Medio millar de cartas entregó en la Delegación de la Junta de Comunidades la Plataforma “Salvar Bonaval” reclamando una intervención urgente de las administraciones para evitar el hundimiento total de esa decrépita joya del gótico cisterciense, ubicada en un bucólico paisaje junto al alto Jarama.
Para mí es frustrante hablar de Bonaval. Son tantos los reportajes que he realizado sobre él en los medios más diversos, desde el viejo Flores y Abejas hasta Televisión Española, que ya no me creo nada de lo que se haga o lo que se diga sobre su pretendida rehabilitación. Yo pensaba que por fin se iba a hacer algo cuando se declaró Bien Interés Cultural en 1992 y empezó a llegar dinero a la Junta de Comunidades con los ingresos de la construcción. El clima político también parecía favorable, porque llegamos a tener hasta cuatro consejeras de Guadalajara en Educación, Cultura y Turismo, los departamentos más afectados. Pero se nos pasó el arroz y los años felices de la Belle Epoque en la Hacienda autonómica…Y no se hizo nada. Ni con Bono, ni con Barreda. Los sillares siguieron cayéndose en la abadía de Bonaval.

La excusa oficial ha sido la multi-propiedad de Bonaval, que podría tratarse de un bien mostrenco. Es verdad que el lío es fenomenal, porque terrenos y abadía son comunales y en el Registro de Propiedad y en los archivos de de los ayuntamientos afectados no hay manera de seguir la pista a los herederos de aquellas 46 familias que originariamente detentaban la propiedad. Los últimos apuntes oficiales datan nada menos de 1819.

En ello siempre se ampararon las administraciones para no hacer nada. Pero no es verdad. Al ser un Bien de Interés Cultural hay formulas legales para que el Estado y la Autonomía puedan intervenir en aplicación de la Ley de Patrimonio. Mi vecino de blog, Jesús Orea lo escribe en su post. El actual delegado de la Junta, José Luis Condado, lo sabe muy bien. El otro día se comprometió a que por lo menos se consolidarán los muros exteriores para que no se caiga del todo. Le felicitaré por ello, y ojalá que consiga que se habiliten los fondos necesarios. Pero bien sabe que solo será un parche, hasta que se acometa una reconstrucción completa y luego se asegure su mantenimiento. ¿Lo veremos algún día? Por los antecedentes que tenemos, no soy optimista. Habría que pensar en algo original: dado que la orden del Cister proviene de Francia: ¿Por qué no se lo cedemos al Estado Francés, que en estas cosas de la cultura y el patrimonio siempre han sido más cuidadosos?

P.D.1 Un mapa de suelo industrial de Guadalajara en el que faltan 3 de los cinco municipios más industrializados de la provincia, Azuqueca, Alovera y Marchamalo, es como poco una chapuza de mapa. Los socialistas lo achacan a una represalia, pero Condado dice que no, que también hay otros municipios socialistas que están incluidos. Es cierto, pero no deja de ser casualidad que se hayan quedado fuera de él los de Azuqueca y Marchamalo, cuyos alcaldes son los números uno y dos del PSOE provincial, y el de Alovera, gobernado por una alcaldesa convertida en el azote del PP, formación en el que empezó su carrera política aunque ahora gobierna en coalición con el PSOE. Dice José Luis Condado que el error se corregirá, se supone que cuando se hagan nuevas ediciones. Es lo procedente.
El problema de fondo es cómo en este país la política puede llegar a ser tan sectaria, que se traslada hasta los mapas. Entre unos y otros, han convertido al Conde de Romanones en un ejemplo de ecuanimidad.
¡Ay si Don Álvaro levantara la cabeza y viera a esta tropa!

P.D.2 Si en Madrid bajan los impuestos y encima los de Guadalajara no podemos ser asistidos en sus hospitales, como sucedía antes en la época del oprobioso centralismo, que no se extrañen algunos alcaldes por qué tanto les cuesta a muchos paisanos trasladar el empadronamiento a su pueblo, aunque ya vivan en él durante más días del año que en Madrid. Pero algunos políticos, que no los ciudadanos, decidieron en la Transición que Madrid y Guadalajara no estarían en la misma autonomía…Y esto es lo que hay.

¡Sí, yo también reclamo una reforma de la Constitución, como Duran Lleida! ¿O es que se piensan los nacionalistas que si se abre el melón es para que se lo coman entero ellos, con piel y todo?

El viernes se debaten las ordenanzas fiscales para 2014, que regirán en el Ayuntamiento de Guadalajara durante el próximo ejercicio. Se trata por tanto de un retrato fiscal en el que el actual equipo de Gobierno no ha resultado muy favorecido, porque lejos de cumplir su programa y contener la presión fiscal, con subidas no superiores al IPC, en la capital se han disparado algunos impuestos con gran incidencia en el bolsillo del ciudadano, como es el IBI o la tasa del agua. El próximo año, sin embargo, el alcalde Antonio Román asegura que se van a pagar menos tasas a impuestos. ¿Es esto verdad? Vamos con ello.

A pesar de que este año, las ordenanzas fiscales son un batiburrillo de subidas y bajadas que pueden marear al contribuyente, hechos son hechos y datos son datos. Hay bajadas en la tasa de vehículos (3%), Basura (3,2%), Plusvalía (que pasa de un tipo de 29,9 a un 27) y Construcciones (del 4 al 3,6) y del IBI un 6,5%, en el tramo que es competencia del Ayuntamiento. Por el contrario, la tarifa que más sube es la del agua –en torno a un 30% de incremento, estima la oposición-, dado que como reconoce el alcalde es debido tanto a que cuesta más cara en alta –por la subida superior al 30% que ha aplicado la MAS—y porque hay que llegar al equilibrio presupuestario en la concesión, como se estipuló en el contrato. Para calcular la nueva tarifa habrá que tener en cuenta lo siguiente: habrá que pagar un 10 por ciento más en el recibo del agua cuando se consuma hasta 60 m3; un 11 por ciento, entre 60 y 90 m3; el 21 por ciento, si el consumo está entre 90 y 120 m3 y si el consumo supera los 120 m3 el recibo aumentará en un 40,7 por ciento. Por último, en el caso del alcantarillado, la actualización del metro cúbico será de entre el 4 y el 7% para el 85% de la población, según cálculo del concejal de Economía.

Estos son los datos. A partir de ahí, cada contribuyente puede hacer sus cálculos en función de los impuestos y tasas que pague, y opinar con mejor criterio sobre lo que dice la propaganda, que Román baja los impuestos y las tasas a los vecinos de Guadalajara o si estamos ante un engaño para disfrazar la realidad (Magdalena Valerio), porque en conjunto la carga fiscal también subirá en el 2014.

De mi cosecha particular, y aunque las celebre, califico de “ligeras” las bajadas en vehículos y basuras, por dos razones: porque Guadalajara sigue teniendo un impuesto de circulación alto en comparación con otras ciudades del entorno y porque en basuras hay un superávit en la liquidación, lo que parece es debido a que se ha mejorado la matrícula al incorporar a contribuyentes que no pagaban, felicidades en este caso.

Mucho más complejo es valorar la subida del agua, que la oposición de izquierdas va a politizar todo lo que pueda y que imputará a la privatización del servicio. A río revuelto…En ese sentido, que la importante subida de la MAS que preside Jaime Carnicero haya coincidido con la regularización del contrato con Guadalagua, para llegar a un equilibrio en la concesión, es munición gratis para PSOE e IU.

Dejo para el final el asunto del IBI, que es lo que peor digiero. El concejal de Hacienda cuantificó la rebaja en un 6,5%, porque bajará del 0,63% al 0,59% el porcentaje que fija el Ayuntamiento, pero la realidad es que la base de liquidación aumentará un 7%, porque en ella hay que repercutir la subida de los valores catastrales aprobada por Hacienda para el año que viene. Esto es lo que me llevan los demonios. Porque mientras los propietarios de una casa en Guadalajara han visto como su valor en el mercado ha caído hasta un 50%, dependiendo del lugar donde esté, la contribución urbana no ha hecho más que subir y subir (hasta un 40% durante el mandato de Román, según estimaciones de la portavoz socialista). Si el valor de los inmuebles ha bajado en España desde finales de 2007 un 50% no puede ser que los valores catastrales se incrementen. A eso se llama saqueo. De hecho, ha habido ayuntamientos que los han bajado, y ya se ha repercutido en el recibo. No es el caso de Guadalajara.

Se empeña el alcalde en echar la culpa a la oposición de que no se hayan podido bajar más los impuestos. Pues vuelve a equivocarse, porque cuando se gobierna, como él, con 3 concejales por encima de la mayoría absoluta, la oposición no pinta ni copas. Así que los responsables en el fracaso de los megacontratos deberá encontrarlos entre los concejales y asesores que han pilotado este tren, y que el Tribunal Administrativo Central mandó parar. No ha sido solo la oposición, sino la Ley y el Estado de Derecho el que lo ha frenado.

Aunque la mayoría absoluta puede acabar distorsionando la percepción de la realidad, como se ha comprobado tantas veces, no le vendría mal a este envarado equipo de Gobierno un mínimo de autocrítica, sobre todo porque la idea de agrupar servicios y aprovechar las sinergias es buena. Sólo que habrá que determinar mejor qué servicios pueden ser agrupados, por cuánto tiempo y en qué régimen de concesión administrativa para que se ajuste tanto a la normativa estatal como a la Europea, y haya un mayor control sobre las empresas que gestionan los citados servicios. En fin, una oportunidad perdida para haberse distinguido de una gestión más heterodoxa en reformas que toquen lo público y que haría un gobierno de coalición PSOE-IU.
Esto es lo que hay.

P.D. 1.-Las rebajas que propone la oposición, todas me parecen bien, pero ni las comento porque el día que vuelvan a ganar se olvidarán de ellas, porque tampoco les cuadrarán las cuentas, y se resistirán a bajar el gasto ordinario.

P.D.2.- Según datos de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda libre ha caído en España casi un 50% desde los máximos de 2007. El metro cuadrado se paga en torno a 1.200 euros, la mitad de lo que llegó a pagarse cuando la vivienda alcanzó su punto más alto, allá por el segundo trimestre de 2007 y prácticamente lo mismo que en 2002, cuando la burbuja inmobiliaria comenzaba a inflarse.

Yo siempre he tenido a Alberto Ruiz-Gallardón por uno de los políticos con mayor fuste del  Partido Popular. Moderado, transversal, fronterizo, permeable y poco dogmático, como deben ser los políticos modernos, sin lugar a dudas que fue el gran alcalde del Madrid contemporáneo, y aunque no estuviera impregnado de la aureola mística de Enrique Tierno, al que le aburrían la burocracia y los asuntos municipales, su ejecutoria no resiste comparación con ningún otro alcalde, desde Carlos III, claro.

Ruiz-Gallardón cumplió su ciclo en el Ayuntamiento y se pasó a la política nacional, y Rajoy le encargó la reforma de la Justicia, que es algo así como la revolución pendiente de los falangistas, aquella de la que hablaba Girón de Velasco y nunca se sabía ni lo que era ni cuándo vendría. Llevo toda mi vida oyendo hablar de la reforma de la Justicia, pero lo único que sé es que cada vez su acceso a ella es más cara y no por ello ha ganado en eficacia.

Yo no voy a hacer aquí un análisis exhaustivo de lo que pretende el señor ministro de Gracia y Justicia, porque está lejos de mi alcance y posibilidades,  e incluso acepto la mayor: tendrá que tomar medidas antipáticas  para hacerla más eficaz y menos costosa, porque los recursos del Estado dan para lo que dan, y cada vez menos. Pero sí creo que hay que llamar la atención al señor Gallardón, y así lo deberían hacer nuestros representantes políticos, que son antes servidores de los ciudadanos que de los partidos  en los que militan –¡vaya tontería que he escrito!– sobre la repercusión de  algunas de estas reformas.

Me estoy refiriendo especialmente a dos, la supresión de los partidos judiciales de Molina de Aragón y Sigüenza y de las Audiencias Provinciales.

En el último  gobierno socialista ya hubo danzando por ahí un proyecto para fusionar juzgados, y en Guadalajara la idea era refundir en solo un juzgado de los dos que existen en Molina y Sigüenza. Pero luego Zapatero perdió las elecciones, y lo que viene ahora es una reforma con toda su cafeína. El propósito es fusionar los dos y concentrar toda la actividad en los nuevos Tribunales de Instancia de Guadalajara en los que prestarían servicios los 18 jueces que hoy trabajan en Guadalajara, más los dos de Sigüenza y Molina.

Yo no estoy abogando por la vuelta a los tiempos en los que esta provincia tenía 8 partidos judiciales, aunque  por entonces Guadalajara tenía una estructura poblacional y económica más equilibrada, pero los tiempos han venido como han venido y el desarrollo excéntrico de esta provincia en su parte suroeste es el que es, porque Madrid está donde está y no hay darle más vueltas.

Todo eso lo sabemos, pero lo que habría que hacer llegar a Ruiz-Gallardón es que el cierre de los juzgados en las cabeceras comarcales que languidecen en España – estoy hablando de ciudades entre 5.000 y 25.000 habitantes—podría ser el golpe de gracia para unas comarcas que ya lo están pasando muy mal y que no parecen tener un sitio en el mundo que viene. En este sentido, los juzgados de Primera Instancia contribuyeron en su día a vertebrar ese Estado Español, inspirado en el modelo francés, que en mala hora abandonamos para crear ese lío llamado Estado de las Autonomías, y a fijar en el medio rural a funcionarios y profesionales liberales que constituían lo más dinámico de su sociedad. Por tanto, antes de tomar cualquier decisión que desnude todavía más a esas cabeceras de comarca, como Sigüenza y Molina de Aragón, debería responder antes a la siguiente pregunta: ¿De verdad que el Estado se va a ahorrar tanto en cerrar juzgados de primera instancia como para causar un daño tan evidente?

Vean el caso de Molina. Una reforma se va a llevar por delante los talleres de Obras Públicas. Tienen un polígono industrial muerto de risa. Y ahora les quieren dejar sin juzgados. ¿Pero qué clase de mensaje estamos enviando a los que allí viven?  ¿Cómo se puede compadecer el discurso de que hay ayudar al medio rural con medidas que solo contribuirán a desvertebrar más este país nuestro que todavía se llama España?

Reforma de la Justicia, no digo que no. Pero que no siempre paguen los mismos. En ese caso las cabeceras comarcales.

También parece ser propósito de esta reforma liquidar las Audiencias Provinciales. Pues digo lo mismo. Han resistido toda clase de regímenes y gobiernos y ahora parece que sobran, que vale con centralizar todos los recursos en el juzgado territorial de cada autonomía, que en nuestro caso está en Albacete. Puestas así las cosas, para Guadalajara significaría, como nos está sucediendo con la muralla que han levantado sobre los hospitales de Madrid, alejar todavía más a la administración del administrado. Y entonces no tenemos  más remedio que repreguntarnos: ¿Pero qué diablos hace Guadalajara en una autonomía en la que no esté Madrid?

A mí que me expliquen que hemos hechos los tontos de Guadalajara para que el desarrollo del Estado de las Autonomías nos haya situado a la justicia y a la sanidad  más lejos que en los tiempos del oprobioso centralismo. ¡Que alguien me lo explique porque es que me da la risa!

Esto es lo que hay, paisanos.

Es verdad que en el horizonte se divisan algunos signos leves de recuperación económica, y que España ya no está en el alambre, como el año pasado, con su economía al borde de la intervención, pero no es menos cierto que las relaciones económicas entre las empresas están bajo mínimos y la tristeza impregna la vida ciudadana.

Pese a que los sacerdotes de la macroeconomía han escrutado los intestinos de las aves en el templo de De Guindos y nos indican que ya parecen menos negros, entre el ciudadano corriente y moliente está lejos de percibirse. Todo lo contrario. El problema es que llevamos ya 7 años largos de crisis, y las cifras del paro, aunque empiezan a tocar fondo, distan todavía un largo trecho para que podamos empezar a hablar en España de un crecimiento sostenido del empleo neto. Y sucede en cambio que las prestaciones de desempleo comienzan a agotarse y el trabajo sigue sin aparecer por ningún lado. En Guadalajara en concreto el 37% de los 23.674 parados registrados carecen de cualquier ingreso. Estamos hablando por tanto de 8.781 parados que han perdido el escudo del Estado de Bienestar europeo, con poco o ninguno dinero ahorrrado y que ya han pasado a depender de la solidaridad de familias y amigos, o de la caridad.

Los que peinamos canas no hemos conocido una situación como esta. En Guadalajara nos acordamos de ese comedor que tenía el Auxilio Social en la plaza de los Caídos en los años 50 y 60, y al que acudían primero los niños pobres para comer caliente. Y si sobraba algo, se repartía entre los adultos que llegaban con una escudella o una lata vieja. Ya no hay comedor del Auxilio Social y niños descalzos por la calle, pero solo porque esa labor ahora la está haciendo Cáritas y Accem, que han tenido que ampliar las plazas de su comedor solidario hasta 350. Además de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara concede 600 ayudas diarias de comida a través del Banco de Alimentos y sus servicios sociales han tenido que atender a 295 familias sin ningún ingreso (765 adultos y 303 menores de edad); y a otras 232 familias con ingresos superiores o iguales a 425 euros. Tampoco hay cartilla de racionamiento, pero el Ayuntamiento se ha tenido que inventar el llamado Monedero Solidario, por el que tres grandes superficies de la ciudad harán descuentos hasta del 20% en alimentos frescos a los poseedores de esa tarjeta solidaria—antes la llamábamos de caridad—que paga el municipio. Mientras pueda.

Este es el panorama que hoy tenemos en la capital, pero que no es muy distinto del que podríamos ofrece de otros municipios grandes de la provincia, y que transmite una tristeza general, que va íntimamente ligada a la crisis. Porque las crisis empiezan siendo primero un estado de ánimo.

En estas circunstancias, cualquier presupuesto que se precie debe reflejar ese aumento de la cuota de solidaridad con los que peor lo están pasando, para atajar situaciones de verdadera emergencia, pero teniendo muy claro que no hay mayor acto de solidaridad que favorecer las condiciones para que las empresas vuelvan a crear empleo..

Decía hace unos días el alcalde Román que había que garantizar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y que para ello no iba a incrementar el déficit. Eso está bien, porque un ayuntamiento con déficit al final es un ayuntamiento endeudado, y por extensión un ayuntamiento que mantiene una alta presión fiscal. Mismamente el de Guadalajara, que en los dos últimos años ha subido la contribución urbana (el IBI) un 30%, y según se desprende de lo que recientemente dijo a los periodistas podría producirse una nueva “actualización” de los valores este año, algunos me dicen que podría llegar hasta el 10%. Y me sorprende, claro, porque cómo se puede hablar de “actualizar” valores catastrales cuando los inmuebles llevan cinco años seguidos depreciándose en la capital. ¡Pero qué broma es esta! Lo razonable es que se bajaran, pero ya sabemos que esto no es posible según reconoció el concejal de Hacienda en el último pleno por el hundimiento de la recaudación de los impuestos relacionados con la construcción. Es decir, el Ayuntamiento tiene un problema estructural de recaudación no resuelto.

Rigor presupuestario, sí, pero si se hace a costa de subir la presión fiscal, y no por la vía de la reducción del gasto ordinario, lo que se conseguirá es el efecto contrario. Que cada vez habrá menos contribuyentes y estaremos más empobrecidos para seguir aportando a la hucha común de la ciudad. Espero igualmente con interés el resto de las ordenanzas fiscales. Ya sabemos, por lo que nos dijo el alcalde, que unas bajarán y otras subirán, supongo que estas últimas las más, aunque habrá que seguir con especial interés lo que pasará con la tasa del agua en donde hay que repercutir un 36% de la subida del agua en alta que la MAS impone a sus ayuntamientos, para pagar las nuevas obras, que fiscalmente hablando, llegan en un momento muy inoportuno. La oposición de izquierdas habla de una subida de un 30%, aunque por lo que me llega la repercusión de los distintos gastos que lleva el agua tradicionalmente se ha hecho de una forma progresiva y parece que no excederá del 15%. En cualquier caso, demasiado para un escenario de recesión.

Ya no estoy hablando de que me bajen los impuestos, como sería coherente con un gobierno de centro-derecha, pero por lo menos que no nos los suban como si gobernase la izquierda más intervencionista. Porque cuando un partido acaba perdiendo sus referencias ideológicas, al final acaba perdiendo otras cosas. Que se lo pregunten al PSOE.

Esto es lo que hay.