Fue en 2015 cuando Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, recibió el órdago del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en uno de sus frecuentes visitas a La Moncloa. Llevaba desde el 2010 planteándolo, pero el gallego le daba largas y mareaba la perdiz, hasta que Mas le chantajeó: o nos concedes salir de la caja común y aceptas un concierto similar al vasco y navarro o abandonaremos la vía autonomista por la independencia. Y así nació el Procés. Que nos ha maltraído hasta hoy.

Nueve años después, otro presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió la misma propuesta del presidente de la Generalitat de turno: y esta vez dijo que sí; y por toda explicación acusó al Partido Popular de no haber sabido resolver la situación cuando ellos gobernaban. Él, aparentemente, lo ha hecho: ha aceptado las exigencias de los separatistas (“ha pedido el carnet de ERC”, en feliz expresión de Ignacio Varela, el factótum de la campaña Por el Cambio en 1982) y asunto arreglado. A Sánchez no le importa que hace tres días su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera que otro concierto fiscal no era de recibo (“hay que tener los pies en el suelo”) o que no figure en ningún programa electoral socialista o sea directamente contrario a las resoluciones y congresos del Partido Socialista Obrero Español que fundó Pablo Iglesias. Tampoco le importa que atente contra el principio de solidaridad entre regiones, recogido en el artículo 2º de la Constitución. O que en la práctica Sánchez haya aceptado un modelo confederal entre Cataluña y España, que tampoco está en la Constitución, porque Cataluña tendrá con España una relación bilateral, de estado a estado, y  podrá a partir de ahora gestionar todos los tributos que recaude en su territorio, dejando mortalmente tocada esa caja común a la que solo aportarán fondos -hasta que se harten- tres comunidades españolas: Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. El resto recibe los beneficios de la solidaridad, que ahora este pacto Gobierno-ERC va a dinamitar. Y con él lo poco que va quedando de ese espíritu unitario de la Constitución del 78, desde que Sánchez llegó al poder con el apoyo de los separatistas y con el ánimo de dejarla en las raspas.

Lo único que no ha calculado Sánchez es que, esta vez, ha jugado con las cosas de comer y se le van a sublevar los suyos. Porque hasta el más simple sabe que si Cataluña (el 19% del PIB español) deja de aportar a la financiación común,  su región va a recibir inevitablemente menos fondos de solidaridad, y el hospital de Guadalajara tardará más en acabarse y equiparse. Y por ello, el presidente socialista Emiliano García-Page ha puesto pie en pared y le ha advertido que “hasta aquí hemos llegado” y que este pacto “ni le representa”, “ni le vincula”. Y ha avanzado a modo de aviso: este planteamiento «no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso, no va a salir adelante en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe». Page no aclaró en su mensaje institucional si “ese no va a salir adelante” sería porque los socios del Gobierno no lo respaldarían, empezando por el celoso Puigdemont, o porque esta vez habría diputados en las filas del PSOE que no estarían dispuestos a traicionar a su electorado, del que no tienen mandato para votar este disparate. Como hoy nos advierte el conocido catedrático de Derecho Constitucional, Roberto Blanco Valdés, “aceptar un trato tan desigual constituye una pavorosa irresponsabilidad” y es un premio a quienes en lugar de colaborar no hacen otra cosa que boicotear el funcionamiento del Estado y horadar sus cimientos con la intención de derribarlo. Vayan estos ejemplos: el pacto no solo recoge una Hacienda para Cataluña, con su propia Agencia Tributaria, sino que atornilla, además, la hoja de ruta del separatismo catalán en lo que ellos  llaman proceso de desconexión con el Estado Español, al garantizar la expansión de las embajadas de Cataluña por el mundo; acepta la existencia de un “conflicto político” entre Cataluña y España que deberá ser resuelto en la mesa de negociación y “refrendado por la ciudadanía”; expulsa definitivamente al idioma común del sistema educativo catalán, incluyendo las extraescolares,  a pesar de la sentencia del Supremo para que se imparta al menos el 25% de las clases en castellano; y abre la puerta a la vieja aspiración del separatismo sobre las selecciones catalanas, porque si hay algo que no soporta un independentista es ver a España quedando campeona de Europa y del Mundo con un equipo en el que haya vascos y catalanes.      

Es mentira, señor presidente del Gobierno, mi estimado Chamberlain,  que con este acuerdo el Procés esté liquidado. Todo lo contrario. Si finalmente Salvador Illa es investido presidente de la Generalitat  será revestido con el traje del soberanismo catalán y con una hoja de ruta incompatible con un partido socialista que pretende representar a todo el territorio español.  

“Los indultos, la reforma del código penal para bajar las penas de malversación y la amnistía, todo va en contra de lo prometido a la ciudadanía. Los guionistas son los mismos: los independentistas. Siendo grave todo lo anterior esto rebasa todos los límites porque afecta a la vida real y práctica de la gente y es donde se retrata cualquier partido político», sentenció hoy  el socialista Page en su declaración institucional. Y lo peor de todo es que tiene razón, y que pase lo que pase quien lo va a pagar caro es España y el deseo de igualdad entre todos sus territorios. Porque como se teme Blanco Valdés, lo que ahora perdamos va a ser irreversible, porque la idea de que una mayoría alternativa a la actual recuperaría lo que frívolamente podríamos perder es de una pasmosa ingenuidad: Illa pasará, pero la solidaridad fiscal de los catalanes con el resto de españoles es para siempre, porque si algo nos enseña la historia ya significativa de nuestro estado autonómico es que todos los poderes y competencias que se trasfieren a las Autonomías se entregan sin posibilidad de retorno. Y eso los separatistas lo tienen descontado. Este disparate será para toda la vida, lo que dejaría a España como un estado tan desvertebrado como en la I República de los cantones. Y un estado que no funciona y no tiene medios para que su pueblo prospere acaba deshaciéndose como un azucarillo en el café. Esto es lo que hay.       

Pedro Sánchez sumó justamente ahora, hace un año, un 23 de julio, y se puso a bailar frente a Ferraz con una eufórica María Jesús Montero, por seguir de ministra, mientras anunciaba urbi et orbi: “Somos más”.   Entre los Frankenstein de ese lado del muro había más votos que en el otro, el de la fachosfera, y en un principio le salieron las cuentas para ser presidente. Después de una delirante negociación en Ginebra con el fugado Puigdemont, trocó los 7 votos de Junts a cambio de una amnistía que hasta ayer había sido calificada de “anticonstitucional” por la citada pareja de baile durante la campaña. Pero Sánchez tragó y aceptó dejar impune el “golpe de Estado” -la calificación es del Tribunal Supremo en su recurso ante el Tribunal Constitucional- a cambio de un “pacto de legislatura”, anunció el negociador Santos Cerdán, que el martes ya se vio que no era tal. Y no será porque Puigdemont no se lo había advertido: en Ginebra solo se negoció la investidura de Sánchez a cambio de la Amnistía y ahora lo que quiere Puigdemont es volver a Cataluña como Presidente de la Generalitat. Y cuando lo consiga lo siguiente será el referéndum de Autodeterminación. A Puigdemont y a su tropa le importa un bledo Sánchez, el progresismo, los Presupuestos de España y la estabilidad de su gobierno. Es Sánchez el que echó mal las cuentas esa noche del 23 de julio al sumar a Junts en su parte del muro. Una situación que ha creado un gobierno estéril, incapaz de producir ley alguna al margen de la Amnistía y que cuando le traicionan sus socios echa la culpa a Feijóo, quien ya le había advertido de que no contara con él cuando esto sucediera.

Sánchez ya sabe que no hay agua en su lado del muro. El problema para España es que tampoco la hay en el otro, tan disoluto como entre los socios del Gobierno. Y ante esa tesitura solo tiene dos opciones: hacer un butrón en el muro y llegar a acuerdos con el centro-derecha de Feijóo, lo que no está en su ADN frentista, o repartir nuevas cartas (de la baraja) y convocar elecciones antes de fin de año. Podrá seguir en La Moncloa, porque ya sabe que Feijóo nunca ganará una moción de censura con la actual composición parlamentaria, pero desde esta semana ya tiene acreditado que tampoco él podría superar una moción de confianza. Así que ante los graves problemas que tiene España, un estado al que sus aliados se empeñan en dejar en los huesos y sin recursos, cuanto antes se ponga a contar, mejor para todos. Esto es lo que hay.

¿TOROS POR LA CALLE MAYOR?.- Me sorprende que el Grupo Socialista vaya a pedir en una moción un cambio en el recorrido del encierro para meter la manada por la Calle Mayor, pero no tanto por la propuesta en sí, que el equipo de Gobierno está dispuesto a estudiar, sino porque para llevar un cambio tan radical al pleno hay que tener las cosas muy estudiadas. Por ejemplo: ¿dónde pondríamos los corrales? ¿Cuánto costaría asegurar con tableros el comercio de la Calle Mayor? Hay que recordar que en el primer recorrido del encierro de Guadalajara, los corrales estaban en un patio, que ya no existe, del antiguo Instituto de Previsión -hoy Seguridad Social- y era pequeño y destartalado. Pero los toros que allí se encerraban eran novillos y erales despuntados, nada que ver con los actuales toros de lidia que se sueltan en las corridas de la Feria. Una asociación taurina habla de instalar unos corrales en el Mercado de abastos, corrales que podrían ser visitables.Desde ahí saldría el encierro hasta coger la Calle Mayor, el Jardinillo y Santo Domingo hasta enlazar con el actual recorrido a la altura de San Ginés. Una propuesta atractiva, pero que necesitaría conocer de su proyecto técnico y el coste para ser valorada.

El recorrido del encierro es mejorable en su primer tramo, eso es seguro, y como ex corredor a mí también me pone ver los toros por la calle Mayor, como los veo por Mercaderes o Estafeta en Pamplona, pero a los que nos gusta el encierro de Guadalajara y peleamos por él hace muchos años, tenemos muy claro que el avance más importante que ha tenido es que se suelten los toros de las corridas y se haga con la seguridad suficiente. Para ello, se necesitan corrales adecuados y apartados -ahora están en el parque de Bejanque y valieron un dinero- por lo que sería una temeridad abrazar propuestas populistas, pero sin valorar su coste económico y los riesgos sobre un encierro consolidado, pero que no necesita de aventuras en los tiempos hostiles en que vivimos. Bastante nos ha costado que los toreros que vienen a la Feria de Guadalajara lo acepten, porque Guadalajara no es Pamplona donde reciben las mejores bolsas de España. Así que bien está el debate sobre cualquier propuesta de mejora, pero dénse los pasos con prudencia y solo tras conocer los estudios técnicos correspondientes y el coste de los mismos .

En Guadalajara hay dos edificios públicos que se pueden salvar antes de que sea demasiado tarde. Pero necesitan de mucha gestión, cooperación e inteligencia política, algo que precisamente no abunda en nuestros días.

Me estoy refiriendo al antiguo edificio de los Juzgados, en la plaza de Beladíez, y a la vieja Casa de Correos y Telégrafos, en teniente Figueroa. El primero de ellos es del organismo autónomo de Correos, lleva años cerrado y todavía no ha entrado en proceso de ruina, pero acabará llegando. Y sería una pena, porque el conjunto del edificio, con una vistosa fachada de ladrillo es sólido y merece ser conservado en el acerbo urbano de la ciudad. Recuerdo que el actual diputado del PP y ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, dijo que “lo tenía hablado” con el presidente de Correos, pero la iniciativa no ha despegado.

El otro edificio es la sede de los antiguos Juzgados de Guadalajara y que en un primer uso fue de la antigua Organización Sindical, pero llegó la democracia, los sindicatos verticales desaparecieron, y se estrenó como edificio para la judicatura. Ahora, los Juzgados se han trasladado al nuevo edificio junto al GEO y la administración del Estado no lo ha dado ninguna utilidad, aunque inicialmente se dijo que podría haber servido para Subdelegación del Gobierno, que ahora está de alquiler (?) por Aguas Vivas mientras se ejecutan las obras en el inmueble del antiguo Gobierno Civil.

Ambos inmuebles tienen una dotación como uso administrativo, pero ninguno de ellos ofrece interés alguno para la administración del Estado. Así que cualquier salida llevaría consigo un acuerdo con el Ayuntamiento para que lo declarara uso residencial. Caso contrario, llevaría a un irremediable proceso de ruina, previo a la vandalización de ambos inmuebles. Esa es la realidad que les espera.

Administración del Estado y Ayuntamiento deben ganarse el sueldo y evitarlo, y las oportunidades las pintan calvas. Guadalajara necesita imperiosamente vivienda para jóvenes y máxime cuando se va a inaugurar en los próximos años un nuevo Campus Universitario en las Cristinas. ¿Dónde van a vivir esos jóvenes? Uno de esos edificios podría convertirse en residencia de estudiantes, con la colaboración de la Universidad de Alcalá, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. Dejando el otro para vivienda protegida de iniciativa público-privada que ayudara a cubrir el déficit residencial actualmente existente en el casco. Les invito a leer este artículo publicado recientemente en Guadalajara Diario en el que constructores y arquitectos describen un panorama bastante inquietante de una ciudad, que está entre las primera de España en cuanto a expectativas de crecimiento demográfico, por la inmigración, pero que actualmente se distingue porque no hay suelo para construir, ni mano de obra suficiente porque la que había se está pasando a la logística. Deficiencias de nuestro precario y obsoleto mercado de trabajo. Ante este panorama, dejar que estos dos edificios singulares entren en un proceso de ruina con la necesidad de vivienda nueva que hay en el casco histórico, sería un fracaso que Guadalajara no se lo puede permitir. Pero esto es lo que hay.    

La Ley de Amnistía que el gobierno de Sánchez aprobó para asegurarse el apoyo de los separatistas catalanes a su investidura, generó tensiones en la familia socialista fuera de Cataluña, País Vasco y Navarra (Page anunció que lo va a recurrir al Constitucional, como lo han hecho otras comunidades, pero estas del PP) aunque nada del conflicto desencadenado por la Amnistía sería comparable a la que se podría liar en comunidades como Castilla-La Mancha y otras desheredadas del sistema de financiación autonómica, si Sánchez se pliega a las condiciones que le quiere imponer ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa a la Presidencia  de la Generalitat.

Lo de la Amnistía pertenece al mundo de los valores democráticos, la ética y la pretendida igualdad entre los españoles, es decir pura filosofía para Pumpido y los inventores del derecho creativo, pero las demandas del separatismo catalán presentadas a Sánchez en este punto afectan de lleno a las cosas de comer de las autonomías y ya sabemos que con el pan no se juega. Así, conocemos por la actual líder de ERC, la fugada Marta Rovira, que conseguir un concierto económico similar al vasco o al navarro “no es un capricho sino una necesidad” para Cataluña, por lo que lo puso como primer punto de la negociación con el Gobierno, no el derecho de autodeterminación (que relega al segundo lugar) ya que lo que toca ahora es salir de “un régimen común que lastra a Cataluña”, sentenciando: “Es una cuestión de voluntad política”. El reto para Sánchez es mayor que el que tuvo que afrontar con el trágala de la Amnistía, porque como le ha avisado todo el mundo un concierto económico para Cataluña, por su peso tres veces superior al País Vasco, significaría la quiebra del sistema de financiación Autonómica y un golpe mortal al Estado de las Autonomías previsto por la Constitución. Un sistema que en la actualidad tiene a cuatro autonomías infrafinanciadas (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía) y que les ha llevado a tener que engordar la deuda para poder costear sus necesidades. Es cierto que Cataluña tiene una deuda de 87.253 millones (el 31,10% del PIB), porque financia servicios que no tienen otras comunidades (por no hablar de extravagancias como las embajadas, una televisión pública con media docena de canales o la promoción de la lengua catalana en el sur de Francia), pero todavía es más sangrante que autonomías que no se permiten esos lujos estén endeudadas hasta el cuello para poder pagar su sanidad o la educación. Castilla-La Mancha, con una deuda de 16.163 millones (un 31% del PIB) sufre un sistema de financiación que no contempla la España vaciada y sus mayores gastos para poder cubrir un territorio despoblado, por lo que Page ya ha advertido que eso de la financiación singular “sería un precio demasiado caro por mantener un puesto”.  Ni que decir tiene qué podrían decir regiones como la Comunidad Valenciana (con un 42% de deuda sobre el PIB), si la solución para los problemas de Illa y Sánchez es retirar a Cataluña del sistema de financiación común. O qué podría responder Madrid (con apenas un 12% de deuda) y que se convertiría en la gran financiadora del sistema.

No, se ponga como se ponga Sánchez, un concierto económico con Cataluña sería peor para España que la independencia misma de aquella región; y como Rovira, Puigdemont y toda la tropa saben, por eso, ahora, la prioridad no es seguir con el Procés, sino lograr de Sánchez una financiación “singular”; o lo que es sencilla y llanamente: “la búsqueda de privilegios y cualquiera que sea progresista tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos”, por emplear las palabras que dijo Page.

Sánchez no va a tener más remedio que parar, aquí y ahora, porque esta vez no le van a dejar las Autonomías no “singulares” ir más allá; y si ello significa que hay que ir a elecciones en Cataluña y Generales en el resto de España, no le quedan más cartas en la manga. Pues esto es lo que hay. Viene un otoño más que caliente.  

P.D. Me alegra comprobar que Page se ha puesto las pilas en este asunto y sea claro al reivindicar no solo una nueva financiación autonómica que no perjudique a su comunidad, sino que además pida que «se incluya al PP y a todas las administraciones posibles». Pero tal vez lo más importante es que lo ha hecho en un acto celebrado en Albacete con Sánchez delante, quien a estas alturas debe decidir si acepta el chantaje de los separatistas catalanes para seguir en La Moncloa, quienes le reclaman sacar a Cataluña de la financiación común y dotarla de un concierto económico «singular». Es inaceptable que la finaciación sea la moneda de cambio con la que se pretende atraer el respaldo del independentismo al Gobierno central, dijo Page ante la cara de Sánchez, recordándole que «las cuentas nacionales del país sólo pueden hacerse en términos nacionales, porque la riqueza es imposible trocearla».
Sánchez, que parece está moviendo los hilos por si tiene que poner un candidato afín en el próximo Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha (Page no ha confirmado si se presentará), no hizo ninguna alusión al respecto y se limitó a saludar cordialmente al presidente castellano-manchego para la foto.