El parlamento español vivió este jueves el día más bochornoso desde que Tejero entró pegando tiros en 1981, para deponer a un gobierno democrático de UCD -lo que el último portavoz sanchista ha olvidado-, y en el que el despiporre extremista en el que transcurrió la sesión nos recordó a las últimas sesiones del Congreso en la II República y en las que desde los escaños se señalaba a los pistoleros a las víctimas de los paseos nocturnos. Nos hemos quedado a un paso. El odio destilado en esta última sesión parlamentaria ha dinamitado del todo el espíritu de reconciliación que nos trajo la Transición y ha cortado de raíz cualquier acuerdo sobre la base de lo que se llamó el constitucionalismo, y que propició la elaboración de la primera Constitución democrática de consenso en la historia de España. De la que surgió el mayor periodo de prosperidad en la historia de España. Tenemos por tanto motivos para estar preocupados porque si la Constitución del 78 se entierra o se rodea mediante el fraude de ley en su reforma, como reclama el separatismo y el populismo de izquierdas, los que ahora juegan en ese campo nos deberán decir cuál es su proyecto de país y hacerlo antes de las próximas elecciones. ¿Una república confederal?, como en 1873, ¡pues que lo digan y nos cuenten cómo terminó! El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el mismo día en que una marea de portavoces del Gobierno pretendían desmentir a Page al asegurar que no habría referéndum de autodeterminación, ya estaba instando a ese mismo gobierno a acordar los términos de ese referéndum independentista, como si no estuviera claro en la Constitución lo que hay que hacer. Por tanto, lo que nos quiere decir Aragonés con su referéndum acordado es orillar la Constitución, que establece la soberanía nacional en el pueblo español y trasladar por la puerta trasera esa soberanía a las comunidades autónomas, y en ese combate va la iniciativa que Page quiere presentar con valentía a las Cortes de Castilla-La Mancha. Todavía ese mismo jueves Sánchez declaraba en Bruselas que en Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, “porque no cabe en la Constitución”. Me alegro oírlo pero mi desasosiego es que también le oí decir al mismo personaje en campaña electoral que no pactaría con Podemos porque no dormiría, o que no aprobaría los indultos, que reforzaría los supuestos de la sedición y ahora los ha rebajado, y así hasta la intemerata.
Sánchez, desde que renunció a acuerdos con los partidos constitucionalistas para aliarse con los que quieren derrocarla ha perdido toda credibilidad entre los que seguimos defendiendo la Constitución, porque como bien dijo Page “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”, o establecer alianzas con los que quieren separarse de España y solo están dispuestos a acordar el modo de hacerlo. El parlamento de Castilla-La Mancha debería ser unánime en el pronunciamiento de esa reivindicación de la soberanía, en dejar claro a los Aragoneses y compañía, que si hay que hablar sobre España, debemos hacerlo entre todos, no solo los socios de Sánchez.
Pero hay datos que nos hacen sospechar. La sesión del jueves no solo fue bochornosa porque el Gobierno, en contra de la opinión de los abogados de la Cámara, reformó tres leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en una proposición del Código Penal, vulnerando el derecho a la participación política de los parlamentarios (artículo 23 de la Constitución), sino que trasladó al Congreso las formas empleadas el 6 y 7 de diciembre de 2017 en el parlamento catalán cuando se aprobaron, también contra el criterio de los letrados de esa Cámara, sortear varias normas fundamentales del bloque legislativo de la Constitucionalidad, basándose en una falacia que me espanté al escucharla de los portavoces sanchistas. En Cataluña se defendió que como su parlamento representa al pueblo catalán, podía seguir adelante en ese proceso hacia la independencia, prescindiendo de las leyes del Estado. Este jueves nos recordó ese mismo discurso en los portavoces sanchistas en su diatriba contra el Tribunal Constituciónal, a cuyos magistrados se les comparó con Tejero, si hacían caso al recurso que legitimamente les planteó el Partido Popular sobre cómo se pretendían cambiar esas leyes. Hoy mismo, el ministro Bolaños amenazaba con “consecuencias impredecibles”, si los magistrados del Constitucional paralizan el lunes el plan del Gobierno y sus socios. ¿Qué va a hacer Bolaños? ¿Ir con su caballo al TC como si fuera el general Pavía? ¿O pedir consejo al ex presidente peruano del sombrero sobre cómo hay que tratar que resolver las discrepancias con otros poderes del Estado?
Es triste recordar lo obvio, pero en democracia un parlamento legítimo puede cambiar las leyes, si no le gustan, pero mientras tanto tiene que acatarlas. Es una osadía cambiar leyes del bloque constitucional, que requieren un voto cualificado, disfrazándolas de ordinarias vía enmiendas, solo porque se tiene una mayoría absoluta. Y es bueno recordar que el nazismo desmontó en el parlamento la democracia alemana con ese mismo procedimiento, aprobando nuevas leyes por mayoría absoluta contra la oposisición hasta que finalmente dejó la Constitución irreconocible.
Motivos tenemos para estar preocupados, porque no sabemos dónde puede acabar un parlamento en el que las fuerzas que hicieron la Constitución se intercambian acusaciones de “golpismo”, mientras los populistas y separatistas de la cámara se frotan las manos, porque con este Gobierno de Sánchez España se ha vuelto a partir en dos, y les puede llegar su oportunidad. Tantos años después. Es muy triste, pero esto es lo que hay.
P.D. Cada día que pasa, intuyo que Antonio Román aumenta sus posibilidades de ser el candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara. Aclaro que es una intuición basada en cosas que serían muy largas de explicar, así que no lo tomen como una información contrastada, pero me precio de tener buen olfato. En enero, como muy tarde, el PP hará públicos los últimos candidatos a las alcaldías en capitales de provincia, que les recuerdo están reservadas a la Ejecutiva Nacional de Feijóo.