Hace casi 12 años, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, visitaba La Moncloa para exigirle al presidente Mariano Rajoy una financiación a la carta para Cataluña con un cupo como el que disfrutan los territorios forales del País Vasco y Navarra. Ya saben: un concierto por el que las comunidades privilegiadas pagan una cantidad a negociar por los servicios que reciben del Estado, aunque a cambio  se quedan con la totalidad de los tributos que recaudan. Un chollo. Rajoy no cedió, porque la propuesta era contraria a la Constitución, pero es que además suponía romper con el sistema de financiación autonómica, porque otra de las regiones ricas se quería separar de la mesa común para comer aparte. En la práctica, era tanto como quebrar financieramente el Estado, que debía de renunciar a vertebrar políticas para reequilibrar sus territorios, para lo que necesita de una mayor contribución por parte de las regiones con mayor desarrollo económico y poder así practicar políticas de solidaridad.

Esta negativa de Rajoy fue la espoleta para el estallido del Proceso en Cataluña, que ya sabemos a qué nos ha conducido. Días atrás, fue otro presidente de la Generalitat, Pere Aragonés,  el que planteó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, una propuesta idéntica y que 12 años después nos retrotraería al mismo punto de partida. Sánchez no ha dicho nada, porque ahora estamos en clave electoral en Cataluña, y en todo caso tendrá que negociarlo más adelante, seguramente a cambio del voto favorable a los Presupuestos.

Comunidades como Castilla-La Mancha tienen que estar muy atentas, más allá de la verborrea separatista, a propuestas como esta. Porque forma parte de la nueva estrategia del independentismo. Como hasta el propio CIS catalán reconoce que no hay una mayoría que votaría en favor de la independencia de Cataluña, la demanda de la autodeterminación puede esperar y lo que se trata, ahora, es de ir a por el dinero. Aunque para ello propongan medidas, como esta del concierto para Cataluña, que llevarían a la quiebra de la Hacienda española, porque solo la comunidad de Madrid seguiría como gran donante. En esas circunstancias en que cada autonomía debería valerse por sí misma, a mí me gustaría ser madrileño, por aquello de la vecindad y porque nunca he tenido ocasión de votar otra cosa. Pero no nos precipitemos: la exigencia de ERC que haría inviable el estado de las Autonomías en España y su sustitución en la práctica por un modelo confederal, es solo un paso previo para ir tirando en las próximas dos décadas (Cataluña es de lejos la región con mayor deuda respaldada por España a través del FLA) sin que la Generalitat tenga que declararse en quiebra antes de avanzar un paso más hacia la independencia. Y para dejar en ridículo al ministro Bolaños cuando nos quiere convencer que con esta amnistía (aprobada unánimemente por los diputados socialistas, también los de CLM, y sobre la que el CGPJ acaba de decir: «Esta medida de gracia quiebra la igualdad entre los españoles, vulnera la separación de poderes y responde a la arbitrariedad del legislador») se ha desinflamado el panorama político catalán, ahí está Carles Puigdemont para desmentirlo.  El presidente fugado en un maletero es un reaccionario de tomo y lomo, que podría encuadrarse en cualquier corriente supremacista de las que ahora progresan en Europa, pero hay que reconocerle que no miente.  Y que cuando advierte desde Francia a su socio protector, el progresista Pedro Sánchez, que “vamos a acabar el trabajo que dejamos a medias”, no es ninguna broma. Puigdemont y su tropa ya le han avisado que “si vemos que hay una dilación en la negociación, no renunciaremos de ninguna manera a adquirir la plena independencia”; y si Sánchez no pasa otra vez por la ventanilla “saben que no hemos renunciado a nada ni lo haremos, y que mantenemos la legitimidad tanto del referéndum como  de la declaración de independencia».

Por lo tanto es mentira, como intenta hacernos ver el gobierno progresista  y sus trompeteros, que el separatismo catalán haya entrado en la vía constitucional, sino que se trata de un aplazamiento táctico-en el que sobre todo se hablará de la pela– y que no descarta volver a eso que llamaron DIU, que no es un método anticonceptivo sino la Declaración de Independencia Unilateral y que obligó a aprobar el artículo 155. Lo malo para el Estado Español es que cuando esto ocurra, tendrá menos recursos para defender la Constitución y la soberanía nacional, porque ha sido suprimido el delito sedición, se ha rebajado el de malversación y se ha ridiculizado al Tribunal Supremo por hacer su trabajo. El que no está haciendo el presidente del Gobierno español por seguir durmiendo en La Moncloa.

 Esto es lo que hay. 12 años después y estamos en el mismo punto de partida, solo que en mucho peor situación que cuando Rajoy le dijo “no” a Mas en La Moncloa.