El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sorprendió esta semana a casi todos cuando realizó en público una propuesta para dar una salida al laberinto en el que se encuentra el Fuerte de San Francisco. Dijo ante la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que van a plantear  hacer allí el proyecto del Centro de Formación Profesional integrado, un lugar que describió similar a la universidad en materia de formación y deslizó que incluso se podría plantear allí otra inversión relacionada con los universitarios, como es hacer una residencia universitaria. Hay que recordar que el gobierno regional, después de las últimas elecciones locales, cambió sus planes para la construcción de un centro de formación profesional de la capital alcarreña a Azuqueca de Henares, como desveló Guadalajara Diario, con el consiguiente disgusto de la alcaldesa Guarinos. Sería esta propuesta, por tanto, una salida que da Page a una decisión ciertamente cuestionable, aunque hay muchas más cosas en juego. A saber.

A Guadalajara, con un alto número de población joven y una economía pujante en materia de empleo, le vendría muy bien cualquier iniciativa que facilite la formación de esos jóvenes y su proyección laboral. Page no dio detalles sobre el proyecto, como es lógico, porque primero deberá ser el consejero del ramo el que lo presente al Ayuntamiento de Guadalajara, así que habrá que esperar hasta entonces para saber qué se nos ofrece en su variante educativa y curricular,  así como la inversión prevista. No conviene lanzar las campanas al vuelo cuando es esta la tercera ubicación que se propone para este proyecto de formación, después de haberse hablado de la antigua prisión provincial y del que fue edificio de la Escuela de Hostelería. Pero la idea en principio me agrada, por ese perfil joven de Guadalajara al que aludía, aunque no se me oculta que su gestación no será fácil, teniendo en cuenta de que compete a administraciones gobernadas por distinto partido político. Sería una buena lección comprobar que en Castilla-La Mancha ese muro es más fácil de saltar que en otras regiones españolas donde se fomenta la división como estrategia política.

Lo que sí tengo muy claro, y me anima a creer que el proyecto no descarrile, es que tanto Junta de Comunidades como Ayuntamiento de Guadalajara están obligados a entenderse, porque les interesa a ambos. Ninguno de los dos tendría que sentirse en una posición secundaria.

El gobierno regional del PSOE debe empeñarse en el éxito de la iniciativa planteada por Page porque sería una manera de dejar zanjada una peliaguda sentencia judicial firme que obliga a la comunidad autónoma a la rehabilitación del Fuerte de San Francisco como pago a los beneficios obtenidos en su día por la urbanización y venta de los terrenos del antiguo recinto militar. Hasta ahora se han manejados tres proyectos diferentes: biblioteca, escuelas municipales y ciudad del cine, que han fracasado o se han abandonado por diferentes razones, y que nos deberían de servir de ejemplo para no tropezar tres veces en la misma piedra. Así, la ciudad del cine, que siempre me pareció una buena idea, tuvo una mala gestación, porque dejó a un lado al Ayuntamiento y pecó de oscurantismo en cuanto su modelo de gestión por una empresa privada, lo que propició que destacados miembros de la cultura local se posicionaran en contra, y el gobierno municipal lo aprovechara para desentenderse de la iniciativa.  

El gobierno municipal del PP no debería ver fantasmas donde tal vez no existan, porque sabe muy bien que por iniciativa propia no va a poder rehabilitar, nunca, el recinto del Fuerte, y ya se ha visto que tras el fracaso de la ciudad del cine no se ha planteado ninguna otra alternativa. Es verdad que tiene una sentencia que le beneficia, pero cualquier jurista le dirá que la Junta puede dilatar su ejecución indefinidamente, porque siempre puede alegar que tiene otras prioridades. Y patada a seguir. Mientras tanto, el Ayuntamiento es el que sufre los problemas derivados de un complejo que en parte está en ruinas y es saqueado permanentemente, lo que ya ha dado lugar a incendios que algún día nos pueden acarrear una desgracia.

Comunidad autónoma y ayuntamiento podrían cometer el error de creer que la solución es dejar pasar el tiempo  hasta la elecciones autonómicas y locales de  2027, y a ver si entonces coinciden políticamente ambos gobiernos. Page incluso lo ha advertido al matizar que el proyecto que pone sobre  la mesa necesita una respuesta urgente, porque si no sale de esta manera “va a ser muy difícil que lo podamos abordar en esta esta etapa”; y concluyó: “habrá que esperar a otras con mejores coyunturas”.  Más claro, agua. Guadalajara no se puede permitir el lujo de esperar a que ayuntamiento y comunidad autónoma estén gobernados por el mismo partido, porque el antiguo complejo militar, en ruinas, no espera.

Así que por una vez voy a ser optimista y creer esta vez no vamos a fracasar. Porque el Ayuntamiento necesita de la Junta para definir un proyecto en el Fuerte que sea viable económicamente; y la Junta tiene una sentencia que cumplir y al Ayuntamiento para desarrollar cualquier proyecto digno de tal nombre. Esto es lo que hay. Obligados a entenderse.

LA FRASE: “Europa debe volver a la acción. No podemos seguir siendo meros espectadores porque, si lo hacemos, terminaremos con un Afganistán en Europa”. (HENZ BUDE, profesor y sociólogo alemán, autor del libro “La sociedad del miedo”).

La situación geopolítica que vive el mundo, con la invasión de Ucrania (tres años ya) y la patada al tablero en el que jugaba Europa desde la II Guerra Mundial por un presidente populista americano que coquetea con Putin y le da alas, va a cambiar muchas cosas. Y el país que no se acomode quedará en fuera de juego. Los principales estados de Europa están moviendo ficha (en Alemania se va a cambiar hasta la Constitución para poder invertir más en defensa), mientras que en España se sigue analizando la crisis en clave interna y cortoplacista. El presidente Sánchez solo tiene que responder a una pregunta y no lo ha hecho: ¿Tiene garantizado el apoyo a las nuevas exigencias sobre defensa aprobadas en Bruselas de todos los miembros de su Gobierno; y dispone de una mayoría parlamentaria que soporte esta política? Parece que no. Los de dentro, representados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, siguen instalados en un pacifismo existencial que juega en contra de la seguridad y las libertades de las que disfruta Europa desde la derrota del nazismo. Y el flanco independentista aliado con Sánchez es directamente pro Putin, como se demostró con el golpe en Cataluña en otoño de 2017 y que el Kremlin alentó todo lo que pudo. Ante un desamparo parlamentario  tan mayúsculo, cualquier presidente democrático habría buscado un pacto de estado amplio con el primer partido de la cámara, en España, el PP, o convocar directamente elecciones como hizo en Alemania Scholz, un socialdemócrata serio y patriota. Nada de esto ha hecho Pedro Sánchez, porque sabe que sus socios no tolerarían ningún acuerdo parlamentario estable con el PP de Feijóo, pero tampoco opta por la alternativa de la convocatoria electoral. Prefiere seguir en La Moncloa, aunque no pueda gobernar ni aprobar lo comprometido con la UE, a costa de dejar al país desarmado ante la peor crisis que tiene que afrontar la democracia española. No cabe mayor irresponsabilidad. Pero esto es lo que hay.

MAGDALENA VITALICIA.- Pedro Sánchez no ha abandonado a su ex ministra Magdalena Valerio, una de las primeras diputadas del PSOE que respaldó al actual presidente del Gobierno en su carrera hacia la secretaría general del PSOE. Recuerdo todavía que Valerio trajo a la Agrupación Socialista de Guadalajara a Sánchez cuando todavía era un diputado de base, desconocido, y que, ya entonces, me dijo que podría ser un candidato a la secretaría general; buen ojo. Magdalena tuvo mala suerte, porque dejó de ser ministra de Trabajo en 2020 cuando se convocaron nuevas elecciones y Sánchez cedió la cartera a la neocomunista Yolanda Díaz en el marco de los pactos con Unidas Podemos. Lo aceptó sin poner mala cara y Sánchez se lo recompensó elevándola a presidenta del Consejo de Estado en 2022, uno de los cargos de mayor representación en el protocolo español, hasta que en noviembre de 2023 el Tribunal Supremo estimó el recurso de la fundación Hay Derecho y sentenció que Valerio únicamente cumplía uno de los dos requisitos legales para ser presidenta de la institución, el tener experiencia en asuntos de estado, pero no constaba que fuera una jurista de “reconocido prestigio”. Nuevamente Valerio salió del Consejo de Estado con discreción, sin montar ningún numerito o acusar a los jueces de lawfare, hasta el punto de estar a punto de jubilarse cuando recibió otro encargo de su amigo, el presidente del Gobierno. Volvería otra vez al Consejo de Estado, pero esta vez no como presidenta sino como miembro de su Comisión Permanente. El puesto no tiene el carácter representativo de la presidencia, pero es de notable importancia ya que presidirá la sección Segunda, encargada de los asuntos de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Además, la Comisión Permanente se reúne semanalmente con el objetivo de discutir y aprobar los dictámenes que les solicita el Gobierno o cualquier otra institución competente. Hay que recordar que cualquier proyecto de ley debe pasar a consulta por el Consejo de Estado, aunque en esta legislatura este órgano ha tenido poco trabajo porque el ejecutivo de Sánchez ha preferido utilizar la vía de la proposición no de ley, para convalidar sus decretos, y librarse así de este (¿enojoso?) trámite, así como del dictamen del Consejo General del Poder Judicial. No menos importante es que el nuevo cargo de Magdalena Valerio es de carácter vitalicio y lleva consigo una de las mejores remuneraciones del Estado, con más de 100.000 euros anuales. Tan exclusivo es que solo seis personas son consejeros permanentes, una condición habitual en el mundo del derecho anglosajón, pero menos en España. Valerio sustituye a toda una figura del derecho español, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, que renunció al cargo después de cumplir 90 años y acreditar una carrera envidiable como presidente del Tribunal Constitucional y con una labor docente notabilísima, como saben algunos abogados alcarreños a quienes dio clase en la Universidad de Alcalá de Henares. 

LA FRASE: “Si Ucrania perdiera, o más bien si Estados Unidos le diera la victoria a Rusia, como amenaza, en mi opinión de farol, el presidente Trump, esto pondría en grave peligro a la Alianza Occidental y dejaría grandes partes de Europa susceptibles a la agresión rusa. Es decir, sería el fin de Europa tal y como la conocemos, pues Europa tendría que reinventarse con presupuestos de defensa mucho más elevados y no estoy seguro de que los países europeos puedan hacer esto. Sería una situación desastrosa”. ROBERT D. KAPLAN, politólogo, escritor y columnista de los principales periódicos americanos).