El acuerdo entre Junqueras (ERC) y el gobierno de Sánchez ha puesto en pie de guerra a la mayoría de las autonomías del régimen común, aunque en el mejor de los casos se quedará en mera propaganda para el líder de los republicanos y el presidente Salvador Illa, porque me temo les va a servir para poco; si al final no pasa el fielato del parlamento. Sucede que Junts no está por la labor de dar esa baza política a sus rivales separatistas y ya ha avanzado que no les gusta: porque “aunque hay más café es para todos”. Puigdemont no quiere ir con el resto de autonomías españolas ni a cobrar una herencia, porque es un fanático antiespañol, al que le molesta el exhibicionismo de Sánchez y Junqueras anunciando, solo por este último, las tripas del acuerdo en un parking junto al palacio de La Moncloa, y hasta la portada de La Vanguardia dando bombo al asunto: “Sánchez y Junqueras acuerdan que Catalunya reciba 4.700 millones más”.
Como es habitual, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el único barón socialista que se ha atrevido a decir lo que otros muchos piensan pero se callan en el PSOE: que estamos ante un “atropello” a lo que somos como país, como es que los independentistas “decidan cómo se reparte la riqueza de esa España que ellos quieren romper”, por lo que Page antes prefiere que “hablen los españoles, y que lo hagan muy claro”. Es decir, unas elecciones anticipadas que Sánchez no tiene previsto convocar ante el resultado desfavorable de las encuestas: cerca de 200 diputados entre PP y Vox.
Antes de perdernos en las cifras del acuerdo, lo primero que hay que rechazar es la naturaleza del mismo. Porque desvertebra la financiación del Estado y pone a este en almoneda. Todos estamos de acuerdo en que el sistema de financiación está caduco y superado -el actual se aprobó en 2009- pero lo que irrita a Page y a cualquier español que se precie es que su reforma la vaya a negociar Sánchez solo con un partido, que para más inri es separatista, y no con las comunidades autónomas y el Parlamento español, sujeto de la soberanía popular. Una vez más, Sánchez vuelve a poner sus intereses personales (dormir en La Moncloa y hacer uso de su poder, aunque otra cosa es gobernar) sobre los de España, que con esta trampa sienta las bases de un estado plurinacional de naturaleza confederal, que no está en la Constitución, como paso previo al reconocimiento de la autodeterminación de sus territorios; que ésa es la hoja de ruta de los socios de Sánchez. La perla de este invento cocinado por Sánchez y Montero es lo que se llama principio de ordinalidad, que no es otra cosa que ajustar las aportaciones del Estado a lo que recibe vía impuestos de las autonomías, con lo que Cataluña pasa de la novena comunidad a la tercera que más recibe, aunque como este baremo beneficiaría también a Madrid al ser la autonomía que más contribuye a la caja común, la ministra Montero no tiene empecho en declarar que “eso no va a ocurrir”; y se queda tan ancha. Si este principio de ordinalidad se trasladase de la financiación autonómica a la vida diaria justificaría que los que pagan más impuestos reclamaran mejor asistencia sanitaria y una cama para ellos solos en el hospital.
Me resisto a entrar en detalles sobre la aplicación del impuesto en cada autonomía, porque caeríamos en la trampa que nos propone el separatismo con la complicidad interesada del gobierno de España. Algunos podrán decir que Castillas-La Mancha ha avanzado en su financiación por habitante (587 euros) incluso por encima de Cataluña (577), pero olvidan que por la población dispersa en la España vaciada la sanidad y la educación es más costosa que en las autonomías más pobladas. Pues vamos a ir a peor: ahora las comunidades se quedan con el 25% de los recursos y el 75% restante se destina a una cesta común para contribuir a la solidaridad. En el nuevo modelo el sistema será diferente y la aportación a la solidaridad bajará a unos dos tercios del total.
Con independencia de las cifras, el problema de esta financiación singular está en el modelo, que cuestiona al Estado y a su papel de agente nivelador entre sus territorios mediante políticas de cohesión. Page dice que estos argumentos son propios de “la derecha reaccionaria”; tiene razón y por ello debería trasladar su reflexión con más ímpetu a los diputados que tiene más cerca (hay ocho en Castilla-La Mancha, 1 más que todo el grupo de Puigdemont) para que este proyecto singular no prospere en el Congreso de los Diputados. Porque como puntualiza el líder del PSOE regional: “es un ataque frontal a la igualdad”. Pues esto es lo que hay. Un paso más a la deconstrucción de España que lleva el sello de Pedro Sánchez.
LA FRASE: «Hay que resistir a la agresividad neocolonial de algunos y a la tentación de las grandes potencias de repartirse el mundo. Europa no puede aceptar ni su vasallaje ni resignarse a ser una potencia moral impotente. La única alternativa posible es asumir de manera determinada más lógica de potencia para defender nuestros intereses». EMMANUEL MACRON, presidente de la República Francesa.
