José Ignacio Echániz protagonizó ayer la esperada firma del convenio para asistencia sanitaria con Aragón, y que zanja la anormalidad con la que han vivido los pacientes de la sanidad pública de los municipios de la raya de Guadalajara con Aragón, por el mal encaje de nuestro estado de las Autonomías, y de la provincia de Guadalajara en particular.

Como ha sido público y notorio, algunos pacientes de los pueblos más alejados del Señorío de Molina han tenido que perder días enteros en pasar consulta de especialidades en Ciudad Real u otros hospitales de la región, con “excursiones” de hasta 1.000 kilómetros de ida y vuelta. Con el convenio que se ha firmado, como ciertamente recalcó el consejero Echániz, ya hay seguridad jurídica de que esta atención se producirá, o bien en el hospital de Calatayud para los municipios del Valle del Mesa, o en el hospital de Teruel para el resto de las 28 localidades beneficiadas. En caso de que necesitaran atención más especializada irían al hospital de Zaragoza.

El convenio citado restituye así unos “derechos adquiridos” por estos municipios que siguieron siendo recibiendo asistencia en la sanidad aragonesa cuando el Estado traspasó las competencias a las comunidades autónomas. Pero lo que antes parecía de sentido común, es decir, que las personas fueran atendidas en la sanidad pública con independencia de su origen autonómico, se acabó truncando en una pesadilla al disminuir el fondo de Cohesión que compensaba esta atención sanitaria. Cada autonomía decidió pagarse su atención y esto ha dejado con las posaderas al aire a los miles de usuarios de Guadalajara y parte de Toledo, especialmente, que acudíamos a menudo a hospitales de la comunidad de Madrid cuando no se podía en el de Guadalajara.

Echániz ha resuelto lo de Aragón, porque a fin de cuentas era lo más sangrante, pero también lo más fácil de cuadrar presupuestariamente: son solo unos 2.000 pacientes. Queda pendiente el convenio entre Castilla-La Mancha y la comunidad de Madrid, que son palabras mayores porque estamos hablando de unas 300.000 personas entre el resto de la provincia de Guadalajara y el corredor de la Sagra Toledo.

Cospedal y Echániz tienen que aplicarse en ello, o tendremos que decir lo que sostiene el ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo: “Fue un error que el Estado transfiriera Educación y Sanidad. Yo las recuperaría”.

De no lograrse, el descrédito de la Autonomía en esta provincia adquiriría cotas muy peligrosas. Todavía más.

Esto es lo que hay.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara se apuntó un buen tanto develando al vecindario de esta ciudad un trascendente proyecto que el actual equipo de Gobierno tiene entre manos, hasta tal punto de que se ha gastado ya unos 60.000 euros en una asesoría externa que se encargará de elaborar el pertinente informe jurídico y el pliego de condiciones del citado contrato. Los socialistas se mostraban airados por las condiciones de “secretismo” sobre las que se estaba gestando el citado contrato, e incluso iban más allá en sus especulaciones al decir que “alguien va a sacar tajada de esto”.

Al día siguiente, el alcalde Antonio Román, confirmaba la mayor de la información brindada por el Grupo Socialista. El Ayuntamiento ha encargado asesoría externa para estudiar la gestión conjunta de distintos servicios municipales, que hoy llevan a cabo diferentes empresas en orden a lograr una mayor eficiencia y un menorr coste de los citados servicios. Una explicación razonable sobre la gestión en multiservicio que avanza entre los ayuntamientos españoles, con independencia de su adscripción ideológica. El más cercano, Azuqueca de Henares, del actual líder provincial del PSOE, Pablo Bellido, quien en la presentación del nuevo servicio de “wellness”, que una empresa privada promueve en las instalaciones municipales de la piscina, reconocía ante los medios de comunicación: «Antes había cinco empresas trabajando en la piscina, desde que planteamos el cambio de modelo a través de la gestión conjunta, hemos logrado una ahorro de casi 4,5 millones de euros para los vecinos, impulsando al mismo tiempo una transformación en cuanto a instalaciones deportivas municipales sin precedentes». Palabra de Bellido.

Se apresura, por tanto, la portavoz socialista, Magdalena Valerio, al criticar la filosofía del proyecto municipal de concentrar los servicios, y ya no digamos por avanzar juicios sobre el resultado del mismo: «Pierde la ciudadanía, pierde el Ayuntamiento y pierden los trabajadores que actualmente prestan estos servicios municipales en las empresas especializadas que los tienen adjudicados, pero alguien saca tajada”, sugirió.

Pero dicho esto, también debo añadir que entiendo el enfado de Valerio por no haber sido informada de las pretensiones del equipo de Gobierno, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un contrato de unos 300 millones de euros y de una vigencia de unos 15 años. Con lo que si se cumplen los periodos de alternancia política que son habituales en esta ciudad, es muy probable que también afecte a un futuro gobierno municipal socialista, solo o acompañados.

Razonable, por tanto, el propósito del Ayuntamiento de concentrar la gestión de las distintas empresas municipales, en base a lograr sinergias y una mayor eficiencia, pero mal los procedimientos seguidos, hasta ahora, tanto en lo informativo –es la oposición la que informa a la ciudad de lo que hace el equipo de Gobierno- como en la gestión previa de dicho proyecto. Es más cansado, ya lo sé, pero Román debe trabajar especialmente por logar un consenso con la oposición al tratarse de un contrato de larga duración, y no abusar de su actual mayoría absoluta para imponer los criterios de un tema, que por otro lado está bien pensado. Porque una cosa es la mayoría, legítima, conseguida en las urnas, y otra diferente la prepotencia que se gastan algunos concejales de este ayuntamiento. Porque así se empiezan a perder las elecciones. Como la historia nos tiene enseñados.

Esto es lo que hay.

Debo de confesar, aunque sea políticamente incorrecto, que soy aficionado a los toros. Puede que un aficionado un tanto antiguo, porque creo que los primero en la plaza es el toro, y desconfío por naturaleza de los taurinos, pero no soy de esos talibanes que van por ahí exigiendo prohibiciones, ahora de los toros, mañana ya veremos lo que se les ocurre. También reconozco que me gustan los encierros, que los he corrido en mis años mozos, y es obvio que son parte esencial de la popularización de las fiestas que se dio en nuestra ciudad en los primeros años de la democracia. No hacen falta más explicaciones.

Aclarado esto, ahora tengo que añadir que no quiero que el Ayuntamiento me pague los toros. Ni aunque sea un poquito. Ir a los toros a una plaza en donde hay una taquilla y una empresa que la explota, forma parte del ámbito privado, y no debería destinarse ni un solo euro público en su gestión. Y digo lo mismo de un concierto, como los que vienen a Guadalajara en Ferias. Los ayuntamientos «socialdemócratas» de este país, con sus subvenciones, han contaminado el mercado musical (y taurino) español, hasta el punto de que artistas y toreros cobran por encima de su caché, algo que sólo lo debería marcar el público y el mercado. ¿Cuándo debería cobrar Joaquín Sabina? ¿O Morante? Pues lo que el público asistente a sus conciertos esté dispuestos a pagar por ello. Pero si los ayuntamientos asumen una parte de ese caché, aunque sea en forma de pérdidas, artistas y toreros nunca sabrán de verdad cuál es su cotización. A eso se llama adulterar el mercado desde lo público. Y en Estados Unidos sería un delito.

No quiero que el Ayuntamiento me pague los toros; o la música. Lo digo a propósito de que este año nos vamos a gastar en Guadalajara unos 49.000 euros más en toros, al poner en el mismo paquete el montaje de los encierros y la Feria Taurina. ¿Por qué? Supongo que porque pensarán que así habrá más interés de las empresas en quedarse con la plaza para esta Feria. Atrás quedan otros tiempos en los que las empresas pagaban un canon por quedarse con la plaza y encima se hacían cargo del montaje de las talanqueras y de los toros de los encierros. Ahoya ya no solo no pagan por la plaza, sino que encima daremos a la empresa que venga 109.000 euros. Insisto: no sé si será ético. Pero desde luego estético no lo es. Y así lo entienden los lectores que están votando en la encuesta de GuadalajaraDiario.

Desconozco cuál será el futuro de la fiesta de los toros, porque son varias las amenazas que se ciernen sobre ella, pero estoy seguro de que no serán los antitaurinos los que la den la puntilla. Alterar artificialmente el precio de las cosas desde las instituciones, supuestamente para apoyarla, es una malísima solución. La fiesta de los toros no se tiene que apoyar en muletas públicas, porque luego llega la crisis, se retiran las muletas y se pega de bruces con el suelo. Y esto es lo que sucede ahora desde que los ayuntamientos dejaron de copatrocinar las corridas: el número de festejos ha bajado de forma espectacular.

No están ahora los ayuntamientos para financiar cachés de toreros, ni de músicos famosos. Que sea el público, es decir el mercado, el que ponga el precio. Y que el Ayuntamiento destine nuestro dinero a lo más urgente, a mejorar sus políticas de empleo y a reducir la presión fiscal, ese ADN liberal a decir de Esperanza Aguirre y que tan difícil es de encontrar en el actual equipo de gobierno.

P.D. Hay algunos que han metido en el mismo saco el aumento del gasto en el capítulo taurino (esos citados 109.000 euros), con los nuevos corrales. Estos nuevos corrales no son un gasto sino una inversión, ya que se amortizarán en cuatro años y permitirán manejar a los toros sin el peligro que se corría con los viejos de quita y pon. Cada cosa en su sitio.

Esto es lo que hay.

En Guadalajara gobierno y oposición municipal tienen montado un debate con aires de ateneo sobre qué estigmatiza más, si que las familias con problemas vayan a recoger la ayuda alimentaria a un local del Ayuntamiento, como defiende el PP,  o  que sean los propios niños los que reciban esos desayunos o suplementos alimentarios en el colegio.

Pues bien, yo creo que ambos tienen razón. Estigmatiza y seguro que les da vergüenza a esas familias que algún día fueron de clase media y que ahora tienen que hacer cola frente a un local municipal para recibir medio litro de leche al día y algunas bolsas de galletas. Y estigmatiza que los alumnos de un colegio tengan que dejar a sus compañeros habituales y marcharse a un aula aislada a recibir el suplemento alimentario que se supone no les dan en su propia casa. En los colegios se sabe todo y esas aulas pronto serán los comedores de los pobres. Y puede ser cruel.

Me parece más completo el programa alimentario que hay en Azuqueca, también más costoso para el Ayuntamiento. Y me gusta sobre todo que junto al bocadillo de la tarde haya clases de refuerzo. Lo mejor. Pero  también creo que entre un estigma y otro, los adultos tienen más capacidad de sobreponerse.

Y otra cosa más, muy importante a mi juicio. Los centros escolares tienen capacidad para detectar si un niño está bien o mal alimentado, pero escasa para investigar si esa falta de alimentación proviene de un problema económico o por una mala organización familiar. Esa es tarea de los trabajadores sociales. Estos programas tienen que saber discriminar sobre quiénes los reciben, para que nadie piense que es obligación del ayuntamiento dar de desayunar y merendar a todo hijo de vecino. Porque se levantarían ronchas entre los demás padres.

Está bien que los ayuntamientos tengan estos programas de asistencia para situaciones de emergencia. Y nos debería llevar a la reflexión cómo hemos podido llegar a una situación como la presente, en que 187 niños y niñas de Azuqueca y 250  de Guadalajara tienen que recurrir al Auxilio Social, como en la posguerra.Pero todavía sería más importante empeñarnos  en  salir  minimamente unidos de esta  postración y no repetir errores y políticas fracasadas.. De los dos.

Porque el peor estigma es el paro. No lo duden.
Esto es lo que hay.