Todos sabemos que Guadalajara es una de las ciudades de España con mayor necesidad de oferta habitacional.  Solo hay que pasarse por una inmobiliaria y preguntar cuántos interesados salen por cada oferta que ponen en sus webs. En Guadalajara se ha vuelto a comprar sobre plano, algo que nunca pensamos sucedería desde el estallido de la burbuja inmobiliaria (que, siempre repito, fue más del sistema bancario español) cuando centenares de grúas formaban parte del paisaje urbano. Apenas una década después, hay promotoras que te exigen estar en una lista solo para darte información sobre una promoción; o que tienen listas de espera más largas que la del médico.

Todo esto ocurre por dos razones: la ciudad de Madrid está expulsando a miles de personas a localidades de su entorno metropolitano, que llega hasta Guadalajara. Y dos: el desarrollo de la ciudad también es endógeno, y si bien dista mucho de ser ideal en cuento a actividad industrial, en la logística y los servicios en general, va como un cohete con iniciativas como la ciudad del Transporte entre Guadalajara y Marchamalo, que creará miles de puestos de trabajo. Pero la realidad es que esos nuevos vecinos, muchos de ellos procedentes de la inmigración, sobre todo latina, tienen que vivir en algún lado y no es deseable que deban recurrir a compartir piso familias enteras para poder pagar un alquiler. Ya no digamos lo que les queda para optar a una hipoteca con los sueldos que se gastan.

A situaciones excepcionales, medidas excepcionales, que se echan de menos en una ciudad como a nuestra. Más ambición.  Solo hay que darse una vuelta por el casco histórico y nos encontraremos con centenares de locales comerciales cerrados, bien como consecuencia de la crisis del comercio minorista, agravado por las nuevas tecnologías, o por sucesiones empresariales que se frustran cuando el dueño (un boomer) llega a la edad de jubilación y sus hijos renuncian a la continuidad de la empresa familiar después de haber visto trabajar a sus progenitores y demasiadas veces con tan precario resultado. Es inconcebible la fiscalidad que soporta el pequeño comercio de las tres administraciones competentes (estatal, autonómica y local) y las pocas exenciones que tienen, porque son una empresa a extinguir. Si hay algo que sobra en Guadalajara son locales comerciales y oficinas; y si hay algo que falta son viviendas. Y me pregunto entonces: ¿por qué es tan limitativa la ordenanza que permitiría convertir esos locales comerciales en vivienda, siguiendo el ejemplo de otras ciudades en el mismo Corredor del Henares? Me explico: con la actual normativa haría falta que el local a reconvertir tenga un acceso directo al portal de la vivienda; que la salida de humo sea directamente en el tejado, y previo permiso de la comunidad de vecinos; y otros requisitos relacionados con volúmenes que sería muy aburrido de relatar en un post. Lo que intento decir es que el ayuntamiento debe de dar una vuelta a este asunto, y como decía Adolfo Suárez acomodar a la ley lo que en la calle es real. Y lo que es real salta a la vista: un casco histórico cada vez con más escaparates cerrados…y más decadente. También por ello cabe preguntarse cuándo va a estar listo ese Plan Especial del Casco, que en principio se pensaba tener para finales del año. O cómo van esos trabajos para la ampliación del Plan de Ordenación Municipal (POM), para lo que hay equipo de redacción encargado, que ya nos debería haber presentado un avance con los criterios sobre el crecimiento urbano de la ciudad y los parámetros que se están manejando. Guadalajara tiene una falta de suelo urbanizado que lastra esa construcción de viviendas; bien es cierto que se debería haber abordado en el anterior mandato municipal de Alberto Rojo, pero eso no es óbice para explicar la lentitud de los pasos que ahora se están dando; y supongo que no es cuestión del trabajo de los técnicos de urbanismo, porque me consta que son competentes. Habría que hablar por tanto de decisión política para diseñar una ciudad a corto y medio plazo que va a superar los cien mil habitantes muy pronto, y que tiene todos los problemas de estar en la conurbación de una gran  urbe, pero también la ventaja de ser una pequeña capital de provincia tirando ya a mediana. Y esto es lo que hay.

LO DE ALMARAZ NOS INTERESA MUCHO.-  Las centrales de Trillo (con licencia hasta 2035) y Almaraz (2027 para su primer reactor) tienen muchos parecidos, empezando porque la propiedad es compartida a través de una SAU que se llama precisamente CNAT Almaraz-Trillo. La principal empresa propietaria de las dos nucleares es Iberdola y ambas comparten otros socios menores. Así que lo que pase en Almaraz nos interesa mucho, por ejemplo la decisión de la empresa de solicitar, con fecha jueves 30 de octubre, la prórroga de su licencia hasta junio de 2030, porque de no renovarse caducaría el 1 de noviembre de 2027. La empresa ha conseguido previamente una mejora fiscal por parte de de la Junta de Extremadura. Los pasos a seguir: un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que sería vinculante en caso de que fuera negativo, pero si la máxima autoridad nuclear no pone ningún reparo técnico a la continuidad de la actividad sería el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, repleto de antinucleares, el que tomaría la última decisión. Y una cuestión muy importante: los plazos. La empresa estima que el punto de no retorno para decidir si se apaga el primer reactor es marzo de 2026, por razones meramente técnicas. Solo hasta entonces Sara Aagesen y Pedro Sánchez tienen tiempo para tomar una decisión que, según los analistas, de ser negativa añadirá riesgos a la estabilidad de nuestro parque eléctrico, dominado por las renovables, y que se apagó el 28 de abril de 2025 sin que el Gobierno diera una respuesta satisfactoria.