Terminado el último pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, y en el turno de palabra para los vecinos que así lo solicitan (recuperado con buen criterio a instancias de la oposición), una vecina, profesora de Secundaria, reclamó por segunda vez que se aceleren las gestiones para terminar con la ocupación de un edificio a estrenar en la plaza del Concejo. La vecina, desolada, recordaba un punto del orden del día en el que los ediles habían debatido sobre la libertad de elección de centro, y les decía si no hay mayor derecho de elección  que el de elegir el barrio en el que quieres vivir,  que se ejerce cuando te compras un piso. Y que ese derecho es el que se estaba pisoteando desde el pasado mes de mayo en el barrio  de la plaza del Concejo cuando un grupo de más de veinte personas ocupó un inmueble entero, y desde entonces el carácter del barrio cambió por completo. La vecina habló de agresiones verbales, heces humanas, broncas permanentes a todas horas, menores campando por la calle en horario escolar…

El alcalde, que ya ha recibido una vez a los vecinos, les trasladó la preocupación del Ayuntamiento y les dio buenas palabras, pero la realidad es que sus competencias no van más allá de exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales (ruidos, policía, menores…), aunque el problema de fondo es competencia del propietario y en última instancia del juzgado.  El propietario, el Banco de Sabadell, finalmente ha presentado la correspondiente denuncia, y a partir de entonces se inicia un procedimiento largo, costoso y tedioso, que según  Rose Mari Peris, del servicio jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, no da lugar a una resolución segura para el propietario, quien puede ver fácilmente desestimadas sus pretensiones en vía penal, y en la vía civil se puede tirar entre 9 y 18 meses hasta conseguir el desalojo, que suele ser el principio de otras demandas por daños y perjuicios de éxito incierto.

Este es el trámite en el que están inmersos los vecinos del barrio desde que el banco presentó la denuncia, con el horizonte que hemos descrito, para desesperación del propietario y de los afectados por la ocupación. «Lo que ocurre en España no sucede  en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal», nos advierte Peris. En nuestro país, una vez más, hemos confundido la obligación de que los poderes públicos amparen a las personas en situación de exclusión social, y les proporcionen un techo o una solución habitacional, con que a cualquier desahogado le resulte más fácil pegar una patada en la puerta y ocupar una vivienda entre 9 y 18 meses, por su linda cara, que trabajar decentemente y ahorrar  media vida  para comprarse una vivienda en España. Ese parece ser el caso de las viviendas de la plaza del Concejo, porque según ha comprobado el banco “las personas que están ocupando el edificio no cumplen con los requisitos de perfil de personas vulnerables”.  Para mayor recochineo.

Lo que nos advierten los expertos es que la comparativa con otros países (en Inglaterra y Gales ocupar una vivienda se castiga con multas de hasta seis meses de cárcel, en Berlín las casas ocupadas deben ser desalojadas en 24 horas, en Holanda al propietario le basta con la denuncia  para reclamar una orden judicial…) demuestra que el problema de la ocupación ilegal en España es cada vez más grave, con lo que es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mientras esto no se haga, y solo hay que comprobar la dificultad que tal reforma entrañaría en un parlamento donde hay cada vez más fuerzas con aversión a la propiedad privada, nuestras autoridades solo pueden despachar raciones de mucha paciencia a los afectados. Y confiar en que la mayoría sea benevolente y no se apunte al expeditivo método de la patada en la puerta en vez de solicitar una engorrosa hipoteca.

Pero en la Guadalajara y en la España de hoy esto es lo que hay, mi  estimada señora, a quien de la noche a la mañana le han cambiado la cara del barrio,  el valor de su propiedad ha caído en picado,  y la policía local lo único que puede hacer es amonestar a los inquilinos-okupas  si ponen la música muy alta por la noche o si sacan a deshora la bolsa de la basura. Estas cosas suceden cuando el populismo gana terreno a la Ley, y  se confunde la obligación que deben tener los poderes públicos hacia los más desfavorecidos con la banalización de la solidaridad.

Por ello, mis respetos, señora.