La ciudad de Guadalajara es una de las capitales españolas que más ha crecido en los últimos 15 años. Oficialmente estamos muy cerca de llegar a los cien mil habitantes (de hecho, se superan porque hay miles de personas que siguen empadronados en su pueblo aunque vivan aquí, como un comprensible acto de militancia) y goza de un mercado laboral expansivo gracias sobre todo a la logística, que ha traído a miles de personas a trabajar, especialmente sudamericanos. Pero este ciclo expansivo de la ciudad tiene una falla estructural importante, amén de los problemas de las empresas para encontrar trabajadores especializados, como relata el CEO de Hercesa, Juan José Cercadillo. (Felicidades a la empresa por esos 50 años). Esos miles de nuevos arriacenses tienen una enorme dificultad para encontrar vivienda a un precio asequible para sus ingresos, y así vemos como las ofertas de alquiler de las inmobiliarias tardan minutos en agotarse y surge la picaresca, apenas hay oferta de vivienda nueva -para ellos y para los jóvenes en general-, con lo que deben recurrir a compartir piso cada vez con más gente o a buscar vivienda lejos de su puesto de trabajo. También esto último empieza a complicarse, porque los municipios del entorno de la capital han vendido o alquilado todo lo que tenían presentable y lo que queda ahora son casas viejas de pueblo, inhabitables, necesitadas de reformas.
Este es el panorama que hay en Guadalajara como ciudad del entorno metropolitano de Madrid, que es nuestro motor de desarrollo, pero lo peor es que el horizonte presenta serios nubarrones. Los expertos y el sector coinciden en que hay que aumentar la construcción y, para ello, es imprescindible actualizar la Ley del Suelo. Es una tarea que compete al gobierno de España, que ha intentado sacar esta norma en dos ocasiones y en ambas fracasó, con la negativa del bloque de investidura. ¿Les suena aquello de “somos más”, que bramaba Sánchez en la noche electoral? Falso, tampoco eran más en materia de vivienda, solo lo fueron para impedir la presidencia de Feijóo, y lo poco que han sacado no ha tenido ninguna incidencia, ni en el precio de la vivienda, ni en la construcción de obra nueva. Me estoy refiriendo a la Ley de Vivienda, promovida por el Gobierno de coalición en 2023, que ha tenido efectos cuantificables: los precios del alquiler han subido un 24% y la oferta se ha reducido un 17% a nivel nacional, según datos de Expansión Guadalajara es la capital de Castilla-La Mancha donde más han subido los precios -como consecuencia de todo lo anterior- desde que se aprobó la Ley, con el 25%. Los promotores de obra nueva están vendiendo todo lo que sacan, que no es mucho, y lo que se pregunta la gente es si esta tendencia de falta de oferta asequible va a durar mucho.
Pues bien, lamento no ser optimista. La realidad es que la fabricación de suelo para la construcción -por la normativa actual- tiene una media superior a los cinco años, lo que desespera a los promotores, pero en el caso de Guadalajara el problema es mayor: porque el suelo previsto en el Plan de Ordenación Municipal (POM) está prácticamente agotado. Nuestro POM fue aprobado en el año 2000, ocho años después estalló la burbuja inmobiliaria derivada de la crisis financiera, que en España y en Guadalajara fue particularmente grave, y nuestros sucesivos ayuntamientos lo último que pensaron fue que habría necesidad de calificar nuevo suelo. Pero la economía cambió. Descartada la posibilidad de aprobar un nuevo POM, porque con la maniquea legislación que tenemos habría que suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias y someterse a un proceso interminable, el ayuntamiento actual está sacando al mercado parcelas sueltas, para venta o alquiler, que está bien, pero no deja de ser una gota en el mar, porque lo que hace falta es calificar nuevo suelo y decidir por dónde debe crecer Guadalajara. En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado una decisión importante, como es la adjudicación a urbanistas externos del estudio que nos ilustrará sobre la decisión a tomar por el Ayuntamiento, vía modificación del POM actual. Pero siendo esto un proceso que debería haber iniciado el equipo de Gobierno anterior, no va a impedir que la oferta de la vivienda se constriña todavía más en Guadalajara y los precios sigan subiendo.
Esta incapacidad legislativa agrava en el conjunto de España la crisis de la vivienda durante los próximos años, pero especialmente en nuestra ciudad, porque cualquier solución implementada tardará más de cinco años al encontrarnos con un POM prácticamente agotado, y que se ha desarrollado hasta los límites de la Ronda Norte. Y primero habrá que decidir si se cruza y seguimos construyendo hasta Taracena, lo que tiene peor venta, o habilitamos el margen derecho de la Autovía, desde los Geos hasta Iriépal, como ha hecho Alcalá de Henares con La Garena y la zona de Espartales. Asuntos vitales para nuestro futuro, que se han demorado más de la cuenta por esa política de la inmediatez y de faros cortos a la que se apuntan populistas de todas las clases.
Pero esto es lo que hay. Guadalajara, una ciudad donde crece el empleo, pero tarda mucho en fabricar nuevo suelo para construir viviendas. La modificación del PGOU de Guadalajara nace con la necesidad de construir hasta 10.000 viviendas. ¿Pero cuándo estarán?
LA FRASE: «Cuanto menos talento tienen,más orgullo, vanidad y arrogancia muestran. Sin embargo, todos estos necios encuentran otros necios que los aplauden». ERASMO DE ROTTERDAM.
