El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, fiscal general con Zapatero y sostén legislativo del sanchismo, ha empedrado el camino hacia la autodeterminación de cualquier comunidad española. Como bien señala uno de los magistrados discrepantes con la sentencia sobre la Amnistía, César Tolosa, la sentencia se sustenta en una mal entendida soberanía parlamentaria, incompatible con cualquier tipo de despotismo, incluido el de la mayoría parlamentaria. El TC de Pumpido ha convertido a la Constitución en un elemento líquido y permeable a la mayoría ideológica del tribunal, con lo que pierde su vertiente de freno y límite a la actividad del parlamento y el ejecutivo. Todo está sujeto a su interpretación y lo que no está expresamente prohibido por la letra constitucional, puede trasladarse al marco de la Ley. Como sospecha el magistrado Tolosa, esta práctica “previsiblemente alentará futuros intentos de erosión del marco constitucional”, que ya han comenzado con la expulsión del español de las aulas catalanas -con sentencias de la Justicia que se incumplen paladinamente- y se concretarán con la financiación singular que desde hoy mismo Sánchez negociará con el separatismo catalán a cambio de seguir en La Moncloa. Es un camino que inevitablemente nos llevará a una repetición de los actos de sedición que tuvieron lugar el 1-0, y que Feijóo o el que entonces gobierne España tendrá muchas más dificultades de frenar. Porque los actos de desacato a la autoridad del Estado serán mucho más graves y no podrá contar con aplicar un delito de sedición, que se retiró por exigencias de los golpistas y una jurisprudencia legal a raíz de la ley de amnistía por la que cualquier disturbio está justificado y es asumido por el “interés general”, aunque en realidad sea puramente arbitrario. Page tachó estos argumentos de “infantiles” y muy flojos”; y así es porque amparándose en ellos cualquiera puede hacer de su capa un sayo. Llámese Puigdemont, Otegui o Santiago Abascal, según venga el viento.
Graves son los casos de corrupción que cercan al gobierno, porque en ellos están implicados los dos últimos números dos de Sánchez en el PSOE, su propia familia y toda una trama de sinvergüenzas y puteros que deberían abochornar a cualquier votante de este PSOE sanchista, como le sucede a Felipe González, nuevo miembro de la fachosfera al decir de los trompeteros del actual secretario general. Pero si graves son estos comportamientos, a falta de una calificación penal de los tribunales, para mí todavía es peor la escabechina que Sánchez y sus cohortes palaciegas han hecho con la Constitución, convertida en papel mojado, y los ideales de la Transición y las políticas de reconciliación, sustituidas por un muro donde a un lado están los intereses de Sánchez y al otro el fascismo. No cabe una visión más autocrática y divisiva, e incompatible con los valores constitucionales. Sánchez ha empedrado el camino hacia la autodeterminación, comprando el relato a sus socios separatistas y el concepto de lawfare para atacar a los jueces, como hizo Trump en su primer mandato: Nada es delito, porque es producto de una justicia corrupta que persigue a pobrecitos como Puigdemont. Lo más grave de este segundo mandato de Sánchez es que ha encajado aparentemente, con la ayuda de Pumpido, principios que están muy lejos de ser constitucionales y está a punto de convertir a España en un estado confederal, en el que Cataluña y el País Vasco negocian directamente sus privilegios con el Gobierno que sustentan, como paso previo a los referendos de autodeterminación, que ya se encargará Pumpido de vestirlos.
Esta deriva es todavía más grave, por lo que Concepción Espejel, magistrada del TC que fue presidenta de la Audiencia de Guadalajara, ha calificado a este amparo de “la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio de este tribunal” al representar “la mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente”.
Pues esto es lo que hay. Vamos a ver cómo se las apaña Feijóo o el que venga cuando los separatistas cumplan con su amenaza de “volverlo a hacer”, y se encuentre con que el Estado Español carece de armas legales apropiadas para hacerlos frente. No me lo quiero ni imaginar.
