en “la expulsión y blanqueo de capitales”, mediante la venta de jugadores, aunque según reconocieron las autoridades “no era su principal vía para esta actividad del lavado del dinero”.
La noticia fue un mazazo para la afición morada, quien volvió a recordar aquel funesto mes de julio de 2013 en que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) descendía de categoría al Deportivo Guadalajara después de dos exitosas temporadas en la Segunda División española. El motivo fue la irregular ampliación de capital a la que estaba obligado por su ascenso, que con posterioridad los tribunales confirmaron. A partir de ahí, la afición del Guadalajara vivió un auténtico calvario, pues el equipo acabó en Tercera División, pero lo peor de todo es que estuvo a punto de desaparecer por deudas contraídas con técnicos y jugadores. La sociedad entró en concurso de acreedores y tras diversas peripecias, la SAD terminó siendo controlada por un grupo inversor argentino agrupado en Lener Emprendimientos SL, filial española de Lener Constructora SA y Grupo Dinal SA. Con su capital y el buen trabajo del presidente deportivo Carlos Ávila y colaboradores, el club ascendió a la Segunda RFEF, amplió su actividad en categorías inferiores y fútbol femenino, y las cosas parecían ir razonablemente bien, sin las habituales denuncias de impagos que han acompañado la deriva de este club desde aquel nefasto año 2013.
Con todos estos antecedentes, es entendible el desasosiego que de nuevo vive la afición morada por los problemas con el capital accionarial del club de sus amores y por ello habrá recibido con alivio el comunicado oficial del Club en el que se asegura que la sociedad de su accionista mayoritario “resulta absolutamente ajena a los hechos que se investigan” por el Juzgado nº 2 de San Martín, en Buenos Aires, pues “no han realizado acciones, negocios o intercambios de ninguna clase con las personas identificadas en dicho proceso penal”. A este respecto, tengo que subrayar que estamos ante una investigación preliminar, que deberá concretarse o no en unas imputaciones formales y el posterior juicio, con su sentencia y los correspondientes recursos. Mientras tanto, los implicados tienen el derecho a la presunción de inocencia, y no digamos las estructuras deportivas del club, que desde España a buen seguro han sido los primeros sorprendidos con esta avalancha de noticias. Pero sentado este principio, no podemos ocultar que nos preocupa que en la comparecencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citara expresamente a Lena Emprendimientos SL y al Grupo Dinal relacionados con las operaciones de blanqueo del cartel del narco Villalba, conocido como Los narigones. Ambas empresas tienen la mayoría del capital del Deportivo.
Si bien la justicia tiene sus ritmos, como sabe el Deportivo por su conflicto con la LFP, es cierto que mientras tanto, como señala el comunicado del Club, se ha producido un daño reputacional, que deseamos no acabe influyendo en el rendimiento del equipo, por no hablar de una afición como la del Deportivo, que es modélica y numerosa, y con una gran ciudad detrás que no se merecería otro episodio que termine con la propiedad en los tribunales.
Por tanto, deseamos que todo se aclare favorablemente y que la actual propiedad de la SAD quede exonerada del procedimiento judicial, pero nadie puede llamarse a engaño. Cualquier actuación ilícita probada tendría sus consecuencias, porque el club no solo lleva el nombre de Guadalajara sino que utiliza en dominio pleno una instalación municipal como es el Pedro Escartín. Por ello, hay que estar atentos al procedimiento que se sigue en Buenos Aires y mientras se sustancia acogerse a la presunción de inocencia.
Esto es lo que hay; y bien que lo sentimos, porque parece que a este club le ha mirado un tuerto.
