Doy por descontado que el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno regional (la «oposición municipal verdadera», Carnicero dixit) terminarán en los próximos días con el tira y afloja que se han traído en la última década, y que el consistorio capitalino se pueda sumar, incluso gráficamente, al acuerdo para desarrollar el nuevo campus de Guadalajara en el complejo de Las Cristinas.
Hasta ahora, el gobierno (los gobiernos) de Castilla-La Mancha se habían dedicado a disimular que hacen algo y a discutir. Hace veinte años con ese campus maravilloso que se iba a construir en el polígono del Ruiseñor, y que la crisis se cargó -con lo que evitamos el error de sacar fuera de la ciudad el campus-, pero que aplazó el proyecto in illo tempore. Durante la gestión de Cospedal el campus no fue una prioridad, hasta el punto de no se impulsó la solución de Las Cristinas hasta final de legislatura, y no mediante convenio sino con un simple protocolo que no comprometía a gran cosa. Y así sucedió que Cospedal no renovó su presidencia (porque esta vez no ganó en Guadalajara) y que su sucesor, Emiliano García-Page, se lo tomó con calma. Su acierto es que asumió el cambio de ubicación, como quería el Ayuntamiento: de un descampado en las afueras de la ciudad a un complejo situado en el centro, al lado de la estación de Autobuses, y que aprovecharía un edificio estatal (del ministerio de Defensa) para no tener que empezar la obra desde cero. Blanco y en botella: un proyecto más barato que el del Ruiseñor, y que urbanísticamente sí beneficia a la ciudad de Guadalajara y al interés general . No hay que dar excesivos argumentos para defender la dinamización que supone para la zona norte de Guadalajara (la gran olvidada en todos nuestros Planes de Urbanismo) contar con un motor económico, como el que generan, según cifras del curso 2016-17, 3.426 alumnos, 470 profesores y 46 personas de administración y servicios que trabajan en el campus de Guadalajara. Haber perdido para la ciudad ese potencial habría la puntilla tras el disparate de enviar los nuevos juzgados junto a los Geo en lugar haberse instalado en alguno de los muchos inmuebles que hay vacíos en Guadalajara. Por cierto, que la Universidad ya ha advertido que desalojará el edificio Multidepartamental de la calle Cifuentes, propiedad de la Junta, cuando esté el campus inaugurado con lo que el Gobierno regional de turno deberá pensar a tiempo a qué lo va a dedicar entonces. Para evitar que pase como con el Fuerte.
Si el gobierno de Cospedal demoró la firma del protocolo hasta final del mandato, el de García-Page esperó hasta hace unos días para firmar el contrato-programa con la Universidad de Alcalá en el que se establecen por un lado los compromisos inversores: en total se gastarán más de 50 millones en cuatro años. Los 3,7 de 2018, 14 millones para obras en 2019, 16,5 millones para 2020 y 16,5 para 2021. Además, este Campus albergará en un futuro el Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Logística, los nuevos grados previstos.
El contrato programa establece, además, la financiación ordinaria que recibirá el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En concreto contempla que el Gobierno regional destinará 43,5 millones de euros para la subvención nominativa, la implantación de nuevas titulaciones y el cumplimiento de objetivos hasta el año 2021, con nueve millones este año, 11 millones en 2019, 11,5 millones en 2020 y 12 millones en 2021.
Si todo sale según lo previsto, el campus estará terminado en 2021. Es decir, diez años después de que se firmara el protocolo y veinte desde que empezaron a marear a la perdiz con el campus del Ruiseñor. Demasiado tiempo se me hace, que solo lo puede compensar el que estamos ante un buen proyecto, pero no solo para Guadalajara (el día que se haga la residencia de estudiantes en Las Cristinas el campus se abrirá a todo el Corredor y al resto de Castilla-La Mancha), sino también para las arcas de la Autonomía. Como el rector de la Universidad se ha encargado varias veces de recalcar a Castilla-La Mancha le sale más caro el alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que el de la Universidad de Alcalá. Y ambas son universidades de la Región. Y no quiero meter el dedo en el ojo a nadie: entre el campus de Guadalajara ampliado al que tenemos a 25 kilómetros en Alcalá de Henares, en una universidad de la historia y el prestigio de la UAH, no hay color con otro de reciente creación. Como bien sabemos en España, crear una universidad desde cero es más caro y complicado que la expansión de una existente (y la de Alcalá la fundó el cardenal Cisneros), por no hablar de la pecata minuta: el propio Gobierno regional reconoce que hay un “agujero” en las finanzas de la UCLM, del que ignoramos su magnitud, por lo que ha exigido una auditoría externa. Así están las cosas del Tajo para abajo.
Tenemos que celebrar por tanto el acuerdo al que se ha llegado entre la Junta y la UAH, aunque su escenificación no pudo ser más impropia. Dejar fuera de la foto al Ayuntamiento, cuando va a poner parcelas que ahora valen unos 10 millones para pagar los terrenos al ministerio de Defensa, es injusto y sectario. Y llevarse la firma a Toledo es no conocer la idiosincrasia de Guadalajara. Supongo que al final todo se arreglará, que el Ayuntamiento se sumará al acuerdo, y que tendremos un acto institucional antes de las elecciones como la ocasión se merece en un lugar simbólico de Guadalajara, esa capital de provincia castellana (segunda en población de la región) que se merecía mayor diligencia en todo este asunto. Pero esto es lo que hay , y tal como están las cosas en la UCLM, ahora mismo firmo que el campus de la UAH en Guadalajara esté terminado en 2021. Y que nuestros políticos se busquen otra arena en la que pelearse.
