El segundo teniente alcalde y concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban, anunció una muy importante subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (vulgo, la contribución) para el año 2024, que se traducirá en incrementar el coeficiente que se aplicaba hasta ahora del 0,46 al 0,54. Según sus cálculos, si por una vivienda se estaba pagando 600 euros de IBI al año, ahora, se pasará a pagar 700 euros. La justificación que dio es que se han encontrado con un “agujero de nueve millones de euros”, por unos ingresos mal calculados en el presupuesto aprobado por la anterior corporación de PSOE +Cs. Se presupuestaron 10 millones de ingresos por instalación de placas fotovoltaicas y 2 millones de euros por el canon de esas placas. A día de hoy, el canon ha sido cero y el ingreso de 3 millones de euros, por lo que hay un descuadre de 9 millones, dijo Esteban. [Fue sonado el caso Tomey, que por un mal cálculo de ingresos sobre el canon energético en la Diputación fue imputado por la Fiscalía de Guadalajara y frenó su carrera política, aunque finalmente su caso fue archivado por la Audiencia Nacional]. Ante esta acusación, ha replicado el anterior alcalde, Alberto Rojo, todavía concejal en el Ayuntamiento, cargo que compatibiliza con el de diputado al Congreso, negando no la mayor, aunque matizando: no hay un solo informe técnico en el Ayuntamiento que hable de “ruina heredada” y todo lo demás es “mentir”. Hay que aclarar que ningún organismo público puede declararse en “ruina” o en “quiebra”, como la empresa privada, así que esa palabra no la van a encontrar en ningún documento oficial, pero sí puede ocurrir que un agujero presupuestario afecte a la liquidez de la institución, y ello desencadene un retraso en los pagos a los proveedores, como sucedió con muchas instituciones en la gran crisis del 2008, y que llevó a la ruina a muchas pequeñas empresas por impagos con la administración. Ese es el riesgo que se intenta evitar con esta subida del IBI, admitió el concejal de Hacienda, pero esto no quita para que se cargue el coste del deseable ajuste en los bolsillos de los propietarios de viviendas de Guadalajara. ¿Qué culpa tienen ellos?
Aunque el concejal de Economía debería aportar más detalles y documentación oficial sobre las dimensiones del agujero, vamos a dar temporalmente por bueno (hasta la liquidación final del presupuesto) que el desajuste existe, que se presupuestó mal [la alcaldesa Ana Guarinos llegó a hablar de pufo, que según la RAE es una deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta; estafa, engaño, petardo] por lo que acepto que hay que tomar alguna medida extraordinaria y evitar que el Ayuntamiento vuelva a tener problemas de liquidez, aunque para ello tiene varias soluciones. A saber.
La medida más responsable sería ajustar el capítulo de gastos a la cuantía del agujero, mediante la reducción de subvenciones o inversiones que no sean de emergencia social, incluyendo el gasto corriente, y por qué no, dando ejemplo con la rebaja de sueldos a la corporación, grupos municipales, asesores, etc. También podría aprobar nuevos arbitrios municipales, que podrían ser temporales hasta que se resuelva el agujero; o subir algunos de los existentes.
No se ha hecho y se ha buscado lo más fácil: cargar el ajuste sobre los propietarios de las viviendas en Guadalajara, que al final serán los que paguen, con esa subida del coeficiente, esos 9 millones que presuntamente se presupuestaron mal. Desde luego que es lo más seguro, porque no hay más que darle a la calculadora, hasta que salgan los números, ya que sabes que el IBI es el impuesto más fiable entre los que recauda el Ayuntamiento. El contribuyente lo paga. Pero una cosa es que sea el camino más fácil y otra que sea el más justo. Es la medida más iliberal que podía tomar esta corporación municipal, formada por partidos como PP y Vox que, eso dicen, están por una fiscalidad moderada y por dejar el dinero en el bolsillo del contribuyente. ¡Pues ya se ve! Esto es lo que hay.
