El gobierno,con el respaldo de los partidos constitucionalistas, ha tomado la única decisión posible ante la cerrazón del gobierno de Puigdemont  de rechazar cualquier diálogo en sede parlamentaria, pero respetando el orden constitucional. Rajoy no tenía otra salida, porque lo que estaba en juego es la propia legitimidad del Estado, y su intervención es indispensable para asegurar que en aquel territorio español ningún gobierno de iluminados fuera a depojar a sus ciudadanos de los derechos y libertades que les concede la Constitución de 1978. Por lo tanto,  no es que en Cataluña se “haya suspendido la democracia”, como falsariamente decía ayer Pablo Echenique, el dirigente de Podemos, sino todo lo contrario. El gobierno del Estado utiliza un recurso constitucional, el artículo 155, para asegurar que la libertad y el Estado de Derecho siga vigente en Cataluña y no se convierta en un despojo en manos de golpistas que supuestamente convocan al Estado al diálogo, pero para exigir un acto de rendición, como las potencias aliadas convocaron a la Alemania de Bismark para firmar el armisticio en Versallles. Afortunadamente PP, PSOE y Ciudadanos se han resistido a jugar ese indigno papel, y por eso todavía hoy España puede ser considerado un Estado de Derecho.  Pero me produce pavor que el argumento de Puigdemont, de los independentistas y los que como Podemos les han dado cobertura en el resto del Estado sea que ante una (supuesta) voluntad del pueblo no se puede poner enfrente un muro de leyes, porque inevitablemente recordaremos que ese fue el argumento de los fascismos en los años treinta. Que un ideal, que luego deviene en totalitario, está por encima de la Ley.

El Estado no tenía otra solución que restaurar el orden constitucional en Cataluña, y difícilmente eso se puede hacer sin cesar al gobierno sedicioso, intervenir los Mossos y controlar unos medios públicos que hasta ahora han sido todo menos públicos: un instrumento para la propaganda del independentismo, que se ha abierto paso sobre una montaña de mentiras, como escribía recientemente Lluis Bassets.  No obstante, el artículo 155 no es ningún bálsamo de fierabrás, empezando porque hasta que entre en vigor el sábado 28, después de su aprobación por el senado,  el Gobierno de la Generalitat sigue en funciones y ese agujero negro de siete días lo puede utilizar de dos maneras. Para declarar la independencia unilateral  y encabezar una rebelión contra el Estado. O para recuperar la cordura, convocar elecciones e iniciar, de verdad, un diálogo con el Estado dentro del marco constitucional.

Puigdemont tiene la oportunidad de evitar el drama que para España, pero sobre todo para Cataluña, significaría seguir por un  camino que solo conduce al despeñadero.  Hasta el sábado,  sigue siendo el presidente de la Generalitat y la pelota está en su tejado. Si lo vuelve a desaprovechar, reclamando un diálogo imposible para enterrar a la Constitución española, el Estado tendrá que estar  preparado para ejercer unas funciones de las que durante demasiado tiempo hizo clara dejación… y esos polvos nos han traído estos lodos. Por último, convocaría elecciones en el plazo de seis meses, porque es una mentira más que el gobierno quiera liquidar el autogobierno de Cataluña.  De hecho, todavía su presidente tiene hasta el sábado para evitarlo. ¿Hará caso al seny o a la CUP?

Esto es lo que hay.