Desde la misma noche del 23-J, la consigna estaba en boca de todos los ministros (en funciones) y los potentes portavoces mediáticos del sanchismo. Las elecciones nos han traído una “mayoría progresista” que ha detenido la “involución” del frente formado por la derecha y la ultraderecha. Pero el análisis sosegado de los resultados electorales nos indican otra cosa bien distinta. En palabras de Page: «Hay una mayoría muy amplia, amplísima, que ha querido evitar la entrada de Vox en el Gobierno, aunque nadie podía imaginar al votar el 23 de julio en que esta iba a ser una legislatura con mando a distancia», en alusión al papel estelar que los endiablados resultados han reservado al prófugo Puigdemont. Comparto que hay una mayoría amplísima que no ha querido ver a la extrema derecha en el Gobierno (y de ellos hablaremos luego), pero ni el Page más ingenuo se cree que Sánchez no iba a ampliar su mayoría Frankenstein II con Carles Puigdemont, y hacernos creer, además, que es inevitable para “frenar a la ultraderecha” (el “No pasarán” que se oyó gritar en la calle Ferraz ).Pero no es verdad; es falso. El pueblo español votó mayoritariamente por la centralidad, por los dos partidos herederos de la Constitución, que entre ambos suman el 64,75% de los votos, mientras que los separatistas han perdido apoyo popular, excepto Bildu (beneficiado por el blanqueo de Sánchez). Los datos son elocuentes: entre ERC y Junts suman solo el 3,3% de los votos y con Bildu el 4,6%. Así que si los resultados son “endiablados” es porque Sánchez quiere. Porque el mensaje que manda el pueblo español es de centralidad, de moderación, pero es Sánchez el que pone en el centro de la legislatura a Puigdemont y le entrega el mando a distancia con ese ridículo 1,6% de los votos, porque prefiere reeditar otro pacto del Tinell aun a costa del trágala que va a sufrir con los independentistas. Que sí, casi todos se imaginaban lo que está sucediendo estos días, otra cosa es que algunos miraran para otro lado con la excusa del fantasma de Vox.
«El pueblo español votó mayoritariamente por la centralidad, por los dos partidos herederos de la Constitución, que entre ambos suman el 64,75% de los votos, mientras que los separatistas han perdido apoyo popular, excepto Bildu. Los datos son elocuentes: entre ERC y Junts suman solo el 3,3% de los votos y con Bildu apenas el 4,6%. Así que si los resultados son “endiablados” es porque Sánchez quiere».
PRIMERA PRUEBA SUPERADA.- La primera prueba que el separatismo puso a Sánchez, la elección de la mesa del Congreso, la superó con suficiencia. Para engrasarlo todo, puso de presidenta a Francine Armengol, una pancatalanista que ha sacado al español como lengua vehicular del sistema educativo de Baleares y ha preferido contar con médicos que hablaran catalán, aunque con ello sea casi imposible cubrir las plazas que se ofertan; lo primero es lo primero, y en este caso no fue la salud. El resto de condiciones para la elección de mesa fue tan etéreo como el presidente en funciones: se podrá usar el catalán, gallego y vasco en el Congreso, aunque no se concreta cómo, y el ministro Albares pide a la Unión Europea que los incluya como idiomas oficiales, aunque sabe que hay una veintena de idiomas regionales en esa situación y ni Francia, ni Italia están por la labor de abrir ese melón. Ahora lo que se lleva es el inglés como idioma franco; no la vuelta a la Europa de Carlomagno. Pero si algún día vemos la foto de un parlamento español con traductores y sus cabinas, como en la UE o la ONU, mandaremos al mundo el mensaje de que España no tiene un idioma común (aunque el español lo hablan casi 500 millones en el mundo), y por extensión que España no existe, que es lo que explica el de Waterloo todos los días en sus redes sociales, prescindiendo de que el estado español es el más viejo de Europa, ¡otra menudencia! De la misma manera, es humo la promesa de constituir una comisión en el Congreso que investigue el atentado yihadista de las Ramblas, porque los Tribunales ya lo han hecho y hasta el que fue jefe de los Mossos, el mayor Trapero, dejó claro que sus responsables son los condenados. Puigdemont sabe que su teoría trumpista de la conspiración (que fue inspirado por los servicios secretos españoles) solo se trata de otra operación de propaganda negra contra España; lo asombroso sería que un Ejecutivo español, que dirige esos servicios secretos, sea el soporte parlamentario de esa mercancía putrefacta.
Un asunto mayor sí es cualquier tipo de condonación de deuda que Sánchez pudiera hacer a la Generalitat en el marco de la negociación del FLA, porque eso sí pondría en un brete al resto de autonomías perjudicadas, la de Castilla-La Mancha entre ellas. Hay que recordar las cifras: hasta 2023, la Generalitat ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómica, un invento de Cristóbal Montoro, 131.073 millones, lo que supone el 35,3% del total. Es un porcentaje que casi duplica la participación de Cataluña en el PIB (19% en 2022) y que ha permitido al ejecutivo catalán seguir pagando las nóminas de sus funcionarios, porque la deuda pública catalana estaba calificada de bono basura y carecía por ello de liquidez. Esa España que “nos roba”, al decir del prófugo, les ha permitido financiar una deuda de 85.456 millones a finales de marzo, de la que 76.852 millones se adeuda al Tesoro del Reino de España. Si Sánchez condonara parte de esa deuda, como pago de favores, dejaría en ridículo al resto de autonomías que han gestionado mejor sus finanzas públicas, con lo que Page y el resto de presidentes autonómicos no podrían pasar por ello sin ser reprobados por sus electores.
LA REPRESENTACIÓN.- Como ya nos enseñó Jordi Pujol: independencia se conjuga con paciencia y en estos días vamos a asistir a la segunda parte de la representación de La independencia a plazos, con Puigdemont como actor principal, pero esta vez no se lo va a poner tan fácil a Sánchez. Amnistía y autodeterminación es lo que exige el libreto para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa, pero es que además el prófugo lo quiere por escrito. Evidentemente que Sánchez no le puede complacer, porque sería ilegal, así que vamos a ver adónde llega en ese derecho creativo, con Conde Pumpido como mago Merlín. La amnistía no está prevista en la Constitución, porque no es propia de una democracia y solo se emplea como salida de una dictadura que promovió leyes injustas. Por tanto, la amnistía olvida el hecho punible y extingue cualquier responsabilidad derivada de ella, incluso sin haberse celebrado el juicio. La asunción de este planteamiento sería un atentado contra la sala 2ª del Tribunal Supremo y de los jueces que redactaron la sentencia por el intento de golpe de estado en Cataluña el 1-O, un oprobio que ni Sánchez puede tragar con él. Pero Puigdemont exige que le arreglen lo suyo y lo de su tropa, los juzgados y por juzgar, y que ya puestos incluyan a la presidenta de su partido, Laura Borrás, condenada por corrupción política. La alternativa legal inferior a la amnistía sería un indulto general, pero este lo prohibe directamente el artículo 62 de la Constitución, con lo que no imagino qué “alivio penal” se va a buscar Sánchez para satisfacer las exigencias del prófugo. Por tanto, no es descartable que a Puigdemont le dé un ataque de soberbia y acabe impidiendo la investidura de Sánchez, en contra de los pragmáticos de su partido, que le recuerdan que con este inquilino de La Moncloa van a sacar más que con Feijóo.
De momento, al Rey Felipe ya le han puesto en un aprieto con la investidura. Los partidos del separatismo radical han renunciado a ir a La Zarzuela, para desairar al monarca y a la Constitución, con lo que Felipe VI va a tener imposible cumplir con el papel que le reserva la Carta Magna de proponer al candidato para formar gobierno (artículo 62.d). Es así porque Junts, ERC, Bildu y BNG, lo más granado del ultranacionalismo identitario, se han negado a anticipar al jefe del Estado a quién van a apoyar en la investidura, con lo que Sánchez tendría que hacer de portavoz vicario de los separatistas para avanzar al rey que dispone de un mínimo de 176 diputados para ser investido. Esta anómala situación favorece que el rey haga el encargo al candidato del partido que ha ganado las elecciones, Alberto Núñez-Feijóo, aunque sus posibilidades reales sean remotas.
LO DE VOX.- Y termino con Feijóo. El presidente del Partido Popular tiene que bajarse ya del balcón de Génova y empezar a preparar su tarea de oposición o las elecciones de enero de 2024, si hubiera repetición. Y como primera tarea está definir cuál debe ser la relación con Vox, en lo que ha fracasado por olvidarse de que está al frente de un partido presidencialista. En contra de lo que hizo Sánchez con Navarra, que se tapó hasta después de las elecciones, porque necesitaba la abstención activa de Bildu, el líder gallego -un moderado que cree sinceramente en la descentralización- dejó las negociaciones a los barones regionales y esto fue un descalzaperros. Los argumentos que se daban en Extremadura para no pactar con Vox eran los contrarios de los empleados en la Comunidad Valenciana o en Aragón. Feijóo debe aclararse, aclararnos, para lo cual solo tiene dos alternativas: 1º) hacer como los conservadores de la CDU en Alemania, que por estatutos no pacta con la extrema derecha [y lo de Vox es un juego de niños comparado con la Afd (Alternativa por Alemania)], con lo que no caben especulaciones en campaña electoral, la principal baza de propaganda negativa empleada con éxito por el agit prop sanchista en la última semana de las elecciones. 2º) Naturalizar los acuerdos con Vox, porque de lo contrario se arriesga a estar en el Tinell de por vida, y para ello delimitar y publicitar las líneas rojas en las que se mueve la negociación para no espantar al electorado moderado.
Esto es lo que hay; y no hay más, mientras el PSOE siga atrapado por el peronismo sanchista y el no es no impida el regreso a los consensos que hicieron posible una Constitución que ha dado a España riqueza y estabilidad, pero que los potenciales votantes de otra investidura de Sánchez se han propuesto derogar, aunque sea por la puerta trasera, con el derecho creativo.
El pacto del Tinell, por el que se dejó fuera al PP en tiempos de Zapatero de cualquier gobierno regional, local o provincial en Cataluña, supuso el primer punto de ruptura con un espíritu que alumbró nuestra Transición, y que por lo que se ve, ahora, Sánchez quiere perfeccionar. Sería un inmenso error, porque no se puede prescindir de media España, pero esto es lo que hay.
