El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dio una de cal y otra de arena en el primer Comité Federal del PSOE que se organiza desde la investidura de Sánchez (lo que deja a las claras para qué ha quedado el máximo órgano del PSOE entre Congreso y Congreso, superado por la relación caudillista directa entre el líder y la militancia) declaraba a la salida que si el independentismo «se deja ayudar, podemos sacarlo del callejón sin salida en el que está metido».

Pues sí, claro, eso estaría bien, arrepentidos los quiere Dios, pero lo que muchos nos preguntamos es si los tiros no se dirigen al revés. Es decir, si en lo que está embarcado el gobierno es que sean las fuerzas constitucionalistas (si todavía se pueden llamar así), las que salgan de ese callejón oscuro en el que algunos se han metido por los pactos de investidura con los independentistas, y lo que toca ahora es dar una apariencia de legalidad a lo que choca directamente con la Constitución, sin necesidad de cambiarla, porque para ello ni Sánchez ni Iglesias tienen mayoría.

Sánchez se apresuró a negar la mayor al asegurar soluciones «compartidas y viables» para resolver el conflicto catalán (la primera victoria del nacionalismo es el lenguaje), aunque no precisó cuáles serían aquellas cuando tus socios lo que te exigen es un referéndum de autodeterminación vinculante que la Constitución solo admitiría en el conjunto del Estado, ya que el titular de la soberanía no es el pueblo catalán (ni el extremeño, ni el castellano-manchego…) sino el español. ¿Quién tiene por lo tanto el problema, los independentistas o los constitucionalistas (si todavía se pueden llamar así a los partidos herederos de la Constitución del 78?

Sánchez, Iglesias y Redondo (Ivan) por el momento prefieren hacerse los locos y como si estuviéramos es un estado confederal, aceptar una mesa de gobiernos que este mes deberá reunirse por primera vez, y que lideran Pedro Sánchez y Quim Torra. Con lo que saltan chispas en otras autonomías y el presidente aragonés, Javier Lambán, ha recordado al término del Comité Federal que no admitirá «ningún tipo de política de apaciguamiento» y que, por ende, no consentirá «privilegios económicos a Cataluña».

Porque en el fondo esto es de lo que se habla entre visillos. Si el gobierno de Sánchez e Iglesias, al margen de la autodeterminación, organiza una relación bilateral para negociar con Cataluña, y de esta manera establecer cuál es la cuota que podemos ofrecer a Torra para que baje del monte (y a Junqueras para que salga de la cárcel), y lo que sobre ya lo negociaremos después con el resto de autonomías en el Consejo de Política y Fiscal. Hay dos excepciones, los dos territorios forales: País Vasco y Navarra, que negocian su cupo aparte y con gran ventaja para sus territorios (De ahí que el PNV haya dado una vuelta de tuerca a su objetivo de gestionar los fondos de la Seguridad Social, aunque la titularidad siga siendo estatal, porque así podría introducir medidas populistas como complementar las pensiones de los vascos, con lo que Urkullo podría ser reelegido doscientos años más).

Se pongan Page o Lambán de frente o de perfil, la negociación con los independentistas va a tener unos directos perjudicados, que no son otros que los ciudadanos del resto de autonomías a los que les tocará menos en el reparto de la tarta del Estado, porque van a comer en el segundo turno. Y si había 10 pollos y entre Torra y los del cupo se han comido tres en vez de uno, pues a las autonomías de segunda velocidad les quedan 7 para repartir entre dieciséis.

Lambán y Page lo saben bien, aunque no lo digan a las claras, que los principios sobre los que se sostiene el Estado de las Autonomías, que son la cohesión territorial mediante un sistema en el que los que más tienen más ponen para recortar esas desigualdades territoriales, están intrínsicamente cuestionados por el nacionalismo, a los que la gobernabilidad de España les importa un «comino», tal y como reconoció una de sus portavoces. Así que mal van a tener el más mínimo interés en vertebrar de una manera más justa y solidaria el territorio del Estado. Siempre hemos sabido que los nacionalistas iban a lo suyo, a pagar lo menos posible por esa cohesión, y a recibir lo más posible. Pero lo que nunca imaginé es que ese discurso fuera asimilado con tanta naturalidad por la neoizquierda, y encima lo llamen «progresista». ¡Los pájaros tirándose a las escopetas!

La profundización de esa hoja de ruta que ERC ha impuesto al PSC y los chicos de Iceta al PSOE de Sánchez, es lo que pone de los nervios a algunos barones socialistas, porque constatan que va en detrimento de la financiación de esas autonomías de segundo turno que no negocian bilateralmente con el Gobierno del Estado. No quiero pensar lo que debió decir Javier Lambán cuando vio que un señor de Teruel estaba negociando directamente con Sánchez lo que este no hace con el presidente del gobierno de Aragón.¡Vaya ejemplo para que proliferen los cantonalismos!

Lamentablemente, debemos añadir que en lo que toca a la vertebración del territorio desde una posición de la solidaridad interregional, nuestro sistema autonómico está a punto de descarrilar, porque cada vez hay menos fondos de cohesión (como se ha visto en la sanidad, dando lugar a la proliferación del turismo sanitario en comunidades como Castilla-La Mancha) y progresa el discurso nacionalista de que cada cual se las apañe como pueda y según los recursos que capte cada autonomía. Y claro, tal planteamiento es especialmente ruinoso en las regiones del interior, como las dos Castillas, Aragón o Extremadura, lo que ahora llaman la España vaciada, porque el presupuesto no les llega. Sucede que mientras en las regiones más pobladas con un consultorio dan servicio a 15.000 personas en Guadalajara hacen falta treinta consultorios para poder llegar a ese mismo arco de población. ¿Va a contemplar una futura Ley de Financiación Autonómica esas compensaciones en inversión y fiscales hacia los territorios despoblados? ¿Van a financiar a las Autonomías en función de los servicios que están obligadas a prestar por mandato de las Leyes y la Constitución misma? No es este el discurso que estamos oyendo en los últimos años en España; todo lo contrario.

¿Nos tendremos que resignar a que como sucede en Guadalajara llevemos veinte años hablando del nuevo Campus Universitario y todavía no se ha puesto un ladrillo (sí, ya sé que hay un convenio encauzado, que habrá que financiar) o que para hacer una ampliación del Hospital en Guadalajara se tarde más de quince años, hasta tal punto de que no hay manera de rebajar las listas de espera porque la población ha seguido creciendo mientras las obras iban a paso de tortuga; o no iban?

Que nadie les cuente historias, porque esto es lo que hay. O mejor dicho, lo que no hay: dinero ni voluntad para financiar servicios en la España vacía. Y cada vez que el independentismo chantajea a los gobiernos de España pidiendo un trozo más grande de la tarta, porque para eso ellos aportan más al PIB, menos habrá. Lo novedoso es que a esto tan reaccionario encima lo llamen «progresista».

El casco antiguo de Guadalajara tiene en torno a un centenar de solares sin edificar esperando a nada y a nadie. Y la vía principal que articuló la ciudad desde la edad Moderna, Calle Mayor y Miguel Fluiters, hasta 27 locales cerrados entre la plaza del Infantado y Santo Domingo. Contados esta mañana. Particularmente triste es la situación de Miguel Fluiters, que pierde músculo comercial por días y hay tramos en el que se agrupan 4 o 5 locales esperando tiempos mejores. Lo que parecía hace unos cinco años una incipiente recuperación de la actividad comercial en esta artería principal, aparentemente está sufriendo otro retroceso. Sólo la construcción de un edificio entre el Casino y la desaparecida Cámara de Comercio, insufla algo de ánimo. Desde la antigua oficina electoral del actual alcalde en la calle Mayor, que también se alquila, un cartel reclama: «¡Guadalajara. Ponla en marcha! Pues de eso se trata. Antes de que sea demasiado tarde. Porque con los medios y estrategias empleados hasta ahora el resultado es ineficaz: los promotores tienen escaso interés en promover en el centro, porque se temen cualquier sorpresa cuando meten las máquinas y al actual precio del suelo no ven claro el beneficio. Mejor construimos un edificio de cincuentas viviendas en los nuevos desarrollos que rehabilitamos uno de seis en el casco. Los propietarios del suelo, en muchos casos en propiedades muy divididas, carecen de iniciativa para mover su propiedad. Y en las administraciones casi todo es bla-bla-bla. Se conforman con declarar la protección de alguna vieja fachada, que a lo mejor se podría reproducir perfectamente sin aumentar los costes, con lo que muchas veces acaban complicando una posible solución. El conspicuo arquitecto Miguel Ángel Embid me lo dijo una vez: «Un solar por lo menos es una oportunidad, un edificio en ruinas un problema». Yo les recomiendo que se lean esta entrevista que le hice hace cinco años porque da muchas claves del problema.

Ante la atrofia de nuestro casco, visto que los solares crían cardos sin cumplir su función urbana y social, y los edificios en ruina están cada vez más ruinosos, hay que celebrar que por fin se haya podido poner en marcha una medida que ciertamente es «revolucionaria» en materia urbanística, pero que puede venir bien cuando el mercado (o mejor dicho, la ausencia de ese mercado) no puede solucionar algunas cosas. Me estoy refiriendo a los llamados PAEs, una figura que se contempla en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, de 18/05/2010, pero que estaba sin estrenar por la falta de agilidad de arquitectos, promotores, ayuntamientos y la propia Justicia. En esencia, lo que habilita esta figura es que un tercero pueda presentar un PAE en un terreno que lleva más de 24 meses sin ser edificado. No se trata de una expropiación pura y dura, ya que el promotor tiene que compensar en especie al propietario con obra nueva, en función del valor del suelo. Pero es seguro que debe servir para poner en el mercado esos solares y contribuir así a que sea más fácil la construcción de viviendas en los cascos históricos de la región; y además a que estas puedan venderse a un precio razonable.

Por tanto, hay que saludar que la justicia, también sorprendida por la novedad, haya fallado recientemente sobre un contencioso que había paralizado, desde el 2016, el PAE que se había presentado sobre el edificio de la pescadería Maragato en la plaza Mayor, y que ha prolongado durante una década el esperpento de andamio en plaza tan principal, para bochorno de la ciudad, ya que teníamos la duda de si lo que se protegía era la fachada o el mismísimo andamio. Ahora, la Junta de Gobierno Local ha concedido un plazo de tres meses para que el agente urbanizador presente un estudio arqueológico que será remitido a la Junta de Castilla-La Mancha, así como un estudio geotécnico, levantamiento topográfico, la presentación del Proyecto de Ejecución de la Edificación, el pago de tasa y la presentación de un plan de reparcelación en régimen de propiedad horizontal. Por la buena imagen de la ciudad, confiemos en que en todo el proceso no salgan otra vez dificultades insuperables y que en no más de seis meses se pueda empezar a construir el nuevo edificio, en el que está previsto ubicar seis viviendas de tres dormitorios.

Sería deseable que tanto este PAE como los otros tres que hay presentados por Miguel Ángel Embid salgan adelante sin más contratiempos, porque animarían a otros profesionales y promotores a iniciar un camino que debería contribuir a salir del actual atasco en el que vivimos. Los problemas del comercio de proximidad en las ciudades son también complejos y obedecen a otros factores, que se agravan por el auge del comercio por internet. Pero siempre será más fácil aguantar en un casco histórico que recuperase la actividad residencial, y en el que los jóvenes tuvieran acceso a él, por los buenos precios, que no mantener el actual estado de cosas.

Esto es lo que hay. ¿Medida revolucionaria? Puede ser. Pero o atacamos el problema con decisión o la enfermedad se cronifica. Y así no habrá manera de poner en marcha Guadalajara, como nos promete su alcalde desde un polvoriento cartel en la calle Mayor.