Hoy, hace justamente seis años, el rey Felipe VI, como hizo su padre Juan Carlos I el 23-F, salió en defensa y amparo de la España constitucional con un discurso rotundo en un momento dubitativo del gobierno y oposición. El Rey puso las cosas en su sitio desde el primer párrafo: “«Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno».

Hoy, seis años después, el Rey ha recibido en Zarzuela a Pedro Sánchez, que se ha presentado ante el monarca con la idea de formar gobierno, ¡gran paradoja!, apoyado en quienes actuaron contra la Constitución y ese Estatuto de Autonomía. Que ni tan siquiera se han dignado a acudir a Zarzuela a informar al Rey sobre cuáles son sus propósitos ante la investidura del actual líder del PSOE. Pero su apoyo no va a ser gratis. Tal y como han repetido tantas veces,  para ello exigen la aprobación de una Ley, parece que anticonstitucional, como es la Amnistía [la Constitución prohíbe el indulto general, una figura legal menor, como Renfe no autoriza montar en los trenes con perros, y nadie cuestiona si podría llevar un oso] y otra medida que no ofrece dudas: el derecho de las comunidades autónomas a su autodeterminación. La amnistía supondría, entre otras cosas, reconocer que las leyes por las cuales fueron juzgados los separatistas son injustas y fruto de un régimen no democrático; aplicadas por tribunales políticos dependientes del Ejecutivo; y ejecutadas por fuerzas policiales fascistas que reprimen la expresión de los ciudadanos que fueron a votar ese 1-0 de 2017. La amnistía que exige el separatismo constituiría el triunfo de aquellos a los que se refería el rey en la siguiente frase. “«Ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía».  

Conseguida la amnistía, como exigencia previa, los separatistas nos advierten que luego vendría el referéndum para la independencia de Cataluña, que choca directamente con la Constitución, que solo reconoce la soberanía del pueblo español, no el de sus regiones. Aquí, Sánchez y Conde Pumpido lo va a tener más difícil y aunque aparentemente no están dispuestos a esta cesión, a buen seguro que buscarán un atajo pactado para que algún día se celebre ese referéndum. Yo intuyo que la vía transitoria elegida sería el modelo confederal para España, en el que Cataluña y País Vasco serían naciones soberanas libremente asociadas al Estado Español, con lo que sí dispondrían de soberanía para abandonarlo, un modelo similar al que Ibarreche trajo al parlamento español en 2005 y que éste lo devolvió  a Vitoria a vuelta de correo; por anticonstitucional. Un modelo confederal satisfaría la tercera exigencia de Puigdemont y compañía, la independencia fiscal, lo que colocaría en situación de privilegio a Cataluña frente al resto de autonomías, menos las dos forales, porque deberían valerse por si mismas al decaer el principio de solidaridad, lo que desataría una insurrección en el resto de España; también en la Castilla-La Mancha de Page. No olvidemos que por ello los separatistas reclaman cerca de medio billón de euros en pago de una supuesta deuda histórica, única manera de que la República Catalana no naciera como un estado fallido al que nadie le prestaría un euro. Ni Rusia, ni China. Ante estas demandas, el rey Felipe VI dijo en su discurso: «reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la Ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos».

A buen seguro que el rey Felipe VI habrá recordado todo esto cuando la solución que le haya ofrecido Sánchez sea una investidura respaldada por un prófugo y unos partidos separatistas que quieren aprovecharse de la situación para llegar más lejos de lo que se llegó en Cataluña el 1-0 o lo que consiguió ETA del Estado en su carrera criminal. Ante ello podría repetir el rey que «son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos». Pero no lo hará, porque él sabe cuáles son las competencias que le otorga esa Constitución que los potenciales aliados de Sánchez quieren derribar. Acabará proponiendo al candidato socialista para la investidura, aunque muchos nos lamentemos que en esta situación no tengamos a un Jefe del Estado con poderes constitucionales suficientes como para poder explorar el gobierno de un candidato independiente, pero respaldado por las fuerzas mayoritarias del parlamento. Un gobierno que no esté secuestrado por una minoría de irredentos separatistas y sobre el que pretende cabalgar un político narcisista que se cree Napoleón y con derecho, para mantenerse en el poder, a promover una nueva Transición, porque este régimen de 1978 a él  no le vale.

Pues Urkullo se lo ha dejado claro: para esa legislatura “le harán falta los votos de todos nosotros y todos los días”.  Esto es lo que hay. O como escribe el maestro Raúl del Pozo:»…ni el mismo Pedro Sánchez sabe a dónde nos puede llevar. Nos está metiendo en un despropósito después de declarar el estado de confrontación permanente con los consensos básicos y su intento de reescribir la Constitución».