El lunes entró entró en servicio la nueva línea de autobuses urbanos entre Marchamalo y Guadalajara que la consejería de Fomento – cuya titular es Elena de la Cruz, la número dos del PSOE en las últimas elecciones municipales- ha impuesto al Ayuntamiento de Guadalajara.
Recordemos: El Ayuntamiento de Guadalajara entiende que la nueva línea contraviene la Ley a nivel estatal, a nivel regional y también el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en 2015 sin que la Junta presentara una sola alegación al mismo. Y se apoya en que la legislación marca que no se pueden establecer líneas nuevas sobre trayectos ya existentes.
Por su parte, la consejera de Fomento sostiene que le resolución de su departamento «desmantela punto por punto» las objeciones planteadas por el Gobierno municipal, apoyándose además en que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictadas en 2013 que confirman la competencia del Gobierno regional para definir paradas urbanas en los servicios interurbanos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha. Estas sentencias se dictaron a raíz de procedimientos iniciados por el propio Ayuntamiento de la capital alcarreña contra la Junta tras la puesta en marcha de otros servicios ASTRA que enlazan con otros municipios del Corredor del Henares.
El alcalde anunció recientemente la intención del Ayuntamiento de plantear un recurso ante los tribunales, así que ya veremos quién finalmente tiene razón.
De momento, Marchamalo se ha salido con la suya y tiene una línea más competitiva de la que disponían cuando dejaron de pertenecer al servicio urbano de transporte de Guadalajara. La negociación con Fomento ha sido plenamente satisfactoria para sus intereses, pues no solo han logrado disponer de tres paradas en el casco urbano de Guadalajara (Estación, plaza Santo Domingo y Ferial Plaza), el coste del billete (subvencionado) sale bien a los usuarios (1,30 euros; 0,70 euros con abono) y la línea ofrece 27 expediciones diarias en días laborables, 16 los sábados y 9 (más dos búhos nocturnos) los domingos y festivos. Cada cual defiende sus intereses, y se puede decir que el alcalde de Marchamalo, un político influyente en la provincia provincial y regional, ha logrado un convenio muy favorable para su consistorio.
Ahora bien, la manera bilateral de resolver este problema supone al mismo tiempo abrir un melón no exento de complicaciones para la citada consejería. Porque si los autobuses de Marchamalo tienen el derecho de efectuar tres paradas interurbanas en Guadalajara, ¿por qué ese privilegio no se va a extender al transporte de Azuqueca, Cabanillas, Alovera, Yunquera o de cualquier otra localidad? Todos los municipios de Guadalajara querrán tener un convenio similar al de Marchamalo. Pero la respuesta es clara: si el Ayuntamiento de Guadalajara puso el grito en el cielo porque el centro de la ciudad debe soportar el tránsito de 320 autobuses semanales más procedentes de Marchamalo. No quiero ni imaginarme qué diría entonces si esta solución se extendiera a otros municipios del Corredor.
Estoy de acuerdo con el alcalde de Marchamalo en que hay que abrir un diálogo entre las administraciones para poder profundizar en la solución de estos problemas, que son complejos y con muchos intereses por conciliar. Pero ello debería hacerse en un marco multilateral, y seguramente en el ámbito de un Consorcio Supra Municipal de Transportes. O como quieran llamarlo. Y eso exige un ambiente de consenso que hoy está viciado entre el Ayuntamiento y la citada consejería; y que por el bien de todos se debería superar. Aunque tengo escasas esperanzas.
Por lo menos, hoy, el Ayuntamiento ha evitado el espectáculo lamentable de la policía local poniendo multas a los conductores de los autobuses que dejaban viajeros en las tres paradas a las que se opone. Los antecedentes recomendaban comedimiento. Pero no deja de ser una anormalidad, que muestra que estamos ante un problema sin resolver, que los autobuses de Marchamalo ignoren las señales de prohibición de parar que el Ayuntamiento ha colocado en Santo Domingo, la Estación y Ferial Plaza para los autobuses que no sean urbanos. Sobre todo porque puede cundir el ejemplo.
Esto es lo que hay. Las señales y prohibiciones, como cualquier norma, o se respetan; o se imponen; o se derogan. Estamos hablando de países serios, claro.
