Terminado el último pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, y en el turno de palabra para los vecinos que así lo solicitan (recuperado con buen criterio a instancias de la oposición), una vecina, profesora de Secundaria, reclamó por segunda vez que se aceleren las gestiones para terminar con la ocupación de un edificio a estrenar en la plaza del Concejo. La vecina, desolada, recordaba un punto del orden del día en el que los ediles habían debatido sobre la libertad de elección de centro, y les decía si no hay mayor derecho de elección  que el de elegir el barrio en el que quieres vivir,  que se ejerce cuando te compras un piso. Y que ese derecho es el que se estaba pisoteando desde el pasado mes de mayo en el barrio  de la plaza del Concejo cuando un grupo de más de veinte personas ocupó un inmueble entero, y desde entonces el carácter del barrio cambió por completo. La vecina habló de agresiones verbales, heces humanas, broncas permanentes a todas horas, menores campando por la calle en horario escolar…

El alcalde, que ya ha recibido una vez a los vecinos, les trasladó la preocupación del Ayuntamiento y les dio buenas palabras, pero la realidad es que sus competencias no van más allá de exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales (ruidos, policía, menores…), aunque el problema de fondo es competencia del propietario y en última instancia del juzgado.  El propietario, el Banco de Sabadell, finalmente ha presentado la correspondiente denuncia, y a partir de entonces se inicia un procedimiento largo, costoso y tedioso, que según  Rose Mari Peris, del servicio jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, no da lugar a una resolución segura para el propietario, quien puede ver fácilmente desestimadas sus pretensiones en vía penal, y en la vía civil se puede tirar entre 9 y 18 meses hasta conseguir el desalojo, que suele ser el principio de otras demandas por daños y perjuicios de éxito incierto.

Este es el trámite en el que están inmersos los vecinos del barrio desde que el banco presentó la denuncia, con el horizonte que hemos descrito, para desesperación del propietario y de los afectados por la ocupación. «Lo que ocurre en España no sucede  en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal», nos advierte Peris. En nuestro país, una vez más, hemos confundido la obligación de que los poderes públicos amparen a las personas en situación de exclusión social, y les proporcionen un techo o una solución habitacional, con que a cualquier desahogado le resulte más fácil pegar una patada en la puerta y ocupar una vivienda entre 9 y 18 meses, por su linda cara, que trabajar decentemente y ahorrar  media vida  para comprarse una vivienda en España. Ese parece ser el caso de las viviendas de la plaza del Concejo, porque según ha comprobado el banco “las personas que están ocupando el edificio no cumplen con los requisitos de perfil de personas vulnerables”.  Para mayor recochineo.

Lo que nos advierten los expertos es que la comparativa con otros países (en Inglaterra y Gales ocupar una vivienda se castiga con multas de hasta seis meses de cárcel, en Berlín las casas ocupadas deben ser desalojadas en 24 horas, en Holanda al propietario le basta con la denuncia  para reclamar una orden judicial…) demuestra que el problema de la ocupación ilegal en España es cada vez más grave, con lo que es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mientras esto no se haga, y solo hay que comprobar la dificultad que tal reforma entrañaría en un parlamento donde hay cada vez más fuerzas con aversión a la propiedad privada, nuestras autoridades solo pueden despachar raciones de mucha paciencia a los afectados. Y confiar en que la mayoría sea benevolente y no se apunte al expeditivo método de la patada en la puerta en vez de solicitar una engorrosa hipoteca.

Pero en la Guadalajara y en la España de hoy esto es lo que hay, mi  estimada señora, a quien de la noche a la mañana le han cambiado la cara del barrio,  el valor de su propiedad ha caído en picado,  y la policía local lo único que puede hacer es amonestar a los inquilinos-okupas  si ponen la música muy alta por la noche o si sacan a deshora la bolsa de la basura. Estas cosas suceden cuando el populismo gana terreno a la Ley, y  se confunde la obligación que deben tener los poderes públicos hacia los más desfavorecidos con la banalización de la solidaridad.

Por ello, mis respetos, señora.

La política ha vivido  siempre de las apariencias, pero más ahora en que determinadas fuerzas populistas aparentan  que todo debe ser consultado por las bases, aunque al final el gato se acaba escapando por la gatera y todo se queda en postureo.

En Podemos Castilla-La Mancha se ha llamado estos días a sus inscritos no a que se pronuncien  sobre el Presupuesto pactado con García-Page sino a un acto de fe:  «¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?». 

Ante una pregunta donde la respuesta viene sugerida  los inscritos de Podemos lógicamente se inclinarán por el sí ( ya lo verán cuando se publiquen los resultados) porque si la dirección regional  de este partido entiende que este acuerdo de gobierno garantiza la puesta en marcha de una Renta Garantizada y de un Plan de Garantías Ciudadanas, los militantes de Podemos estarían desautorizando a esa misma dirección si dijeran lo contrario. Con lo que al final lo único que se pone a votación es la credibilidad del señor García Molina y de su Ejecutiva. Porque ni la militancia de Podemos ni el resto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha sabemos apenas nada de la letra pequeña de los nuevos Presupuestos, salvo que la cifra ha aumentado ligeramente -de 8.919 millones a 8.941 millones- como consecuencia de que se cuenta con mayor información en materia de ingresos propios y finalistas.  Es decir, que el nuevo Presupuesto apenas tiene 22 millones más que el anterior  y que  contempla modificaciones por valor de unos 60 millones de euros, de los que 39 corresponden a enmiendas del PP, PSOE y Podemos que fueron incorporadas al texto en la anterior tramitación parlamentaria.

¿Alguien me quiere explicar cómo con unos Presupuestos con solo 22 millones más que los anteriores, y que fueron rechazados por Podemos,  se puede hacer frente a lo que este partido llama pomposamente  planes de Rentas Garantizadas y planes de Garanatías?  ¿No estamos más bien ante un Presupuesto clonado del anterior (salvo por las salvedades citadas) hasta el punto de que el Consejo Consultivo de CLM ha dicho que no es necesario un  nuevo informe, como reclamó el PP, porque la estructura del Presupuesto es la misma? Pero aunque solo fuera para guardar las formas: ¿No habría sido más procedente dejar la consulta a los afiliados de Podemos  para después del trámite parlamentario, en el que  se pueden producir modificaciones, y antes de la votación final preceptiva? ¿O es que lo que suceda en las Cortes regionales es irrelevante, porque todo está ya acordado y bendecido por las direcciones nacionales de PSOE y Podemos, por Iglesias y Sánchez,  y no se puede cambiar una sola coma?

Una vez que se produjera ese trámite todos tendremos más elementos de juicio sobre ese presupuesto. Pero ahora, lo que se dice ahora,  los inscritos de Podemos tienen que fiarse de lo que les dice  José  García Molina, y creerse que un Presupuesto que antes  constituía la santificación de los recortes de Cospedal ,  con solo añadirle 22 millones más, va a traer la solución a las clases populares de Castilla-La Mancha.  La consulta a las bases no ha merecido, como querían los críticos de Podemos,   una pregunta adicional sobre la entrada de este partido al Gobierno de Castilla-La Mancha cuando es ésta una cuestión principal, que podría haberse dirimido con independencia del respaldo de la formación morada al Presupuesto. Como ven no se trataba tanto de conocer la opinión de la militancia sobre una cuestión esencial, en la que hay diversas opiniones,   sino de lograr su adhesión a un acuerdo que solo se conoce a grandes rasgos. Un acto de fe.

En el lado socialista, sería una ironía someter al veredicto de la militancia un Presupuesto que está elaborado por un gobierno de este partido, pero no está de más consultar la decisión estratégica más importante que ha tomado el PSOE en Castilla-La Mancha  desde que José Bono fue elegido presidente por primera vez. En una región en la que las elecciones Generales normalmente han pivotado sobre el centro derecha, el PSOE logró ocupar en las Autonómicas una posición central y transversal, que queda  ahora comprometida con un pacto de izquierdas que supone un desplazamiento del eje político del partido al haber ofrecido la entrada en el  gobierno a Podemos, aunque no sea en consejerías estratégicas. La dirección nacional de Pedro Sánchez lo ha querido resolver con una consulta, que una vez escuchados los secretarios de Organización del PSOE nacional y regional es todo un galimatías, porque ni tan siquiera se ha llegado a aclarar si es vinculante la opinión de la militancia, porque al no haber urnas ni un recuento oficial, todo lo que salga de esas asambleas informativas será mera aproximación. En otro PSOE sin complejos asamblearios una cuestión esencial como esta, que puede marcar el resultado de las Autonómicas de 2019, se habría resuelto con un debate a cara de perro en un Comité Regional Extraordinario, y no me cabe la menor duda de que habría sido más productivo y democrático que esas asambleas informativas en las que no hay nada que discutir, porque no hay marcha atrás.

Pero los aires del nuevo populismo traen estas formas asamblearias,  que son pura apariencia y ajenas a la tradición de un partido histórico como el Partido Socialista Obreros Español, que corre el riesgo de  perder la brújula en Castilla-La Mancha. Porque hay más de uno y más de dos que esto no lo ve, que callan por disciplina y respeto,  y la paradoja es que no han tenido un foro interno en donde debatirlo, como  habría procedido en un partido que siempre defendió la democracia representativa, que como la historia nos enseña es la única democracia que existe. Pero esto es lo que hay y se lleva ahora, y con estos bueyes han de arar.

Emiliano García-Page comenzó explorando la negociación de los presupuestos con el Partido Popular,  aun sabiendo que tenía poco recorrido.Las diferencias no eran insalvables, pues el PP empezó por exigir una negociación  para aproximar la fiscalidad de Castilla-La Mancha a la de la comunidad de Madrid, que beneficia fundamentalmente a  patrimonio y sucesiones,  la subida salarial del 1,5 por 100 a los funcionarios y un plan de choque contra las listas de espera, el talón de Aquiles de la sanidad regional . En fin, nada que no se pudiera abordar con buena disposición, dado que la discrepancia en cuanto a la disminución de recaudación por la rebaja fiscal en dichos impuestos  era perfectamente asumible por el  incremento de la recaudación  que se espera por la mejora  de la actividad económica y las menores obligaciones con la reducción del déficit, después de haber cumplido con seriedad en el último ejercicio presupuestario.

La prueba del nueve sobre todo lo anterior  es que lo único que sabemos del acuerdo sobre los Presupuestos entre PSOE y Podemos es que va a incorporar unos  400 millones de euros más “que van fundamentalmente a políticas sociales”, explica García-Page, y a los que siempre quedará la posibilidad de aplicar ajustes contables, ya que un presupuesto que en el mejor de los casos se podría aprobar entre agosto y septiembre va a tener un grado muy bajo de ejecución. Eso lo podemos tener claro. Con p minúscula.

Por tanto, si la negociación con el PP se rompe es porque al final ninguna de las partes está convencida de que le interese. A García-Page le habría creado un problema con Pedro Sánchez, que ha imprimido un giro a la izquierda del PSOE y un acercamiento hacia Podemos,  lo que es incompatible con un pacto de presupuestos entre populares y socialistas en Castilla-La Mancha. Esas finezas solo están al alcance de saltimbanquis y equilibristas como el extremeño Sánchez-Vara.  ¡Y qué decir del PP! En una región que casi siempre ha votado mayoritariamente a UCD o al Partido Popular en las Generales,  y en la que José Bono, sobre todo, y menos Barreda, consiguieron arrebatar un discurso regionalista pero en clave españolista a los conservadores,  el gobierno PSOE-Podemos es una oportunidad de oro  para presentar a los socialistas como un partido que ha perdido la centralidad y que se ha pasado con armas y bagajes a la extrema izquierda. Este será a partir de ahora el eje del discurso de oposición de los populares, y habrá que ver hasta qué punto los nuevos aliados morados de García-Page no  le dan motivos para ello. Por de pronto, como dijo Pablo Iglesias el sábado cuando le preguntaron por el presidente de Castilla-La  Mancha “en este país han cambiado muchas cosas». Especialmente tras la victoria de Sánchez en las primarias.

Por lo demás, poco se puede opinar de un presupuesto del que desconocemos todo, como también desconocíamos los motivos por los que el anterior fue rechazado por  Podemos a última hora, lo que nos confirma que solo se debió a razones estratégicas y de alta política. Lo único que sabemos es que Podemos tendrá una vicepresidencia -¿García Molina, que ya es vicepresidente de las Cortes de CLM?- y que otro consejero de Podemos daría visibilidad y brillo al Plan de Garantías Ciudadanas, con lo que consejerías sensibles, como Educación (¿qué va a pasar con la Concertada?) , Hacienda (¿se relajará la disciplina presupuestaria?) o Fomento (y Urbanismo), en las que hay notorias diferencias programáticas, quedarían al margen del control de Podemos.

Todo ello, claro, dando por hecho que los inscritos en Podemos CLM avalen tal acuerdo cuando se les presente convenientemente adornado, y que los Anticapitalistas de Urban y Llorente rachazan por la formas en que se ha parido, al más puro presidencialismo y sin consultar a los órganos establecidos por Podemos al efecto. En esto, también, Podemos ya es un partido comunista como los de toda la vida.

Esto es lo que hay. Con Susana Díaz en Ferraz, García-Page habría tenido más posibilidades de maniobrar y hasta habría sido más creíble su amenaza de convocar elecciones anticipadas. Con Pedro  Sánchez, Page se tiene que tentar la ropa, y  aceptar que se ensaye por primera vez en Castilla-La Mancha  un gobierno de coalición más a la izquierda  en una región en la que, excepto cuatro años, siempre gobernó el PSOE  con un estilo templado, marca Bono, que está a años luz  del de Podemos. ¿Tanto habrá cambiado Castilla-La Mancha, como sugiere Pablo Iglesias?

Dentro de dos años lo veremos. Si no hay sorpresas, por la división de Podemos, el tablero político en Castilla-La Mancha se desplaza a la izquierda y esto es una buena noticia también para Ciudadanos.  Porque los espacios políticos que unos abandonan los ocupan otros.

Desde el pasado viernes, el alcalde de Guadalajara ya es un alcalde “normal” entre los de las capitales de provincia españolas, si entendemos por normalidad que se dediquen preferentemente al ejercicio de su cargo, y que lógicamente se cobre por ello un sueldo razonable. El pleno municipal le asignó un sueldo municipal de  60.500 euros anuales y Román tendrá una dedicación del 90 por ciento. Esto no quiere decir que Román trabaje a partir de ahora solamente 36 horas  a la semana, como si fuera un oficinista. El alcalde, y es de justicia decirlo, porque así me consta,  dedicaba  al Ayuntamiento bastante más de esas horas incluso cuando no cobraba un sueldo del erario municipal, si bien es cierto que con este acuerdo el que se normaliza, además del propio Román, que llevaba una vida profesional de perros (el Hospital, el Ayuntamiento, la clínica privada, la Federación de Municipios y Provincias….) es la propia institución municipal. Un alcalde de Guadalajara tiene que estar accesible  en el horario normal de los funcionarios municipales con los que tiene que despachar; no son de recibo plenos que empezaban a las tres de la tarde; hay actos de representación que se celebran por la mañana; y hasta las ruedas de prensa es aconsejable darlas cuando mayor es la audiencia y la disponibilidad en los propios medios.

Ciudadanos no apoyó a Román cuando el Grupo Popular propuso una liberación del alcalde al 80 por ciento; y ahora lo hace cuando se  amplía al 90 %, porque ahora entiende que la dedicación del alcalde a su profesión de médico va a ser “residual”, como la del propio portavoz de Ciudadanos a la abogacía, ya que también él tiene autorizada la compatibilidad. Ante el no es no de la oposición de izquierdas, Ciudadanos tuvo la sartén por el mango en este asunto, como en casi todos,  y es entendible que sean ellos los que marquen los tiempos y vistan la medida, pues no en vano también están en la oposición. Por ahí poco que rascar.

Y sobre la cuestión de fondo: lo que he escrito tantas veces. Soy absolutamente partidario de que cualquier persona que tenga un cargo público en un ayuntamiento pueda ejercer su profesión de una manera residual (y siempre que no entre en colisión con su actividad pública), porque es la única manera de que profesionales destacados no huyan de la política como el gato del agua, situación que ya se produce, y que podría ilustrar con numerosos ejemplos que yo conozco. Mantener la incompatibilidad absoluta es pura demagogia, porque al final estos cargos públicos no solo trabajan mucho más de esas 40 horas semanales, sino que empeoraría la calidad de nuestra clase política, como es público y notorio con solo comparar las Cortes de la Transición con las actuales,  por citar solo a la primera de nuestras instituciones. Lo que pasaría al final es que la política se quedaría solo para los funcionarios, que pueden pedir una excelencia, o para los que están en el paro. Y la política no es un oficio como otro cualquiera. Es una servidumbre, que preferiblemente se debe prestar con un tiempo limitado, para que la corrupción no anide en ella. Como bien sabemos.

P.D. Un buen dato del empleo.  Los últimos datos del paro de junio registrado en España, en Castilla-La Mancha,  y en Guadalajara en particular,  son objetivamente buenos, por muchos reparos y anotaciones al margen que podamos poner. Un total de  3.362.811 parados registrados en España es una cifra muy mala si lo comparamos con las principales economías europeas, pero si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años hay 1.242.458 parados menos. O si nos acordamos de la EPA del primer trimestre de 2013 en que estuvimos a punto de batir todos los récords negativos cuando estuvimos rozando los seis millones de parados y el desempleo se situó al 26,02%, a lo mejor tenemos una mejor perspectiva. En el caso de Castilla-La Mancha, las cifras fueron todavía más pavorosas: se llegó al 30,2 % de paro. Y aunque Guadalajara salió mejor, nuestro techo fue del 25,75%, cinco menos que la media regional, les confieso  que por entonces a más de uno nos dieron las ganas de salir corriendo.

La EPA del primer trimestre de 2017 nos invita a pensar que lo peor ha pasado: la tasa de paro se fijó en el 18,6% en el conjunto de España, el 22,1%  en Castilla-La Mancha y el 17,2% en Guadalajara, provincia que descontaba 1.200 parados menos en un solo trimestre.

Los datos publicados por la Secretaría de Empleo en junio, y que se corresponden con el paro registrado, confirman estas buenas perspectivas que  ya apuntaba la EPA que elabora el INE. En lo tocante a nuestra provincia son casi ocho mil los parados menos desde 2012, y nos permite encarar el horizonte con mayor ambición, siendo deseables nuevos procesos de negociación entre los agentes sociales, que incluyan razonables incrementos salariales, pero sin perder de vista que hay que mejorar la competitividad y el tamaño de nuestras empresas,  para no caer en nuevas desaceleraciones.

En ese marco se debería emprender un gran acuerdo para la mejora de la calidad empleo y la reducción de la temporalidad. Pero sin olvidar lo obvio: para que haya empleo de calidad tiene que haber un escenario de amplia oferta –nunca será al revés—y lo mismo se puede decir de la temporalidad. La contratación indefinida es incompatible con la incertidumbre, y por ello cualquier medida que se tome tiene que estar relacionada con el incremento de la competitividad de nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y eso se debe primar en cualquier negociación colectiva. O habrá marcha atrás.

En este sentido, subrayo el aumento de la contratación indefinida que ya se ha dado en Guadalajara en el mes de junio: 806 contratos, un 10,41 más, tasa que se eleva al 12,8% en lo que llevamos de año. Es obvio que estos porcentajes quedan todavía muy lejos de lo deseable, pues la contratación temporal alcanza los 12.530 en un mes marcado por el verano, pero si echamos la vista atrás en 2013 no se contrataba a nadie ni aunque fuera por dos horas.

Esto es lo que hay.