No ha aguantado la presión, especialmente de los sindicatos, y el nuevo gobierno de García- Page ha retirado la enmienda presentada al alimón por  PSOE y Podemos,  para favorecer la consolidación de los beneficios económicos que pudieran alcanzar los funcionarios  que temporalmente se dedican a la política: diputados, alcaldes, concejales… El estreno no podía ser más inconveniente: entre los potenciales beneficiados se encontraban los dos nuevos consejeros de Podemos, o el propio consejero de Hacienda, José Alfonso Ruiz-Molina. Entre otros cargos públicos…

El argumento de los defensores de la enmienda es  recuperar un mandato que se retiró durante el Gobierno del PP, en 2012, cuando se eliminó las consolidaciones de grado a los funcionarios de la Junta que hubieran sido designados como altos cargos. O en boca de María Díaz, la nueva vicepresidenta de Podemos en las Cortes regionales, porque lo actual situación puede suponer  “un menoscabo de los derechos profesionales y personales de quienes se comprometen con el servicio público».

Es cierto que algún perjuicio se podría producir en un funcionario que pierda alguna convocatoria de promoción interna mientras está en la cosa política, pero no mencionan que en la mayoría de los casos no es así. Porque si hablamos de altos cargos (consejeros, directores generales, jefes de gabinete…), sucede precisamente lo contrario, que con este enjuague lo que se consolidaría como carrera profesional son grados que se alcanzan por nombramientos realizados a dedo por el poder político. El ejemplo que ponía UGT, y que afectaría a estos altos cargos es muy ilustrativo: tomando como referencia a un funcionario del grupo A1, a lo largo de su vida laboral y superando diferentes procesos selectivos puede alcanzar el nivel 25, lo que supone un incremento mensual de su complemento de destino de 181,57 euros desde su nivel base, mientras que alguien designado discrecionalmente, tras pasar por el cargo podría llegar a un nivel 30,  lo que supone un incremento mensual de 524,34, que al año supone unos 7.500 euros consolidados para toda su vida laboral. La enmienda ahora retirada tenía por tanto un gran calado, porque encima se aplicaba con carácter retroactivo, y para colmo llegaba sin evaluar cuánto supondría al año para el presupuesto público. Es decir, del dinero del contribuyente que habría que detraer de otras partidas.

No son con medidas privilegiadas como esta como se respaldan los derechos de los funcionarios, sino mejorando su carrera profesional para que su promoción interna no dependa del dedo de un político sino de su esfuerzo y capacidad. En este sentido, los gobiernos estatal y autonómicos tienen un campo yermo donde trabajar, porque en todo el tiempo que llevamos de democracia apenas se ha hecho nada para premiar a los funcionarios trabajadores y eficaces, que se esfuerzan por servir al ciudadano, y distinguirlos de los que por fa o nefas no pegan un palo al agua. No es creando una (re) casta de funcionarios-políticos, parafraseando el lenguaje de Podemos, como vamos a impulsar  una verdadera carrera profesional para el funcionario español. Sucedería todo lo contrario: la promoción profesional consistiría en que los funcionarios hicieran carrera política para consolidar su grado desde puestos mejor remunerados a los que dejarían en la administración, actuando a modo de atajo para lograr lo que su actual carrera profesional ahora no le proporciona.

Pues bien: si con la normativa actual los cargos políticos ya están en gran medida ocupados por funcionarios (porque se les reserva la plaza y van cayendo los trienios),  hay que imaginarse qué sucedería si a esto lo adornas con prebendas y privilegios. Que cada vez sería más difícil que un profesional, un empresario, un agricultor,  un trabajador industrial o un autónomo ocupe un cargo público, –porque a ellos sí se les aplica el refrán de “el que se fue a Sevilla…”–, lo que limitaría el servicio público en España al funcionariado o a los que están en el paro.  Y sinceramente, si ese es el escenario, casi prefiero un alcalde por oposición, porque por lo menos así tal vez nos llegarían más preparados que ahora. Como en Francia, que la gran mayoría  de su clase política top  se ha formado en su Escuela Nacional de Administración (ENA).

En fin, que  por el momento esta (re)casta que se formaría con estos nuevos funcionarios privilegiados tendrá que esperar. Aunque  los interesados no se olvidan , y ya nos avisan de que  a pesar de retirar  la enmienda, el Gobierno regional analizará «cuál es el mecanismo legislativo por el cual podrían volver a introducir una regulación jurídica de estas características». Seguramente esperarán a alguna negociación colectiva con los sindicatos a ver si les pueden ofrecer algo gordo a cambio para convencerlos. Esto es lo que hay.

Ahora toca construir un caballo de Troya y meterlo en el lugar adecuado.