Ya escribí hace unas semanas que tenía muy poca confianza en que populares y socialistas llegaran a un acuerdo para reformar la Ley Electoral para la elección de los alcaldes. Dejar estas cosas para el final de la legislatura abona la sospecha de que el PP se ve abocado a estos cambios en su propio interés, para conservar un ramillete de glamourosas alcaldías, como pueden ser la de Madrid, Valencia o Sevilla. Pero no es menos cierto  que el fondo de la cuestión, no puede ser más democrático. La elección directa del alcalde

Con la Ley Electoral actual, el elector queda al margen de dos decisiones trascendentales: la conformación  de una mayoría política en las corporaciones locales –no solo ayuntamientos, también diputaciones– de la que por ende dependerá la elección del alcalde, sobre el que nuestra legislación concede numerosas prerrogativas. Por lo tanto es legítimo preguntarse si siendo esto así  es más democrático que ese alcalde y esa mayoría de gobierno se elija por las castas políticas, como diría el europidutado Iglesias,  en oscuros pactos sin luz y taquígrafos, en donde de lo que más se habla es sobre  cómo se van a repartir las concejalías importantes y el número de asesores liberados que va a tener cada uno.  ¿Acabar con este obscurantisto, que tantas veces ha fomentado la corrupción, y dar la palabra al pueblo no es un acto saludable? Yo creo que sí.

Pongamos un ejemplo. No es lo mismo que el  alcalde o alcaldesa de Guadalajara que salga de las elecciones en la primavera de 2015 sea de un partido socialdemócrata como el PSOE y  con una mayoría suficiente, que  este mismo partido necesite los votos de un partido moderado y constitucionalista como UPyD , o que al PSOE solo le valga (descartada de principio una gran coalición a la alemana) un pacto con la  izquierda radical emergente, que da por amortizada a la Constitución y que lo que tiene en su horizonte no es tan solo un cambio de gobierno sino de Régimen, sin saber muy bien todavía  a qué  clase de nuevo paraíso nos quieren conducir.

¿No debería una decisión de este calado ser consultada directamente al cuerpo electoral de una ciudad?

Si la respuesta es sí, los dos partidos de gobierno que impulsaron la Constitución del 78 ( y de cuyo regazo se han caído los nacionalismos que la traicionaron haciéndose independentistas y la actual IU) están obligados a buscar fórmulas de consenso, como se hizo en la Transición, para que todo ese proceso se pueda hacer  sin el ventajismo  que parece alentar la propuesta del gobierno de Rajoy. El Ejecutivo debe explicarse claramente más allá del  mantra de que el alcalde debe ser el cabeza de lista del partido  más votado y el nuevo líder de los socialista, Pedro Sánchez, no puede cerrarse en banda y negarse a hablar de ello, cuando esta es una vieja aspiración del Partido Socialista, porque siempre tuvo a Francia en su horizonte.

¿Y qué hacen en Francia? Pues dar la palabra a los vecinos  en una segunda vuelta cuando ninguna fuerza política ha conseguido la mayoría absoluta en la primera ronda. A ella se presentan los dos partidos que más votos han sacado, pero sin hacer trampas. Para atraer al electorado hacia los partidos que han llegado a esa segunda vuelta nos develan con quién van a gobernar, con qué programa y en quién se van a apoyar; todo a cara descubierta. Y para que no haya luego problemas de gobernabilidad, a la fuerza que gana la segunda vuelta se le otorga la mitad más uno de los concejales del ayuntamiento.  De esta manera, el equipo de Gobierno resultante puede empezar desde el primer día a trabajar por los vecinos y no perder el tiempo, como sucede en España, en gobiernos municipales fragmentados que emplean  la mayoría del día en cambalaches para alcanzar una mayoría en el pleno. Y no les queda tiempo para gobernar.

El Partido Popular debe por tanto aclarar,  de una vez por todas,  que está dispuesto a hablar con el PSOE de esa segunda vuelta  y de cuáles son esos esos mínimos porcentajes a establecer para que el ayuntamiento pudiera elegirse en primera ronda: se habla de un mínimo del 40% de los votos, con una diferencia de un 5% sobre la segunda fuerza votada. Todo ello podría ser objeto de la negociación, y en último caso, siempre pueden tener la referencia de Francia, que no les ha ido tan mal.

Confieso en que tengo escasa esperanza en que este diálogo se produzca entre conservadores y socialdemócratas por la incapacidad habitual para lograr acuerdos de Estado más allá de los vienen dados por nuestros compromisos europeos.

En el caso del PSOE, a su nuevo líder, joven y tierno,  le ha podido venir esto demasiado pronto y parece que no quiere incomodar a posibles aliados de izquierdas (IU, Podemos y  esos partidos nacionalistas que les han llevado al subsuelo electoral en algunas autonomías) en una negociación directa con el Partido Popular. Lo más conservador para Sánchez es dejar las cosas como están, y ya se ocuparán los candidatos socialistas de guisar disparatadas coaliciones electorales en lugar de servirse de la segunda vuelta para afianzarse como la principal fuerza de izquierdas, cuyo papel empieza a ser amenazado.

Y si hablamos del PP, va calando una teoría que se atribuye a Pedro Arriola y a sus mariachis sociológicos y que viene a decir lo siguiente: al PP le viene muy bien que la gente empiece a visualizar que la alternativa a ellos es una especie de frente populista formado por PSOE, IU, Podemos y toda clase de partidos nacionalistas,  que supuestamente nos llevarán a una nueva tragedia griega.

Mi duda es si el PP únicamente se conformará con exprimir este poderoso argumento hasta la extenuación, para recuperar el voto moderado,  si finalmente Pedro Sánchez no se atreve a negociar una reforma electoral asumible para ambos,  y  si al final tal reforma la hace el PP por su cuenta y riesgo, porque mayoría tiene para ello. Entre los populares  y en el propio gobierno parece que hay dudas, y opiniones divergentes, aunque cada día parecen pesar más  los que, como Antonio Román, alcalde de Guadalajara, avisan de que “hay una mayoría parlamentaria con capacidad de proponer y decidir sobre esa modificación legislativa, que espero entre en el parlamento este otoño”.

Una decisión así ya sabemos lo que traerá a medio plazo: más frente populismo y más radicalidad,  más Italia, más Grecia,  y menos Alemania,  menos Francia y menos Reino Unido; en consecuencia,  una quiebra todavía mayor del consenso sobre  el que nació la Constitución más provechosa de la historia española, y que ahora algunos quieren enterrar precipitadamente, como si ella tuviera toda la culpa de las penalidades que nos ha dejado la crisis y como si la solución estuviera más allá de ese nuevo muro de Adriano, donde los bárbaros ya entonan sus danzas guerreras.

Pero esto es lo que hay.