Yo siempre he tenido a Alberto Ruiz-Gallardón por uno de los políticos con mayor fuste del  Partido Popular. Moderado, transversal, fronterizo, permeable y poco dogmático, como deben ser los políticos modernos, sin lugar a dudas que fue el gran alcalde del Madrid contemporáneo, y aunque no estuviera impregnado de la aureola mística de Enrique Tierno, al que le aburrían la burocracia y los asuntos municipales, su ejecutoria no resiste comparación con ningún otro alcalde, desde Carlos III, claro.

Ruiz-Gallardón cumplió su ciclo en el Ayuntamiento y se pasó a la política nacional, y Rajoy le encargó la reforma de la Justicia, que es algo así como la revolución pendiente de los falangistas, aquella de la que hablaba Girón de Velasco y nunca se sabía ni lo que era ni cuándo vendría. Llevo toda mi vida oyendo hablar de la reforma de la Justicia, pero lo único que sé es que cada vez su acceso a ella es más cara y no por ello ha ganado en eficacia.

Yo no voy a hacer aquí un análisis exhaustivo de lo que pretende el señor ministro de Gracia y Justicia, porque está lejos de mi alcance y posibilidades,  e incluso acepto la mayor: tendrá que tomar medidas antipáticas  para hacerla más eficaz y menos costosa, porque los recursos del Estado dan para lo que dan, y cada vez menos. Pero sí creo que hay que llamar la atención al señor Gallardón, y así lo deberían hacer nuestros representantes políticos, que son antes servidores de los ciudadanos que de los partidos  en los que militan –¡vaya tontería que he escrito!– sobre la repercusión de  algunas de estas reformas.

Me estoy refiriendo especialmente a dos, la supresión de los partidos judiciales de Molina de Aragón y Sigüenza y de las Audiencias Provinciales.

En el último  gobierno socialista ya hubo danzando por ahí un proyecto para fusionar juzgados, y en Guadalajara la idea era refundir en solo un juzgado de los dos que existen en Molina y Sigüenza. Pero luego Zapatero perdió las elecciones, y lo que viene ahora es una reforma con toda su cafeína. El propósito es fusionar los dos y concentrar toda la actividad en los nuevos Tribunales de Instancia de Guadalajara en los que prestarían servicios los 18 jueces que hoy trabajan en Guadalajara, más los dos de Sigüenza y Molina.

Yo no estoy abogando por la vuelta a los tiempos en los que esta provincia tenía 8 partidos judiciales, aunque  por entonces Guadalajara tenía una estructura poblacional y económica más equilibrada, pero los tiempos han venido como han venido y el desarrollo excéntrico de esta provincia en su parte suroeste es el que es, porque Madrid está donde está y no hay darle más vueltas.

Todo eso lo sabemos, pero lo que habría que hacer llegar a Ruiz-Gallardón es que el cierre de los juzgados en las cabeceras comarcales que languidecen en España – estoy hablando de ciudades entre 5.000 y 25.000 habitantes—podría ser el golpe de gracia para unas comarcas que ya lo están pasando muy mal y que no parecen tener un sitio en el mundo que viene. En este sentido, los juzgados de Primera Instancia contribuyeron en su día a vertebrar ese Estado Español, inspirado en el modelo francés, que en mala hora abandonamos para crear ese lío llamado Estado de las Autonomías, y a fijar en el medio rural a funcionarios y profesionales liberales que constituían lo más dinámico de su sociedad. Por tanto, antes de tomar cualquier decisión que desnude todavía más a esas cabeceras de comarca, como Sigüenza y Molina de Aragón, debería responder antes a la siguiente pregunta: ¿De verdad que el Estado se va a ahorrar tanto en cerrar juzgados de primera instancia como para causar un daño tan evidente?

Vean el caso de Molina. Una reforma se va a llevar por delante los talleres de Obras Públicas. Tienen un polígono industrial muerto de risa. Y ahora les quieren dejar sin juzgados. ¿Pero qué clase de mensaje estamos enviando a los que allí viven?  ¿Cómo se puede compadecer el discurso de que hay ayudar al medio rural con medidas que solo contribuirán a desvertebrar más este país nuestro que todavía se llama España?

Reforma de la Justicia, no digo que no. Pero que no siempre paguen los mismos. En ese caso las cabeceras comarcales.

También parece ser propósito de esta reforma liquidar las Audiencias Provinciales. Pues digo lo mismo. Han resistido toda clase de regímenes y gobiernos y ahora parece que sobran, que vale con centralizar todos los recursos en el juzgado territorial de cada autonomía, que en nuestro caso está en Albacete. Puestas así las cosas, para Guadalajara significaría, como nos está sucediendo con la muralla que han levantado sobre los hospitales de Madrid, alejar todavía más a la administración del administrado. Y entonces no tenemos  más remedio que repreguntarnos: ¿Pero qué diablos hace Guadalajara en una autonomía en la que no esté Madrid?

A mí que me expliquen que hemos hechos los tontos de Guadalajara para que el desarrollo del Estado de las Autonomías nos haya situado a la justicia y a la sanidad  más lejos que en los tiempos del oprobioso centralismo. ¡Que alguien me lo explique porque es que me da la risa!

Esto es lo que hay, paisanos.