En algunos estados de Estados Unidos existe la pena de muerte para delitos de asesinato (en países que no son democráticos,como China, se extiende a numerosos delitos que no son de sangre) y los hay más en el mundo que tienen en su código penal la cadena perpetua. La primera ha ido por fortuna en franca regresión en las últimas décadas en las democracias, por lo que que en el ordenamiento jurídico de algunos países se sustituyó por la cadena perpetua. Pero esta condena, que se aplicó a conocidos criminales de guerra nazis, fue justamente cuestionada por las sociedades más avanzadas ya que por muy horrorosos que fueran los crimenes no contempla uno de los fundamentos de la ciencia penal más progresista: el derecho a la reinserción que debe tener cualquier condenado a partir del cumplimiento de una parte de su pena y siempre que se haya ganado los beneficios penitenciarios previstos. Por ello es países europeos de vieja tradición democráticas se creó la prisión permanente revisable. La lista es elocuente: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza ; y España desde marzo de 2015. Cada estado tiene sus particularidades: en la mayor parte de esos países, la primera revisión de la pena se hace a los 15 años, en España se alarga a los 25 años, y se endurece en el Reino Unido que deja a la judicatura la revisión.

En España, la prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez: Fue a David Oubel, condenado por haber matado a sus hijas de cuatro y nueve años con una sierra radial eléctrica y un cuchillo de cocina. Y hay un caso en el que el preso pidió que se le aplicara esta pena en lugar de los 32 años a los que fue condenado. Fue José Emilio Suárez Trashorras, minero que facilitó explosivos a los islamistas para los atentados del criminal atentado de 11-M, por lo que su objetivo era acceder a los beneficios penitenciarios y poder revisar su condena a los 25 años.

La prisión permanente revisable ha ganado terreno en la opinión pública europea más avanzada, porque da satisfacción a los que rechazamos por nuestros valores la pena de muerte y cuestionamos la pena perpetua para toda la vida. Una opinión que es mayoritaria en los países que la han adoptado en su código penal, también en España según queda en evidencia en el barómetro del CIS y otros sondeos realizados, y que nos debelan una cosa: que los votantes del PP, Ciudadanos y PSOE están casi unánimemente a favor de ella, e incluso entre los de Podemos son más los que la aprueban. ¿Por qué entonces sin que la sociedad se lo pidiera, las cúpulas de esos cuatro partidos (Ciudadanos se abstuvo) junto con los partidos nacionalistas dio su apoyo en octubre de 2016 a una iniciativa del PNV en contra de la prisión permanente revisable? Cuesta entenderlo y más de uno sospechamos que no hay otro motivo es que esta ley llegó a España de la mano del Partido Popular. Y en la habitual exhibición de sectarismo que desde el siglo XIX emponzoña a los partidos políticos españoles, incapaces de llegar a acuerdos nacionales desde el día siguiente a la aprobación de la Constitución de 1978, vinieron a resolver que la prisión permanente revisable era una cosa de derechas, por lo que el PSOE y Podemos votaron en contra, y Ciudadanos en un ejercicio de centrismo cuasi empírico, pues se abstuvo.

Rocío Viéitez Ferro, la madre de las niñas aserradas por su padre, inició a través de change.org una campaña para mantener en España de la prisión permanente revisable y que en las últimas semanas ha cobrado nuevo vigor tras el respaldo activo de la familia de Diana Quer. Va ya camino del millón y medio de firmas las recogidas. Es circunstancia ha hecho que el PP se haya subido a lo alto de la ola y esté presentando en todas las instituciones de España mociones en contra de que se derogue. El viernes se vio en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde fue rechazada porque los grupos políticos se limitaron a trasladar lo que habían votado sus cúpulas en el Congreso sin pensar -ni siquiera remotamente- si ese era el sentir de sus votantes. Y así el portavoz de Ciudadanos defendió que un preso debe saber cuando entra en la cárcel el tiempo que allí va a estar, un cumplimiento íntegro de las penas que no es compatible con la propia filosofía de la reinserción, y los portavoces de la izquierda que estamos ante una ley vengativa y que vulnera el derecho a la reinserción de los penados. Todos tacharon al PP de oportunista, pero yo me pregunto: ¿El PP ha pecado de oportunismo o son ellos de miopía por alejarse de lo que realmente piensa su base de votantes?

Somos mayoría los que pensamos que la prisión permanente revisable es justa, equilibrada y progresista porque no tiene al condenado pudriéndose en las mazmorras de la Inquisisión sino que a partir del tiempo establecido para su revisión (otra cuestión es que podamos discutir cuál debería ser ese tiempo legal) puede ser devuelto a la sociedad si está rehabilitado y ha reunido méritos para ello. ¿Pero es justo que un violador que se niega a someterse al tratamiento médico adecuado salga a la calle cuando los informes psicológicos te advierten que no está rehabilitado y que tiene altas posibilidades de cometer nuevas violaciones, como en los últimos años ha quedado comprobado en España? ¿Qué explicación dará el legislador que derogara esta ley  a los padres de esas nuevas víctimas? ¿Por qué la sociedad debe ser generosa con terroristas que no quieren arrepentirse y pedir perdón a las victimas? ¿O con criminales que ni tan siquiera son capaces revelar dónde han depositado el cuerpo de su víctima (lease Marta del Castillo y otras muchas) para que por lo menos sus familias puedan descansar con cierta paz?

Esto es lo que hay. Con torpezas como esta de la oposición a Rajoy la están dando gasolina para su campaña.

Si hace tan solo diez años alguien hubiera sostenido que un partido que no fuera el PP o el PSOE estaría en condiciones de liderar la política españole lo habrían calificado directamente de tonto del del haba, sin más precisiones.  Hoy así  lo dibuja una encuesta de Demoscopia para  El País en la que  establece que si esta semana se hubieran celebrado elecciones,  Ciudadanos habría reunido  el 27,1% de los votos, el PP  un 23,2%, el PSOE con el 21,6% y más distanciado a Podemos con el 15,1%.

Comienzo por admitir que toda encuesta es ventajista por definición, ya que va al rebufo de la actualidad más inmediata, que a Ciudadanos  le favorece al haberse convertido en el primer partido de Cataluña, por lo que este tipo de sondeo hay  que entenderlo como el  reflejo de un estado de ánimo coyuntural. Por lo que habrá que comprobar si los ingredientes que han convertido a Ciudadanos en el partido más votado de Cataluña  se pueden cocinar en el resto de España; o es puramente circunstancial. En este sentido hay que hacer algunas consideraciones.

Ciudadanos gana en Cataluña favorecido por la polarización. Sin responsabilidades de gobierno y con un líder de gran atractivo (Inés Arrimadas, mano de hierro con guantes de seda), Ciudadanos se benefició del voto útil  españolista, como históricamente lo había hecho el PSC en las elecciones generales antes de que iniciara, con Zapatero ,sus correrías con los independentistas.  Lo del PP es un fracaso anunciado, del que no hay que responsabilizar a su candidato Xabier Albiol, sino a la política errática que han llevado los populares en Cataluña por culpa, muchas veces, de la estrategia de alianzas desde la época de la antigua Convergencia  cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad. La sensación es que el PP se ha desentendido demasiadas veces  de Cataluña en aras a la gobernabilidad, y lo está pagando caro.

La pregunta que por tanto hay que hacerse es si ese estado de ánimo que dibuja el sondeo de Metroscopia es perdurable en el tiempo, y cómo se traduciría al pasar por el turmix de la ley electoral española, que castiga a los pequeños partidos. Pero la gran paradoja es que si futuras encuestas mantienen el actual dibujo, a Ciudadanos liderando la intención de votos, el mismo señor  D´Hont y sus coeficientes acabarían esta vez por beneficiarlos, siempre que el votante percibiera que apoyar a Ciudadanos es útil, como ha sucedido en Cataluña. Las tripas de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya nos ilustran de la proyección alcista de Ciudadanos en los núcleos urbanos y entre la población más joven, con lo que la respuesta es sí: es posible que el partido de Rivera sea el más votado en los municipios más poblados. Pero al mismo tiempo nos debelan que Ciudadanos tiene fallas notables para consolidarse en partido nacional mayoritario: su escasa penetración en la España profunda, el mundo rural, y particularmente en Navarra y el País Vasco, por oponerse con coherencia al privilegio que suponen  los regímenes forales vascos y navarros, y la Galicia de Alberto Núñez Feijóo, tal vez  el  dirigente con más proyección  del PP,  un presidente que con su galleguismo trasversal  ha sido  capaz aglutinar en torno a él a todo el centro-derecha de Galicia, dejando cada vez menos espacio a Ciudadanos y al propio PSOE gallego, abocado en el mejor de los casos a mayorías con independentistas que tras lo de Cataluña se han puesto caras.

A sensu contrario, el PP adolece de lo que ya exhibe Ciudadanos. Un discurso y un liderazgo renovado. Es imposible para el PP reeditar viejas mayorías cuando entre el electorado más joven es la cuarta opción en votos, porque el granero de los pensionistas es de gran tonelaje, pero insuficiente para liderar la política española con un mensaje fresco e ilusionante.  El PP envejece como su electorado sin que parezcan demasiado preocupados en la confianza de que sean compensados por  la indiscutile mejora de la situación económica y del empleo en España (más de un millón y medio de parados menos desde 2013),  porque se le olvida de que después de diez años de crisis la clase media española ha adelgazado hasta proletarizarse entre millones de millennials de escaso poder adquisitivo y a los que sus contratos precarios no les permiten mirar más allá de la semana siguiente. Todo lo contrario a  las generaciones de sus padres . El gran reto de los partidos conservadores  y socialdemócratas, que alumbraron en Europa el estado del Bienestar, y que permitió ensanchar las clases medias hasta convertirlas en mayoritarias, pasa por cerrar las secuelas de una crisis que seguirá presente mientras no se relaje la política de austeridad como único instrumento para que las empresas y la economía europea vuelva a ser  competitiva frente a Asia. El gran peligro es que el actual estado de cosas alienta toda clase de populismos, de derecha e izquierdas, que quieren devolvernos a la Europa de la preguerra, a base de azuzar el nacionalismo de soluciones simplistas  para nuevos problemas muy complejos.

Ciudadanos, y en menor  medida Podemos, han aprovechado este descontento para  terminar con el sistema bipartidista en España, en el caso de Albert Rivera pescando votos a derecha (23% al PP) e izquierda (13%), lo que le reporta a la formación naranja dos privilegios: uno, que por fin un partido ocupa otra vez ese espacio de centro que se inventó Adolfo Suárez en la Transición, y dos, que si lograra mantener el índice de votos que le otorga la encuesta podría establecer sus alianzas a derecha  e izquierda, lo que le fortalecería ante cualquier alianza postelectoral: con el PP sumaría el 50,3% de los votos y con el PSOE llegaría al 48,7%. Tal y como está la ley electoral en España, suficiente para gobernar .

Es novedad, y por lo tanto a subrayar, que en un país donde la mayor franja ideológica se situa en el centro-izquierda (Suárez hizo su primera campaña diciendo: ”haremos política de cnetro-izquierda”),  por primera vez el centro-derecha suma 14 puntos más que el  centro-izquierda, lo que nos ilustra sobre las dificultades que está teniendo Pedro Sánchez para aormar una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, que no se adivina por ninguna parte, por los bandazos o las ocurrencias, la última sobre cómo tapar el agujero de la Seguridad Social con un nuevo impuesto a los bancos, que acabaríamos pagando lo usuarios y empleados con más Eres, en lugar de convocar el pacto de Toledo y llegar a acuerdos serios, como en Alemania. La suerte de Sánchez es que Podemos se desinfla al carecer de un proyecto nacional,  con un líder desaparecido y antipático, que solo ve responsabilidades en los demás, con lo que por lo menos el PSOE tiene la hegemonía en la izquierda garantizada.

Todo lo anterior favorece a Ciudadanos, pero le perjudica que la próxima convocatoria en 2019 sean unas elecciones municipales y autonómicas en las que se necesitan estructuras de partido implantadas en ese mundo rural que tan poco frecuenta el partido de Rivera.

En Castilla-La Mancha, además,  se enfrentan a una ley electoral que les castiga, como lo acredita que Ciudadanos, con 95.230  votos, no tiene representación en las Cortes de Toledo, y el PP con 413.349 sufragios tiene  16 diputados, el PSOE con 398.104 votos reúne 15 escaños, y hasta Podemos con 107.632 votos suma 2 diputados, que han sido decisivos para la formación del gobierno regional. Aunque  el actual Estatuto permite ampliar los escaños de 33 a 35,  es muy probable que PSOE y Podemos no se conformen con ello y quieran que el  PP pague con la misma medicina que les aplicó Cospedal: reformar sin consenso  el Estatuto de Autonomía y elevar el número de diputados hasta 49, que son los que tenía antes de la reforma, con lo que Ciudadanos y Podemos tendrían mayor representación.  

En el caso de Guadalajara, la dispersión de nuestra provincia perjudica todavía más a Ciudadanos, que en las últimas municipales solo tuvo representación en el área del Corredor del Henares y está virgen en el medio rural. Tengo que recordar que la primera Diputación de Guadalajara estuvo solo formada por diputados de UCD, y aunque  la Ley Electoral cambió el PSOE no tuvo una verdadera estructura  provincial hasta que Bono ganó las autonómicas en esta provincia y por primera vez los socialistas pudieron gobernar la Diputación.  Esto es un serio impedimento para que Ciudadanos pueda liderar la política castellano-manchega y guadalajareña en las elecciones de 2019, pero no olvidemos de que en política además de los votos mandan las sensaciones. Y por la historia sabemos que a pesar de que en abril de 1931 las candidaturas monárquicas fueron más votadas que las republicanas,  el Conde de Romanones, gallardo, se fue a despedir al rey Alfonso XIII a Atocha, y en España se proclamó la República. No digo yo que en las elecciones de 2019 se esté ventilando un cambio de régimen (aunque si la inestabilidad  en Cataluña se cronifica lo acabará pagando toda España), pero árboles muy grandes han empezado a caer. El bipartidismo ha muerto en España,  y un partido que no hizo la Transición, pero que en Cataluña se ha visualizado como el mejor defensor de la Constitución de 1978, hoy lidera el estado de ánimo que recogen los sondeos. Esto es lo que hay; y es muy importante.

Se cierra el 2017 para Guadalajara y dos de los proyectos tan vinculados a la recuperación del Estado del Bienestar al que se refirió con optimismo el presidente regional Emiliano García-Page en este final de año,  han avanzado menos de los deseable, o nada, si nos referimos a la ampliación del Hospital o al nuevo campus de Guadalajara, respectivamente. En ambos casos llegarán las prisas en el último tramo de legislatura (queda apenas  año y medio para la primavera de 2019 en que habrá elecciones municipales y autonómicas) con lo que es fácil que nos pase como a los malos estudiantes, que se dejan medio temario para empollarse el mes anterior al examen y acaban con una empanada mental de padre y muy señor mío.

Las obras del Hospital no han progresado adecuadamente, y no debería ser un consuelo para este gobierno repetir que en la legislatura de Cospedal  se paralizaron por completo.  Oficialmente llevan dos años “reinaguradas”, pero en ellas resulta milagroso encontrarse un obrero más allá de algunas fotos oficiales. No quiero decir tampoco que no se haya hecho nada (zonas verdes, unas aceras, aquí les pongo la relación oficial), pero me preocupa haber llegado a final de año  sin  un plan plurianual en el que se detallen los plazos de lo que queda y las necesidades de equipamiento. Como ya tengo escrito, la prueba del nueve es que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, no es capaz a estar alturas, ni por asomo, de avanzar unos plazos  sobre la finalización de estas obras de ampliación, y lo que deja caer siembra todavía más incertidumbre como cuando dice que una de las dos empresas que con tanto misterio llevan a cabo las obras no quiere continuar en este nuevo año de 2018; y luego no explica por qué. El consuelo que nos queda es que los Presupuestos de 2018 asignan  una  cantidad más relevante (15 millones, menos de la mitad de lo que nos gastamos en la televisión autonómica) con lo que quiero pensar que esta vez  vamos a visualizar la propia obra  (grúas, obreros, carretillas, cemento, esas cosas que se emplean en la construcción) y especialmente a medida que nos acerquemos  a las elecciones. Pero incluso entonces no se nos debe de olvidar  que todavía quedarán años para que se recupere los niveles de atención que este Hospital daba antes de que sobreviniera la crisis (que en autonomías como Castilla-La Mancha derivó en un severo problema de ingresos por el hundimiento de la recaudación, ligada a una fase expansiva de la economía), con lo que nos encontramos con que un Hospital con menos recursos debe prestar la misma atención a una población que con la burbuja inmobiliaria trajo a esta parte del Corredor del Henares a unas cien mil personas más. Algo empíricamente imposible, y que está detrás de esas consultas abarrotadas en donde es problemático hasta encontrar sitio en una sala de espera. El milagro es que a pesar de tales  penurias  la mayoría de los servicios que presta el Hospital son de primera, porque hay un personal que para suerte de sus usuarios está por encima  del sistema y sus miserias.

He querido dejar para el final el asunto del aparcamiento, y ya no solo porque me aburre todos los días el mismo cruce de declaraciones, sino porque muchas veces me parece a mí que  es el hueso que se nos coloca como elemento de distracción para que nos nos fijemos de lo principal, que es el incumplimiento de los plazos (desde 2011, ¡ojito!) en la construcción del nuevo Hospital, y la habilitación de la plantilla correspondiente.  Dicho esto me parece indecoroso que el Hospital de Guadalajara, que es la primera empresa del Corredor del Henares, no habilite un aparcamiento gratuito para sus trabajadores, como hace cualquier empresa de medio pelo, y  que permita que se atraque a los usuarios que debemos utilizar los aparcamientos de pago más de dos horas cuando allí vamos. Aunque el nuevo aparcamiento subterráneo tampoco vaya a resolver ambas situaciones algo las habría aliviado. Y ello debería haber sido suficiente para haber terminado con las disputas que mantiene el Ayuntamiento con el Sescam a propósito de la documentación que este último debe presentar, y dejen que lo diga: que a los vecinos afectados le importan un pimiento. Esto ha llegado a tal punto en que la gente ya no escucha argumentos, y lo que quiere es que se  resuelva de una vez, lo que estas alturas  penaliza a las dos instituciones que intervienen en este embrollo.

Sucede también en el asunto de los nuevos accesos. Después de dos años discutiendo al final hemos vuelto a la casilla de salida. Yo entiendo el argumento del alcalde cuando dice que han cedido unos terrenos que valen diez millones de euros, y que solo por eso los accesos los debería hacer la Junta. Pero esos compromisos se plasman en convenios, y si no hay tal es el Ayuntamiento el  que debe correr con los gastos de pavimentar unas calles que están fuera del recinto hospitalario; o el agente urbanizador. Al final lo acometerá, aunque por aquello de las prisas y de no ralentizar la solución definitiva, lo hará de aquella manera y dejando al futuro agente urbanizador la tarea de completar el viario y las aceras.  Ad calendas grecas.

Y ya termino sobre el nuevo campus del que hay poco que decir. Hemos perdido un año y no se han comprado ni los terrenos al ministerio de Defensa. La Junta y sus portavoces acusan al Ayuntamiento de no haber cumplido su parte con los terrenos y el Ayuntamiento responde que técnicamente esto no es viable mientras no haya un convenio por escrito.  El ruido de siempre cuando no se quiere aflojar el dinero. Mientras tanto, y aunque se ha anunciado la mar de veces, el contrato-programa con Alcalá, sobre el que hay acuerdo Universidad-Junta, ya se queda para el año 2018, y lo que te rondaré morena. Me acuerdo  cuando los planes iniciales contemplados  en el protocolo y borrador que las tres partes bendijeron el 30 de marzo de 2015  con una inversión plurianual a cargo de la Junta de cincuenta millones de euros, ya se hablaba de enero de 2017 para empezar las obras en Las Cristinas y del año 2020 para terminarlas. Ahora, largo me lo fiáis amigo Sancho. Pero esto es lo que hay. ¿No tendrían Román y Page una hora sin testigos ni fotos para poner un poco de cordura y sentido común a tanta disputa?

Feliz 2018 a todos.