El incendio más trágico de la historia moderna de España comenzó a las 14,44 horas del sábado 16 de julio de 2005 cuando una pavesa de una barbacoa encendida por unos excursionistas, que acababan de visitar la cueva paleolítica de Riba de Saelices, saltó a un campo de cereal cercano. Era una tarde de fuerte viento y calor asfixiante, lo que favoreció a la rápida propagación de las llamas. Cualquiera que conociera la zona sabía que ese campo de labor es el acceso a un cañón con abigarrada masa forestal, por lo que habría que haber actuado rápido para evitarlo. No se valoró bien esta circunstancia y los escasos medios que se emplearon esa primera tarde fueron insuficientes para atajar el peligro. De tal manera que las llamas llegaron al pinar y cuando se multiplicaron las tareas de extinción, al día siguiente, ya fue demasiado tarde. El valle de los Milagros, uno de los parajes más bellos del Alto Tajo, era el mismísimo infierno. Pero lo peor estaba por llegar y sucedió en la tarde del domingo. Once miembros del retén de Cogolludo, que habían sido llamados a participar en las tareas de extinción -aunque su servicio había estado disponible desde el sábado-, en un convoy formado por tres todoterrenos y dos camiones autobombas llegaron hasta un altillo, entre dos barrancos, en el paraje conocido como El rincón del Jaral. Tuvieron tiempo para dar la vuelta a los vehículos, por si tenían que escapar, pero poco más. Sin haber echado una gota de agua, por sorpresa, ya que creían que el incendio estaba lejos (no tuvieron apoyo aéreo), según relató el único superviviente, una lengua de fuego ascendió del barranco y rodeó a los vehículos, desatándose el infierno al arder rápidamente un suelo formado por pringosas jaras resineras. Uno de los TT apenas pudo rodar un centenar de metros por la pista, y el otro, logró recorrer 50 metros más hasta que se incendió. El Land Rover del retén se salió del camino y se metió en el jaral en llamas, hasta que se empotró en un cercado para el ganado. La motobomba de Jesús Abad, que pertenecía a Arcos del Jalón, en la vecina Soria, se salió del camino y cayó por un barranco, volcando. Pero Jesús consiguió escapar por la otra puerta y ascender por la pendiente unos 30 metros, entre llamas y humo, hasta lograr colocarse bajo el otro camión, cuya conductora, Mercedes Vives, no logró arrancar. Aquella decisión le salvó la vida, ya que el fuego no quemó la parte trasera del camión, con lo que Jesús pudo encontrar una bolsa de oxígeno para respirar y aislarse de las llamas. Fue el único que lo logró. El retén entero de Cogolludo, en su mayoría formado por jóvenes, pereció. Después de la tarde del domingo, cuando la zona del incendio se llenó, ya sí, de todo tipo de refuerzos terrestres y aéreos, los medios de comunicación de toda España hablaban del incendio más trágico de la historia moderna de nuestro país. Durante cuatro días se quemaron 12.900 hectáreas, fundamentalmente de pino resinero, y podría haber sido peor porque las llamas apenas tocaron unas 2.000 hectáreas de la zona del pre-parque del Alto Tajo, por lo que sus increíbles barrancos y hundidos siguieron intactos, a pesar de algunas informaciones alarmistas en medios nacionales. Lo que no tenía remedio era la pérdida de vidas humanas.

Esta tragedia puso de manifiesto numerosas deficiencias.  Lo positivo es que algunas se han corregido. En este sentido podemos decir que el de Riba de Saelices fue el fuego que lo cambió todo; o casi. Porque siempre quedan cosas por hacer.

El estado autonómico demostró que hacía aguas en materia de coordinación. Como periodista me indignó saber que Jesús, el superviviente, se pasó la tarde del sábado sentado en un pico en Layna, entre Soria y Guadalajara, sin que nadie le diera la orden de intervenir cuando más falta habría hecho. Al día siguiente, entró en acción y se agregó al retén de Cogolludo. Ahora, la Junta de Comunidades tiene firmados protocolos de colaboración con las autonomías limítrofes y se supone que el caos organizativo que se vivió en los dos primeros días del incendio ya no volvería a ocurrir.

La cobertura y dirección del incendio fue pésima en esa tarde del sábado – se tardó más de un día en decretar el nivel 2 de alerta- cuando nadie parecía ser consciente de actuar rápido y evitar que las llamas alcanzaran el valle de los Milagros. Hasta las 16,14, no se dio orden de salida del anfibio que la Junta disponía ¡en el aeródromo de Albacete!, pero el cacharro no despegó por problemas con el tren de aterrizaje. La cobertura aérea fue pobrísima. Solo al final de la tarde, llegó un hidroavión del Estado desde la base de Torrejón de Ardoz. La mala suerte se cebó con el helicóptero Kamov, que tiene su base en Villares de Jadraque, al romper por dos veces su bolsa de agua. A la vecina comunidad de Madrid se le solicitó solo un bulldozer, pero la petición no se atendió porque no había ninguna autoridad responsable. Las consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, el único alto cargo que dimitió, minimizó esa patente falta de medios hasta que se conocieron los muertos, echando días después la culpa a la “maldita barbacoa” y a los caprichos de la naturaleza. “Más medios no hubieran evitado las muertes”, llegó a declarar con gran ligereza. Ciertamente, eso nunca lo sabremos, aunque la comunidad autónoma terminó por reconocer el problema y cambió el protocolo de la lucha contra incendios, profesionalizando esas tareas (hasta entonces, muchos miembros de los retenes eran estudiantes que se sacaban unas perrillas en verano), como nos cuentan en este reportaje: “Se han protocolizado los mecanismos de seguridad de los incendios, las formas de actuación, la coordinación. Se han implementado unidades de análisis y planificación, técnicos dedicados exclusivamente a evaluar cómo puede ser la evolución del fuego para aportar esa información a los directores de extinción; de esta forma sus decisiones pueden ser más acertadas”.

Fueron tantos los errores que la jueza de Sigüenza llegó a imputar a políticos y altos cargos de la consejería de Medio Ambiente. Pero después de una instrucción muy cuestionada, la Audiencia Provincial, presidida por Concepción Espejel, una reputada jurista ahora en el Tribunal Constitucional, solo condenó al excursionista que encendió el fuego en un área recreativa de la Junta, que lo permitía. Una temeridad que se prohibió después de ese incendio, clausurándose todas las barbacoas.

La justicia, al final, entendió, que sin perjuicio de que pudieran haberse cometido errores, al final estas acciones no tuvieron relevancia penal para ser tipificadas como delitos, como había entendido el juez instructor. Pero este desenlace no quita para que muchos de los 11 familiares fallecidos piensen que las autoridades: “se portaron muy mal y nadie dio la cara. Nadie se puso delante de nosotros para decir, reconocemos que se nos fue”, afirma Carmen de la Peña, viuda de Jesús Juberías, uno de los “Once de Cogolludo”. Ciertamente, faltó empatía y sobró mucha mala política: tanto en la gestión del incendio, como en el post.

Menos mal que el sacrificio de estos 11 héroes, por lo menos sirvió para que se mejoraran los protocolos y la gestión de incendios, especialmente en Castilla-La Mancha. Su (mala) experiencia valió para que Zapatero creara la UME. También anunció que se levantaría un Parador Nacional en Molina, en apoyo de la economía de la zona, y que ha tardado 20 años en inaugurarse.   

 Para los que no están, no es ningún consuelo, ya lo sé, por lo que solo podemos honrar su memoria. Mi recuerdo a 11 héroes: Pedro Almansilla, José Ródenas, Jesús Ángel Juberías, Alberto Cemillán, Luis Solano, Mercedes Vives, Julio Ramos, Jorge Martínez, Marcos Martínez, Manuel Manteca y Sergio Casado. 20 años han pasado, desde entonces, de unas muertes que se deberían haber evitado.     

UN GRAN CARTEL.-Han tardado pero ha merecido la pena. Me gustan los carteles de la Feria de la Antigua de este año, y a priori están entre los más atractivos de los últimos tiempos.
La Feria empieza con Morante de la Puebla, y eso son palabras mayores en una temporada en la que el de la Puebla está en estado de gracia y es capaz de cualquier cosa. Con él estarán un Manzanares que hace tiempo a esta plaza viene solo a cumplir y un Talavante, siempre interesante. Al día siguiente sorprende un mano a mano entre dos toreros muy jóvenes, como son Ginés Marín y Victor Hernández, este último vinculado a nuestra provincia. No sé como caerá la corrida entre el gran público, pero al aficionado le va a gustar.
El sábado hay una terna de plenas garantías con Perera, Luque y Fernando Adrian. Y el cierre lo echarán Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo. Es verdad que el francés y el sevillano no están tan en forma como otros años, pero donde hay calidad, cabe la esperanza.
Las ganaderías son de primera fila (Vázquez, Alcurrucén, Zalduendo y El Capea). Los toros se correrán por la mañana en el encierro. Solo falta en los carteles una primera figura, Roca Rey, pero me doy por conforme con lo anunciado.

El gobierno de Pedro Sánchez negocia estos días el cumplimiento de una de las exigencias para su investidura y la del socialista del PSC, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat. Se trata de una financiación singular (y privilegiada) para aquella comunidad autónoma por parte del Estado Español. El sistema es idéntico a los conciertos económicos con País Vasco o Navarra, salvo por este dato esencial: tales conciertos están recogidos en la Constitución, porque son fruto de una historia de fueros viejos y guerras carlistas, y aunque a muchos de los que votamos sí al texto constitucional nos desagradaba, por lo que suponen de privilegio y desigualdad con otros territorios, las constituciones no se aprueban por partes (como se creen los indepes), sino en su conjunto. Y tenemos que asumir sus consecuencias, aunque ahora con el neo derecho que se ha inventado Pumpido y su Tribunal, la letra de la Constitución es papel mojado.

¿Qué significa esa financiación singular que como una vulgar letra comercial le han pasado al cobro los socios separatistas de Sánchez a cambio de indultarle, en el Congreso, de la presunta corrupción de sus colaboradores más estrechos? Tan sencillo como que la Generalitat recaudará con una agencia tributaria propia todos los impuestos que se paguen en Cataluña, lo que supone un horizonte recaudador de 52.000 millones de euros [El presupuesto total de Castilla-La Mancha son 12.716 millones, para que se hagan una idea] A cambio, se crearía una cuota de solidaridad para contribuir con los gastos comunes del Estado, que todavía no se ha fijado, aunque Puigdemont ya ha advertido que no aprobará su modificación en el Congreso si no es la Generalitat la que decide, unilateralmente, lo que se aportará al Estado una vez recaudados todos los impuestos. En otras palabras: mientras que el Estado se queda con el dinero que recauda en todas las autonomías del régimen común, y luego Sánchez decide cómo se reparte y a quién, la Generalitat de Cataluña se queda con el dinero de sus contribuyentes y luego Puigdemont y su tropa decidirán qué limosna dan a los españoles para los gastos comunes. Ni más ni menos. Principio de ordinalidad lo llaman esta tropa.

En un nuevo ejercicio de cinismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a extender este sistema fiscal a otras comunidades autónomas, supongo que a ver si pica Isabel Díaz Ayuso ( Madrid,  como comunidad con una alta recaudación por IRPF sería también beneficiada) y las otras comunidades perjudicadas le montan a Feijóo la tremolina. La propuesta de Montero es de una insensatez supina, porque España no es un estado confederal ni la Constitución lo contempla, y pasaría por encima de un sistema de financiación común, que sirve para todas las autonomías y en el que se debe contemplar no solo la recaudación fiscal per cápita sino otros parámetros como la extensión del territorio (no cuesta la sanidad lo mismo en Madrid que en Castilla-La Mancha) o el envejecimiento de la población. Cierto es que el actual modelo de financiación, que data de 2009, hace tiempo que se debería haber renovado, pero lo que los estudios más serios nos dicen es que entre las comunidades infrafinanciadas no está Cataluña sino Castilla-La Mancha junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

La financiación singular (y privilegiada) a Cataluña que negocia Sánchez y Montero se haría, por tanto, a costa de la solidaridad con las comunidades menos favorecidas y de romper la caja común. No es de extrañar, por tanto, que Page haya dicho que es el mayor atentado a la igualdad de los españoles que recuerda, y expectantes estamos por saber a qué se refiere con que “no se va a quedar de brazos cruzados”, porque hay ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso; entre ellos uno de Guadalajara.

Si esto sigue adelante, y el soberanismo se vuelve a salir con la suya (Salvador Illa ha asumido el discurso de Junts y ERC a cambio de su apoyo parlamentario), desde el resto de autonomías que no tenemos concierto o financiación singular tendremos que empezar a preguntarnos que si se rompe la caja común y se reduce aun más el principio de solidaridad, ¿para qué nos sirve esta España?

Tengo muy claro para qué le sirve a Sánchez: para llevar seis años en La Moncloa gracias a los votos que recoge en Cataluña y País Vasco, tanto propios como de sus socios separatistas, por un sistema electoral que sobrepondera la fuerza del nacionalismo en el conjunto del Estado. Y así nos luce el pelo al haberse dinamitado los puentes y consensos que nos llevaron a la Constitución de 1978, de la que no van a quedar ni las raspas con Pumpido en el TC.

P.D. Me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo por difundir los nuevos encierros de Guadalajara en Pamplona, pero paralelamente todavía desconocemos los carteles de la Feria de la Antigua, sin contar con que este es el último año de concesión a la actual empresa. El encierro no es un fin en si mismo, sin la lidia de la tarde, y ya sabemos que este año solo hay dos tipos de ferias: en las que torea un Morante en estado de gracia y en las que no. Algún día conoceremos -supongo- dónde está la de Guadalajara.

LA FRASE: “Koldo, Ábalos y Cerdán robaron -presuntamente- a los españoles porque tenemos un sistema político e institucional que favorece a la corrupción…Los directivos públicos dependen de nombramientos políticos para mantener sus cargos y ascender. Su supervivencia profesional requiere servir al partido que los nombra, no al interés público”. LUIS GARICANO (London School of Economics) y Abel Sánchez Trillanes (Universidad de Oxford).

El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, fiscal general con Zapatero y sostén legislativo del sanchismo, ha empedrado el camino hacia la autodeterminación de cualquier comunidad española. Como bien señala uno de los magistrados discrepantes con la sentencia sobre la Amnistía, César Tolosa, la sentencia se sustenta en una mal entendida soberanía parlamentaria, incompatible con cualquier tipo de despotismo, incluido el de la mayoría parlamentaria. El TC de Pumpido ha convertido a la Constitución en un elemento líquido y permeable a la mayoría ideológica del tribunal, con lo que pierde su vertiente de freno y límite a la actividad del parlamento y el ejecutivo. Todo está sujeto a su interpretación y lo que no está expresamente prohibido por la letra constitucional, puede trasladarse al marco de la Ley. Como sospecha el magistrado Tolosa, esta práctica “previsiblemente alentará futuros intentos de erosión del marco constitucional”, que ya han comenzado con la expulsión del español de las aulas catalanas -con sentencias de la Justicia que se incumplen paladinamente- y se concretarán con la financiación singular que desde hoy mismo Sánchez negociará con el separatismo catalán a cambio de seguir en La Moncloa. Es un camino que inevitablemente nos llevará a una repetición de los actos de sedición que tuvieron lugar el 1-0, y que Feijóo o el que entonces gobierne España tendrá muchas más dificultades de frenar. Porque los actos de desacato a la autoridad del Estado serán mucho más graves y no podrá contar con aplicar un delito de sedición, que se retiró por exigencias de los golpistas y una jurisprudencia legal a raíz de la ley de amnistía por la que cualquier disturbio está justificado y es asumido por el “interés general”, aunque en realidad sea puramente arbitrario. Page tachó estos argumentos de “infantiles” y muy flojos”; y así es porque amparándose en ellos cualquiera puede hacer de su capa un sayo. Llámese Puigdemont, Otegui o Santiago Abascal, según venga el viento.

Graves son los casos de corrupción que cercan al gobierno, porque en ellos están implicados los dos últimos números dos de Sánchez en el PSOE, su propia familia y toda una trama de sinvergüenzas y puteros que deberían abochornar a cualquier votante de este PSOE sanchista, como le sucede a Felipe González, nuevo miembro de la fachosfera al decir de los trompeteros del actual secretario general. Pero si graves son estos comportamientos, a falta de una calificación penal de los tribunales, para mí todavía es peor la escabechina que Sánchez y sus cohortes palaciegas han hecho con la Constitución, convertida en papel mojado, y los ideales de la Transición y las políticas de reconciliación, sustituidas por un muro donde a un lado están los intereses de Sánchez y al otro el fascismo. No cabe una visión más autocrática y divisiva, e incompatible con los valores constitucionales.  Sánchez ha empedrado el camino hacia la autodeterminación, comprando el relato a sus socios separatistas y el concepto de lawfare para atacar a los jueces, como hizo Trump en su primer mandato: Nada es delito, porque es producto de una justicia corrupta que persigue a pobrecitos como Puigdemont. Lo más grave de este segundo mandato de Sánchez es que ha encajado aparentemente, con la ayuda de Pumpido, principios que están muy lejos de ser constitucionales y está a punto de convertir a España en un estado confederal, en el que Cataluña y el País Vasco negocian directamente sus privilegios con el Gobierno que sustentan, como paso previo a los referendos de autodeterminación, que ya se encargará Pumpido de vestirlos.

Esta deriva es todavía más grave, por lo que Concepción Espejel, magistrada del TC que fue presidenta de la Audiencia de Guadalajara, ha calificado a este amparo de “la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio de este tribunal” al representar “la mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente”.

Pues esto es lo que hay. Vamos a ver cómo se las apaña Feijóo o el que venga cuando los separatistas cumplan con su amenaza de “volverlo a hacer”, y se encuentre con que el Estado Español carece de armas legales apropiadas para hacerlos frente. No me lo quiero ni imaginar.