El palecete de los Medina, más conocido como Palacio de San Esteban por la plaza en la que se ubica, está condenado a un proceso de ruina ante la indiferencia de la administración autonómica a la que le importa más el fuero que el huevo, como decimos en Castilla.
Según el Plan de Ordenación Municipal, aprobado en el año 1999-2000, ese edificio, aunque es de propiedad privada, está calificado como SG-SO, lo que significa que sólo puede ser utilizado como sede de alguna administración. Esa calificación no había sido ningún problema hasta ahora porque el edificio siempre ha albergado servicios de este tipo ( fue sede de Hacienda y de la Sección Femenina en la época de Franco), sin embargo, desde que la Junta trasladó su sede al antiguo edificio de Caja Guadalajara el Palacio de San Esteban ha quedado sin uso y sin inquilinos. A merced de las palomas. Y aunque la propiedad (la familia de los Figueroa, herederos de los marqueses de Villamejor, padres del Conde de Romanones) lo puso a la venta desde el mismo momento en que la Junta se mudó es evidente que ninguna administración se ha interesado por él. Es tan remoto que una administración compre el palacete, lo rehabilite y lo destine a un uso administrativo como subir el Everest en chanclas. Como mínimo, debería permitirse un uso hotelero y esperar a que alguna cadena especializada en hoteles urbanos con encanto se fijara en él y se animara a su reforma interior y explotación. No será fácil, ni ocurrirá pasado manaña, pero sin cambio de uso el horizonte del palacio de los Medina ya sabemos cuál será: la ruina progresiva del inmueble, tal y como los conocemos actualmente, para que en pocos años un concejal de la oposición se fotografíe frente a él para denunciar la desidia del Ayuntamiento de turno.
Por dos ocasiones, la burocracia toledana ha negado el cambio de uso del edificio. En la primera ocasión fue con el gobierno de Cospedal. En esta ocasión, y con nuevo inquilino en la ventanilla autonómica, ha vuelto ocurrir, y eso que los técnicos municipales buscaron una solución imaginativa y muy razonable.Ofrecieron transferir ese uso administrativo del palacio de los Medina, que tiene 2.300 metros cuadrados, al edificio que es la actual sede de la Delegación de la Junta, y que tiene el cuádruple de eficicabilidad: 9.200 m2. Pero tampoco les vale a los burócratas de la Junta porque se descuelgan con el antiguo inmueble de la desaparecida Caja Guadalajara es formalmente de Gicaman, la sociedad pública que gestiona parte del patrimonio autonómico. “Es igual que si yo cojo y lo paro porque el teatro Buero Vallejo no es del Ayuntamiento y digo que es del Patronato de Cultura», se queja con razón el vicealcalde Jaime Carnicero.
De momento, cualquier solución a medio plazo se paraliza, y seguramente quedará al pairo de la aprobación del nuevo Plan de Ordenzación Municipal, que con buen criterio se paralizó en 2009 tras el estallido de la crisis, y habrá que confiar en que para entonces no haya daños estructurales en el inmueble, por su mala conservación.
Es el sino de esta ciudad, tan acostumbrada a aplazar las soluciones en materia de urbanismo y patrimonio -y a a hacer demagogia con ellas desde que se rompió el consenso que en otros tiempos caracterizó a este ayuntamiento -, con la colaboración de una administración autonómica que no está a la altura de las circunstancias. Porque cuando la Ley se utiliza para lo contrario de lo que en teoría la inspiró, la burocracia se convierte en burrocracia. Esto es lo que hay.
