Las comunidades autónomas españolas tienen un problema muy serio. Y se llama financiación. A la mayoría no les da, salvo excepciones: Madrid, que experimenta los efectos positivos de la curva de Laffer beneficiándose de una fiscalidad baja, posible por su situación preeminente, y las dos autonomías con régimen foral: el País Vasco y Navarra. Los de Urkullo han recibido además otro regalo electoral impagable a cambio del voto favorable a los Presupuestos: la cesión de la gestión de la Seguridad Social con lo que se aparenta que las pensiones la paga el gobierno vasco, que se ha hecho con edificios y funcionarios, aunque sea la Seguridad Social Española la que sigue con la ingrata tarea de recaudar y pagar el déficit que genera en el sistema el País Vasco, como la mayoría de las autonomías.

En este escenario, los intereses de las comunidades autónomas son diferentes. La Comunidad Valenciana, con presidente socialista, Ximo Puig, ha empezado a hablar con la Andalucía del popular Moreno Bonilla porque a ambas les interesa un modelo en el que se prime al número de habitantes. En el extremo contrario se encuentra lo que ahora han dado en llamar la España vaciada, y que describe la problemática que afecta a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Entre medias está la cornisa cantábrica y Galicia, y aparte se ha situado Cataluña, cuyo gobierno nacionalista ha favorecido la falta de competividad de su economía frente a Madrid, y como estación intermedia a la independencia, han conseguido del Gobierno de Sánchez-Iglesias una relación bilateral como si Cataluña fuera un estado confederado con España y con el que hay que negociar todos los meses el reparto de la tarta. ¿Se imaginan si el gobierno de Sánchez-Iglesias tuviera que encontrarse todos los meses, como han acordado, con los gobiernos de cada una de las dieciséis autonomías restantes, más las dos ciudades autónomas para tratar de qué hay de lo mío? ¡A que no:pues entonces significa trato privilegiado, lo vistan como quieran!

Y ahí viene el problema. El sistema de financiación de nuestras autonomías ha embarrancado, excepto en los tres casos citados, con lo que ello significa teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que se ocupan de dar los servicios más sensibles a los ciudadanos: sanidad, educación, bienestar social…Y si el dinero no llega, pues los recortes son inevitables.

A ello se refirió el viernes en Brihuega Emiliano García-Page en un discurso de gran calado cuando reclamó que el nuevo modelo de financiación autonómica priorice factores demográficos como la despoblación y la dispersión: “el momento en que me creeré que España va en serio con el despoblamiento y el reto demográfico, será cuando conozcamos cómo va a ser la financiación autonómica”. Y luego añadió: «No valen falacias, va a haber un momento en el que los partidos y las comunidades autónomas nos tendremos que retratar”. Recordó que estamos en una Comunidad Autónoma en la que el 58% de sus 919 municipios se encuentra en ‘riesgo severo de despoblación’, según las ratios fijadas por la Unión Europea, que en el caso de Guadalajara y Cuenca es todavía superior.

Las negociaciones con los nacionalistas han abierto un melón del que todos exigiremos comer y lo que está por ver es la raja que toca a cada autonomía. Porque si como quieren algunos lo que se impone es reducir a la mínima expresión los fondos de cohesión y de cooperación territorial, y que cada cual se las arregle en materia fiscal como pueda, la España vaciada se tendrá que resignar a que se siga vaciando por encima de los discursos demagógicos que ahora se llevan por algunos que solo han ido al campo de excursión. Porque vamos a ver: ¿Cómo Castilla-La Mancha o la Diputación va a dar servicios en una provincia como la de Guadalajara si vamos a recibir una financiación por 257.762 habitantes, un tercio de los cuales está diseminado por doscientos núcleos de población de pequeño tamaño? Todo lo que no sea vincular la financiación a los servicios, con independencia de donde se presten, es una condena a la España rural, porque habría que centralizar todo en las capitales de provincia, y ni habría suficiente para estimular focos económicos mallados en las cabeceras de comarca, que en el caso de nuestra provincia, la gran mayoría están en recesión.

Cuando oigan hablar de financiación y de negociaciones bilaterales, no se lo tomen a broma.Porque están hablando sobre si hay que salvar el modo de vida rural en la España profunda, o si es mejor dejarla a su suerte, porque son pocos y sin influencia política. Esto es lo que hay; y el panorama que desalienta es que esta negociación autonómica se debe abordar desde la debilidad de un gobierno atado de pies y manos a los nacionalistas y con un Partido Socialista muy diferente al que una vez fue eje vertebrador de España y sus territorios en los tiempos de Felipe González. Y eso lo sabe muy bien Page, cuando dice eso de: «No valen falacias, va a haber un momento en el que los partidos y las comunidades autónomas nos tendremos que retratar”.