El Gobierno regional, con la consejería de Desarrollo Sostenible al frente, del azudense José Luis Escudero, busca un apaño para la ejecución de sentencia de Fraguas, ya saben, la ocupación de un monte de utilidad pública en el lugar donde estuvo el citado pueblo, que ahora pertenece al término municipal de Monasterio. Como es conocido, los seis okupas/repobladores fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio a un año y seis meses de prisión y multa de doce meses, con una cuota diaria de seis euros. Para el supuesto de que por los condenados no se hiciera efectivo el importe de las penas de multa impuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal, se señala la responsabilidad personal y subsidiaria de los mismos a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas.

Algunos datos más. En su fallo, el juez subraya lo que muchos pensamos, que por muy loables que puedan resultar los fines de los acusados de rehabilitar y repoblar una zona que presenta graves problemas de despoblación, «dichos fines no pueden justificar los medios que han empleado. Dichos medios han consistido en la ocupación ilegal del dominio público y en la vulneración de las normas urbanísticas que regulan la ordenación del territorio. Los acusados, a sabiendas de que las construccionesque pretendían llevar a cabo no podían ser autorizadas, las realizaron sin solicitar licencia alguna», razona la sentencia del Juzgado de lo Penal de Guadalajara.

Extraña que la Junta de Comunidades, si tenía algo que decir al respecto, como entidad denunciante, haya esperado hasta ahora para abordar el asunto y no lo hubiera hecho antes de existir una sentencia al respecto, del citado Juzgado de lo Penal, y que ha adquirido firmeza al ser confirmada por la Audiencia Provincial y ser desistimado el recurso de los condenados. Cualquier solución habría sido más fácil «antes de», por lo que ahora un acuerdo extrajudicial deberá ser validado por la Justicia.

¿Y que pretende la Junta? Oficialmente no dicen nada, amparándose en que el asunto está en el juzgado, aunque hay versiones verosímiles, como la que publicó en redes sociales el periodista Raúl Conde, serrano de pro, que nos habla de que la Administración regional acepta no desalojarlos y no derribar las casas levantadas a cambio del compromiso por parte de los okupas/repobladores de no construir más y limitar su actividad a usos compatibles con el medio natural.

El asunto tiene su miga jurídica, ya que la sentencia da por probado que se ha producido un ilícito penal, el delito contra la ordenación del territorio, y del que se deriva además una responsabilidad civil. En el primer caso, el penal, las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que hay un fallo que es inapelable, aunque por el tiempo al que al que han sido condenados no deberían ingresar en prisión de no tener antecedentes, extremo que le desagradaría al consejero y yo creo que a casi todos nosotros. En el caso de la multa estamos hablando de 2.190 euros (una cuota diaria de 6 euros al día), por lo tanto asumible si hay voluntad de pagarla, aunque la sentencia recuerda que en caso contrario en el artículo 53 del Código Penal, se señala la responsabilidad personal y subsidiaria de los mismos a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas.

«A pocos nos gustaría ver a nadie en prisión por esto, ni que una casa reconstuída con respeto a la arquitectura de la sierra fuera pasto de la piqueta.Pero la Consejería debe tentarse la ropa para que ningún ilícito penal pudiera derivar en un beneficio o derecho sobre una propiedad que es pública, es decir de todos nosotros, o se establecería un peligroso precedente por el cual cualquier repoblador bien intencionado podría construirse una finca en cualquiera del centenar de despoblados que existen en la provincia de Guadalajara»

Luego está la responsabilidad civil, que en este caso viene determinada por las obras realizadas en Fraguas, y que esencialmente son una casa reconstruida íntegramente salvo sus cimientos, junto con un corral y un pequeño cobertizo. La sentencia en este caso condena a los seis jóvenes procesados a restituir al lugar a la situación en la que se encontraron, es decir, al derribo de la casa y cobertizo y a pagar los gastos de todo ello, unos 40.000 euros. En ese caso, las fuentes jurídicas consultadas nos dicen que al tratarse de una responbilidad civil, bien pudiera evitarse el derribo si la parte afectada, en este caso la Junta así lo decidiera, con lo que nos evitaría la desagradable escena de una excavadora atacando una casa que respeta la construcción tradicional de la sierra, una imagen que a muchos no nos nos gustaría ver en un telediario.

Queda, por último, el destino de la casa y la finca en cuestión. El fallo judicial en este sentido es muy claro: «Ninguna duda existe sobre que las construcciones realizadas por los acusados no solo no están autorizadas sino que tampoco resultan autorizables», precisa el juez, y añade: «Por obras no autorizables han de entenderse aquellas que no lo pueden ser conforme a la legislación urbanística vigente».

En ese sentido, la Consejería debe tentarse la ropa para que ningún ilícito penal pudiera derivar en un beneficio o derecho sobre una propiedad que es pública, es decir de todos nosotros, o se establecería un peligroso precedente por el cual cualquier repoblador bien intencionado podría construirse una finca en cualquiera del centenar de despoblados que existen en la provincia de Guadalajara. Un asunto muy delicado para Justicia y Junta, porque una cosa es la repoblación de la Guadalajara vacía, que deben impulsar y beneficiar las administraciones con medidas de todo tipo, y otra la alegre ocupación de montes públicos con vocación de permanencia.

Esto es lo que hay. Vamos a ver si esta vez se hacen las cosas sin sacar los pies del tiesto, como dicen en el pueblo.

P.D. En Guadalajara ha anunciado García-Page la puesta en marcha, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, de un proyecto de historia clínica digital pionero en España y que permitirá intercambiar los informes de los usuarios de forma instantánea, facilitando la prestación de servicios sanitarios y mejorando la atención al paciente por parte del profesional sanitario. Es increíble que en un sistema de salud, como el español, que en teoría es nacional, aunque cada autonomía ejerza la competencia, tenga que reproducir pruebas que están en el historial médico del paciente, con el consiguiente retraso para su atención y el aumento del gasto público. Para complicar la vida al ciudadano no se inventaron las autonomías, como algunos nacionalistas se piensan, así que felicidades a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Canarias por tener sentido común.

Dos cosas me llamaron más la atención en el día en que Pedro Sánchez  fue elegido presidente del Gobierno (hasta ahora también lo era, pero fruto de un incidente llamado moción de censura). La larga fila de diputados y senadores socialistas que esperaron para poder saludar al presidente, de pie junto a su escaño, y la foto que se hizo apoyado en la mesa de los taquígrafos y estenotipistas del Congreso, como mirando a España de arriba abajo después del éxito con seguido. No hay mejor pegamento para un partido que el poder, porque ocupa a todos durante una legislatura. Pero si el pegamento del grupo socialista fragua sólido y está a prueba de los bandazos que ha dado Sánchez en los últimos meses, bien diferente es lo que sucede con sus socios. Minutos antes del besamanos de Sánchez, la portavoz de los ultranacionalistas de ERC dejó paladinamente claro que la gobernabilidad de España les importa un “comino”. Pues bien, con estos bueyes tendrá que arar el gobierno de PSOE y Podemos. Con una parte del gobierno que aun admitiendo por imperativo legal la Constitución de 1978 la quieren cambiar en puntos sustanciales; pero que al no sumar necesitan del respaldo de unos socios independentistas que la quieren enviar de una patada al Mediterráneo.    

Minutos antes del besamanos de Sánchez, la portavoz de los ultranacionalistas de ERC dejó paladinamente claro que la gobernabilidad de España les importa un “comino”. Pues bien, con estos bueyes tendrá que arar el gobierno de PSOE y Podemos.

Pero el gobierno de Sánchez no solo tendrá que lidiar con la oposición, en una legislatura muy radicalizada y con un parlamento en el que no se adivinan los puntos de encuentro, sino en convencer a los barones socialistas críticos con el independentismo de que todo esto no se les ha ido de las manos. No es casual que ni Page, ni Lambán ni Vara acudieran al besamanos de Sánchez en el Congreso de los Diputados,  que es tanto como decir que les tendrá que convencer de que la relación bilateral entre el gobierno de España y Cataluña, y los reconocimientos nacionales hechos al PNV y Bildu,  se hará siempre en el marco de la  Constitución y la consulta prometida sobre un Estatuto de Cataluña reformado. Pero solo hay que oír a Rufián para constatar que él espera todo lo contrario. Lo que la investidura ha dejado claro es que en el mejor de los casos por las demandas ultranacionalistas iremos a unas comunidades autónomas de dos velocidades y a un estado menos cohesionado y más desigual. Aunque a esto lo llamarán “progresista”.  En el mejor de los casos, insisto.

¿Y la oposición? Pues mucho que reflexionar. Sánchez nos genera un mar de dudas por su obsesiva estrategia de la conquista del poder, pero no menos verdad es que ha sido el único que lo ha intentado con contumacia. El PP y Ciudadanos desaprovecharon una coalición histórica para haber sumado más que cualquier otro, y a estas alturas están más lejos de La Moncloa que nunca. El papel a desempeñar también es difícil, porque no pueden ser todos los días los profetas de la Apocalypsis. En fin, que más les vale que recuperen la centralidad, ahora que Sánchez se alía con radicales, o serán devorados por el populismo de derechas, que aguarda paciente.   

Por último, Sánchez ha repetido durante el debate que este es el gobierno que han elegido los españoles. No es verdad, obviamente. Nuestro sistema parlamentario permite a los españoles elegir a los diputados, que representan la soberanía popular, y estos a su vez eligen al gobierno en mayoría o en coalición. Pero nuestra Constitución no otorga a los ciudadanos la elección directa del gobierno, como sucede en Francia con la segunda vuelta. Esto posibilita que entre los partidos que votaron en contra de la investidura de Sánchez sumen más votos  electorales que el bloque del “sí”, sin que por ello se pueda decir que no sea democrático. O que un partido como Teruel Existe, con 19.000 votos, haya decantado la elección de Sánchez.  Así que si se abre el melón constitucional, yo me apunto. Muchos cuestionamos una Ley Electoral que ha dado un poder desmesurado al independentismo y a las minorías,  porque en la deriva cantonalista actual nos preguntamos si merece la pena dar el voto a partidos nacionales, que en teoría están ahí para cohesionar al Estado y defenderlo de agresiones exteriores. O mejor nos tiramos al monte como los de Teruel.

P.D. Lo que sabemos, porque lo ha filtrado Podemos, es que Magdalena Valerio dejaráde ser Ministra de Trabajo, puesto que se reserva a Yolanda Díaz, una dirigente de Galicia en Común. Pero desconocemos qué competencias quedarán colgando de Trabajo, si mantendrá o no el importante área de Seguridad Social. O cuántos ministerios tendrá el nuevo gobierno para que los pactos con Podemos encajen.

A seguir también el acuerdo con Teruel Existe, que incluye autopistas. Recordemos que tras el trágico incendio de La Riba,  Zapatero prometió un parador  y una vía rápida a Molina con continuidad hasta Teruel.  Desde entonces han pasado 15 años. Tendría gracia que al final un partido de Teruel rescataría la autovía de Molina, con lo que podríamos pedir al señor Guitarte que abriera una delegación en el Señorío. Pero esto es lo que hay.

Foto: Sánchez prometiendo la Constitución, sobre una mesa sin Biblia y crucifijo.

La noche del 10 de Noviembre de 2019 en que PSOE y Unidas Podemos perdían diez escaños y el centro-derecha dividido fracasó, Pedro Sánchez tomó una decisión para ser investido que nos podría llevar a una segunda Transición, con actores políticos y aliados bien diferentes a los que se reunieron en torno a la Constitución de 1978. Si ese acuerdo constitucional representó el entierro de la dictadura, la superación de una horrible guerra civil sin vencedores y vencidos, la recuperación de las libertades individuales y colectivas, la incorporación de España a las instituciones europeas y un consenso territorial que definió el Estado de las Autonomías, la situación de hoy es bien diferente.

Porque Sánchez, así lo ha querido, por el acuerdo–abrazo al que llegó al día siguiente de las elecciones con Pablo Iglesias -aquel hombre que hace solo unos meses le quitaba el sueño-, para formar un «gobierno progresista» de coalición, cerraba cualquier puerta a la negociación con PP y Ciudadanos.  Ni se molestó en hablarlo con Casado o Arrimadas. Ningún líder de centro-derecha podría haber dado pista libre a un gobierno integrado por un partido neocomunista sin perder a la mayoría de sus diputados en las siguientes elecciones; y entregar en bandeja la oposición al populismo de derechas.  Por lo tanto, Sánchez sabía perfectamente que el abrazo con Iglesias, al carecer de mayoría suficiente, significaba también la búsqueda de unos aliados al margen de los constitucionalistas: el independentismo vasco y catalán. Por ende, Sánchez conocía que la negociación con los nacionalistas no podía hacerse sobre la base de la Constitución de 1978, que concede al pueblo español la soberanía en su conjunto, con lo que irremediablemente tendría que colocar la Constitución en almoneda y dotar a la negociación de instrumentos ex novo al margen de aquella.

Así, en los últimos días, hemos ido conociendo cómo el PNV, siempre presto a llenar la cartera de nueces con cualquier gobierno, cerró un sustancioso acuerdo de apenas doce folios en los que ponen alfombra roja a sus demandas soberanistas con una posterior reforma del Estatuto de Guernika para introducir el derecho a decidir en su articulado. Pero como los Jeltzale son gente paciente, mientras ese día llega recibirán una treintena de competencias, entre ellas la de Prisiones, tan importante para los presos de ETA, o asuntos de gran calado social: el reconocimiento a las selecciones vascas, por mucho que en España al contrario que en Gran Bretaña sí hay ligas nacionales en todos los deportes. A nadie puede extrañar que en esas condiciones el 85% de las bases de Bildu, aquellos que nunca se arrepintieron de su apoyo a los crímenes de ETA, respalden la investidura de Sánchez. ¡Pero si hasta la Guardia civil va a salir de las carreteras de Navarra y el PNV ha negociado por la comunidad Foral con los mensajeros de Sánchez!

Más complicado de articular ha sido el pacto para asegurarse la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya. Ha pasado por la admisión de que en Cataluña existe un “conflicto político”, como siempre ha mantenido el conjunto del independentismo y negado por Sánchez hasta el 9 de noviembre de 2019. Y en consecuencia, como reza el acuerdo, “debe resolverse a través de cauces democráticos” (¿es que aplicar la Ley y la Constitución no lo eran?), “mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superado la judialización del mismo”. Este último punto es de extraordinaria importancia porque se está apartando a los tribunales de sus funciones en la interpretación de la Ley, que se deja a una mesa bilateral entre los gobiernos de España y Cataluña, en situación equivalente. Y se rompe con toda la política seguida hasta ahora en Europa sobre el Process en Cataluña, porque ya no se podrá argumentar ni mú cuando es el propio gobierno español el que ha negociado con los sediciosos su propia investidura.

Como escribía Raúl del Pozo sobre los valores del 78, todo  esto se ha ido al “carajo”, porque a partir de ahora los que deben dar soporte al gobierno de España son los que trabajan a diario para desmontarla; y lo único que aceptarán es a alargar un poco los plazos. Sánchez seguramente tendrá la esperanza, no se lo voy a negar, de lograr un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco en base a una relación bilateral propia de los estados de estructura confederal (Suiza) o con un Estado Libre Asociado (Puerto Rico). Pero Sánchez no debería hacerse trampas en el solitario cuando el jefe Junqueras ya la ha dicho que el derecho de autodeterminación es “innegociable” y la independencia de Cataluña “inevitable”. Es decir, que si en 2020 todavía no hay mayoría de independentistas, como reconoce el propio CIS catalán, pues habrá que repetir el referéndum tantas veces como haga falta hasta que salga. Y para ello solo hay que dejar pasar una generación más hasta que se hayan muerto los abuelos, que  emigraron a Cataluña cuando en la mayoría de España no había industria pesada, y en ese tiempo cumplan 18 años  una nueva hornada de jóvenes independentistas educados en el pensamiento único y el rencor hacia la “España que nos roba” e impide su felicidad plena.

 Esta es la hoja de ruta que acepta Sánchez, y que seguramente incluirá gobiernos con Iceta como perejil de todas las salsas por la crisis entre ERC y los Puigdemont, pero que requiere de un marco de difícil encaje legal. Es el compromiso adquirido para que las medidas que se acuerden sean sometidas en su caso “a la validación democrática a través de la consulta a la ciudadanía de Cataluña”. ¿Y si esas medidas no son constitucionales y aun así se aprueban en referéndum, qué hacemos?  ¡Ah, no pasa nada porque no vamos a pedir que las interpreten los jueces!

Estos son los socios que Sánchez se ha buscado para su nueva Transición, con lo que inevitablemente España se radicalizará, se acentuará la división entre la izquierda y la derecha, la periferia y el centro, los rojos y azules, el trabajo y el capital, los liberales y carlistas, los católicos y los ateos (esa línea roja para la Iglesia sobre la religión no evaluable que se van a saltar), la sustitución del diálogo social por el decreto ley, el intervencionismo por bandera… Frentismos que nos recuerdan a la España del siglo XIX y los años anteriores a la Guerra Civil, si no fuera por algo fundamental y con lo que consuelo a mis amigos más pesimistas: aquella sociedad estaba formada por proletarios y campesinos carentes de todo y en frente solo las oligarquías. No había una clase media mayoritaria, como ahora, que no permitirá que pongan en riesgo su bienestar y propiedades. Aunque alguno me responde: sí, pero recuerda la reacción de esas clases medias en Alemania o Italia cuando fracasó el régimen de Weimar o Mussolini se apoderó de la monarquía de Victor Manuel III. ¿ Y a quién votó? Mucho cuidado pues a las salidas-milagro en tiempos de crisis.

En definitiva, malos tiempos para lo moderados en todos los partidos, porque les están acotando el campo de juego. Como Sánchez ha hecho con la Corona, para que en unos años Iglesias  pueda decir: “si no sirve para nada, por qué no la quitamos”.  Unos tiempos muy complicados para los históricos del PSOE, fuera de las listas como Barreda o dando vueltas por el mundo como Borrell. Es otro PSOE, clama Alfonso Guerra, en el que se ha sustituido el funcionamiento representativo de comités locales, provinciales, regionales y federales, que ejercían de contrapoder, por una relación directa del líder con la militancia a través de plebiscitos con trampa. Nunca se les preguntó por la tercera pata, el pacto con los independentistas y sus límites. En medio de este ambiente, cada vez más cerrado y tóxico, tendrán que convivir los Lambán, Vara o Page, cuyas prédicas («La Constitución está por encima de todos y cada uno, de todos los partidos y de cada institución por separado”, dijo el presidente castellano-machego en su mensaje de Año Nuevo) son como el que habla en el desierto. El acuerdo entre PSOE y ERC no cita ni una sola vez a la Constitución ¿Dónde está el límite?  Aunque ya lo sabemos: las crisis se abren en los partidos cuando se pierde, porque si gobiernas todos están colocados.  ¿Y quién se atreve a pegar una patada al avispero?

Esto es lo que hay. Por caprichos de una Ley electoral que puede acabar con la España del 78, la de mayor prosperidad de nuestra historia, un diputado de Teruel con 19.000 votos podría decidir el destino de la investidura de Sánchez. Yo supongo que al final lo arreglará con él o con el diputado del BNG, poniendo sobre la mesa lo que haga falta. Pero no me digan el mensaje que se envía al país: votar a un partido nacional vale infinitamente menos que a otro regionalista o a un cantonalista

¡Pues viva Cartagena y la Alcarria libre!