Los ribereños de Entrepeñas y Buendía  han iniciado este domingo, con la caravana entre Sacedón y Pareja, una serie de acciones que se prolongarán durante todo el verano para denunciar la situación de la cabecera del Tajo en la que, a pesar de estar al 17% de su capacidad, se aprueba  de forma inmisericorde un trasvase cada mes de un mínimo de 20 hectómetros cúbicos ( o sea, 20 millones de metros cúbicos, para que se entienda mejor). Los ribereños no entienden que la cabecera del Tajo se haya convertido en una balsa de la que el Levante español tira de ella todos los meses con independencia de lo que pase en la cuenca del Segura y se sublevan, claro, cuando ven que incluso cuando allí se producen inundaciones y se desborda ¡hasta el canal del trasvase!, el ministerio de Agricultura aprueba nuevos trasvases, aunque en la cabecera apenas haya llovido.

Se mire por donde se mire esto es un sinsentido que exige una negociación entre comunidades y territorios con el Estado como árbitro de un encuentro en el que se juegan intereses en conflicto, pero que un Estado articulado y moderno debe conciliar. Hasta ahora no lo ha hecho. El Levante español siempre ha ganado todas las batallas, e incluso las que se libraron con gran imprudencia, como fue la reforma unilateral del Estatuto de Autonomía, que promovió José María Barrera para acabar por Ley con el Trasvase. Sólo a Ibarreche le sucedió un fracaso similar en la tramitación de un cambio en un Estatuto de Autonomía. Elocuente.

Los intereses  del Levante español (desde Valencia hasta Almería) los conocemos todos.  Tienen la mejor y más eficaz huerta española, sus regantes son organizados y profesionales, ningún gobierno de España osaría ponerla en peligro por una cuestión de contabilidad nacional, pero sufren un gravísimo problema: arrastran un déficit hídrico estructural de unos 400 hectómetros anuales, que hasta ahora han resuelto fundamentalmente mediante los trasvases. Pero con el paso de los años se ha visto que las expectativas con las que se construyó el trasvase fallaron: en Entrepeñas-Buendía no hay ese agua que el Levante demanda, porque la captación se hizo en un lugar inadecuado.  En la cabecera en lugar del Tajo medio.

Los intereses de la comarca cedente también son conocidos. El  Estado inundó sus mejores tierras a cambio de unas Leyes de Compensación, que sistemáticamente se incumplieron, y se les dijo que la compensación vendría por el desarrollo del turismo. Se montaron negocios y se desarrollaron urbanizaciones al albur de lo que entonces se conoció como el Mar de Castilla, pero los niveles de ambos pantanos comenzaron a bajar y bajar , de sus entrañas salieron puentes y viejos balnearios anegados, y esas expectativas para la comarca se fueron al traste. La pertinaz sequía, como decía Franco, se convirtió en la permanente sequía, y el Mar de Castilla quedó reducido a una charca o al viejo caudal del Tajo cuando por él los gancheros transportaban sus maderadas, como nos describe José Luis Sampedro, del que celebramos este año su centenario. En esas circunstancias nadie puede reprochar a los ribereños que en una declaración de máximos pidan subir el mínimo no trasvasable de 400  hasta los 1.000 hm3, mediante las modificaciones legales pertinentes.  La realización de inversiones en la comarca por parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. O más inversiones  desde la Junta de Castilla La Mancha,porque aunque esto se oculta en Toledo, recibe en torno a 5 millones de euros al año de los regantes , que no llegan a nuestros pueblos como la Ley establece.

Por todo ello, los ribereños reivindicaban en su marcha por la preocupante situación de prealerta en la que en estos momentos se encuentran los embalses, al 17 %, que no se deberían autorizar más derivaciones de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

Es notorio que si hubiera que esperar a esos mil hectómetros para trasvasar más agua, en Murcia, Valencia y Almería  tendrían un serio problema. Pero en el Levante no pueden seguir instalados en el inmovilismo y pretender que las soluciones del tardofranquismo de Silva Muñoz son las únicas válidas cincuenta años después. Los recelos hacia los sistemas de desalación son cada vez más injustificados, a medida que van siendo cada vez más eficaces, y tienen que ganar más peso en sus regadíos.  Hoy se cifran en unos 100 hectómetros, y si solo aportan entre un tercio y la mitad de los recursos que se reciben del trasvase es porque el agua del Tajo ha tenido unos costes políticos tan bajos que han desalentado otras alternativas.

El gobierno murciano aprobó recientemente una declaración que reconoce la conveniencia de avanzar más en la desalación, porque los hechos son  tozudos. Con el agua que está recibiendo del Tajo, unos 220 hectómetros anuales, no se cubre ese déficit  hídrico, pero es que además esa cantidad debe rebajarse paulatinamente para cubrir las necesidades de la cuenca.  Sabedores de ello, el parlamento murciano pidió recientemente “redotar” a la cabecera del Tajo de agua mediante la construcción de conexiones con el Duero o el Tajo medio. Me sorprende que la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se haya convertido en portavoz del  rechazo a dichos proyectos por  la contestación social que podrían tener en Castilla y León y Extremadura. No es su papel. No me cabe duda de que una solución como la apuntada suscitaría gran controversia entre las comunidades apuntadas, pero no  tanto porque sea técnicamente imposible o porque con una gestión sostenible no tendría por qué afectar a los intereses de castellano-leoneses y extremeños. Recuerdo algunos artículos de Rufino Sanz al respecto.

El problema es político. En España las autonomías confunden cuenca hidrográfica con comunidad autónoma, y lo que pretenden es reinar sobre ríos y embalses obviando que son competencias estatales. Y así ocurre que una derivación de 50 hectómetros entre la cabecera del Tajo y la llanura de Ciudad Real  es simplemente la “tubería manchega”, pero si esa misma derivación aprobada fuera  desde la cabecera del Tajo a Soria, a Teruel o a Murcia hablaríamos de trasvase.

Hay demasiado populismo y mucha política pequeña en la manera de abordar el agua en España, que se ha ido agravando por nuestra deficiente vertebración del Estado Autonómico. Pero es hora de sentarse a hablar sobre el agua en este país, que todavía se llama España, imaginando que somos Francia o Alemania.

Esto es lo que hay, y no parece que convenga a nadie.

Susana Díaz comunicará este fin de semana que se presenta. Tiene detrás a más ex presidentes, más alcaldes, más parlamentarios y más cargos orgánicos del PSOE que cualquiera de los  otros candidatos; y esto habría sido suficiente para haberse paseado en su carrera a la secretaría general  en cualquier otra etapa de la historia reciente del partido. Ahora está por ver.

Las mal llamadas Primarias están cargadas de sorpresas y más en los últimos tiempos en los que los electores de medio mundo están castigando  a cualquiera que sale con pinta de haber tenido alguna responsabilidad en la vida. El fenómeno Trump en Estados Unidos, el de Marinne Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, Alexis Sypras en Grecia, el Brexit en el Reino Unido,  o el mismo  Plablo Iglesias en España se nutren al final de lo mismo, el populismo, que ofrece recetas simples para los problemas muy complejos que han degradado el estilo de vida de la gente corriente en el mundo desarrollado, y todavía están atribulados por una crisis de la que no se sabe si hemos  salido en parte y de qué manera. Por ello,  no es tampoco de extrañar que con independencia de la procedencia ideológica de estos movimientos, situados en los extremos, al final todos acaben abrazando el proteccionismo de las preguerras,  y se cohesionan ante un enemigo exterior, que en Estados Unidos, Holanda, Hungría, Alemania o Austria puede ser el emigrante al que presentan como un consumidor  de recursos públicos y puestos de trabajo, o en Francia, Gran Bretaña y el sur de Europa maldicen a esa Unión Europea a la que dibujan como madrastra, y no como una impresionante organización que, con todos sus defectos, ha llevado a Europa al mayor grado de paz y desarrollo de toda su historia. No hagan caso a los cantamañanas, porque así es.

El PSOE  reformista y socialdemócrata,  sucesor del que alumbró Felipe González, Nicolás Redondo y Alfonso Guerra en Suresnes,  necesitaba un candidato; y se puede decir que le ha tocado a  Susana Díaz, casi en acto de servicio. La presidenta andaluza no es González, tampoco se la conoce un pensamiento político propio,  su gestión presenta lagunas en cuestiones esenciales, como el empleo o la competitividad en su comunidad, pero es una mujer corajuda, que conoce a la perfección los resortes de su partido, y que sin obrar ningún milagro, por lo menos no es dada a meter a su partido, y al país, en aventuras que nos harían gritar lo que aquel inválido descontrolado en una cuesta de Fátima: “Virgencita, que por lo menos me quede como estoy”. La gran baza de Susana Díaz va a ser esta, presentarse ante sus compañeros de partido como una líder de gran vitalidad, ni muy mayor ni muy joven, con un discurso enfocado a recuperar para su partido la centralidad en la política española, única manera de poder regresar alguna vez al poder sin necesidad de coaliciones anti naturales.Susana Díaz tendrá en frente a Pedro Sánchez, y en un segundo plano a Patxi López, que ya veremos si sigue en la carrera hasta el final.  El ex secretario general del PSOE, con dos derrotas electorales a sus espaldas, está intentando presentarse como el candidato de la izquierda y de las bases, y aunque habrá que esperar a  saber más detalles cuando empiece la campaña, de verdad, hay algo que le distingue de Susana y Patxi: no hace remilgos en pactar con populistas, comunistas e independentistas, asumiendo definiciones de estos últimos como  que “España es una nación de naciones”, lo que nos llevarían como poco a un estado confederal, que no tiene cabida en la Constitución. Y en consecuencia a abrir la puerta a otras soberanías, con capacidad de decisión, que no sea el pueblo español.  Como ocurre ahora.

Se puede decir, por tanto, que jamás los militantes socialistas van a tener un espectro ideológico tan amplio en el que elegir, lo que tiene un serio inconveniente: que tejer lo descosido, luego, va a  ser enormemente complicado. Y el riesgo de ruptura es mayor que nunca.  Es una lástima que por la trascendencia de lo que se juega el PSOE, y la política española en general (si gana Sánchez,  Rajoy convocará elecciones antes de que le presenten una moción de censura y los Presupuestos se van al garete), una decisión de este tipo solo sea tomada por los afiliados a un partido al corriente de pago, (que se mueven por muchos resortes que no son siempre el de elegir al candidato con más posibilidades), y no sea compartida por los simpatizantes y su cuerpo electoral.

En este sentido, Francia nos ha dado otra vez una lección impagable. Conservadores y socialistas han podido elegir a sus candidatos a doble vuelta, pero el sistema es tan permeable que ante el escándalo surgido con los chanchullos de Fillón o las escasas probabilidades que tiene Benôit Hemon como candidato del Partido Socialista (un líder en el extremo del PS, en la línea de Pedro Sánchez) , ha salido un candidato independiente, Enmmanuel  Macron, ex ministro de Economía con Hollande, y que al final puede ser la mejor opción para disputar a Le Pen la presidencia de la República en segunda vuelta.

Esto es lo que hay. Pero que nadie se equivoque. España no es el Reino Unido y aquí no nos podemos permitir ni brexits, ni experimentos extraños que no caben en la Constitución. Aunque reconozco que tenemos un problema endémico. Nuestra Ley Electoral es tan enrevesada, que la crisis de un partido, pongamos que hablamos del PSOE,  acaba siendo una crisis de Estado.

Ayuntamiento y Gobierno regional deben superar la política de puentes rotos que caracteriza a las relaciones entre ambas instituciones, y que en el último año ha llegado a tal grado de aspereza  por  el tacticismo partidista, que se ha perdido la perspectiva de dónde está  el interés general . Diríase que algunos se han imaginado que la batalla por el palacio de Fuensalida se libra antes en la ciudad de Guadalajara y su ayuntamiento, y francamente me parece una exageración. Pero es lo que aparenta constatar el grado de tensión que se  ha alcanzado en este asunto de los accesos del  hospital y la puesta en marcha del  nuevo aparcamiento subterráneo,  que está enquistado y con muy mala pinta. Hasta el punto de que unos y otros se hacen cábalas sobre a quién podría perjudicar más electoralmente mantener la actual brecha. Yo les respondo: a la ciudadanía, que  no entiende cómo por apenas 300.000 euros, que costaría el acceso principal, se ha podido montar esta guerra. No estamos hablando por tanto de dinero, sino de mala política.

Lo que está claro es que ninguna solución va a venir por mociones  como la debatida  en el último pleno, porque como dijo el portavoz de Ciudadanos es más que probable que se convierta en papel mojado. Puro humo. Ningún agente urbanizador está interesado en llevar a cabo este desarrollo a corto plazo,por lo que la inversión para conectar una segunda  salida del Hospital con la rotonda,  junto a la A-2 y las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, tiene que ser pública o podrían pasar diez años. De lo que toca hablar por tanto es sobre cómo se ejecuta, en qué plazo y quién la paga. Y para ello hay que sentarse en la misma mesa las tres partes interesadas: Ayuntamiento de Guadalajara, Junta de Comunidades y Ministerio de Fomento.  Siendo esto tan claro, parece un acto de soberbia  o sencillamente insensatez que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, rehuya un diálogo al máximo nivel con el Ayuntamiento –el alcalde dice que le ha solicitado hasta cuatro veces una entrevista-  cuando no solo hay que llegar a un acuerdo sobre los accesos, sino también para poner en marcha el nuevo estacionamiento subterráneo, que es de esperar que mejore algo el caos actual del tráfico a las horas punta, aunque nunca lo logrará del todo mientras  no se ejecute la mencionada segunda salida.

Para inaugurar ese aparcamiento es necesaria una licencia  de primera ocupación y otra licencia de primera actividad, que todavía  el Sescam no ha solicitado, a pesar de que el proceso para adjudicar el aparcamiento se está sustanciando en estos momentos, aunque se podría retrasar porque según desveló  el vicealcalde Jaime  Carnicero se han presentado varios recursos al pliego de condiciones que publicó la Junta para adjudicar la explotación del mismo y lo han derivado al  Tribunal Central de Materia Contractual . Paralelamente  el Sescam tiene que presentar un plan de movilidad, que el Ayuntamiento debe aprobar.

Por tanto,  le guste o no al consejero Fernández  son muchas cosas las que tiene que hablar con el alcalde de Guadalajara, aunque no le caiga simpático, y este a su vez coordinarlo con el Ministerio de Fomento.  Y si el asunto le supera, pues a lo mejor tendrá que implicarse directamente  el presidente regional, Emiliano García-Page, como sucedió con el Campus Universitario.  Abierto el diálogo es el momento de de acordar unos planes y un calendario, y de decir al Ayuntamiento: ustedes  tienen que liderar esto, y aportar la parte principal de la inversión, como parece razonable, pero en el foro de una mesa no a través de declaraciones o mociones sugeridas. ¿O es que alguien duda de que el consejero y el alcalde de Guadalajara no se habrían reunido una docena de veces si fueran del mismo partido político?

Insisto:  entiendo que el Ayuntamiento tiene la principal responsabilidad en dar una solución a los nuevos accesos, pero también le asisten  razones para que la otra parte implicada colabore en su justa medida, como estaba dispuesta a hacerlo hasta el 23 de febrero de 2016 cuando el  director gerente Lucio Cabrerizo, solicitó autorización al Ayuntamiento para construir el enlace (literal) y autorizar el paso por la parcela del sector SP08. Desconozco lo que pasó a partir de esa fecha, pero lo que tengo muy claro es que esto se arregla de buenas maneras en la mesa de negociación al más alto nivel, o que los ciudadanos acabarán pagando los celos políticos de nuestras instituciones, que deben dejarse de tacticismos y pensar más en el bien general.

Esto es lo que hay.  Ayuntamiento y Junta deben de ser responsables y llegar a un acuerdo sobre el Hospital y otros grandes temas, como puede ser el incumplimiento del convenio sobre el  Fuerte  (Román decidió acudir a los tribunales estando de presidenta Cospedal, lo que le honra) o determinadas cuestiones urbanísticas, porque todavía queda demasiada legislatura como para ir de follón en follón y tiro por que me toca.

¡Qué aburrido!

Foto: Acceso al Hospital, cualquier día en hora punta.