La democracia española, derivada de su Constitución, residencia la soberanía nacional en el parlamento, lo que permite que un candidato que ha perdido las elecciones, como sucedió con Pedro Sánchez en 2023, pudiera ser elegido presidente del Gobierno. Esto es así y es legítimo, vaya por delante. Nuestros constituyentes pudieron haber optado por un sistema presidencialista, como en Estados Unidos o Francia, donde el elector elige directamente a su presidente y le otorga competencias ejecutivas; o un sistema mayoritario en el que los escaños van para el partido más votado -tipo Reino Unido- y no hay premio para los demás. También cabía el sistema proporcional puro, pero la experiencia italiana de la sopa de letras hizo que se optara por la Ley de H’ondt, que es un sistema proporcional corregido en favor de los partidos mayoritarios, y que si bien favorece en teoría la gobernabilidad en el caso español deja las llaves del reino a los partidos nacionalistas y separatistas, que utilizan la política nacional para sus propios intereses. Esto último ha jugado en contra de la igualdad de los territorios, porque incluso con políticos que en teoría no son nacionalistas, como Salvador Illa, reivindican la misma política fiscal que ERC o Junts. Y así sucede que hasta el BNG gallego ya ha pedido una financiación singular para Galicia y salir del régimen común, en el que quedaríamos Madrid y cuatro gatos. Ante este recorrido, ¿por qué el gobierno de Sánchez y Sumar no nos proponen directamente que implantemos un estado confederal en el que cada autonomía se las tenga que valer por ellas mismas, y así yo poder reivindicar que quiero estar en la comunidad de Madrid, porque tendré más recursos?
Pedro Sánchez se acoge a esa soberanía parlamentaria para descalificar a la oposición, pero nos hace trampas. Porque si te amparas en el parlamento para haber impedido la alternancia, luego no puedes gobernar contra ese parlamento que te ha rechazado tres presupuestos seguidos y te ha desprovisto de la función legislativa al haberse caído la mayoría que le eligió presidente. Cuando esto sucede, no hay más remedio que repartir otra vez las cartas y dejar al pueblo español, sujeto de esa soberanía, que proponga una alternativa. Por eso Sánchez pierde legitimidad como el agua en una cesta. Es otra trampa ampararse en la moción de censura, porque nuestros constituyentes nunca pensaron que en aras de asegurar una mayor estabilidad, la moción de censura prevista en la Constitución, que es de carácter positivo (hay que proponer un candidato alternativo) sirviera para que el presidente del ejecutivo abuse del resto de poderes del Estado: el judicial y el legislativo. Pero si no fuera esto suficiente, se le han juntado procesos por corrupción a sus dos más estrechos colaboradores, los números 2 del PSOE que él dirige; y sumarios que devendrán en juicios contra su mujer y su hermano:; o varapalos contra su fiscal general de confianza, cuya sentencia anticipó y al no cumplirse, ha tenido que sumarse a la teoría del lawfare de los separatistas, que descalifica a nuestro tribunal Supremo y al régimen del 78 sobre el que se asienta su mandato y nuestras libertades. Confieso mi desconcierto por su decisión de seguir en La Moncloa a toda costa y no convocar elecciones, porque serviría para liberar presión sobre sus allegados y el PSOE en general. Y aunque arruine electoralmente a su partido en las elecciones locales y autonómicas de la primavera de 2027, que tendrían un sesgo nacional, parece ser el único que no ve que este descalzaperros es insostenible y que no le queda otra que anticipar elecciones y dejar a otro candidato al frente de su partido. Pero esto es lo que hay; y ya sabemos cómo se las gasta el peronismo.
LA FRASE: “Hay responsabilidad política en quien nombra al que comete una acción deshonesta”. JUAN LOBATO, ex secretario del PSOE de Madrid, defenestrado por Pedro Sánchez.
