Cuando todavía no hemos salido de la peor crisis sanitaria que ha conocido el mundo moderno, y ha derivado en una recesión de la economía mundial (ahí están los ERTEs, que encubren una realidad de las empresas que da miedo), solo nos faltaba un enfrentamiento entre las eléctricas y el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, con consecuencias que pueden afectar de lleno a la economía provincial en un momento delicadísimo.
Las empresas del sector nuclear venían meses advirtiendo que la fiscalidad ha comprometido la viabilidad de las centrales, sencillamente porque están perdiendo dinero. Así lo avanzaba el portavoz del sector, Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, quien el pasado mes de julio evaluaba esas pérdidas en unos 2.000 millones en su conjunto, con un flujo de caja negativo de 500 millones; y advertía: “Lo que hace inviable su explotación”. Le pregunté a Araluce si era optimista de que se pudiera arreglar esa situación y me respondió que se ponía en la tesitura de que las cosas van a cambiar, “porque siguen siendo necesarias para el sistema eléctrico, y entonces deberán seguir funcionando”.
Dos meses y medio después de esta conversación, la situación se sigue enredando y en el comunicado publicado por el Foro al conocerse el real decreto aprobado por el consejo de ministros del martes, el sector daba un paso más adelante: una vez minorado el precio del CO2, cualquier precio por debajo de 57-60 euros/MWh no sería rentable con el nivel impositivo actual. Y se advertía: “De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.
Hay cosas que no se entienden o solo se explican si lo que se quiere es precipitar el cierre del sector nuclear en España, para aparecer luego como los más verdes del mundo mundial. Porque si no fuera así, ¿cómo se incluye a los reactores nucleares entre las empresas que deben pagar por emitir CO2 cuando en su funcionamiento no generan gases de efecto invernadero?
Ciertamente, como dice el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, hay que emplazar a Gobierno y eléctricas a la negociación, porque a ninguno de los dos les interesa una ruptura que elevaría todavía más al alza el recibo de la luz; aunque hay cosas que no se entienden o solo se explican si lo que se quiere es precipitar el cierre del sector nuclear en España, para aparecer luego como los más verdes del mundo mundial. Porque si no fuera así, ¿cómo se incluye a los reactores nucleares entre las empresas que deben pagar por emitir CO2 cuando en su funcionamiento no generan gases de efecto invernadero? ¿Alguien lo puede explicar? Porque estas empresas se deben a sus accionistas, y a sus directivos cada vez les va a costar más justificar por qué mantienen unas instalaciones con las que pierden dinero.
No quiero pensar cómo podría afectar en la Alcarria Alta, el cierre de la central de Trillo el 17 de noviembre de 2024 (cosa que sucederá si su propiedad sigue sin solicitar la prórroga del permiso de explotación), y eso sumado al final de las obras de desmantelamiento de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita, en 2022, que amortizará más de 150 puestos de trabajo. Pues bien, la central de Trillo genera otros 1.300 empleos directos e indirectos, 50 millones más a las arcas de Castilla-La Mancha, que a menudo se olvida, y más de 40 millones de inversión promedio anual de actualización tecnológica. Así que pocas bromas con las nucleares; o lo acabaremos pagando, sobre todo en Guadalajara.
Semáforo de actualidad semanal:
ROJO para PERE ARAGONÉS, presidente de la Generalidad de Cataluña, que ordenó a un funcionario de protocolo retirar del estrado la bandera de España, una vez terminó la intervención de Pedro Sánchez en el inicio de esa opaca mesa de diálogo en la que, de verdad de verdad, lo que se va a pactar es el apoyo recíproco a los presupuestos del Estado y de la Generalidad; y patada a seguir, como dicen en el rugby. Pero la dignidad es la dignidad y la retirada de la enseña nacional, después de que Pedro Sánchez hubiera hecho una genuflexión a la bandera catalana que le mostró la guardia de honor de los Mossos a la entrada del palacio de la Genreralitad, no solo supone una descortesía al presidente del Gobierno de España, que no solo a Pedro Sánchez, sino que simboliza el respeto que el gobierno ultranacionalista catalán tiene por más de la mitad de la población que vota a partidos españoles (otra cosa es que el amañado sistema electoral prime a los independentistas). Al igual que retiraron una bandera que los representa, esos catalanes y españoles ya saben lo que les espera si algún día Cataluña es independiente con esta pandilla de totalitarios. Serán relegados al trastero económico, social y cultural, y no tendrán ninguna visibilidad en la nueva república identitaria de Cataluña. Esto es lo que hay, señor presidente.
VERDE para la CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, por dar visibilidad en los Caminos Oficiales de Santiago el llamado Camino Occidental, incluido recientemente en los «Caminos Oficiales» por la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, explica el Gobierno regional madrileño en una nota de prensa. Este itinerario, llamado así porque transcurre por territorios que fueron de la familia Mendoza, es propuesto ahora como manera de fomentar el turismo y «descubrir lugares de gran interés» como la villa de Torrelaguna, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o Manzanares el Real, con el castillo de los Mendoza, diseñado por Juan Guas, el arquitecto del palacio del Infantado.
La ruta parte desde Guadalajara capital y, pasando por catorce municipios, llega hasta Manzanares el Real, donde confluye con el Camino de Madrid, que arranca de la capital de España y cruza la sierra del Guadarrama por el puerto de la Fuenfría.
ROJO para el coordinador de Podemos CLM, JOSÉ LUIS GARCÍA GASCON, para quien no hay ninguna necesidad social de contar con una ley Antiocupación que combata las cada vez más extendidas okupaciones de viviendas. Podría el señor Gascón dar este discurso ante los vecinos de Horche a los que las okupaciones masivas han roto la convivencia en el pueblo o a algunos propietarios de viviendas okupadas que han tenido que abandonar su casa, religiosamente pagada, porque están como en la serie: ”Aquí no hay quien viva”, desde que llegaron los nuevos vecinos y empezaron por conectar la luz al portal de la comunidad. Una familia trabajadora o de clase media está media vida trabajando para comprarse una casa que luego dejar a sus hijos, y esta pierde todo su valor de la noche a la mañana por los okupas. Pero, claro, no es una problemática social, según algunos, y además es de “derechas”.
ROJO a PABLO CASADO, y a su segundo TEODORO GARCIA EGEA, por ser los únicos que no se han debido enterar de que el liderazgo en democracia lo dan los votos. Y quien tiene los votos en Madrid es Isabel Díaz Ayuso. Parece increíble que Feijoó, Mañueco, Bonilla o Miras no tengan ningún problema en ser a la vez los presidentes de sus regiones y del PP y que Díaz Ayuso, que ha relanzado al PP en las encuestas (menos en la de Tezanos) se le discuta lo mismo. “No lo entendemos, sinceramente”, me dice un alto dirigente del PP en Guadalajara, preocupado por que estas disputas internas puedan rebajar el ”efecto Ayuso”, en Guadalajara, en las elecciones locales y autonómicas de 2023. Solo tengo una explicación: Casado o Egea, uno solo o los dos juntos, se han equivocado de convocatoria electoral o su subconsciente les hace creer que estamos en las Primarias para las Generales de 2023. Que las habría si el PP se la pega en 2022.
