Algunos aventureros que en la política española amenazan con contagiar a todo el sistema nos quieren hacer creer que la Ley es algo superfluo que se aplica solo si conviene, olvidando que un Estado que no cumple con el la Ley y el Derecho acaba convirtiéndose por extensión en una dictadura, porque el Ejecutivo se sitúa caprichosamente por encima de cualquier norma. Se empieza por desobedecer la Ley y no se pone el retrato del Jefe del Estado, como ha sucedido en los ayuntamientos de Barcelona o Cádiz, y se termina por ignorar que existe una Constitución, que nos obliga a todos mientras no la cambiemos. Son síntomas del mismo mal.
En Cataluña, Artur Mas, posiblemente el político más irresponsable que ha dado la historia del Principado, ya ha dicho que si las elecciones del 27-N terminan con una “mayoría suficiente y necesaria” para los intereses independentistas él y sus legiones pondrán en marcha un proceso que culminaría con una periodo máximo de 18 meses con la convocatoria de unas elecciones parlamentarias constituyentes, que promoverían la Constitución del nuevo Estado catalán.
Al señor presidente de la Generalidad de Cataluña, que lo es es base a la Constitución Española de 1978, le importa un bledo saltarse a la torera nuestra Carta Magna, porque como nos ilustra el conseller de Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, hay que ignorar la legalidad española si choca “con el mandato democrático del pueblo de Cataluña”. Como escribía recientemente el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, que las autoridades catalanas vulneren el derecho ante la complacencia general ya forma parte de la normalidad catalana, no es noticia. Porque los sectores influyentes de esa sociedad –sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes, mandarines culturales o presidentes del Barça- están de acuerdo con quienes incumplen la Ley o se mantienen comodamente callados.
Es situación reiterada de incumplimiento de la Ley española en Cataluña, y la falta de respuesta del Estado es lo que nos ha llevado a la situación más grave desde que se aprobó nuestra Constitución. Dejamos pasar el agua y nos ha traido estos lodos. Si Más, Junqueras o el abad de Monserrat proclaman la independencia desde el balcón de la Generalitat, como hizo Maciá, el asunto no va más allá de esa política efectista de gestos, que tanto gusta a los nacionalistas. Porque no les reconocerían ni en Andorra. Pero el problema vendría al día siguiente cuando ese nuevo gobierno, si llegara a triunfar, se pusiera en esa tarea de desencajar Cataluña de España en 18 meses. Una de las posibilidades sería declarar el Estado de Sitio, previsto en el artículo 116, que en principio no sería proporcionado, ¡pero ojito!, mientras no haya episodios graves de violencia o de insurrección. Pero lo que sería inevitable es aplicar el artículo 155CE, un mecanismo menos grave, por el que el Estado puede poner a sus órdenes a todo el personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones que dejaran las autoridades autonómicas.
En cualquier caso, un conflicto que produciría una ruptura de la sociedad catalana y una situación de grave inestabilidad política y económica, primero para Cataluña, pero también para España. Lo que nos faltaba, ahora que empezamos a salir de la crisis.
Esto es a los que nos podríamos enfrentar a partir del 27-F, y para lo que se requieren gobiernos fuertes en el Estado con una hoja de ruta muy clara. O volveremos al caos institucional que caracterizó a la política española en buena parte de los siglos XIX y XX.
Esto es lo que hay; y sinceramente me preocupa. Porque Mas y Junquera ya lo han avisado: “Vamos en serio”. ¿Y el resto de España?
