El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara tumbó una propuesta del  Grupo Popular para que el alcalde de Guadalajara  pudiera compatibilizar como segunda actividad  el ejercicio de la medicina con las obligaciones de su cargo. La fórmula consistía en que Antonio Román estaría liberado al 80 por 100 en el Ayuntamiento, con un sueldo de 60.000 euros (la Ley permitiría al alcalde de Guadalajara cobrar hasta 75.000) y el 20% restante lo podría dedicar al ejercicio de su profesión, la medicina.

¿Quiere esto decir que Román pensaba emplear solo seis horas a la Alcaldía y dos a la medicina,  y luego dedicarse a leer el periódico en el Casino? Ya les digo que no: durante el último año en que se incorpora a su plaza en el Hospital de Guadalajara,  la jornada de Román, sin cobrar por ello, ha superado con creces esas seis horas al día, acumulando en tiempo en que acudía a su despacho a primeras horas de la mañana, más las tardes y las anochecidas.  Cuando la oposición reprocha a Román que un alcalde de Guadalajara debe estar plenamente dedicado a la ciudad,  pasa por alto el tiempo que trabaja para  el  Ayuntamiento, y que seguramente es mayor al de  la mayoría de los ediles que tienen la dedicación exclusiva o parcial.

Comparto  que un alcalde de una ciudad, como la de Guadalajara,  lo es las 24 horas del día, y por ello es deseable que la actividad principal de nuestro regidor sea el servicio a sus vecinos. Y , por tanto,  no deja ser un inconveniente que el  tiempo  que dedica Román a la Alcaldía no coincida con el horario normal de los funcionarios, que se desarrolla por la mañana, o con los actos de representación y ruedas de prensa, que por el trabajo del alcalde se retrasan a la tarde. Tan poco corriente es esta situación que Román debe ser el único alcalde de una capital provincia de España que cumple extra muros una jornada laboral, como cualquier trabajador, y luego otra de propina al servicio de su ciudad, sin cobrar por ello.

Esta anormalidad, que se ha vivido en el último año, se quiso corregir con la propuesta que el  Equipo de Gobierno llevó al lunes al pleno, y que la oposición tumbó con la excusa de que el Alcalde debe tener una dedicación plena al cargo. Aunque todos ellos saben que una jornada de Román al 80 por ciento del Ayuntamiento  le permitiría atender las obligaciones  de su cargo, porque excedería con mucho esas seis horas que debería cumplir si fuera un funcionario corriente. ¿Y qué más da que la propuesta sea un traje a medida, como se le ha reprochado desde Ahora Guadalajara? Lo que hay que ver es si el traje le sienta bien a la ciudad o no.  O la posición de Ciudadanos, que comparte  la posibilidad de que la Alcaldía sea compatible con la medicina,  pero como algo “residual”,  y al mismo tiempo no ve inconveniente en que Román estuviera liberado  al cien por cien –aunque nos hubiera costado 15.000 euros más  al contribuyente- y al mismo tiempo solicitar la compatibilidad para ejercer la medicina, como “el que juega el tenis”. Sinceramente, me cuesta entenderlo: ¿cuántas horas a la semana habría que jugar al tenis para que se considere una actividad residual?

Por tanto, la propuesta que llevó al pleno Román es razonable, porque le permite atender con suficiencia su trabajo como Alcalde, y lo único que se le podría reprochar es por qué no la hizo desde el primer momento, cuando dejó de ser diputado en diciembre de 2015, y ya no percibió un sueldo público.

Pero dicho esto, no es menos verdad que si lo que quería la oposición, además de desgastar al alcalde -lo que está en la lógica de la política-, era que Román tuviera una mayor dedicación al cargo, con su rechazo  logra todo lo contrario. Y envía además un mensaje que personalmente  me disgusta: que un alcalde no puede tener una ocupación marginal a la política, lo que supone un tapón para que destacados profesionales se puedan dedicar a ella. Y eso influye en la calidad del banquillo, como es público y notorio.

No es saludable para la democracia que la política se la dejemos solo a los políticos profesionales, que luego carecen de la deseable autonomía frente a los aparatos del partido que les nombra. Porque en España las listas siguen cerradas y bloqueadas, y eso que llaman algunos llaman Primarias no dejan de ser una broma mientras no permitan  participar al electorado, como sucede en Estados Unidos y Francia. ¡Qué gran ejemplo el de los Republicanos franceses, que así pudieron elegir al que a buen seguro disputará la presidencia de la República, me temo que a Marine Le Pen! Así se empieza por ganar unas elecciones.

Esto es lo que hay. Aquí nos empeñamos en poner precio al tiempo de un alcalde, prescindiendo de lo único que debería importar. Que es la calidad de su trabajo. Y eso solo lo puede valorar el vecino de Guadalajara, que está en otras cosas. Se lo aseguro.

Reválidas: Felicidades. En la provincia de Guadalajara, según nos contaba Pablo Bellido, se han “librado” de las reválidas 2.629 alumnos de sexto de primaria, 2.412 de cuarto de la ESO y 1.649 alumnos de segundo de bachillerato. Y en España serán tropecientos mil. Los profesores estarán encantados porque sin reválida y evaluaciones externas habrá menos posibilidades de que les saquen los colores sobre el grado de cumplimiento de los objetivos; y los alumnos que por naturaleza son enemigos de cualquier examen o prueba de esfuerzo, y ya no digamos reválidas que incluyan ciclos completos, como el antiguo Bachillerato afrancesado. A mí me lo van a contar, que me tocaron todas.

El gobierno  ha dado pruebas de su buen talante sacrificando las reválidas en el altar del consenso, y estamos como siempre con la Educación en España: en la casilla de salida.

Así viene siendo desde la prehistoria.  En España hemos tenido dos leyes de Educación con verdadero peso, la de Villar Palasí de 1970 y la LOGSE de 1990, que se puede considerar su antítesis, y a partir de ahí  todo han sido palos de ciego. Los estudios internacionales demuestran que nuestro sistema educativo tiene uno de los índices más altos de fracaso escolar; que no ofrece lo que el mundo de la empresa demanda, y especialmente en el campo de las ciencias y las ingenierías; y que no ha sido capaz de lograr una verdadera carrera docente para el profesorado, como en otros países de Europa en los que el magisterio está en lo más alto de las enseñanzas universitarias, y por ello luego los docentes son los mejor pagados. Y los más preparados. Véase la carrera docente en Finlandia.

En España, ante los problemas, reaccionamos con la política del avestruz. Que el informe PISA nos deja a la altura del betún, pues nos desapuntamos de PISA, como hizo Castilla-La Mancha con Barreda, y muerto el perro se acabó la rabia. Que se sospecha que las reválidas pueden ofrecer un cuadro tenebrista sobre los objetivos reales alcanzados por el alumnado, pues refutamos a las reválidas por medievales, y así no se nos molesta nadie. Siempre es lo mismo. Tejiendo y destejiendo, como Pandora, una Ley de Educación, que seguramente debería estar a medio camino entre Villar Palasí y Maravall, pero que nunca llega por falta de consenso. Y los niveles bajando, como los pantanos de la cuenca del Tajo. Hasta el fango.

La falta de un partido que tenga mayoría absoluta en el actual parlamento puede ser otra oportunidad histórica para ponerse a trabajar en una Ley de Educación de consenso, tarea en la que han fracasado todos los ministros de Educación de nuestra democracia. Y a las pruebas me remito. En España solo mejoraron los índices de abandono escolar cuando  estalló la crisis y era imposible para los jóvenes encontrar más empleos de escasa cualificación. Partiendo del reconocimiento de la realidad actual,  es urgente establecer por lo menos una hoja de ruta sobre lo que hay que poner sobre la mesa. O como siempre nos quedaremos con cuatro medidas coyunturales, no sea que alguien se vaya a enfadar.

Bajocubiertas

Algo se mueve en el casco, algo se empieza mover en el Ayuntamiento tras demasiado tiempo de dejar hacer-o mejor dicho, de no hacer-, y  en ese nuevo impulso incluyo la medida que el Equipo de Gobierno presentará al pleno sobre las bajocubiertas. Hasta ahora, al contar como una planta más en el cómputo de la edificación, las bajocubiertas acabaron convirtiéndose en dúplex, una tipológía que el mercado ya no demanda. Tengo repetidamente  escrito que si el casco es el gran marginado de la expansión inmobiliaria de Guadalajara,  lo  fue porque los promotores y propietarios no veían en él la posibilidad de lograr un moderado negocio en la reconstrucción y rehabilitación  con lo que siempre era más rentable la construcción extensiva en los grandes desarrollos. Una forma de poner en valor los inmuebles del casco podría venir por dejar de considerar a la bajocubiertas como plantas, algo que muchos promotores están esperando, te dicen, para que “nos salgan las cuentas”. Con ello se fomentaría en el casco una tipología de pequeña vivienda muy demandada, especialmente por las parejas jóvenes, que son las que tienen que dinamizarlo. Podemos hacer esto – e impulsar los PAE que están congelados en los juzgados- o seguir lamentándonos de lo malos que son los propietarios, porque abren las ventanas para que entren las palomas… en algún caso de inmuebles que la Administración favorece a un inevitable proceso de ruina.

Esto es lo que hay.

El lunes entró entró en servicio la nueva línea de autobuses urbanos entre Marchamalo y Guadalajara que la consejería de Fomento – cuya titular es Elena de la Cruz, la número dos del PSOE en las últimas elecciones municipales- ha impuesto al Ayuntamiento de Guadalajara.

Recordemos:  El Ayuntamiento de Guadalajara entiende que la nueva línea  contraviene la Ley a nivel estatal, a nivel regional y también el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en 2015 sin que la Junta presentara una sola alegación al mismo. Y se apoya en que la legislación marca que no se pueden establecer líneas nuevas sobre trayectos ya existentes.

Por su parte,  la consejera de Fomento sostiene que le resolución de su departamento   «desmantela punto por punto» las objeciones planteadas por el Gobierno municipal, apoyándose además en que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictadas en 2013 que confirman la competencia del Gobierno regional para definir paradas urbanas en los servicios interurbanos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha. Estas sentencias se dictaron a raíz de procedimientos iniciados por el propio Ayuntamiento de la capital alcarreña contra la Junta tras la puesta en marcha de otros servicios ASTRA que enlazan con otros municipios del Corredor del Henares.

El alcalde anunció recientemente la intención del Ayuntamiento de plantear un recurso ante los tribunales, así que ya veremos quién finalmente tiene razón.

De momento, Marchamalo se ha salido con la suya y tiene una línea más competitiva de la que disponían cuando dejaron de pertenecer al servicio urbano de transporte de Guadalajara. La negociación con Fomento ha sido plenamente satisfactoria para sus intereses, pues no solo han logrado disponer de tres paradas en el casco urbano de Guadalajara (Estación, plaza Santo  Domingo y Ferial Plaza), el coste del billete (subvencionado) sale bien a los usuarios (1,30 euros; 0,70 euros con abono) y  la línea ofrece 27 expediciones diarias en días laborables, 16 los sábados y 9 (más dos búhos nocturnos) los domingos y festivos. Cada cual defiende sus intereses, y se puede decir que el alcalde de Marchamalo, un político influyente en la provincia provincial y regional, ha logrado un convenio muy favorable para su consistorio.

Ahora bien, la manera bilateral de resolver este problema supone al mismo tiempo abrir un melón no exento de complicaciones para la citada consejería. Porque si los autobuses de Marchamalo tienen el derecho de efectuar tres paradas interurbanas en Guadalajara, ¿por qué ese privilegio no se va a extender al transporte de Azuqueca, Cabanillas, Alovera,  Yunquera o de cualquier otra localidad? Todos los municipios de Guadalajara querrán tener un convenio similar al de Marchamalo. Pero la respuesta es clara:  si el Ayuntamiento de Guadalajara puso el grito en el cielo porque  el centro de la ciudad debe soportar el tránsito de 320 autobuses semanales más procedentes de Marchamalo. No quiero ni imaginarme qué diría entonces si esta solución se extendiera a otros municipios del Corredor.

Estoy de acuerdo con el alcalde de Marchamalo en que hay que abrir un diálogo entre las administraciones para poder profundizar en la solución de estos problemas, que son complejos y con muchos intereses por conciliar. Pero ello debería hacerse en un marco multilateral, y seguramente en el ámbito de  un Consorcio Supra Municipal de Transportes. O como quieran llamarlo. Y eso exige un ambiente de consenso que hoy está viciado entre el Ayuntamiento y la citada consejería; y que por el bien de todos se debería superar. Aunque tengo escasas esperanzas.

Por lo menos, hoy, el Ayuntamiento ha evitado el espectáculo lamentable de la policía local poniendo multas a los conductores de los autobuses  que dejaban viajeros en las tres paradas a las que se opone. Los antecedentes recomendaban comedimiento. Pero no deja de ser una anormalidad, que muestra que estamos ante un problema sin resolver,  que los autobuses de Marchamalo ignoren las señales de prohibición de parar que el Ayuntamiento ha colocado en Santo Domingo, la Estación y Ferial Plaza para los autobuses que no sean urbanos. Sobre todo porque puede cundir el ejemplo.

Esto es lo que hay. Las señales y prohibiciones, como cualquier norma, o se respetan; o se imponen; o se derogan. Estamos hablando de países serios, claro.