En los últimos días, cualificados portavoces de la izquierda han cargado contra las diputaciones provinciales aprovechando el borrón que ha echado la de Guadalajara al situarse como la menos transparente de las 45 existentes en España, a juicio de la la asociación privada Transparencia Internacional, entre cuyos directivos está Antonio Garrigues Walkers, así que no es una panda de rojos propagandistas.

No es objeto de este artículo entrar en el detalle sobre los criterios que establece la citada asociación para establecer esa valoración, aunque algunas reacciones dan pie a alguna reflexión. Por parte del equipo de Gobierno, les ha faltado deportividad y autocrítica para aceptar el diagnóstico, porque se ha limitado a negar la mayor, descalificando el estudio en cuestión, como los malos estudiantes, en lugar de analizarlo a fondo y comprometerse públicamente en mejorar para la próxima evaluación. Este equipo de Gobierno que preside la señora Guarinos necesita un programa de refuerzo a lo Abriendo Caminos en materia de transparencia, y empeñarse algo más en los contenidos que ofrece en su página web — en lugar de perseguir fantasmas y castigar al mensajero–, en esa loable línea de estimular el trabajo y el esfuerzo que nos reclama el despellejado ministro Wert, un tipo de buenas intenciones pero impolítico en la negociación.

Y luego está la oposición. En casi cuarenta años de periodismo y de padecer la soberbia del poder de turno, cuanto más absoluto más soberbio, jamás he encontrado a político alguno que despotrique de las diputaciones cuando les toca gobernarlas; todos lo hacen cuando las pierden. Pero lo peor de todo es que cuando llegan al gobierno central no hacen absolutamente nada para reformarlas y hacerlas más democráticas, por lo que ese discurso falsario queda para cuando pasan a la oposición. Como sucede ahora en Guadalajara.

He leído declaraciones tanto del diputado de Izquierda Unida, Francisco Riaño, como del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, que vienen a decir lo mismo: como las diputaciones son poco transparentes y democráticas, tienen que ir cediendo poderes a otras instituciones y finalmente desaparecer.

Pues bien, como yo no me presento a las elecciones, insisto en lo que llevo escribiendo desde hace lustros. Las diputaciones son necesarias, y en una provincia con más de doscientos mini-ayuntamientos, como la de Guadalajara, todavía lo son más. ¿Qué pasaría si desaparece la Diputación? Que sus competencias de asistencia al municipio deberían trasladarse a otra institución. ¿Delegarlas en los ayuntamientos? Imposible, salvo para los municipios con más de 50.000 habitantes. La única solución sería por tanto trasladarlas a las autonomías, engordar todavía más su burocracia y alejar más el poder de decisión desde las provincias al Toledo de turno. ¿Es eso lo que quieren los portavoces de la izquierda provincial?

El caso de la contaminación del agua en Hiendelaencina ha demostrado que los pequeños ayuntamientos necesitan de instituciones para resolver sus problemas. Y que cuando las relaciones no funcionan, por culpa de la política sectaria, pues las soluciones se atascan.

Soy partidario por tanto de no seguir alimentando el monstruo autonómico con más funcionarios –en CLM tenemos 50.000 empleados públicos– y nuevas competencias, y de que las diputaciones tengan un papel destacado como garante de los servicios hacia los pequeños ayuntamientos, en la línea que va la reforma del Gobierno, pero eso exige además una reforma de las propias diputaciones. Los citados portavoces de la izquierda provincial dicen que las diputaciones tienen déficit democrático, es cierto, y no hablemos del talante, pero el problema no está en la institución, como tal, ese ayuntamiento de ayuntamientos para la asistencia a los municipios, la falla está en que el procedimiento de elección de las diputaciones no es democrático, aunque la institución sea democrática, porque emana de la Constitución misma.

No se puede fortalecer el papel de las diputaciones provinciales sin reformar al mismo tiempo su mecanismo de elección, que no es que las haga opacas per se, sino que las convierte en clandestinas. El ciudadano ignora por completo cómo se elige a la diputación, pero es que si llegara a saberlo le parecería perverso. Porque habrá electores que quieran votar a Román para alcalde de Guadalajara, pero no al mismo tiempo a Guarinos como presidenta de la Diputación. O a la inversa; que quiere que Guarinos sea la presidenta, pero tiene otro candidato preferido como alcalde.

Pues bien, la mayoría de la gente desconoce que los votos a las candidaturas municipales sirven para elegir a los diputados provinciales de distrito sin que el elector tenga arte o parte en la constitución de la Diputación si no es de forma indirecta. Son los partidos los que ponen al presidente/a y a los diputados; y punto pelota. El elector no pinta ni copas, hasta el punto de que las elecciones locales se celebran muchas veces sin que los partidos de turno hayan designado un candidato previo a la presidencia de la Diputación, como si esto fuera la Cuba de Fidel Castro o la España de Primo de Rivera.

Ahora que se cumple el bicentenario de la creación de la Diputación de Guadalajara con Molina sigo pensando que las diputaciones son un buen invento que nos legó la administración napoleónica –es una lástima que no copiáramos también otras cosas de su modelo territorial—y que tienen unas plantillas de funcionarios, normalmente eficientes y muy preparados. Otra cosa es que les den el trabajo adecuado. No hay que mandarlos a todos a Toledo para que Guadalajara funcione.

Lo que hay que hacer es democratizar la institución y reverdecer los antiguos ideales de la revolución liberal que las creó en el Cádiz de 1812.

Háganse elecciones directas a las diputaciones, con urna aparte y candidaturas diferenciadas. Y ganen sus diputados la representación de la que ahora carecen.

Con ello su presidente/a y diputados provinciales tendrían además una mayor autonomía de acción, ya que su cargo sería electo y directo.

Ahora no dejan de ser unos meros delegados del partido de turno, perfectamente intercambiables, que no deben el puesto al ciudadano, como sucede en el caso de los alcaldes, sino al aparato del partido ya sea provincial-para los diputados- o regional –en la elección del presidente-.

El modelo de las diputaciones no es malo. Pero o se reforman y se democratizan o desde luego que desaparecerán en poco tiempo.

Esto es lo que hay.