El Tribunal Supremo ha suspendido parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo básicamente porque en él no se fijan los caudales ecológicos que debe tener el río a su paso por Aranjuez (Madrid), Toledo y Talavera de la Reina (Toledo). Estamos ante una sentencia muy relevante en el fondo, porque marca unas prioridades que el citado Plan no recogía, aunque de muy diversas interpretación. Como veremos.
Por un lado, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, las plataformas y la Asociación de Municipios Ribereños, que recurrieron con éxito el Plan, entienden que el fallo compromete el futuro del trasvase Tajo-Segura, y como poco exigen que se duplique la cantidad por debajo de la cual no se puedes trasvasar, pasando de 400 a 800 Hm3, con lo que en los años de sequía sería imposible garantizar las derivaciones actuales.
Desde el frente trasvasista, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, socialista, asegura que es «absolutamente compatible» la fijación de un caudal ecológico que sea razonable con el sistema del trasvase Tajo-Segura. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, recalca que el TS «no habla del trasvase al Segura», sino solo del río. Y los regantes beneficiarios del trasvase dan un paso más al sostener que incluso con la actual normativa los caudales ecológicos están garantizados.
Dicho lo cual, será el Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril el que tendrá que interpretar la sentencia, para lo cual tendrá que fijar esos caudales ecológicos, y a partir de ahí decidir si para asegurarlos hay que aumentar la cantidad mínima no trasvasable o, como sostienen los regantes, fijarlos sin más, sin necesidad de cambiar las reglas del Memorando. Si la interpretación del Gobierno fuera esta última, como dicen en los pueblos de Castilla: para este viaje no necesitamos alforjas.
Con independencia de lo que suceda, la sentencia del Tribunal Supremo debería servir para que en el Levante cambiaran el chip y no vieran en un trasvase que debe recorrer 500 kilómetros y cruzar por varias cuencas hidrográficas, la solución al regadío de su magnífica huerta (que aporta grandes recursos al PIB español), sino un complemento al suministro de agua que mayoritariamente debería generarse vía desalación, para lo que se necesita la colaboración de las administraciones, impulsando las desaladoras que sean menester. Es toda una paradoja que mientras en el Levante se sigue ampliando la superficie de regadío en Guadalajara solo se riega el 6 por ciento de su superficie útil.
Todo ello debería enmarcarse en un pacto nacional del agua, que resuelva y modere los legítimos intereses de las Autonomías, reto que se echa de menos en éste y gobiernos anteriores, alérgicos a políticas que vertebren el territorio nacional. Desde el agua, los fondos de cohesión, la financiación autonómica a las comunidades con menos población o la política lingüística en comunidades que han relegado al español a la mínima expresión en una educación y unos medios públicos que pagamos entre todos. Pero esto es lo que hay.
