Terminaba mi último artículo diciendo que solo Puigdemont podía evitar la aplicación del artículo 155, que se recoge en nuestra constitución, aunque mostraba pocas esperanzas en que el presidente de la Generalitat recuperara la sensatez convocando las elecciones autonómicas. No se atrevió, aunque estaba decidido a hacerlo al mediodía del jueves, pero al final echó marcha atrás, presionado por los antisistema de la CUP y la izquierda montaraz de ERC. A partir de ahí, el gobierno de España, respaldado por los partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, solo tuvo una opción: seguir adelante en la aplicación del artículo 155, para restablecer la legalidad y la libertad en Cataluña, amenazada por un nacionalismo excluyente que no admite la pluralidad de la sociedad catalana.

El pleno del Parlament fue una astracanada, el más vergonzoso episodio de la democracia española:  70 diputados, amparados en el anonimato, que representan a apenas 2,5 millones de catalanes se arrogaban la representatitividad de 7,5 millones de catalanes y de 46,5 millones de españoles, proclamando unilateralmente  la República Catalana, sin presencia de los letrados de la Cámara, que rechazaron su legalidad, y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Su base legal: el referéndum  ilegal del 1-0, esa pantomima en la que cualquiera podía votar las veces que quisiera, porque no había censo, ni interventores, ni mesa electoral, ni junta electoral, ni nada que recordara a una votación en un país democrático.

Con estos antecedentes, 70 parlamentarios se permitieron el lujo de proclamar la independencia, aunque fuera meramente declarativa y no tenga ningún valor legal, pero ¡cuidado!, como ha dicho el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ya se ha hecho un daño irreparable a la economía española, que lo pagará la gente por el freno a la recuperación. La economía catalana está con el freno echado, y lo peor es que de no atajarlo lastrará en esa recuperación a toda España.  Es llamativo que entre las razones para proclamar la independencia se diera la de acabar con “el caduco régimen del 78”, un régimen votado mayoritariamente por el pueblo de Cataluña y con el que este histórico Principado de la corona de Aragón, y luego de la corona de España, alcanzó la mayor prosperidad y autogobierno de la historia. Solo una partida de fanáticos pueden poner en peligro este estatus para Cataluña, que no se habría imaginado ni Lluis Companys, el presidente de la Generalitat que proclamó el Estat Catalá, ¡ojo!, dentro de la República Federal Española, y que por lo menos tuvo el valor y la decencia de hacerlo desde el balcón del palacio de San Jaume, aunque luego sufrió los rigores de la respuesta republicana, que mandó a detenerlo al general Batet, con una batería de artillería. Hasta en esto Puidemont ha demostrado su miserable estatura histórica.

Puigdemont y todo su gobierno han incurrido obviamente en un delito de rebelión, por el que obviamente el ministerio Fiscal le pedirá cuentas por ello. El gobierno tiene la obligación de aplicar solo la Ley, pero con todo el peso de la Ley. Si no lo hiciera estaría en riesgo todo el ordenamiento constitucional español y ese régimen democrático que tiene su articulación en la Constitución de 1978. Todos los partidos españoles lo han entendido, salvo Podemos, que aun votando en contra o absteniéndose en el Parlament, no ha tenido inconveniente en participar en un acto ilegal, dándole así cobertura, como lo ha hecho en los últimos meses, lo que le invalida como alternativa de izquierdas en el conjunto de España, tal y como se temió hace unos días Carolina Bescansa. Un partido que no respalda la legalidad cava su propia fosa y pone en serios aprietos a los que tienen algún tipo de alianza con ellos, como pasa con Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Acierta Mariano Rajoy al fijar una fecha cercana las elecciones, el 21 de diciembre, demostrando así que la utilización del 155 es solo un recurso extraordinario, y contitucional, ante el quebranto de ese orden constitucional, con lo que el mensaje que envía es que quiere devolver cuanto antes la palabra al pueblo catalán. Y esto, en democracia,  solo se puede lograr con unas elecciones libres.

Dicho todo esto, no se puede ocultar que la aplicación del artículo 155 no es fácil y va a encontrarse con no pocos obstáculos si el gobierno de Puidemont persiste en su rebelión, y la marea populista intenta sublevar a las masas en la calle, para tratar de impedir la aplicación de la la legalidad. No podemos olvidar que una parte de los que respaldan a Puidemont son grupos antisistemas que buscan la confrontación total sobre la socorrida estrategia de “cuanto peor, mejor”, y eso incluye capitalizar las algaradas y la violencia en la calle. Por todo ello, cuanto antes haya un gobierno en Cataluña dispuesto a defender la legalidad, con las dicrepancias que sean, mejor que mejor.

Tiempo habrá de analizar los errores que el Estado ha cometido para llegar a esta situación. Que han sido muchos e imperdonables. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Por muy decepcionante que sea. Ahora toca aplicar solo la Ley, pero con todo el peso de la Ley.

El gobierno,con el respaldo de los partidos constitucionalistas, ha tomado la única decisión posible ante la cerrazón del gobierno de Puigdemont  de rechazar cualquier diálogo en sede parlamentaria, pero respetando el orden constitucional. Rajoy no tenía otra salida, porque lo que estaba en juego es la propia legitimidad del Estado, y su intervención es indispensable para asegurar que en aquel territorio español ningún gobierno de iluminados fuera a depojar a sus ciudadanos de los derechos y libertades que les concede la Constitución de 1978. Por lo tanto,  no es que en Cataluña se “haya suspendido la democracia”, como falsariamente decía ayer Pablo Echenique, el dirigente de Podemos, sino todo lo contrario. El gobierno del Estado utiliza un recurso constitucional, el artículo 155, para asegurar que la libertad y el Estado de Derecho siga vigente en Cataluña y no se convierta en un despojo en manos de golpistas que supuestamente convocan al Estado al diálogo, pero para exigir un acto de rendición, como las potencias aliadas convocaron a la Alemania de Bismark para firmar el armisticio en Versallles. Afortunadamente PP, PSOE y Ciudadanos se han resistido a jugar ese indigno papel, y por eso todavía hoy España puede ser considerado un Estado de Derecho.  Pero me produce pavor que el argumento de Puigdemont, de los independentistas y los que como Podemos les han dado cobertura en el resto del Estado sea que ante una (supuesta) voluntad del pueblo no se puede poner enfrente un muro de leyes, porque inevitablemente recordaremos que ese fue el argumento de los fascismos en los años treinta. Que un ideal, que luego deviene en totalitario, está por encima de la Ley.

El Estado no tenía otra solución que restaurar el orden constitucional en Cataluña, y difícilmente eso se puede hacer sin cesar al gobierno sedicioso, intervenir los Mossos y controlar unos medios públicos que hasta ahora han sido todo menos públicos: un instrumento para la propaganda del independentismo, que se ha abierto paso sobre una montaña de mentiras, como escribía recientemente Lluis Bassets.  No obstante, el artículo 155 no es ningún bálsamo de fierabrás, empezando porque hasta que entre en vigor el sábado 28, después de su aprobación por el senado,  el Gobierno de la Generalitat sigue en funciones y ese agujero negro de siete días lo puede utilizar de dos maneras. Para declarar la independencia unilateral  y encabezar una rebelión contra el Estado. O para recuperar la cordura, convocar elecciones e iniciar, de verdad, un diálogo con el Estado dentro del marco constitucional.

Puigdemont tiene la oportunidad de evitar el drama que para España, pero sobre todo para Cataluña, significaría seguir por un  camino que solo conduce al despeñadero.  Hasta el sábado,  sigue siendo el presidente de la Generalitat y la pelota está en su tejado. Si lo vuelve a desaprovechar, reclamando un diálogo imposible para enterrar a la Constitución española, el Estado tendrá que estar  preparado para ejercer unas funciones de las que durante demasiado tiempo hizo clara dejación… y esos polvos nos han traído estos lodos. Por último, convocaría elecciones en el plazo de seis meses, porque es una mentira más que el gobierno quiera liquidar el autogobierno de Cataluña.  De hecho, todavía su presidente tiene hasta el sábado para evitarlo. ¿Hará caso al seny o a la CUP?

Esto es lo que hay.

Cuando ya llevamos más de un mes desde que empezará el curso en los Institutos, el 14 de septiembre, la anormalidad y la improvisación siguen instaladas en la actividad educativa de Castilla-La Mancha. Unas doscientas plazas de profesores todavía están sin cubrir, lo que ha traído el caos a algunas aulas, como describían los padres de alumnos del IESO de Brihuega, uno de los colegios más afectados, con un tercio de las plazas vacantes: “Todo esto provoca que el alumnado pase gran parte de su jornada escolar sin recibir docencia, perdiendo horas lectivas y, por tanto, el retraso en el temario», se quejaban estos padres, quienes lamentaban que se esté dificultando el buen funcionamiento del centro,  la atención individualizada del alumno y la adquisición de conocimientos en el proceso de aprendizaje.

Este problema se quiso resolver por parte de la Consejería de Educación con un acto público celebrado en Toledo el 11 de octubre, que resultó un fracaso. A pesar de que desde la Consejería se había convocado personalmente a los profesores que se encontraban en listas, para asignarlos una plaza, en la mayoría de los casos ni siquiera se presentaron. Y así sucedió que de 721 interinos a quienes se ofertaron 237 plazas  vacantes, solo se adjudicaron 33.

Es evidente que algo falla en el sistema. El pacto que los sindicatos lograron sobre los interinos permite que los docentes puedan rechazar las plazas que se les oferta con lo que la Consejería tiene dificultades para maniobrar. Y en este caso se unió, además, que la Consejería no había testado lo que hay detrás de esas bolsas de interinos, hasta el punto de que ha tenido que hacer otra convocatoria, el viernes 20 de octubre, en la que  se intentará realizar esas doscientas adjudicaciones que faltan a través de bolsas extraordinarias. En estas bolsas se han podido inscribir los licenciados que tengan además del antiguo CAP o el Master de Didáctica. Y la Junta ya ha anunciado que no habrá exámenes y que se elegirá de entre todos los presentados a los que tengan el mejor expediente académico. Y a partir de ahí, Felpeto cruzará los dedos.

Hay que hacer constar que este problema de falta de interinos se ha agravado este año, dado que al reducir el horario de los maestros y profesores al suprimirse la llamada “tasa Cospedal”, hacen falta más profesores para hacer el mismo trabajo. Cuando alegremente se proclama que hemos acabado con los recortes de Cospedal,  la Consejería debería haberlo previsto, porque habrá conseguido congraciarse con los profesores, pero a costa de enfadar a los padres.  A todo habría que ampliar un nuevo factor, que recojo de una información del CSIF. Castilla-La Mancha es la comunidad autonómica con el porcentaje más alto de jornadas parciales (42,3 por ciento) de toda España, lo que provocaría que muchos aspirantes a interinos decidan renunciar a las plazas vacantes debido a la precariedad laboral que se genera, con sueldos y cotizaciones a la seguridad social bajas y enormes dificultades para vivir fuera del domicilio habitual. Esta situación afectaría especialmente a una provincia como Guadalajara por la dispersión de la población. Además, los interinos a media jornada que imparten materias como Lengua, Matemáticas o Inglés han de acudir al centro de trabajo al menos cuatro días a la semana, dedicación que contrasta con el salario recibido.

Ya con carácter más general, toda esta problemática se agrava por los recortes sufridos desde que empezó la crisis en las convocatorias para cubrir las plazas por el único método, con sus defectos, que  garantiza la equidad, el  mérito y la capacidad. Me estoy refiriendo a las oposiciones. La contratación de profesores interinos debería ser el último recurso de la administración, para tapar los huecos que se producen tras el correspondiente concurso.  Pero como en los últimos años se han restringido al máximo la convocatoria de oposiciones o las administraciones autonómicas han sido cicateras en cuanto al número de plazas, nos encontramos que hay institutos, como el de Brihuega, que tienen un tercio de la plantilla a cubrir mediante bolsas extraordinarias de interinos. Así, desde luego, no se mejora la calidad de la enseñanza, ni se avanza en el fracaso escolar, como se acredita que Castilla-La Mancha esté en el vagón de cola de las autonomías españolas. Algo se está haciendo mal en la educación de esta región, y desde hace mucho tiempo.

Y si no lo digo reviento: siento añoranza hacia a esos cuerpos nacionales de funcionarios de  la administración del Estado, que siguiendo el modelo de francés, parecían tener estos problemas más controlados.  Parece obvio que una única bolsa era más fácil de gestionar  por el Estado que ahora diecisiete, desde que la Educación pasó a ser competencia de las comunidades autónomas. Y seguramente también más efectiva para evitar que en algunas regiones de España se esté falseando la historia que se da en los colegios para alentar el odio a España. Si ya es tarde para recuperar las transferencias en Educación, no debería serlo para que el Estado reforzara el control y la inspección sobre los contenidos que se imparten en los centros que se pagan con  el dinero de todos y para aumentar el número de horas lectivas comunes en toda España. Aquellas lluvias trajeron estos lodos, pero hoy toca preguntarse cómo en Castilla-La Mancha pueden faltar unas doscientas plazas por cubrir cuando llevamos más de un mes de curso en los institutos.

Tengo al consejero de Educación, Ángel Felpeto, al que García-Page pidió “socorro” cuando ya estaba jubilado,  por un político serio y dialogante. Pero en este caso le ha pillado el toro, y debería tomar nota. Porque esto es lo que hay. Doscientas plazas sin cubrir.

Guadalajara recibirá el título de Ciudad Europea del Deporte en un acto oficial que se celebrará en el parlamento europeo el 6 de diciembre, una fecha simbólica para la España constitucional que los secesionistas quieren dinamitar con la ayuda de algunos tontos útiles que llegaron a la política a lomos de la crisis. No está de más señalar esto, porque el progreso de la Guadalajara deportiva es también un resultado del  progreso que nos trajo el  nuevo régimen democrático que alumbró España en 1978.

Cuando se proclamó la Constitución, en Guadalajara solo había un polideportivo en la ciudad ( y su construcción se culminó en el gobierno de UCD),  ahora hay  una docena, y tres de ellos de élite,  el último, el Multiusos, con 5.000 espectadores de capacidad, lo que le permite aspirar a los eventos top del deporte español e internacional. Tampoco había ninguna piscina cubierta pública, y hoy hay tres, la última realizada mediante la promoción público-privada, el Centro Acuático de Guadalajara,  un inteligente sistema por el cual en un suelo público una empresa hace frente a los costes de la obra y a su gestión a largo plazo, pero el Ayuntamiento no pierde el  control sobre las tarifas y la propiedad. Se hicieron grandes complejos deportivos en Los Manantiales-Parque del Río, San Roque, la Ciudad de la Raqueta, un campo de atletismo en la Fuente de la Niña  al que vienen a entrenar prestigiosas selecciones …Ahora, en sus inmediaciones, se va a empezar a construir la Ciudad del Fútbol. Solo los que hemos conocido cómo era la Guadalajara antes de los años ochenta sabemos de la magnitud del cambio en el terreno deportivo que ha experimentado la ciudad, hasta el punto de que no es  gratuito ese título de Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. En Guadalajara mucha gente hace deporte, de base y  competición, porque tiene donde hacerlo, y el impulso que ha alcanzado en la última década ha sido el broche de oro para llegar a esta merecida distinción.

No podemos hablar del  progreso del deporte en Guadalajara sin citar, en primer lugar, a Eladio Freijo, el concejal de Deportes  en las dos últimas legislaturas, uno de los pocos casos en que la política es capaz de “robar” a la sociedad civil a un profesional que había demostrado su probada capacidad en la gestión deportiva.  Freijo ha sido el capitán de un barco que siempre ha tenido un rumbo claro y que ha tenido el indispensable apoyo del armador, Antonio Román, otro deportista de elite,  para no encallar en el proceloso  mundo de la política. Con ellos al frente, el Ayuntamiento de Guadalajara ha ido incrementando su patrimonio de instalaciones y escuelas, ha apoyado con una normativa transparente las ayudas a la competición de los clubes más destacados y ha hecho de la organización de eventos deportivos un destacado agente dinamizador de la economía local, vía turismo, hostelería o restauración.

Guadalajara tiene un peso en la España deportiva  muy por encima de una ciudad de ochenta mil habitantes, y eso  para una capital que en los años ochenta solo tenía un campo de tierra, sin graderío, en la Fuente de la Niña, una modesta piscina de verano y un campo de fútbol que se caía a trozos en el Escartín, por  todo patrimonio, es un cambio histórico. Descomunal. Esto es lo que hay y esto es lo que había. Felicidades.

La democracia española nacida de la Constitución de 1978 asiste en estos últimos días a su mayor desafío, incluso mayor al provocado por el intento de golpe de estado de Tejero y Milans el 23 de febrero de  1981. Si bien es cierto que en la acción armada del insurrecto teniente coronel logró secuestrar al parlamento y al gobierno entero, y que no era descartable cualquier locura por parte del jefe operativo de los golpistas, todos sabíamos (y ellos también) que su propósito estaba condenado al fracaso, porque el pueblo español no quería marchas atrás en el proceso democrático y el rey Juan Carlos lo desautorizó y desmontó en apenas unas horas.

Las calles de España, el 24 de febrero,  fueron un clamor popular que inocularon a la política y la sociedad española de la vacuna anti-golpismo, y que permitió acabar de un plumazo con la llamada “cuestión militar”, y que de manera tan negativa contribuyó a la consolidación en España de un régimen constitucional estable,  que resolviera los problemas, como se hacía en los grandes países europeos, mediante la aplicación de la Ley y sin pronunciamientos militares. El régimen democrático salió refortalecido del 23-F, y a ello contribuyó la unidad de las fuerzas políticas y sindicales que habían hecho posible la transición (UCD, PSOE, PCE, AP, nacionalistas vascos y catalanes y los sindicatos CC.OO  y UGT), que a las pocas horas de ser liberados los parlamentarios marcharon codo con codo en una lección que legitimó la democracia española para siempre. El 23-F dio paso al periodo más próspero de paz y  libertad de la nación española en su historia. Que nadie lo olvide cuando los cantos del populismo intentar ensuciar aquella etapa.

¿Hoy sería posible esta misma fotografía ante el golpe de estado que se quiere dar en Cataluña, para liquidar unilateralmente la Constitución que el pueblo español (y el catalán) votó mayoritariamente? Ya vemos que no. Ayer,  Rajoy se reunió con los líderes de los partidos constitucionalistas  y no fueron capaces de salir los tres en una fotografía.  Pero lo peor es que no hay una respuesta unitaria minimamente consensuada sobre lo que hacer, posiblemente el viernes, si finalmente la exigua mayoría secesionista del parlamento catalán proclama la independencia unilateral  de Cataluña, coincidiendo con  el aniversario de la proclamación del Estat Catalá (¡ojito, dentro de la República Federal Española!)  por parte de Lluis Companys a las 8 y 10 minutos del 6 de octubre de 1934. Por la historia sabemos lo que hizo el gobierno de la República: mandó al general Batet (luego fusilado por Franco por defender la legalidad en 1936) con una batería de cañones frente al palacio de la Generalitat y a las siete de la mañana del 7 de octubre entraba en el palacio de la Generalitat y detenía a todo el gobierno. Cuando quedan apenas tres días de que este episodio se pueda repetir 86 años después, estamos en un mar de dudas sobre cuál será la respuesta del gobierno, pero las diferencias de opinión entre los partidos constitucionalistas, entre los que ya no están los sucesores del viejo PCE,  nos llevan al desánimo.

La respuesta dada por la Ejecutiva del PSOE  de Pedro Sánchez, de que la solución es que Mariano Rajoy negocie con Puigdemont, el jefe de los golpistas, es inaudita. ¿Pero qué tiene que negociar el jefe de un gobierno constitucional con el jefe de un gobierno autonómico que se niega a cumplir la Ley? ¿Más competencias? ¿Las transferencias de los aeropuertos? ¿Tal vez la independencia? ¿Pero en qué mundo vive Sánchez? ¿Alguien se imagina que Felipe González hubiera reclamado a Adolfo Suárez que negociara con Milans o con Armada una solución política, como pretendió este último, para que Tejero liberara al parlamento? ¿Pero qué demonios está pensando Sánchez? ¿Tal vez en una moción de censura contra Rajoy, apoyada por Podemos y los independentistas, para presentarse luego él como el salvador de la situación? Sánchez tiene todo el derecho a encabezar cualquier gobierno alternativo frente a Rajoy -¡ ya me gustaría saber qué hubiera hecho si él fuera el presidente del gobierno en esta situación!-, pero hay que ser miope para no ver que ahora estamos en otro momento político previo: ¡Qué hacer ante una previsible declaración unilateral de independencia! Y lo único que se le ha ocurrido es pedir a Rajoy que dialogue con el jefe de los golpistas, y de paso anunciar que no apoyará al gobierno en la utilización de un instrumento legítimo, como es el artículo 155 de la Constitución.  El señor Sánchez no ha estado a la altura de lo que se le supone a un jefe del gobierno español en la sombra, y siembra el desasosiego entre los que creemos que España necesita una alternativa socialdemócrata fuerte, patriótica -en el sentido republicano del término-, y nacional.

Desconocemos también los propósitos del gobierno. Sólo sabemos que la estrategia habitual de Rajoy para que los problemas se cuezan por el mero paso del tiempo no ha funcionado en esta ocasión. Es verdad que el referéndum fue una farsa, y que sus promotores no lograron sus objetivos de transmitir credibilidad, pero sí consiguieron algo muy importante. Ganaron la batalla de la publicidad ante la prensa internacional, que compró –como TV3 y una cadena española—la imagen de una policía bárbara y represora a base de amplificar los enfrentamientos violentos con activistas (muy pocos con la gente que quería votar) e ignorar que a pesar de vivirse una jornada tumultuaria solo hubo dos heridos graves; y que más de medio millar de los contusionados y heridos leves eran policías y guardias civiles. ¡Igualito que en Venezuela!  A Rajoy le engañaron los Mossos y su jefe Trapero, no cumpliendo con lo ordenado por  la Justicia de sellar los centros de votación antes de las seis de la mañana, y no hubo un plan B. Así,  las muy profesionales fuerzas del Estado cayeron en la trampa de participar en un performance nacionalista muy medido para la televisión, pero que a esas alturas apenas tenía sentido, porque el refrendo era una parodia, y ya daba igual que abrieran doscientos o trescientos puntos de votación, porque  había quedado acreditado que allí podía votar cualquiera y las veces que quisiera.

Muy posiblemente el gobierno apruebe estos días la aplicación del artículo 155, total o parcialmente. Siento decir que llega tarde. Tal medida se debería haber tomado el día en que el  Parlament aprueba el referendo ilegal, aunque Sánchez se hubiera desmarcado de ella (para no mancharse), porque no se debió permitir que  los promotores de un acto ilegal y sedicioso lo pilotaran y dieran ruedas de prensa  en la oficinita de Mediapró (sí, el del fútbol), como si no pasara nada. Sinceramente, eso en Francia es inimaginable.

Lo lamento, pero cada día que pasa es más difícil implementar una solución mínimamente aceptable, por todo lo anterior, y por un problema de fondo que está en el germen del auge del independentismo en Cataluña (también en el País Vasco, que será el segundo en llamar a la ventanilla de la independencia). Y es que durante más de treinta años de gobierno nacionalista se ha inoculado el virus del odio hacia todo lo español, se ha falseado una historia de convivencia que dura más de cinco siglos y se ha tolerado que un gobierno lleve años saltándose la Ley y conviviendo con la impunidad. Todos sabemos que la historia del secesionismo en Cataluña es la del independentismo  a plazos; y como hace treinta años apenas la respaldaba un tercio de la población, lo que hicieron fue adoctrinar a los escolares en esa visión única de la Cataluña nacionalista y en la que no había cabida para la pluralidad y la diferencia. Tapar los casos de corrupción en el partido-estado de Pujol precipitó el Procés, y ahora, como en la Alemania nazi, se señala a los vecinos españoles en su tramo de escalera, se enseña a los niños en el colegio que policías y guardias civiles han invadido su país,  se hacen minutos de silencio con menores  por la independencia, y se atemoriza a los que no piensan como ellos, que ya ni se atreven a manifestarse o a colocar una bandera española en su balcón. Hasta el Barça se ha convertido en un mero instrumento de la propaganda soberanista. De todo esto no se hacen eco los medios internacionales, porque España ha carecido de un discurso coherente en Cataluña desde el  día en que un gobierno central pactó con Convergencia a cambio de estabilidad durante  la legislatura. Tiene narices, pero la ley electoral española, y su prima a los partidos nacionalistas, ha tenido mucho que ver en este proceso de degradación de la idea de lo español, que alguna izquierda desnortada ha llegado incluso a comprar como si fueran una partida de carlistas.

Más que lo que pueda pasar el día en que se declare la independencia de Cataluña (y me preocupa mucho, se lo prometo, porque también  está en juego la democracia española), lo que me lleva al desaliento es constatar que este camino solo lleva a la independencia de Cataluña, pasado mañana, o dentro de diez años , cuando vayan a votar los chavales que ahora son educados en el pensamiento único. Mientras el Estado no recupere las competencias de Educación, que jamás debió haber transferido a ninguna autonomía, no hay nada que hacer. Así que si, ahora, toca hablar de reformas constitucionales, algunos también queremos que cambien cosas, pero para hacer un España más cohesionada y solidaria y en la que no haya que firmar un convenio especial para que te atiendan en un  hospital que está a cincuenta kilómetros. Así que yo también, y lo decía García-Page hace unos días, quiero votar sobre el futuro de Cataluña y España.

Este es el gran problema de fondo, que en Cataluña los que se sienten españoles han perdido su libertad y los derechos que les garantiza nuestra Constitución, y no si el viernes hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución o el 33 del Conde de Romanones. Pero aunque sea para salir del paso, hasta ahora solo he oído una propuesta, y es la que hizo Albert Rivera, aplicar el 155 y convocar elecciones para dar la palabra a todo el pueblo catalán. No solo a los actores de la algarada nacionalista.

Y yo añadiría otra propuesta por mi cuenta. Esas elecciones en Cataluña deberían coincidir en día y hora con otras elecciones Generales. En vista de las discrepancias, lo mejor es que el pueblo opine y que el santoral al completo nos ilumine cuando emitamos el voto. A lo mejor no acabamos de resolver el problema, porque el votar por votar no garantiza nada, pero me parece la solución menos mala. Y a ver si hay suerte, y los que no han sido capaces de sacarnos de esta situación dejan el relevo a otros. En fútbol, cuando no entra la pelota, se cambia al entrenador. Ya sé que es lo más fácil, pero no vamos a cambiar a  46,5  millones de españoles, entre ellos 7,5 millones  de catalanes.

Esto es lo que hay, y bien que me preocupa.

Fracasó el supuesto referéndum, pero eso ya lo sabía el gobierno independentista de la Generalitat de Cataluña. Este domingo simplemente se rodaba un spot titulado “Porras y urnas”, por el que los secesionistas intentaban vender al mundo la supuesta represión del pueblo de Cataluña a manos del Estado Español aireando esa trampa saducea que pretende poner cualquier supuesto derecho a decidir por encima de la propia Ley. Olvidándose de que en la Alemania nazi o en la Venezuela de Maduro también se vota, pero cómo se vota. En Cataluña ya lo hemos visto: cualquiera podía ejercer el derecho universal de acudir a votar donde quisiera y las veces que le pareciera oportuno. El perfomance con que Puidmemont y los suyos montaron esta parodia se lo permitía.

Este 11-0 ha dejado algunas cosas claras, y otras tan inciertas que da vértigo.

Ha quedado claro que los Mossos, como policía judicial de Cataluña, son inoperantes porque anteponen la política sectaria de sus jefes a la profesionalidad que se le supone a una policía neutral y democrática. En cualquier país serio, el jefe de los Mossos, el tal Trapero, habría sido cesado en el momento  de haberse comprobado que desoyó las órdenes de los jueces para precintar los recintos de votación. En Cataluña, los Mossos son la policía mayoritaria, y sin un mando dispuesto a obedecer a la Ley el Estado de derecho hace aguas, porque el gobierno central no puede enviar un crucero lleno de guardias cada vez que haya un problema.

En paralelo a la desidia con que se ha comportado la Policía Autonómica, hay que destacar la profesionalidad de la Guardia Civil y Policía Nacional, que han cumplido a la perfección las órdenes de sus superiores, utilizando la fuerza justa para impedir la celebración de la votación, pero sin reprimir cualquier otro derecho democrático, como el de manifestación, de los que discrepaban. Ante la actitud  de algunos de los sediciosos, si este desafío hubiera ocurrido en la Venezuela de Maduro, se habrían producido decenas de muertos, como bien sabemos por la manera que los amigos de Podemos reprimen las manifestaciones de la oposición. Si mañana, o pasado, hay cualquier posibilidad de diálogo y de enderezar este disparate se lo debemos a la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Me decepciona profundamente que a las pocas horas de la intervención medida por parte del Gobierno de la Nación, la dirección del PSOE de Pedro Sánchez y Miquel Iceta se desmarcaran del apoyo a la legalidad, que mantuvieron en las últimas semanas ante el desafío secesionista, poniéndose de perfil y equidistantes entre los golpistas y el gobierno que tiene obligación de cumplir la Ley. Es decepcionante que no dejaran pasar ni unos días para criticar al ejecutivo de Rajoy, porque si bien es cierto que este gobierno ha podido cometer errores por practicar el juego del avestruz ante lo que se le avecinaba,  no podemos olvidar que tampoco los socialistas cuando gobernaron (y lo han hecho en mayor medida que el PP) tuvieron ninguna solución mágica ante el desafío soberanista. Ni el señor Ábalos ni el señor Iceta han hecho ninguna propuesta para enderezar esto que no sea la consabida apelación al diálogo. ¿Pero qué se puede dialogar con unos golpistas que sólo tienen un objetivo, la independencia de Cataluña, y que no parecen dispuesto a negociar dentro de la Ley? Hoy no era el día para la política con minúsculas, sino para el patriotismo constitucional. Y más cuando la España democrática necesita una izquierda socialdemócrata fuerte y con un proyecto diferenciado de esa extrema izquierda, que por primera vez ha entrado en el parlamento, a lomos del populismo que ha alentado la crisis, y que está dispuesta a dar calor a todo tipo de separatismos con tal de socavar los cimientos de la Constitución del 78, que ha dado a España el periodo de mayor prosperidad y libertad de su historia. Jamás el PSOE,  ni en los peores momentos de la Guerra Civil, por el acoso separatista y revolucionario, dejó de tener clara su obligación con España.

El referendo ha fracasado, pero tras el 1-0 llega el 2-0 y nos encontramos con dos legalidades en Cataluña. Una es la del Estado Español, con unas leyes a las que están sujetos todos los poderes que emanan de él, y otra legalidad, la Generalitat de Cataluña, que también emana del Estado, pero que está ocupada por unos tipos que se niegan a cumplir con la Ley que da carta de naturaleza a las instituciones que gobiernan. No hace falta ser catedrático de derecho constitucional para saber que ambas legitimidades son incompatibles, y que si el gobierno del Estado, mañana mismo, y por los procedimientos que le permite la Constitución (incluido el artículo 155), no termina con los sediciosos es el propio Estado el que entraría en trance de disolución. Francia,  Alemania, el Reino Unido o cualquier país de tradición democrática no habría tolerado que a un referéndum ilegal que dinamita a ese estado hubieran llegado como pilotos del mismo sus promotores. Es sencillamente inimaginable.

Habrá que estar atento al desarrollo de los acontecimientos, porque en los próximos días tienen que pasar cosas, seguramente que algunas desagradables, pero ninguna de ellas debe llevar premio a los políticos que nos han conducido a esta situación tan desesperada. Porque sería la democracia española la que no lo resistiría. Esto es que hay.