«Damos por terminado el curso escolar de forma presencial en Castilla-La Mancha», declaraba días atrás solemnemente el presidente regional, Emiliano García-Page. No lo dijo, pero podría haber añadido que «todos estáis aprobados», porque esa es la instrucción general para toda España salvo en casos extraordinarios, es decir: aquello alumnos que se adelantaron al virus y no pisaban el aula presencialmente, como tampoco lo han hecho luego virtualmente. «Es que mi hijo se aburre», se excusaba una madre.

Es el curso del coronavirus, que no duden tendrá consecuencias en los rendimientos académicos en una educación como la española, que especialmente en ciencias juega siempre la promoción de descenso en la Champions europea. El Covid-19 ha alterado el curso más que otros países, pero lo peor es que las medidas de protección seguramente tendrán que prolongarse al siguiente, porque no hay que descartar que el alumnado no pueda ir todos los días a clase y continúen con la educación a distancia. Ello exige que todos tengan los equipos adecuados en casa, lo que en lenguaje fino se llama reducir la brecha digital. Amén de redoblar la voluntad y el esfuerzo, dos cualidades que no siempre se han estimulado en los últimos tiempos en nuestras leyes de Educación.

Este cierre de aulas, invocando motivos de seguridad, agrava un problema que ya de por sí no siempre las familias lo tienen resuelto. Cómo conciliar trabajo y familia cuando los dos miembros de la pareja trabajan. Y especialmente cuando se terminen los ERTEs y los que puedan vuelvan a su puesto de trabajo. Si antes era complicado ahora lo será más porque las guarderías están cerradas y los ayuntamientos todavía no se atreven a planificar campamentos urbanos y actividades alternativas. ¿Quién va a cuidar de sus hijos si no es posible conciliar entre los padres? En varios países de Europa lo han valorado y han decidido no suspender las clases en lo que aquí llamaríamos Primaria.

Aquí no lo hemos hecho, pero a lo mejor nos pegamos un tiro en el pie si deben ser otra vez los abuelos los que carguen con esta obligación, por ser la población más expuesta: en Castilla-La Mancha llevamos 2.893 muertos y 1.214 de ellos han fallecido en centros sociosanitarios, y en la estadística no están los mayores que han podido morir en casa.

Sí, es cierto, es muy difícil mantener las distancias con los niños pequeños. ¿Pero y en casa de los abuelos? Sin soluciones alternativas, movilizarlos otra vez sería como mandarlos al Vietnam. Esto es lo que hay.

El Ayuntamiento nos comunicará en los próximos días qué piensa hacer con las Ferias de 2020, este año maldito y perdido. Aunque no parece que tenga muchas alternativas; y bien que lo siente mi corazón de peñista de primera hora.

Pero este puñetero virus se ha empeñado en meterse en nuestras vidas y nos está dejando tocados: la salud, la economía y hasta las cabezas. ¿Qué se puede hacer con unas Ferias como las de Guadalajara, que se viven en la calle, y donde el contacto humano es inevitable? ¿Cómo vamos a mantener esa distancia social en espectáculos en los que se aprietan miles de personas empezando por el chupinazo de las peñas y siguiendo por el desfile de carrozas, los conciertos, las corridas de toros, el recinto Ferial con sus puestos de comida y los cachivaches, las verbenas en plazas y en las carpas de las peñas, por no hablar de los encierros con toros de lidia?…”Señor toro, no me apriete tanto”  

 Si repasamos el programa de las últimas Ferias, la mayoría de las actividades programadas chocan con eso que han dado llamar “Nueva normalidad”. Se salva el tenis, el ajedrez, las exposiciones culturales y poco más.

Aunque quedan cuatro meses para el Chupinazo es poco tiempo como para pensar que se vayan a autorizar espectáculos multitudinarios. Porque va a ser difícil contar con una vacuna antes de final de año y luego queda su fabricación masiva: ¿hacia mediados de 2021? Con este panorama, el fútbol con público va a ser difícil que lo veamos antes de la primavera, así como los grandes conciertos, y de los toros me conformo con San Isidro 2021.

Pero no solo está la imposibilidad de conciliar los protocolos de seguridad con los grandes eventos. Hay un motivo mucho más importante. Y es el respeto a los muertos. Cuando sólo en la capital se expidieron en abril 278 licencias de enterramiento de las cuales 204 (el 73%) fueron fallecimientos sospechosos de Covid.  Y en marzo fueron 337 los enterramientos de los cuales el 65% hay sospechas que murieron por coronavirus. Por tanto, cuando estamos hablando de 426 muertos en solo dos meses en la capital por posible Covid-19 sobra cualquier argumento. Sencillamente: ¡no estamos para Ferias!

Sería un gesto de estricta justicia que el pregón se convirtiera en un homenaje a los servicios esenciales que se han jugado la vida en los momentos más críticos y que algún sanitario nos convocara para las Ferias… de 2021.

Por último, que el presupuesto que el Ayuntamiento se iba a gastar en festejos se destinara  a ese Plan de Recuperación Económica del que tan necesitado está la ciudad, que en un abrir y cerrar de ojos nos ha llevado por el túnel del tiempo al inicio de la crisis financiera en 2008.¡Otra vez la misma pesadilla!

Esto es lo que hay: No estamos para Ferias.  Lo siento.

Finalmente solo fueron Guadalajara y Cuenca las provincias de Castilla-La Mancha que entraron en la fase 1. Aunque no acabo de tener claro los parámetros que evalúa esa opaca comisión de expertos, que ni sus nombres conocemos -¿serán del CNI?-, los datos de nuestra provincia así lo acreditan. Ayer habíamos bajado de la cota de los cuarenta ingresados con lo que el Hospital Universitario está recuperando la normalidad, hasta el punto de que para los enfermos de Covid es suficiente con la novena planta. En Ciudad Real o Toledo, aun siendo más pobladas que Guadalajara, hay todavía 177 y 185 ingresados. Como tengo escrito, en Guadalajara se ha hecho un buen trabajo y hasta el ínclito doctor Simón lo reconocía ayer.

Guadalajara merecía pasar de fase y en eso estamos, intentando recuperar el pulso ciudadano y económico, que no va a ser fácil. Ya han visto lo sucedido con los bares, que como tenían que abrir en precario (solo el 50 % de las terrazas y con el interior clasurado), pues en esta primera jornada no ha levantado el cierre casi ninguno. Sí lo ha hecho el pequeño comercio, inquieto por la falta de clientes. Después de casi dos meses escuchando que hay que quedarse en casa, vivimos una especie de Síndrome de Estocolmo y nos va a costar vencer los temores. Que no son solo de salud, sino también económicos. Después de 58 días de confinamiento solo yendo al Súper y a comprar el pan, se nos ha olvidado hasta consumir. Lo que unido a la incertidumbre por lo que pueda venir en economía a eso se le llama deflación. Esto es lo que hay: un síndrome de Estocolmo por el ¡»Quédate en casa»! que habría que cambiar por un «¡Sal a la calle pero con prudencia!»

Pedro Sánchez ha conseguido su cuarta prórroga del decreto de Alarma, pero con un mayor desgaste que en las anteriores. Hay que recordar que la primera vez fue apoyado por toda la cámara excepto por la extrema izquierda de la CUP, que en la más genuina tradición española no se irían con un gobierno de España ni a heredar. No lo saben, pero son unos españolazos de tomo y lomo, por aquello de su secular sectarismo totalitario.Y a esta tropa se han añadido esta vez ERC, Junts per Catalunya y Vox, siempre dispuestos a darnos lecciones de intransigencia y patriotismo barato. Pablo Casado, que había recibido de su entorno mediático y de gran parte de la militancia consejos para que votara en contra y diera una lección a Pedro Sánchez al final optó por la abstención. Pero Pedro Sánchez no solo no fue comprensivo con el dilema de Casado sino que equiparó la abstención con el voto negativo y fue más crítico con él que con el independentismo. Claro que eso lo hizo después de haber apañado una coalición de fortuna entre PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Lo más noticioso: la postura de Inés Arrimadas, que harta de la irrelevancia a la que condujo Rivera a este partido por no haber leído bien el resultado de las elecciones envió el mensaje contrario: «Eh, que todavía existimos». Y como pasa en todo partido bisagra, cada vez que gira a un lado se marchan los que querían que lo hicieran en dirección contraria.

Pedro Sánchez se salvó otra vez por lo pelos y en el último minuto, como agonista de la política que es. Aunque Casado le puso varios ejemplos de cómo en Europa han podido afrontar la pandemia sin estados de Alarma, solo con emergencias sanitarias, parece claro que de aquí al lunes no había tiempo para experimentos. Sánchez salvó los muebles, pero no debería estar satisfecho de lo ocurrido. El día en que la Airef ha publicado unas previsiones económicas que corrigen a peor las del Gobierno, y Bruselas alerta sobre un desplome de la economía española, Sánchez se queda al pairo de una mayoría irrepetible formada por Podemos, Ciudadanos y el PNV -¡como para ir de boda!-, porque sus socios de la moción de censura le han advertido que ellos van a lo suyo, al process: «Ya basta», le espetó Rufián.

En el momento más crítico de España desde la guerra civil, con una economía que viaja por un túnel hasta diciembre que nadie sabe adonde conduce, Sánchez se permite el lujo de despreciar la abstención de Casado y seguir hablando de su «gobierno progresista», como si tuviera 176 diputados en las Cortes y España creciera al ritmo anterior al 15 de marzo.

¿Por cuánto tiempo el Estado Español puede seguir pagando 10,5 millones en prestaciones mensuales solo en Guadalajara y 1.789 millones de euros en toda España sin que los alemanes nos vuelvan a preguntar como en tiempos de Zapatero…?:¿Ustedes van a pedir el rescate o cómo han pensado financiar una deuda que escalará 20 puntos porcentuales, hasta el 115,6% del PIB?

Esto es lo que hay. Si uno no tuviera ya una edad es como para salir corriendo tras la armonía y patriotismo que se ha desplegado esta tarde en el Congreso.

Hoy me toca alarmarme doblemente. Por la situación que vivimos desde que el Gobierno decidió que ya tocaba ponerse con esto del Covid-19, que no sabía muy bien qué es (ver predicciones del doctor Simón de enero) y la necesidad de aprobar el miércoles la cuarta prórroga del Estado de Alarma, ya que al limitar libertades individuales, como es la movilidad por el territorio, al desaparecer cada español podría transitar por España como Pedro por su casa.

Ante esa tesitura, Sánchez advierte a la oposición de que no existe “Plan B”, y no aparenta la más mínima preocupación por lograr esos votos necesarios. Los populares le recordaban que en los últimos  45 días sólo ha llamado dos veces a Pablo Casado y la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado que hace dieciséis días que el presidente no quiere saber algo de ella. Especialmente sangrante es lo de Ciudadanos porque a pesar de los gestos de Arrimadas, Sánchez está empeñado en no dejarse ayudar por un partido al que da por liquidado.

En esa estrategia de Sánchez de jugar al límite, de la que salió ganador en su partido y al que desde entonces dirige con un hiperliderazgo que está más cerca del peronismo que de la  socialdemocracia europea, el premio mayor es ganar por la mano a Pablo Casado, que ciertamente está en un brete. Tiene que decidir entre lo que ampliamente se le pide desde medios próximos al PP y por amplias capas de su partido, partidarios de dar una lección a Sánchez, por su soberbia. Por no hablar de tener que batallar a su derecha extrema con un partido como Vox, que le presentaría como la derecha vergonzante que claudica una vez más ante el gobierno social-comunista. La otra solución es aceptar lo que los cabezas de huevo de La Moncloa llaman ahora “cogobernanza”, o dicho a la pata la llana: o usted, señor Casado, me apoya el estado de Alarma o lo voy a responsabilizar de cualquier rebrote que se produzca en España por el desmadre que llevaría consigo quitar de un golpe las restricciones a la movilidad.

Lo lógico  entre políticos responsables sería pactar esa prórroga de la Alarma  y que esto se zanjara sin vencedores ni vencidos. Pero tal y como juega Sánchez y su socio comunista Iglesias, siempre al órdago, no tengo muchas esperanzas. Llegado este caso, Casado tendrá que valorar la solución más patriótica, que en este caso sería la abstención. Y ambos deberían tener presente que como el pueblo español, después del ejemplo de civismo y disciplina que ha dado mayormente, advirtiera que se ha puesto por encima del interés general el partidismo más sectario, la barrida de la clase política que se sienta en el Congreso podría ser de época. ¡Y solo Dios sabe a qué nos llevaría ese camino, porque el populismo y el autoritarismo se esconde detrás del coronavirus!

Esto es lo que hay: así que mejor piénsenlo dos veces antes de volver a jugar con la ruleta de nuestra salud.                       

Lo más inteligente de largo que he escuchado sobre el Covid-19 ha sido en boca de un alcarreño, el profesor de Finanzas de la IMD, Arturo Bris. Hemos publicado un resumen de la webimar que organizó con él la Universidad de Deusto, así que allí pueden encontrar todos los detalles. El paisano precisa que el desconfinamiento basado en pruebas test, como sucedió en Corea o Alemania, no es posible hasta que se hagan test suficientes y sean fiables. Pensé inmediatamente en ello al ver la intervención, ayer, de Pedro Sánchez para explicarnos las tres fases de desconfinamiento (que en  realidad son cuatro) y que por lo confuso de la exposición me recordó a un discurso de Groucho Marx (¿ningún asesor le va a pasar una comparecencia de Ángela Merkel, que en diez minutos te lo resume primorosamente y lo entiende hasta un servidor, que no sabe alemán?). Así que visto lo visto,  encargué una novena virtual a la Virgen de la Antigua, sabiendo que el primer estudio epidemiológico del ministerio de Sanidad (el que que hace con encargo a las autonomías) empezó ayer y pasarán semanas hasta que tengamos la primera radiografía sobre la incidencia de la pandemia. También recordé otra conclusión de este alcarreño profesor de Yale cuando advirtió a la audiencia internacional que si en cuatro semanas de confinamiento a partir del 11 de mayo se espera que mueran 8.130 personas (290 personas al día) es mejor esperar a iniciar el desconfinamiento. Pues bien, la cifra de muertos, hoy, 29 de abril, ha repuntado ligeramente a 325 y ya superan los 24.000. Dado que estamos 35 muertos por arriba, como segmento de riesgo creí conveniente encargar otro cirio pascual, que da más llama y presencia, y mandar a esparragar -que falta hace- a todo al que me venga con discursos populistas de estilo: “Lo único importante es la salud”. Mentira, si así fuera estaríamos todos confinados hasta encontrar la vacuna, pero eso nos costaría un 50% del PIB, 500.000 millones de euros o 11.500 euros por persona, solo hasta final de año. Así que empiecen por decir la verdad a los ciudadanos, que están demostrando su madurez, no a tratarlos como a niños, y como se preguntó el profesor: ¿Se aducen razones científicas pero en realidad son económicas? La respuesta que dio es: “Sí”.      

Tras la intervención de Sánchez, ayer, hay un presidente de Gobierno que está reconociendo que hay que desconfinar lo más pronto posible, porque España no puede aguantar más al estar ante una recesión de “extraordinaria dimensión” (textual). Pero el problema es que se ha hecho sin haber terminado el estudio epidemiológico que debería ser el vademécum para graduar esa desescalada. Y cuando todavía a estas alturas hay una gran parte de ese «personal esencial» al que todavía no se ha realizado un test ¿?, o están los que presuntamente han pasado la enfermedad en casa y ahora no saben a qué carta quedarse. Por no hablar de los detalles de esas medidas, que están pulidas a hachazos. ¿Cómo diablos se las van a apañar los millones de familias que deben de acudir al trabajo -el que no lo haya perdido- si la escuela Primaria no ha abierto sus puertas, a pesar de que los niños son los menos afectados por el virus? ¿Otra vez se los enviamos a los abuelos, a los que el Covid-19 está diezmando sin piedad, como reconocen hasta las cifras oficiales?

Sería muy prolijo entrar en detalles sobre lo que sabemos, que es todavía poco, de las distintas fases de eso que llaman desescalada, y que se ha iniciado cuando el virus todavía está escalando en contagios y mortandad, por mucho que la tendencia se esté frenando, el sistema sanitario va camino de normalizarse y las altas progresan adecuadamente. En muchos sectores habrá que dar numerosos retoques, singularmente en la hostelería que no ve viable abrir en estas condiciones. También hay serias dudas de que se pueda salvar algo de la temporada turística, entre las restricciones impuestas y el temor de una clientela tan deseosa de salir de casa como preocupada por dónde puede venir el puñetero virus. Otros criterios, como reducir el marco de actuación a la provincia, y establecer cautelas para desagregar alguna comarca de ella tiene todo el sentido. Si algo ha demostrado esta crisis es que las fronteras autonómicas no frenan el virus y que si Madrid y las autonomías limítrofes no se coordinan, la estampida hacia los pueblos del entorno de la metrópoli se podría repetir con las mismas funestas consecuencia que ese día en que Madrid mandó a los alumnos a su casa mientras en Castilla-La Mancha seguían en los colegios.       

Tiene razón el presidente Sánchez en que para esta enfermedad nadie nació entrenado; pero el problema se agrava cuando los planes y estrategias que van al Congreso ni siquiera se consultan a los principales partidos de la oposición -a los que luego se les exige el respaldo-, o en esos comités de asesores en los que hay más políticos que científicos de prestigio. O en vez de reclamar, cuidar y organizar la asistencia de numerosas empresas españolas que están entre las primeras del mundo en capacidad logística y gestión, algunos revolucionarios de opereta se han dedicado a ensuciar su nombre y a presentarlos como “enemigos del pueblo”. ¿Les suena?

Termino con esta reflexión incorporando la de otro alcarreño ilustre, en este caso Nacho Cardero, director de El Confidencial,  sobre esa aversión que tienen algunos por la sociedad civil libre más allá de la pancarta: “Siguiendo el ejemplo de Italia, donde Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone, encabeza el grupo de expertos (gestores, economistas, psicólogos) que asesoran al Ejecutivo transalpino para salir de la pandemia, uno no puede dejar de preguntarse qué hubiera pasado en España si al frente de la gestión de la crisis hubieran estado gestores como José Ignacio Goirigolzarri [Bankia] o Pablo Isla [Inditex] en vez de políticos como Sánchez, Iglesias, Illa o Simón. La ucronía para el lector resulta algo más que sugerente”.

Esto es lo que hay. Dicen que es un plan. Pero sujeto a tantas variables que es como la lotería.  Que también dejó de funcionar. ¿Así como nos va a tocar algún premio?

Llegados a este punto en que la pandemia empieza a estabilizarse, aunque hoy mismo se producían 435 nuevos fallecimientos por covid-19 con lo que son ya 21.717 personas las que han perdido la vida oficialmente a causa de la enfermedad en España, lo que reclama todo el mundo son test para poder dar un paso adelante con garantías. Ya no solo estamos hablando de unas cifras de mortandad escalofriantes, que las televisiones digieren con pasmosa naturalidad, sino que además va emparejada a una crisis económica que tiene también su escalada -en este caso-, en función del tiempo es que tarde en recuperarse la actividad económica. El informe del Banco de España, con una metodología basada en la oferta, advierte que la caída del PIB de este año se situaría entre el 6,6 y el 8,7 % si el confinamiento dura ocho semanas -en función de si la actividad se normaliza tras el confinamiento o a final de año- y en el 13,6 % si dura 12 semanas, un escenario en el que ocio y hostelería no lograrían recuperar la normalidad ni siquiera al cierre del ejercicio.

Ante este panorama han calado hondo las previsiones de los expertos, entre ellos el propio director general de la OMS que para luchar contra el coronavirus lo que ahora hacen falta son test, test y más test. La actualidad de hoy está plagada de demandas de test: los sanitarios, los funcionarios que volverán pronto al trabajo presencial, trabajadores y residentes… A pesar de que llevamos 39 días de alerta, la realidad es que los test escasean y que estamos lejos de países como en Corea del Sur donde se hicieron tratamientos de choque con 22.000 pruebas diarias. En Castilla-La Mancha llevamos algo más de 44.000, en una comunidad que tiene más de dos millones de habitantes, y eso que sus portavoces recalcan que es la región que más test ha hecho en función de su población. Es imposible saber cuántos test se han realizado en España, como tampoco conocemos cuál es la incidencia real de la enfermedad hasta que se haga el anunciado estudio epidemiológico del Gobierno. Pero sí nos consta que incluso a los héroes de verdad que luchan en primera línea (sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos, transportistas, empleados de supermercados, agricultores… todos los sectores esenciales que han seguido trabajando para que España pudiera seguir comiendo y no se desatara el caos) apenas a unos pocos se les ha realizado el test. La gran mayoría siguen esperando. Con lo que si los que están en la avanzadilla de la pandemia todavía no saben si han pasado la enfermedad y cuál es su situación, mucho me temo que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) va para largo. Me lo repite un familiar cada vez que hablo con él y que aparentemente ha pasado la enfermedad en su casa, porque ha tenido todos los síntomas:

-¿Pero a mí cuando ve van a hacer un test para saber si soy o no positivo, y si contagio o no cuando salga a la calle?

De momento, no hay respuesta. Como cuando esta mañana preguntamos a las autoridades sanitarias sobre cuándo estarían en condiciones de hacer test a todos los residentes y trabajadores de centros socio-sanitarios de Castilla-La Mancha. Lo hacíamos al hilo de la decisión del Ayuntamiento de Trillo de contratar test a través de un laboratorio privado para los 121 ancianos y personal de la residencia trillana, de titularidad municipal, y en contra del criterio del Sescam. Pero hay que ponerse en la piel del alcalde de Trillo, que teniendo posibilidad y recursos, haya preferido destinarlos a sus residentes aun a riesgo de parecer políticamente incorrecto ante el resto de ayuntamientos que no están en su situación. Pero esto es lo que hay: Antes está la iglesia que sus santos, se suele decir en el campo castellano.

Por favor: más test.

Lo que a continuación escribo en este post vale también para los nuevos pactos de La Moncloa que según parece quiere (tengo mis dudas) Pedro Sánchez (de Iglesias no tengo ninguna duda, no los quiere), pero a ello ya me he referido en artículos anteriores. Hoy me quiero ocupar de la propuesta de Emiliano García-Page para realizar una versión regional de esos nuevos pactos de la Moncloa, y empiezo por lo que debería ser el final de la argumentación: sí, son necesarios y convenientes, se deberían negociar con luz y taquígrafos en las Cortes regionales, que deben recuperar cuanto antes su actividad plena (¿por qué puede un obrero de la construcción ir al  tajo y los parlamentarios no celebrar un pleno con las mismas medidas de seguridad?) con lo que podríamos estar hablando de los Pactos de San Gil, en honor al antiguo convento que acoge nuestras Cortes regionales.

Jamás Castilla-La Mancha ha tenido una situación tan difícil, la peor desde la Guerra Civil. Es así que el sentido de la propia comunidad autónoma es lo que se pone a prueba; y eso en una región despegada de cualquier nacionalismo, solo se medirá por la eficacia de su actuación ante la doble crisis: sanitaria y económica.

Sí, soy partidario de unos pactos para la reconstrucción que implique  a las fuerzas parlamentarias allí representadas, las administraciones locales y provinciales y los agentes sociales, porque desde que se inventó Castilla-La Mancha dentro de ese complejísimo estado de las autonomías (cuya relación con el Estado deberá revisarse a raíz de lo ocurrido), jamás ha tenido una situación tan difícil, la peor desde la Guerra Civil. Es así que el sentido de la propia comunidad autónoma es lo que se pone a prueba; y eso en una región despegada de cualquier nacionalismo al margen del español, solo se medirá por la eficacia de su actuación ante la doble crisis: sanitaria y económica.

Primero nos toca terminar de abordar la gestión de una pandemia, que cogió a su gobierno de manifestación, y a todas las administraciones sin la preparación adecuada. A todas. Ello ha llevado consigo grandes dosis de improvisación en unos primeros momentos al comprobar cómo la cuarta economía de Europa carecía de las mínimas reservas estratégicas de material sanitario. Y así nos ha ido con la escalada de contagios. La parte positiva es que los españoles improvisamos bien (ahí está el caso del IFEMA en Madrid o la notable reconversión que se hizo en el Hospital de Guadalajara para que no se colapsara) , y en un corto espacio de tiempo las administraciones se han ido haciendo con las riendas de la crisis y aunque esto va para muy largo (hasta que no se generalicen los test rápidos y finalmente se encuentre la vacuna), el número de ingresos en los hospitales ya es más bajo que el de las altas. Pero aun así, las administraciones (especialmente la autonómica) deberán seguir incrementando la factura sanitaria (en Castilla-La Mancha se han contratado a unas 4.000 personas), porque los hospitales se irán normalizando y los profesionales sanitarios que pasaron a formar partes de equipos multidisciplinares con la crisis tendrán que ir regresando a sus consultas, que fueron suspendidas, con lo que no quiero ni imaginarme hasta donde llegarán las listas de espera si no se establecen unos contundentes planes de choque. Por no hablar de que si hay que parar alguna inversión (o mejor algún gasto ordinario), es a costa de relanzar obras como las del hospital de Guadalajara, que la crisis ha demostrado ser insuficiente para atender una emergencia.

Todos queremos que de esta salida de la crisis nadie se quede fuera, pero para ello hay que olvidar cualquier tentación populista y recordar que cualquier dinero público ha sido antes privado, porque proviene de los impuestos de empresas y trabajadores.

La consejera portavoz, Blanca Fernández, se refirió recientemente a que con este Plan de Reconstrucción se quieren blindar los servicios públicos, porque no se puede volver a los recortes ni en sanidad, ni en bienestar social, ni en dependencia, extremos con lo que todos estamos de acuerdo y especialmente porque esta crisis ha castigado con crueldad a nuestros mayores, con lo que lo primero que habría que revisar son todos los protocolos que existen en las residencias sociosanitarias españolas. El último dato de mortandad que aportó el consejero de Sanidad al sumar los sospechosos con los fallecidos oficiales por COVID-19 es escalofriante: 1.573 muertos, hasta hoy.

Todos queremos que de esta salida de la crisis nadie se quede fuera, pero para ello hay que olvidar cualquier tentación populista y recordar que cualquier dinero público ha sido antes privado, porque proviene de los impuestos de empresas y trabajadores. Y si se derrumba la recaudación no hay manera de garantizar nada.  En ese sentido habrá que perfeccionar más las medidas ya esbozadas para que los autónomos y pequeñas empresas puedan levantar el cierre cuando se levante el estado de Alarma, y no digamos de los sectores como bares, restauración y turismo, porque nadie sabe cuándo podrán hacerlo y en qué condiciones. No olvidemos que la crisis que va a golpear a todo el mundo, y especialmente a Europa, en España se agrava por el gran peso del turismo en el PIB (12,3%, se generaron 2,62 millones de puestos de trabajo, el 12,7% del empleo total según datos de 2019), lo que necesitará de la UE de ayudas específicas. Para todo hace falta dinero, y el asunto es que sería un disparate fiarlo solo a la emisión de deuda, porque acabaríamos como Argentina, sin poder pagarla. Solo en Castilla-La Mancha la portavoz se refirió a que se establecerá una dotación económica que supera los 220 millones de euros, la mitad de los cuales, algo más de 110 millones de euros, recae sobre los presupuestos regionales de este año.

En Castilla-La Mancha se han llegado a perder en 15 días de marzo 12.271empleos y todavía no sabemos cómo cerrará abril. Y hay 78.613 personas afectadas por ERTEs, de los cuales 8.176 son de Guadalajara.

Corresponde al Gobierno regional traer a la negociación la arquitectura de ese Pacto para la Recuperación, después de unas rondas preliminares con los potenciales firmantes. Y a los demás exigir que ese compromiso económico se refleje en el Presupuesto de 2020, que será necesario reformar, así como partidas que llegarán hasta el último presupuesto de la legislatura.

El panorama es suficientemente grave como para que nadie cuestione la necesidad de llegar a acuerdos sobre cómo podemos enfrentarnos a este cuadro económico que nos deja la pandemia con los menores daños posibles. Y aunque en Castilla-La Mancha hay un gobierno con mayoría suficiente como para aprobar cuantas leyes estime oportuno, se estaría mandando un esperanzador mensaje de unidad si lo hiciera con el respaldo de los partidos políticos y de su sociedad. Page tiene una ventaja: en San Gil se quedaron fuera los partidos frentistas en los que no está en su ADN los pactos trasversales, por lo que no debe dejar pasar la oportunidad. Tampoco los partidos de la oposición deberían asumir papeles que no se corresponden con fuerzas políticas moderadas. Quien crea que se puede sacar rédito de una crisis tan profunda se equivoca: pero si hay alguien que puede beneficiarse son los extremos, los que cuestionan la Constitución de 1978, como ocurrió en la Alemania de los años treinta tras la hiperinflación de la República de Weimar o antes con en el declinar de la Rusia zarista.

Corresponde por tanto al Gobierno regional traer a la negociación la arquitectura de ese Pacto para la Recuperación, después de unas rondas preliminares con los potenciales firmantes. Y a los demás exigir que ese compromiso económico se refleje en el Presupuesto de 2020, que será necesario reformar, así como partidas que llegarán hasta el último presupuesto de la legislatura. Esta demanda de la oposición es perfectamente lógica, como que los pactos profundicen también en materia fiscal para que las ayudas sociales no sean a costa de políticas activas de empleo. Porque estaríamos haciendo lo de Abundio y sus famosos cordones. También la oposición debe entender que este no es el momento para comisiones de investigación (y con ello no estoy diciendo que descuide sus tareas de control del gobierno), pero ahora el Gobierno regional no debe perder un minuto en pensar cómo salimos de esta. Y cuando lo consigamos ya tendremos tiempo de exigir responsabilidades en comisiones no solo que aborden la eficacia de los gobiernos sino cómo podemos aprender de países como Finlandia (que tiene reservas estratégicas útiles en las ciudades más importantes) o qué clase de industria nos ha quedado en España que hay que ir a China hasta para comprar una mascarilla que no vale ni medio euro. La salud y la economía de España no se puede comprar en un chino del todo a cien. Con todo mi respeto para ellos, porque no engañan a nadie.

Esto es lo que hay. ¿Seremos capaces en Castilla-La Mancha de establecer el marco menos malo para salir de esta pesadilla? ¿O jugamos a Tebas y Rubiales, como en el fútbol?

Cuando a principios de enero empezaron a llegar los primeros signos de que el exótico virus COVID-19 que se extendía por China amenazaba en acabar siendo una pandemia global comentamos en casa la posibilidad de comprar guantes sanitarios de goma y mascarillas de protección, pero al final no lo hicimos porque no queríamos convertirnos en unos compulsivos acaparadores. Por entonces, yo todavía me fiaba más de los portavoces oficiales, y recuerdo una intervención del doctor Fernando Simón, el director del centro de Emergencias del ministerio, que en un primer momento minimizó la capacidad de contagio del virus [«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado»], e incluso semanas después, justo un día antes de la manifestación del 8-M, que yo cubrí para Guadalajara Diario, preguntado si recomendaba no asistir, lo dejó al buen criterio de cada cual. No fue Simón, más político que médico, el único que nos confundió: la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía rechazaba en un informe fechado el 30 de marzo, casi ayer, el uso de las mascarillas por parte de la población sana que no esté en contacto con pacientes. Y no fue hasta que se declaró el estado de Alerta cuando, ingenuo de mí, fue a preguntar a una farmacia por las mascarillas.

-Hace mucho tiempo que no disponemos de ellas-, me respondieron.

-¿Y guantes protectores?-, pregunté.

-Tampoco, lo siento. Solo le puedo servir higienizante de manos.

Fueron pasando los días y esos mismos portavoces empezaron a cambiar su discurso. El 3 de abril, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía que el Gobierno está barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle, si bien se curaba en salud al añadir que todavía no puede confirmar si se va a adoptar esta medida. Y ese mismo día, todo me quedó meridianamente claro al ver a Pedro Sánchez luciendo una mascarilla en su visita a una de las pocas fábricas españolas de material de protección, después de haber decidido encomendar nuestros servicios esenciales a China. Y era el presidente Sánchez el que afirmaba, sin inmutarse, que el Gobierno garantizará la provisión de mascarillas y geles hidroalcoholicos, y «controlará que no haya un aumento del precio». A partir de entonces, terminaron las mentiras piadosas con las macarillas, para que no nos preocupáramos por carecer de ellas, y ya se admitía la conveniencia de su uso. Y el día 6 de abril, se publicaba una Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónicas y Personas Mayores en situación de confinamiento con las pautas para utilizarlas. Y cuatro días después, el 10 de abril, ese gran filósofo que es el ministro de Sanidad descubría en público la pólvora: aseguró que el Gobierno de España recomienda el uso de mascarillas reutilizables en los trayectos para desplazarse a los puestos de trabajo en los que pueda haber aglomeraciones, y por eso las distribuirá a partir del lunes de Pascua en estaciones de metro y cercanías. En Guadalajara, ayer y hoy el gobierno de España está repartiendo 54.000 mascarillas destinadas fundamentalmente a aquellos trabajadores que tengan más complicado mantener la distancia de seguridad en sus desplazamientos por motivos laborales. Y el gobierno regional ha anunciado la compra de casi 22 millones de mascarillas. Teniendo en cuenta de que la mayoría de las mascarillas que se reparten no son reutilizables, que en Guadalajara somos 254.000 habitantes y unos 2 millones en Castilla-La Mancha, y que esto va para muy largo nos van a hacer falta todavía algunos millones más de mascarillas. La buena noticia es que se anuncia para esta semana la llegada de nuevo material a las farmacias.

Si hay suerte, a lo mejor podré dejar de usar cuando salga al Mercadona la mascarilla de tela que nos fabricamos en casa por creer a los piadosos portavoces del Gobierno; y no acaparar. Nos la confeccionamos con un pañuelo que ponía Sierra Nevada, y cada vez que me la pongo (después de haberla lavado), me evoca tiempos mejores como son ver Granada desde el Veleta y no digamos ya si miras atrás y te quedas extasiado con el Mulhacén (3.482 metros), el pico más alto de la península ibérica, uno de los más genuinos paisajes invernales de España. El día que salgamos enterraré mi mascarilla en Sierra Nevada. O mejor la quemo. Esto es lo que hay por hoy.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró ayer en el Congreso su llamamiento a unos nuevos pactos de La Moncloa: “Todos estamos llamados a esos pactos. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy», enfatizó tras precisar que en ellos deberían participar, además de las fuerzas políticas, los agentes sociales y las Comunidades Autónomas. ¿Tiene algo que ver la crisis actual con la que dio lugar a esos pactos de La Moncloa firmados el 25 de octubre de 1977? Sí en una cosa, y no en todas las demás.

¿Está el gobierno de Sánchez, en el que se integran los neocomunistas de Podemos, y con unos socios de investidura que ni tan siquiera apoyan el estado de alarma, porque les molesta ver un soldado montando un hospital de campaña, en condiciones de afrontar la crisis más profunda desde el crash bursátil de ese Jueves Negro de 24 de octubre de 1929 en Wall Street que terminó en la Gran Depresión?

“Sí”: Los pactos de la Moncloa se firman para atajar una crisis económica desencadenada por una inflación galopante, que llegó hasta el 27%. La peseta había perdido el 30%  de su valor, el crédito estaba estrangulado y hasta los préstamos oficiales para vivienda protegida se daban al 15%  de interés como media. En plena Transición, con un gobierno de Adolfo Suárez con poco margen de maniobra (165 diputados), había serio riesgo de identificar democracia con ineficacia en la gestión de las cuentas públicas, con amenaza de involución. Suárez tuvo muy claro que los avances que se daban para la construcción de un nuevo estado democrático no eran compatibles con una inflación y un paro disparado y así lo entendieron los partidos de la oposición. Aunque el PSOE de Felipe González (118 escaños) llegó a la negociación reticente, porque no quería potenciar el papel del PCE (20 escaños) de Santiago Carrillo, al final firmó los pactos y con él la UGT de Nicolás Redondo, que tenía la misma prevención con las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho. Pero se impuso la responsabilidad y el patriotismo, hubo pactos de Estado, la mala deriva económica se frenó y se pudo proseguir en la tarea ya iniciada de elaborar la Constitución, que se aprobó por clamorosa mayoría un año después. Los pactos de La Moncloa fueron la alternativa a la formación de un gobierno de concentración nacional para abordar una crisis que se podía llevar por delante la Transición. Ahora, la crisis del coronavirus es todavía peor, porque el parón en la actividad económica amenaza a decenas de miles de pequeñas empresa y autónomos, que no tendrían músculo para levantar el cierre tras cesar la Alarma, con un apoteósico aumento del paro (hasta el 35% hablan algunos economistas). Inevitablemente, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿Está el gobierno de Sánchez, en el que se integran los neocomunistas de Podemos, y con unos socios de investidura que ni tan siquiera apoyan el estado de alarma, porque les molesta ver a un soldado montando un hospital de campaña, en condiciones de afrontar la crisis más profunda desde el crash bursátil de ese Jueves Negro de 24 de octubre de 1929 en Wall Street que terminó en la Gran Depresión?

“No”. Son varias las diferencias entre 1977 y 2020, pero especialmente dos. La primera de orden técnico: Suárez, que de economía sabía lo justo, más o menos como Sánchez, tuvo el gran acierto de poner de vicepresidente Económico con mando en plaza a uno de los catedráticos más prestigiosos de la universidad española: Enrique Fuentes Quintana. Y este de rodearse de economistas de fuste como Manuel Lagares, José Luis Leal o Blas Calzada, para elaborar la arquitectura de los pactos que fue presentada a la negociación. ¿Podría Sánchez hacer algo así, o de lo que se trata es simular que se negocia, de hablar del sexo de los ángeles, lo que se refirió Casado como “trampantojo”?   Quien debe mover ficha es el presidente del Gobierno, como hizo Suárez en 1977, y para ello tendría que buscarse a su Fuentes Quintana. Para empezar.

La segunda, y esencial diferencia entre aquellos y estos nuevos tiempos alarmados, es que en 1977 las fuerzas políticas y sociales tenían claro que sin estabilización económica la Transición peligraba, por lo que echaron toda la carne en el asador. Y para ello era necesario negociar hasta que se les cayeran las pestañas. Aquellos partidos demostraron un gran sentido de Estado, lo que en Francia llamarían simplemente patriotismo, y con la redacción de la Constitución en sus primeros pasos tuvieron una gran capacidad de hacer políticas trasversales. Pero para lograr esos consensos era necesario actuar con moderación, y en ese primer parlamento fue una fortuna que los partidos extremistas se quedaran fuera o tuvieran un mínima representación. Ahora, la derecha y la izquierda radical, que cuestionan partes esenciales de la Constitución ocupa una cuarta parte del parlamento; e inevitablemente contaminan su espacio más próximo, comprometiendo a la actuación de socialistas y populares con sus políticas frentistas. En el primer caso, porque tienen al adversario ideológico sentado en el Consejo de Gobierno y tramando tretas para salir ideológicamente reforzado de esta crisis queriendo dirigir ese gran camelo que es la renta garantizada, como si el Estado Español tuviera más recursos que los países nórdicos y Alemania. ¿O de lo que se trata es de montar un trampantojo y reunificar todas las ayudas de emergencia para que las gestione el vicepresidente Iglesias? ¿Y qué podemos decir del PP de Casado?. ¿Qué márgenes tiene para la negociación de unos pactos con 52 diputados sentados a su derecha extrema, que no han aprobado ni la prórroga de la Alarma,  y esperan cualquier fallo para convertirse en la alternativa a Pedro Sánchez?

Esto es lo que hay. En el momento más delicado desde la Guerra Civil, España tiene el parlamento más complicado para llegar a unos nuevos pactos de Estado y la generación de políticos más inexperta. Si fuera una partida de cartas, sería cuestión de barajar de nuevo y repartir. Porque la legislatura está muerta con un gobierno que todavía está funcionando con los Presupuestos de Montoro, a quien deberían poner una estatua en la biblioteca del Congreso.  La única alternativa: que los moderados, los que no hicieran del enfrentamiento y de las dos Españas su forma de hacer política, llegaran a un acuerdo sobre los instrumentos esenciales para que la crisis no se desborde y comprometa hasta el propio sistema democrático con el auge del populismo. Un pacto que requeriría de un compromiso para ir a las urnas tan pronto como la crisis sanitaria empiece a ser superada.