La ciudad de Guadalajara es una de las capitales españolas que más ha crecido en los últimos  15 años. Oficialmente estamos muy cerca de llegar a los cien mil habitantes (de hecho, se superan porque hay miles de personas que siguen empadronados en su pueblo aunque vivan aquí, como un comprensible acto de militancia) y goza de un mercado laboral expansivo gracias sobre todo a la logística, que ha traído a miles de personas a trabajar, especialmente sudamericanos. Pero este ciclo expansivo de la ciudad tiene una falla estructural importante, amén de los problemas de las empresas para encontrar trabajadores especializados, como relata el CEO de Hercesa, Juan José Cercadillo. (Felicidades a la empresa por esos 50 años). Esos miles de nuevos arriacenses tienen una enorme dificultad para encontrar vivienda a un precio asequible para sus ingresos, y así vemos como las ofertas de alquiler de las inmobiliarias tardan minutos en agotarse y surge la picaresca, apenas hay oferta de vivienda nueva -para ellos y para los jóvenes en general-, con lo que deben recurrir a compartir piso cada vez con más gente o a buscar vivienda lejos de su puesto de trabajo. También esto último empieza a complicarse, porque los municipios del entorno de la capital han vendido o alquilado todo lo que tenían presentable y lo que queda ahora son casas viejas de pueblo, inhabitables, necesitadas de reformas.

Este es el panorama que hay en Guadalajara como ciudad del entorno metropolitano de Madrid, que es nuestro motor de desarrollo, pero lo peor es que el horizonte presenta serios nubarrones. Los expertos y el sector coinciden en que hay que aumentar la construcción y, para ello, es imprescindible actualizar la Ley del Suelo. Es una tarea que compete al gobierno de España, que ha intentado sacar esta norma en dos ocasiones y en ambas fracasó, con la negativa del bloque de investidura. ¿Les suena aquello de “somos más”, que bramaba Sánchez en la noche electoral? Falso, tampoco eran más en materia de vivienda, solo lo fueron para impedir la presidencia de Feijóo, y lo poco que han sacado no ha tenido ninguna incidencia, ni en el precio de la vivienda, ni en la construcción de obra nueva. Me estoy refiriendo a la Ley de Vivienda, promovida por el Gobierno de coalición en 2023, que ha tenido efectos cuantificables: los precios del alquiler han subido un 24% y la oferta se ha reducido un 17% a nivel nacional, según datos de Expansión   Guadalajara es la capital de Castilla-La Mancha donde más han subido los precios -como consecuencia de todo lo anterior- desde que se aprobó la Ley, con el 25%. Los promotores de obra nueva están vendiendo todo lo que sacan, que no es mucho, y lo que se pregunta la gente es si esta tendencia de falta de oferta asequible va a durar mucho.

Pues bien, lamento no ser optimista. La realidad es que la fabricación de suelo para la construcción -por la normativa actual- tiene una media superior a los cinco años, lo que desespera a los promotores, pero en el caso de Guadalajara el problema es mayor: porque el suelo previsto en el Plan de Ordenación Municipal (POM) está prácticamente agotado. Nuestro POM fue aprobado en el año 2000, ocho años después estalló la burbuja inmobiliaria derivada de la crisis financiera, que en España y en Guadalajara fue particularmente grave, y nuestros sucesivos ayuntamientos lo último que pensaron fue que habría necesidad de calificar nuevo suelo. Pero la economía cambió.  Descartada la posibilidad de aprobar un nuevo POM, porque con la maniquea legislación que tenemos habría que suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias y someterse a un proceso interminable, el ayuntamiento actual está sacando al mercado parcelas sueltas, para venta o alquiler, que está bien, pero no deja de ser una gota en el mar, porque lo que hace falta es calificar nuevo suelo y decidir por dónde debe crecer Guadalajara. En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado una decisión importante, como es la adjudicación a urbanistas externos del estudio que nos ilustrará sobre la decisión a tomar por el Ayuntamiento, vía modificación del POM actual. Pero siendo esto un proceso que debería haber iniciado el equipo de Gobierno anterior, no va a impedir que la oferta de la vivienda se constriña todavía más en Guadalajara y los precios sigan subiendo.

Esta incapacidad legislativa agrava en el conjunto de España la crisis de la vivienda durante los próximos años, pero especialmente en nuestra ciudad, porque cualquier solución implementada tardará más de cinco años al encontrarnos con un POM prácticamente agotado, y que se ha desarrollado hasta los límites de la Ronda Norte. Y primero habrá que decidir si se cruza y seguimos construyendo hasta Taracena, lo que tiene peor venta, o habilitamos el margen derecho de la Autovía, desde los Geos hasta Iriépal, como ha hecho Alcalá de Henares con La Garena y la zona de Espartales. Asuntos vitales para nuestro futuro, que se han demorado más de la cuenta por esa política de la inmediatez y de faros cortos a la que se apuntan populistas de todas las clases.

Pero esto es lo que hay. Guadalajara, una ciudad donde crece el empleo, pero tarda mucho en fabricar nuevo suelo para construir viviendas. La modificación del PGOU de Guadalajara nace con la necesidad de construir hasta 10.000 viviendas. ¿Pero cuándo estarán?

LA FRASE: «Cuanto menos talento tienen,más orgullo, vanidad y arrogancia muestran. Sin embargo, todos estos necios encuentran otros necios que los aplauden». ERASMO DE ROTTERDAM.

El sanchismo ha caído como ideología y estrategia política tras el informe de la UCO que descubre en su salsa a los colaboradores -¿cómplices?-más directos del presidente Pedro Sánchez. Solo falta por saber el día y la hora en que Sánchez abandonará La Moncloa por la puerta de atrás. Pero ya importa menos; aunque cualquier presidente democrático con un mínimo de vergüenza torera se habría marchado un minuto después de que dimitiera su número dos en el partido y Secretario de Organización, Santos Cerdán, una vez que las grabaciones -se supone que de Koldo- interceptadas por la Guardia Civil, le situaran en el epicentro de una presunta trama de corrupción con adjudicaciones de unos 600 millones de euros. Como el asunto está en los jugados más tarde o más temprano sabremos hasta dónde llegó el fango y quiénes cobraron las comisiones.

Sánchez disimula cuando pide perdón con la boca pequeña, olvidándose de que antes que Cerdán su anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos, acabó en el grupo Mixto después de que salieran a la luz los primeros indicios de corrupción en el ministerio que pastoreó, el de Fomento. Santos, Ábalos y Koldo formaron parte del trío del Peugeot, que pilotó Sánchez hasta ganar las primarias a Eduardo Madina, ahora sabemos que con malas artes, y que el propio Ábalos fue el ponente de la moción de censura que echó a Rajoy de La Moncloa ¡para limpiar la corrupción!, argumentó el muy cara dura. Por el libro de Sánchez, Manual de Resistencia, sabemos que fue Koldo el encargado de custodiar los avales de las Primarias y que lo hizo con la misma energía con la que pedía su parte en el reparto de las comisiones, según han develado los audios. Si a esto añadimos otros casos anteriores que han terminado en imputaciones del entorno familiar del presidente y de su fiscal general, nadie puede dudar que el sanchismo cayó este jueves 12 de junio y que ya solo queda por conocer el último capítulo: el que escribirá Pedro Sánchez en los próximos días o meses. Y que todo dependerá del daño que quiera hacer a su país, a su partido y a sí mismo.

A España se la maltrata innecesariamente alargando, sin presupuestos, una legislatura que nunca debió haber comenzado, soportada parlamentariamente  por el separatismo y la extrema izquierda. Es muy improbable que los socios de Sánchez voten con el PP una moción de censura, porque un Sánchez cada vez más debilitado,  para sus objetivos políticos -una España plurinacional y de estructura confederal, con horizonte republicano- cada vez más están al alcance de su mano gracias a un Pumpido dispuesto a hacer mangas y capirotes de una Constitución de consenso y dejarla en papel mojado; derecho creativo lo llaman. Para un narciso de libro, como Sánchez, todos están equivocados, menos él, y tendrá la tentación de jugar una vez más la carta del muro, él, que ha hecho de la polarización su estrategia, en le creencia de que el electorado de izquierdas seguirá prefiriendo la corrupción y la incompetencia con tal de cerrar el paso a la fachosfera. A la visualización de esa estrategia, o yo o el fascismo, le vendría bien una moción de censura, y por eso Feijóo hace bien en no caer en la trampa que le propone Santiago Abascal, siempre dispuesto a recoger los votos que recibe cada vez que la política española gira a los extremos.

¿Y el PSOE? Para el viejo partido socialdemócrata cancelar el sanchismo es cuestión de higiene democrática; y de supervivencia, como bien sabían los dirigentes que cerraron el paso, en el Comité Federal de 2016, a la deriva que había iniciado el dirigente populista tras ganar de aquella manera  sus primeras primarias a Madina. El informe de la UCO es solo el principio, vendrán otros escándalos y conversaciones denigrantes, a medida que los procesos judiciales vayan avanzando, y los imputados sigan el ejemplo de Aldama, que ya canta la Traviata para reducir su pena. Yo no sé si Sánchez y su resilencia de cemento armado lo aguantaría, pero el PSOE seguro que no, y sobre el partido se extendería la sombra de Betino Craxi. Page, el único presidente socialista que le plantó cara a Sánchez, ya había advertido que la celebración con anterioridad de las locales y autonómicas sería perjudicial al interés electoral del PSOE, y ya no digamos tras el informe de la UCO. La única solución responsable que le queda a Sánchez es la convocatoria de un congreso extraordinario en el que anunciara que se retira de la dirección, pero eso difícilmente lo hará un narciso. Y un PSOE desarticulado por efecto de unas primarias que convirtieron al partido en una estructura cesarista, dudo que le obligue a ello. Sánchez se cree Perón, y ya sabemos lo que cantaban los del bombo en la Plaza Rosada.

No es fácil la evolución de cualquier movimiento populista en la que un líder visionario es obligado a dejar el poder, y Sánchez está rodeado de Tezanos, siempre dispuestos a decirle lo que quiere oír. Pero esta vez no hay marcha atrás. El sanchismo ha caído el jueves 12 de junio, gracias al ejercicio de un poder del estado de derecho, la policía judicial de la UCO, que precisamente por eso el régimen sanchista quiere limitar con una reforma bolivariana de la justicia, para sustituir el acceso a la judicatura por el mérito y la libre oposición; y en su lugar inventarse una especie de quinto turno al que pueda manipular el poder ejecutivo. Todo en la línea de esa doctrina sobre el lawfare que  Puigdemont y los Oteguis impusieron a un presidente insolvente, que nunca se leyó la Constitución.

Alguien en el PSOE, además de Page, debería decirle que su régimen terminó y que su continuidad solo sirve para acumular descrédito y basura. Porque el informe de la UCO solo es la patita del lobo. Ya verán cuando los Koldo, Cerdán, Ábalos, Leyre y Aldama empiecen a cantar. Y esto es lo que hay.        

LA FRASE: “Es más fácil de engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”, MARK TWAIN, escritor.            

En la ciudad de Guadalajara no hay 30.046 tontos, que son los electores que votaron a  las candidaturas del PSOE y el PP en las municipales de 2023. Entre la multitud alguno habrá, no digo yo que no, pero será en todo caso una anormalidad, no una descripción del elector arriacense de a pie. Niego la mayor, por tanto, sobre el diagnóstico que un concejal liberado del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, con importantes competencias en la administración local de Ana Guarinos, hizo en su tuit particular llamando “tontos” al 72% de la masa electoral de Guadalajara, con cualificación especial a los que votaron al PP (13.169 personas) porque además de tontos, “son más falsos”.

Lo primero que me llama la atención es que un individuo con esa opinión sobre los electores que auparon a su alcaldesa al cargo, mediante un pacto con su partido (Vox), pueda formar parte de un equipo de Gobierno con esos mimbres. Y que siga todavía en el cargo, una vez que se ha sabido cuál es la opinión sincera sobre sus socios de Gobierno. En verdad que el concejal se ha disculpado a la manera de Óscar López y la presunta bomba lapa de un miembro de la UCO sobre Pedro Sánchez, así que ustedes mismos pueden juzgar la fortaleza de su disculpa, porque a mí  no me parece suficiente. Bien diferente es la contundencia con que ha salido al paso el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, también de Vox, lo que personalmente le honrra. Aunque echamos de menos un pronunciamiento público  y orgánico de Vox, como partido político de Guadalajara, que ha escurrido el bulto.

Motivos  de sobra tiene la alcaldesa Ana Guarinos para destituir al concejal Morejón de todos los cargos que tiene delegados por su autoridad. Pero ya ha avanzado que le vale el amago de disculpa al que aludíamos. Tampoco me extraña. Con la actual composición que tiene el Ayuntamiento, dejar a Morejón fuera del equipo de Gobierno sería como entregarle la llave de la legislatura, ya que el bloque de PP y Vox tendría los mismos concejales (12) que la oposición de izquierdas con PSOE y Aike. Pero sucede que cuando comulgas una vez con ruedas de molino, se abre un camino peligroso. Que se lo digan a Sánchez con Puigdemont.

El concejal Víctor Morejón cobra 63.000 euros del Ayuntamiento de Guadalajara.

INTERES GENERAL.- La amnistía como “medida excepcional” es compatible con la Constitución si “trae causa de una situación extraordinaria, se adopta por el legislador, se justifica en razones de interés general… y no vulnera derechos fundamentales ni garantías inherentes al Estado de Derecho”. Así lo recoge la ponencia sobre la amnistía (que ve el recurso interpuesto por el PP), redactada por la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, a quien Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general con Zapatero y presidente del Constitucional, encargó el proyecto de lo que será pronto el aval jurídico para la amnistía, que no contempla la Constitución.

Me preocupa leer los argumentos jurídicos de la magistrada Montalbán, por muchas razones, pero solo citaré una: ese “interés general”, que equipara la primera exigencia de Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez con el interés público, siendo en realidad una condición sine qua non, que nada tiene que ver con el interés general de España como estado de derecho. De lo contrario, y con esta doctrina, cualquier otro candidato a presidente del Gobierno podrá negociar con Puigdemont, Abascal o el Sursum Corda lo que le venga en gana, esté o no en el texto constitucional. Que a partir de ahora debería reformarse y añadir un artículo más: “En España será constitucional la amnistía, siempre que haga falta para aormar una mayoría de investidura”. Y punto pelota. Esto es lo que hay; y lo que viene, con un Ejecutivo cada vez más autoritario y prevalente frente a los otros dos poderes del Estado a los que tiene en el disparadero.         

LA FRASE: “El trumpismo aspira a un gobierno vertical sin los contrapesos de los otros poderes, la prensa liberal o la universidad elitista. Estas dos instituciones son la catedral que hay que clausurar para imponer las nuevas ideas”.  JUAN LUIS MANFREDI, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.