El asunto ha pasado prácticamente desapercibido -no en este digital-, porque se ha puesto el acento en que en un pueblo de Castilla-La Mancha, perteneciente a la España vaciada, Villar de Cañas para más señas, ya no se va a construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar a los residuos nucleares de alta actividad de todas las centrales españolas, mientras que se ha obviado que dicha solución tomada por el actual gobierno de Pedro Sánchez significará crear siete almacenes temporales, llamados ATIs, en los siete emplazamientos nucleares de España, entre ellos dos en Guadalajara: Trillo y Zorita. La versión oficial es que solo será hasta  2073 -para entonces, todos calvos- aunque carece totalmente de credibilidad, porque en España vamos cambiando de planes de almacenamientos de residuos, según le place al Gobierno de turno.

 Les recuerdo que la construcción de un ATC fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, impulsada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de Rajoy la culminó con la adjudicación de la inversión en Villar de Cañas, y el actual  Ejecutivo ha decidido su marcha atrás después de haber malgastado el dinero en comprar el suelo y haber iniciado las obras de explanación de los terrenos. Las razones por las que se decidió juntar todos los residuos nucleares en un solo emplazamiento son propias de cualquier economía de escala: es más fácil, seguro y más barato gestionar un solo cementerio nuclear que no siete. Y así lo ha puesto de manifiesto el catedrático Javier Diez Llovera, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, en el voto particular emitido sobre esta decisión del Gobierno. Diez Lloveras entiende, como otros catedráticos en la materia, que la opción del ATC es la más segura, “considerando todos los aspectos desde la seguridad física a la recuperabilidad, hasta riesgos potenciales como el impacto de un avión [no nos olvidemos de las Torres Gemelas] o la resistencia a un terremoto de gran magnitud”. El catedrático lamenta que los bandazos de la política de gestión de los residuos radiactivos “hacen daño a la seguridad nuclear” y “dificulta tareas claves del CSN como la gestión del desmantelamiento de las centrales”. Les recuerdo que en nuestra provincia, tenemos una central, la de Almonacid Zorita, en su última fase de desmantelamiento, y en unos años-depende de cuándo se clausure su reactor- tendremos otra en Trillo. Y en ambos lugares habrá que levantar un almacenamiento individual, menos potente que el de Villar de Cañas, en teoría hasta que se construya un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) a finales de siglo, aunque hablar de fecha sobre una solución que ningún país ha abordado en profundidad es engañar a la gente. Lo único que sabemos es que los residuos de alta actividad tienen una vida de varios millones de años, aunque en función de cómo se desarrolle la investigación sobre su recuperabilidad se irá tomando un camino u otro. En España esa investigación se haría en el laboratorio que se iba a construir en Villar de Cañas, por lo que imagino que nos volverá a ocurrir como se lamentaba Ramón y Cajal: “que investiguen ellos”.

La central de Trillo está prevista que cierre en 2035, según el calendario acordado por este Gobierno con las eléctricas, y por lo tanto siempre sujeto a cambios con otros gobiernos, aunque para ello la empresa propietaria debería solicitar la renovación de la licencia de actividad, que caduca el 17 de noviembre de 2024. En la actualidad hay un tira y afloja entre el Gobierno y el sector nuclear, porque se considera injustamente maltratado en materia fiscal, por lo que no se están dando ninguna prisa en la presentación de esa solicitud. Tendría gracia en que por ello la central de Trillo debiera precipitar su periodo de vida el 17 de noviembre de 2023, cuando termina el plazo de solicitud, con la pérdida de valor añadido para la economía provincial que supone una industria de este tipo, mientras que aquí quedarán dos pequeños cementerios nucleares hasta finales de siglo. El PP tampoco es partidario de cerrar nucleares en el momento que vivimos con el gas ruso, por lo que podría cambiar la situación si Feijóo llega a La Moncloa.

Menos inquietud tienen los municipios del entorno, quienes no ven en ese AGP una mala solución, eso sí, añado yo, mientras que Enresa (el Estado) les siga compensando por el almacenamiento de esos residuos, que de esta manera estarían garantizados hasta la fecha citada. Harina de otro costal es cómo se gasta o se deja de gastar ese dinero nuclear. Y lo que interesa, de verdad, a esta provincia vaciada en su medio rural, pero con dos pequeños cementerios nucleares, como gran paradoja.

UN CÓDIGO PENAL A LA CARTA.-  El problema de hacer un código penal a la carta y con la artimaña de unas enmiendas a los Presupuestos del Estado, para no pasar por los organismos de control -¿para qué sirve ese Consejo de Estado, que graciosamente preside Magdalena Valerio?- que presentan los mismos que se van a beneficiar de ellas, algo insólito en el derecho mundial,  es que se ignora el delito en sí,  disuelto por las maniobras  de los delincuentes. Page decía que “antes o después, puede ser más tarde o más temprano, ojalá fuera temprano, España tiene que tener tipificada la condena a quienes intentan socavar, quebrantar la Constitución, a quienes quieren hacer referendos ilegales”. Así lo demanda cualquier estado de derecho, con separación de poderes. Pero ya todos sabemos que no será con este presidente de Gobierno y con esta mayoría Frankenstein. Por eso no me extraña que Page, este año, por primera vez, no acudiera al acto en homenaje a la Constitución, que se celebró en el Congreso, con Sánchez anunciando, para celebrarlo, que modificaría el delito de malversación solo en beneficio de los golpistas del 1-O. Así que para recibir solo felicitaciones de sus rivales y reproches de los propios, mejor se quedó en Toledo, pensó; como Lambán, en Zaragoza. Lástima que, en este PSOE peronista, donde todo gira en torno al líder y caudillo -vean el caso de Argentina, con una vicepresidenta condenada por malversar el dinero del Estado en beneficio propio, que también culpa de ello a los jueces- posturas como las de Page y Lambán, cada vez pesen menos. Pero esto es lo que hay.  

OTRA IMAGEN VERGONZOSA DEL INFANTADO.- En otro post me referí al mal estado del piso frente a la fachada principal del Palacio del Infantado, y esta semana quiero añadir otra imagen vergonzosa. Es el acceso parcialmente clausurado a su interesante Museo Provincial y por el que entran todos los turistas a visitar el principal monumento de la ciudad. ¡No es de extrañar que fracasáramos en el proyecto de declararlo Patrimonio de la Humanidad! Dado el éxito de los nacionalistas, que consiguieron meter en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) enmiendas por valor de 1.250 millones, según publica Carlos Segovia, casi es mejor que se lo pidamos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); a ver si tenemos más suerte la próxima vez con este monumento de titularidad estatal.