Desde el pasado viernes, el alcalde de Guadalajara ya es un alcalde “normal” entre los de las capitales de provincia españolas, si entendemos por normalidad que se dediquen preferentemente al ejercicio de su cargo, y que lógicamente se cobre por ello un sueldo razonable. El pleno municipal le asignó un sueldo municipal de  60.500 euros anuales y Román tendrá una dedicación del 90 por ciento. Esto no quiere decir que Román trabaje a partir de ahora solamente 36 horas  a la semana, como si fuera un oficinista. El alcalde, y es de justicia decirlo, porque así me consta,  dedicaba  al Ayuntamiento bastante más de esas horas incluso cuando no cobraba un sueldo del erario municipal, si bien es cierto que con este acuerdo el que se normaliza, además del propio Román, que llevaba una vida profesional de perros (el Hospital, el Ayuntamiento, la clínica privada, la Federación de Municipios y Provincias….) es la propia institución municipal. Un alcalde de Guadalajara tiene que estar accesible  en el horario normal de los funcionarios municipales con los que tiene que despachar; no son de recibo plenos que empezaban a las tres de la tarde; hay actos de representación que se celebran por la mañana; y hasta las ruedas de prensa es aconsejable darlas cuando mayor es la audiencia y la disponibilidad en los propios medios.

Ciudadanos no apoyó a Román cuando el Grupo Popular propuso una liberación del alcalde al 80 por ciento; y ahora lo hace cuando se  amplía al 90 %, porque ahora entiende que la dedicación del alcalde a su profesión de médico va a ser “residual”, como la del propio portavoz de Ciudadanos a la abogacía, ya que también él tiene autorizada la compatibilidad. Ante el no es no de la oposición de izquierdas, Ciudadanos tuvo la sartén por el mango en este asunto, como en casi todos,  y es entendible que sean ellos los que marquen los tiempos y vistan la medida, pues no en vano también están en la oposición. Por ahí poco que rascar.

Y sobre la cuestión de fondo: lo que he escrito tantas veces. Soy absolutamente partidario de que cualquier persona que tenga un cargo público en un ayuntamiento pueda ejercer su profesión de una manera residual (y siempre que no entre en colisión con su actividad pública), porque es la única manera de que profesionales destacados no huyan de la política como el gato del agua, situación que ya se produce, y que podría ilustrar con numerosos ejemplos que yo conozco. Mantener la incompatibilidad absoluta es pura demagogia, porque al final estos cargos públicos no solo trabajan mucho más de esas 40 horas semanales, sino que empeoraría la calidad de nuestra clase política, como es público y notorio con solo comparar las Cortes de la Transición con las actuales,  por citar solo a la primera de nuestras instituciones. Lo que pasaría al final es que la política se quedaría solo para los funcionarios, que pueden pedir una excelencia, o para los que están en el paro. Y la política no es un oficio como otro cualquiera. Es una servidumbre, que preferiblemente se debe prestar con un tiempo limitado, para que la corrupción no anide en ella. Como bien sabemos.

P.D. Un buen dato del empleo.  Los últimos datos del paro de junio registrado en España, en Castilla-La Mancha,  y en Guadalajara en particular,  son objetivamente buenos, por muchos reparos y anotaciones al margen que podamos poner. Un total de  3.362.811 parados registrados en España es una cifra muy mala si lo comparamos con las principales economías europeas, pero si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años hay 1.242.458 parados menos. O si nos acordamos de la EPA del primer trimestre de 2013 en que estuvimos a punto de batir todos los récords negativos cuando estuvimos rozando los seis millones de parados y el desempleo se situó al 26,02%, a lo mejor tenemos una mejor perspectiva. En el caso de Castilla-La Mancha, las cifras fueron todavía más pavorosas: se llegó al 30,2 % de paro. Y aunque Guadalajara salió mejor, nuestro techo fue del 25,75%, cinco menos que la media regional, les confieso  que por entonces a más de uno nos dieron las ganas de salir corriendo.

La EPA del primer trimestre de 2017 nos invita a pensar que lo peor ha pasado: la tasa de paro se fijó en el 18,6% en el conjunto de España, el 22,1%  en Castilla-La Mancha y el 17,2% en Guadalajara, provincia que descontaba 1.200 parados menos en un solo trimestre.

Los datos publicados por la Secretaría de Empleo en junio, y que se corresponden con el paro registrado, confirman estas buenas perspectivas que  ya apuntaba la EPA que elabora el INE. En lo tocante a nuestra provincia son casi ocho mil los parados menos desde 2012, y nos permite encarar el horizonte con mayor ambición, siendo deseables nuevos procesos de negociación entre los agentes sociales, que incluyan razonables incrementos salariales, pero sin perder de vista que hay que mejorar la competitividad y el tamaño de nuestras empresas,  para no caer en nuevas desaceleraciones.

En ese marco se debería emprender un gran acuerdo para la mejora de la calidad empleo y la reducción de la temporalidad. Pero sin olvidar lo obvio: para que haya empleo de calidad tiene que haber un escenario de amplia oferta –nunca será al revés—y lo mismo se puede decir de la temporalidad. La contratación indefinida es incompatible con la incertidumbre, y por ello cualquier medida que se tome tiene que estar relacionada con el incremento de la competitividad de nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y eso se debe primar en cualquier negociación colectiva. O habrá marcha atrás.

En este sentido, subrayo el aumento de la contratación indefinida que ya se ha dado en Guadalajara en el mes de junio: 806 contratos, un 10,41 más, tasa que se eleva al 12,8% en lo que llevamos de año. Es obvio que estos porcentajes quedan todavía muy lejos de lo deseable, pues la contratación temporal alcanza los 12.530 en un mes marcado por el verano, pero si echamos la vista atrás en 2013 no se contrataba a nadie ni aunque fuera por dos horas.

Esto es lo que hay.