El gobierno de Pedro Sánchez negocia estos días el cumplimiento de una de las exigencias para su investidura y la del socialista del PSC, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat. Se trata de una financiación singular (y privilegiada) para aquella comunidad autónoma por parte del Estado Español. El sistema es idéntico a los conciertos económicos con País Vasco o Navarra, salvo por este dato esencial: tales conciertos están recogidos en la Constitución, porque son fruto de una historia de fueros viejos y guerras carlistas, y aunque a muchos de los que votamos sí al texto constitucional nos desagradaba, por lo que suponen de privilegio y desigualdad con otros territorios, las constituciones no se aprueban por partes (como se creen los indepes), sino en su conjunto. Y tenemos que asumir sus consecuencias, aunque ahora con el neo derecho que se ha inventado Pumpido y su Tribunal, la letra de la Constitución es papel mojado.

¿Qué significa esa financiación singular que como una vulgar letra comercial le han pasado al cobro los socios separatistas de Sánchez a cambio de indultarle, en el Congreso, de la presunta corrupción de sus colaboradores más estrechos? Tan sencillo como que la Generalitat recaudará con una agencia tributaria propia todos los impuestos que se paguen en Cataluña, lo que supone un horizonte recaudador de 52.000 millones de euros [El presupuesto total de Castilla-La Mancha son 12.716 millones, para que se hagan una idea] A cambio, se crearía una cuota de solidaridad para contribuir con los gastos comunes del Estado, que todavía no se ha fijado, aunque Puigdemont ya ha advertido que no aprobará su modificación en el Congreso si no es la Generalitat la que decide, unilateralmente, lo que se aportará al Estado una vez recaudados todos los impuestos. En otras palabras: mientras que el Estado se queda con el dinero que recauda en todas las autonomías del régimen común, y luego Sánchez decide cómo se reparte y a quién, la Generalitat de Cataluña se queda con el dinero de sus contribuyentes y luego Puigdemont y su tropa decidirán qué limosna dan a los españoles para los gastos comunes. Ni más ni menos. Principio de ordinalidad lo llaman esta tropa.

En un nuevo ejercicio de cinismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a extender este sistema fiscal a otras comunidades autónomas, supongo que a ver si pica Isabel Díaz Ayuso ( Madrid,  como comunidad con una alta recaudación por IRPF sería también beneficiada) y las otras comunidades perjudicadas le montan a Feijóo la tremolina. La propuesta de Montero es de una insensatez supina, porque España no es un estado confederal ni la Constitución lo contempla, y pasaría por encima de un sistema de financiación común, que sirve para todas las autonomías y en el que se debe contemplar no solo la recaudación fiscal per cápita sino otros parámetros como la extensión del territorio (no cuesta la sanidad lo mismo en Madrid que en Castilla-La Mancha) o el envejecimiento de la población. Cierto es que el actual modelo de financiación, que data de 2009, hace tiempo que se debería haber renovado, pero lo que los estudios más serios nos dicen es que entre las comunidades infrafinanciadas no está Cataluña sino Castilla-La Mancha junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

La financiación singular (y privilegiada) a Cataluña que negocia Sánchez y Montero se haría, por tanto, a costa de la solidaridad con las comunidades menos favorecidas y de romper la caja común. No es de extrañar, por tanto, que Page haya dicho que es el mayor atentado a la igualdad de los españoles que recuerda, y expectantes estamos por saber a qué se refiere con que “no se va a quedar de brazos cruzados”, porque hay ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso; entre ellos uno de Guadalajara.

Si esto sigue adelante, y el soberanismo se vuelve a salir con la suya (Salvador Illa ha asumido el discurso de Junts y ERC a cambio de su apoyo parlamentario), desde el resto de autonomías que no tenemos concierto o financiación singular tendremos que empezar a preguntarnos que si se rompe la caja común y se reduce aun más el principio de solidaridad, ¿para qué nos sirve esta España?

Tengo muy claro para qué le sirve a Sánchez: para llevar seis años en La Moncloa gracias a los votos que recoge en Cataluña y País Vasco, tanto propios como de sus socios separatistas, por un sistema electoral que sobrepondera la fuerza del nacionalismo en el conjunto del Estado. Y así nos luce el pelo al haberse dinamitado los puentes y consensos que nos llevaron a la Constitución de 1978, de la que no van a quedar ni las raspas con Pumpido en el TC.

P.D. Me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo por difundir los nuevos encierros de Guadalajara en Pamplona, pero paralelamente todavía desconocemos los carteles de la Feria de la Antigua, sin contar con que este es el último año de concesión a la actual empresa. El encierro no es un fin en si mismo, sin la lidia de la tarde, y ya sabemos que este año solo hay dos tipos de ferias: en las que torea un Morante en estado de gracia y en las que no. Algún día conoceremos -supongo- dónde está la de Guadalajara.

LA FRASE: “Koldo, Ábalos y Cerdán robaron -presuntamente- a los españoles porque tenemos un sistema político e institucional que favorece a la corrupción…Los directivos públicos dependen de nombramientos políticos para mantener sus cargos y ascender. Su supervivencia profesional requiere servir al partido que los nombra, no al interés público”. LUIS GARICANO (London School of Economics) y Abel Sánchez Trillanes (Universidad de Oxford).