Doy por descontado que el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno regional (la «oposición municipal verdadera», Carnicero dixit) terminarán en los próximos días con el tira y afloja que se han traído en la última década, y que el consistorio capitalino se pueda sumar, incluso gráficamente, al acuerdo para desarrollar  el nuevo campus de Guadalajara en el complejo de Las Cristinas.

Hasta ahora, el gobierno (los gobiernos)  de Castilla-La Mancha se habían dedicado a disimular que hacen algo  y a discutir. Hace veinte años con ese campus maravilloso que se iba a construir en el polígono del Ruiseñor, y que la crisis se cargó -con lo que evitamos el error de sacar fuera de la ciudad el campus-, pero que aplazó el proyecto in illo tempore. Durante la gestión de Cospedal el campus no fue una prioridad, hasta el punto de no se impulsó la solución de Las Cristinas  hasta final de legislatura, y no mediante convenio sino con un simple protocolo que no comprometía a gran cosa. Y así sucedió que Cospedal  no renovó su presidencia (porque esta vez no ganó en Guadalajara) y que su sucesor, Emiliano García-Page, se lo tomó con calma. Su acierto es que asumió el cambio de ubicación, como quería el Ayuntamiento: de un descampado en las afueras de la ciudad  a un complejo situado en el centro, al lado de la estación de Autobuses, y que aprovecharía un edificio estatal (del ministerio de Defensa) para no tener que empezar la obra desde cero. Blanco y en botella: un proyecto más barato que el del Ruiseñor, y que urbanísticamente sí beneficia a la ciudad de Guadalajara y al interés general . No hay que dar excesivos argumentos para defender la dinamización que supone para la zona norte de Guadalajara (la gran olvidada en todos nuestros Planes de Urbanismo) contar con un motor económico, como el que generan, según cifras del curso 2016-17,  3.426 alumnos, 470 profesores y 46 personas de administración y servicios que trabajan en el campus de Guadalajara. Haber perdido para la ciudad ese potencial  habría la puntilla tras el disparate de enviar los nuevos juzgados junto a los Geo en lugar haberse instalado en alguno de los muchos inmuebles que hay vacíos en Guadalajara. Por cierto, que la Universidad ya ha advertido que desalojará el edificio Multidepartamental de la calle Cifuentes, propiedad de la Junta, cuando esté el campus inaugurado con lo que el Gobierno regional de turno deberá pensar a tiempo a qué lo va a dedicar entonces. Para evitar que pase como con el Fuerte.

Si el gobierno de Cospedal demoró la firma del protocolo hasta final del mandato, el de García-Page esperó hasta hace unos días para firmar el contrato-programa con la Universidad de Alcalá en el que se establecen por un lado los compromisos inversores: en total se gastarán más de 50 millones en cuatro años. Los 3,7 de 2018, 14 millones para obras en 2019, 16,5 millones para 2020  y 16,5 para 2021.  Además, este Campus albergará en un futuro el Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Logística, los nuevos grados previstos.

El contrato programa establece, además, la financiación ordinaria  que recibirá el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En concreto contempla que el Gobierno regional destinará 43,5 millones de euros para la subvención nominativa, la implantación de nuevas titulaciones y el cumplimiento de objetivos hasta el año 2021, con nueve millones este año, 11 millones en 2019, 11,5 millones en 2020 y 12 millones en 2021.

Si todo sale según lo previsto,  el campus estará terminado en 2021. Es decir, diez años después de que se firmara el protocolo y veinte desde que empezaron a marear a la perdiz con el campus del Ruiseñor. Demasiado tiempo se me hace, que solo lo puede compensar el que estamos ante un buen proyecto, pero no solo para Guadalajara (el día que se haga la residencia de estudiantes en Las Cristinas el campus se abrirá a todo el Corredor y al resto de Castilla-La Mancha), sino también para las arcas de la Autonomía. Como el rector de la Universidad se ha encargado varias veces de recalcar a Castilla-La Mancha le sale más caro el alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que el de la Universidad de Alcalá. Y ambas son universidades de la Región. Y no quiero meter el dedo en el ojo a nadie: entre el campus de Guadalajara ampliado al que tenemos a 25 kilómetros en Alcalá de Henares, en una universidad de la historia y el prestigio de la UAH, no hay color con otro de reciente creación. Como bien sabemos en España, crear una universidad desde cero es más caro y complicado que la expansión de una existente (y la de Alcalá la fundó  el cardenal Cisneros), por no hablar de la pecata minuta: el propio Gobierno regional reconoce que hay un “agujero” en las finanzas de la UCLM, del que ignoramos su magnitud, por lo que ha exigido una auditoría externa. Así están las cosas del Tajo para abajo.

Tenemos que celebrar por tanto el acuerdo al que se ha llegado entre la Junta y la UAH, aunque su escenificación no pudo ser más impropia. Dejar fuera de la foto al Ayuntamiento, cuando va a poner parcelas que ahora valen unos 10 millones para pagar los terrenos al ministerio de Defensa, es injusto y sectario. Y llevarse la firma a Toledo es no conocer la idiosincrasia de Guadalajara. Supongo que al final todo se arreglará, que el Ayuntamiento se sumará al acuerdo, y que tendremos un acto institucional antes de las elecciones como la ocasión se merece en un lugar simbólico de Guadalajara, esa capital de provincia castellana (segunda en población de la región) que se  merecía mayor diligencia en todo este asunto.  Pero esto es lo que hay , y tal como están las cosas en la UCLM, ahora mismo firmo que el campus de la UAH en Guadalajara esté terminado en 2021. Y que nuestros políticos se busquen otra arena en la que pelearse.

Esta semana los agricultores de Guadalajara, particularmente, y el desarrollo industrial y residencial del Corredor del Henares, en general, se han llevado un nuevo revés. Representantes de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos –APAG- se reunieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Juan Carlos de Cea, y el comisario de aguas para tratar los serios problemas de agua y de regadíos que sufre la provincia de Guadalajara. El secretario general de APAG, Antonio Torres y varios miembros de la Junta directiva expusieron la situación de los regadíos en la provincia, con restricciones en los riegos a causa de la escasez de agua en los pantanos (entre Lupiana y Almoguera no se podrá regar porque la Tajera está en situación de “emergencia”)  y reivindicaron por enésima vez  la conexión Beleña-Alcorlo, como solución para los problemas de agua, tanto en el regadío como en el abastecimiento humano y la industria.

Como casi todos saben, la presa de Beleña es muy pequeña para las servidumbres que tiene (apenas 53 Hm3), por lo que este pantano entró en situación de «emergencia» en el mes de diciembre y la situación empeoró en este enero seco, en que llegó a estar al 11% de su capacidad (5,97 Hm3). Afortunadamente el mes de febrero entró con lluvia y nieve y ha alcanzado ya el 22,6%, con 12 Hm3; y la situación pasa a ser de «alerta».

Lo que los agricultotes, empresarios y la Diputación de Guadalajara demandan es que en los tiempos de bonanza de agua, cuando son necesarios los desembalses porque se llena Beleña, se pueda guardar solo una parte de ese agua en el pantano de Alcorlo, de mayor capacidad, lo que resolvería el problema del abastecimiento.  ¿Y qué se dice desde la CHT? Su presidente  manifestó que desde su departamento se ha elaborado un informe sobre dicho proyecto, que ha sido entregado a la ministra de Agricultura. En este informe se deja constancia de que la obra de conexión de los ríos Sorbe y Bornova “no podrá realizarse mientras no se cambie la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

¿Por qué? En la ley se cita de forma expresa como actividades incomplatibles «la construcción o ampliación de presas, embalses, canales, acequias; las nuevas explotaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas, y la ampliación de las existentes, con la excepción de los abastecimientos a los núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, Colmenar y Corralejo, y los puntos de agua para incendios forestales que se consideran autorizables”.

Ante esta situación,  APAG va a pedir una reunión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para tratar de desbloquear el proyecto, e intentar que la obra pueda llevarse a cabo.

Complicado lo veo, porque con el fundamentalismo ecologista con el que se redactan algunas leyes,como esta del parque natural de la sierra Norte, que casi engloba a un tercio de la provincia, y en la que se juntan churrras con merinas, acaban siendo un lastre para su desarrollo, por muy de acuerdo que estemos todos en la preservación de su medio ambiente. Porque que me lo explique alguien:  si es perfectamente compatible con el medio ambiente una pequeña derivación desde Alcorlo a Beleña,  que ya está operativa en caso de  necesidad, por qué no lo es a la inversa: desde Beleña (Sorbe) a Alcorlo (Bornova) cuando estamos hablando de dos sistemas muy similares.

Esto es lo que hay. Nadie te dará un argumento de peso. Y eso que estamos hablando del abastecimiento a medio millón de personas que dependen de la Mancomunidad del Sorbe y de garantizar que la gallina de los huevos de oro para el empleo de de Guadalajara, como es el Corredor  del  Henares, tenga agua disponible para que no se  frene su desarrollo. Y para ello solo hace falta una solución, que no requiere de presas dañinas  en al alto Sorbe ni de grandes obras: simplemente permitir que Alcorlo guarde solo un poquito del agua que temporalmente sobra en Beleña, por su pequeña capacidad, cuando llega el deshielo en un buen año.

¿A qué juegan algunos?

Foto superior: Tubería que lleva agua de Alcorlo a Beleña. Pues bien, al revés dicen no puede ser porque es incompatible con la declaración de Parque Natural.¿Alguien lo entiende?

Todo es un verdadero despropósito. Una decisión de Estado que debería estar consensuada por los  principales partidos españoles, ya que contempla un  proyecto a largo plazo, que podría extenderse en el tiempo entre 50 y 100 años, se ha convertido en una pelea política de campanario entre el gobierno central y un gobierno regional rival, que lo ha empantanado todo. Me estoy refiriendo a la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y en el que (teóricamente) se deberían guardar los residuos de alta actividad generados en las centrales nucleares españolas. Se trata del combustible gastado producido en sus reactores de fisión y que, hoy por hoy, tienen una vida activa de varios miles de años. En la actualidad se guardan en almacenes individuales (ATI), que tienen las centrales nucleares (entre ellas las alcarreñas de Trillo y Zorita, esta última en fase de desmantelamiento)  y el Plan General de Residuos aprobado por el parlamento español contempla que a medio plazo se concentrarían todos ellos, por mayor seguridad y  mejor economía, en un almacén temporal, como hay otros en Europa ( el de Villar de Cañas tiene como referencia al holandés, el más moderno) . Allí estarían entre cincuenta y cien años hasta que se diseñe lo que se llama Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), con capacidad para mantener los residuos seguros hasta la eternidad. Es el regalito que la energía nuclear de fisión lega a las futuras generaciones y su principal inconveniente para seguir desarrollando este tipo de reactores,  por lo demás de gran fiabilidad y muy útiles para asegurar la producción de un país con España, donde las energías renovables lideran su cartera energética, pero que tienen el inconveniente de que los kilowatios que producen no se pueden  almacenar. Con lo que se depende del viento o el sol para su uso diario.

No hay ningún proyecto avanzado sobre el AGP y sobre lo que se hará con estos residuos a largo plazo. Si al final se buscará una solución nacional o europea en las profundidades de la tierra, en subsuelo del mar o en el espacio exterior .  Por ello hablar ahora sobre el AGP es pura ciencia ficción, y el presidente García-Page debería saberlo. Seguramente pasará medio siglo y lo seguirán debatiendo y fiándolo  a la investigación sobre cómo reducir la actividad de esos residuos de alta, atiborrados de rayos alfa, para convertirlos en residuos de tratamiento medio.

Pero volvamos a la realidad: España necesita un ATC a medio plazo, ya que de lo contrario los dichosos residuos deberán seguir por tiempo indefinido en los recintos de las centrales nucleares en unas condiciones de diseño que no son  las ideales para aguantar allí cien años más. Porque para ese tiempo se pensó en el ATC.  Así que lo pase con el ATC nos afecta directamente en Guadalajara y es lo que lamento en las iniciativas políticas que han tenido lugar en las últimas semanas. Que han preferido ignorarlo.

Porque todo ha sido un despropósito. España no tiene una política de estado sobre la energía (como también carece de ella en Educación, financiación y hasta en Política Territorial) y temas que deberían estar debatidos y pactados se convierten en política con p minúscula y S mayúscula de sectarismo. Y así sucede que el ministerio de Industria elige con escasa fortuna en diciembre de 2011 al minúsculo pueblo de Villar de Cañas para albergar el ATC, que es vendido por el gobierno regional de Dolores Cospedal como el gran revulsivo económico para la comarca y la región entera. Cambia el gobierno regional y García-Page se encuentra con toda una bicoca para que un gobierno de izquierdas, ahora en alianza con Podemos,  dé lustre a su agenda  verde. La oposición a ese cementerio que concentrará todos los residuos nucleares de España  en la región. Todo un regalo. El gobierno de García-Page utilizó los hábiles métodos de Bono con Cabañeros para torpedear el proyecto y echó mano de  la Laguna del Hito, un espacio cercano a Villar de Cañas, a la que otorgó la oportuna protección para impulsar su batalla jurídica. Y hasta ahora  está ganando la partida.  El Gobierno (o ENRESA, que es la empresa pública que gestiona el proyecto) ha sido incapaz de tener aprobado casi siete años después el  Estudio de Impacto Ambiental, lo que alienta serias dudas sobre la idoneidad del sitio elegido, y el 11 de enero de 2017 recibe un guantazo que los manda al suelo y  el  árbitro está contando  con lo que podría dar el combate por terminado. Sucede que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del ayuntamiento conquense  contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional de anular el plan de urbanismo de la localidad de julio de 2015. ¿Y qué significa eso? Que si el gobierno de España no consigue una sentencia revocatoria en el Tribunal Supremo, las obras en la práctica están paradas, ya que cada nueva  licencia que otorgue el Ayuntamiento podría ser recurrida por los servicios jurídicos de la Junta, y además imputar al alcalde por prevaricación.

Todo un despropósito, porque en los terrenos de Villar de Cañas se han hecho obras y adjudicaciones por unos setenta millones de euros (algunos hablan de cien), que serían malgastados si el Supremo mantiene el  criterio del TSJCLM,  ya que la obra no podría continuar. ¿Se imaginan que esto pudiera ocurrir en Francia, Alemania o cualquier país  con sentido de estado? Un centenar de millones del contribuyente a la basura. Y volvemos a la casilla de salida. El ATC sin construir y los residuos en Trillo y Zorita, ¿por los siglos de los siglos?  Pues sus ATI no están diseñados para ello. Aunque una cosa les garantizo.  Ningún ayuntamiento en el entorno de  de 10 km. de ambos emplazamientos  va a protestar,   porque mientras sigan estando allí los residuos seguirán cobrando las compensaciones de Enresa. Yo que ellos ya estaría pidiendo más.

Y yo me pregunto: ¿cómo se pueden hacer las cosas tan mal? El ministro Soria jugó con fuego concediendo el ATC a Cuenca, para que Cospedal se pudiera apuntar un tanto,  en lugar de haber hecho lo  más prudente: adjudicarlo a un emplazamiento pactado junto a una central nuclear, como quería  la AMAC, la asociación de municipios con centrales nucleares que se desintegró al perder esta batalla.  Ahora, España (no solo el PP) tiene un problema como  un queso de bola, porque ni tan siquiera sabemos  qué gobiernos habrá en Madrid y Toledo cuando se pronuncie el Supremo; y qué  se les ocurrirá a cada uno de ellos.

Esto es lo que hay. Un país sin política de Estado más allá de la defensa de la unidad de España, que me parece bien,  pero incapaz de dar un paso más allá y que se pierde en la maraña de instituciones y competencias entre las que se malgasta el dinero del contribuyente, que tanto nos cuesta ganar.

P.D. Por cierto, que no nos dé un ataque de populismo.El dinero del ATC no se puede destinar en carreteras, como sugería el presidente regional,  porque es un dinero finalista que ENRESA cobra de nuestro recibo de la luz, el de usted y el mío,  para gestionar los residuos nucleares en España.  Y si tiene que gestionar, y asegurar,  siete pequeños cementerios nucleares en vez de uno de tamaño medio, pues ya sabemos por economía de escala que a lo mejor no tiene bastante. Con lo que nos volverán a subir el recibo de la luz, como hacen siempre.

Foto: ATI de la central de Zorita, planta en fase avanzada de desmantelamiento, con los contenedores de hormigón y en los que se guardan los residuos de alta actividad mientras no se puedan trasladar a un ATC. /Archivo GD