El que quiera tener un retrato al día de la comarca de Molina, la mejor forma es seguir los post que le dedica su docto hijo Carlos Sanz en Tierra Molinesa. Carlos es un periodista top de larga carrera, que ahora en su jubilación toma el pulso a su tierra y nos la muestra sin adormidera. Días pasados, nos encontramos en las calles de Guadalajara y me puso al día de la situación por la que pasa el Parador Nacional de Molina-Alto Tajo, que un servidor en un post demasiado optimista escribí que había entrado en su recta final, con lo que su inauguración estaba cercana. Ya me había advertido Carlos que había surgido un problema en la evacuación de las aguas residuales, que al final se pudo solucionar con una conexión al colector de la ciudad, salvando el río. Quedaba pendiente la urbanización de las calles aledañas al Parador, y respiramos cuando la Diputación Provincial salió al rescate de su ayuntamiento poniendo sobre la mesa 850.000 euros, que es una cantidad muy importante para una institución como la Diputación, y que ha demostrado ser la más comprometida con este proyecto tan importante para dinamizar la vida económica y social de Molina-Alto Tajo.

Imaginaba un servidor que con este último empujón llegaríamos a la inauguración, pero ahora me entero por Carlos que no va a ser así, porque todavía queda pendiente el acceso principal al edificio, por el que llegarán los autobuses con turistas, y que según valoraciones técnicas podría sumar otro millón de euros. ¿Cómo influirá esta carencia en la inauguración del Parador? Se desconoce.

La clave de las penurias por las que ha pasado el Parador de Molina desde su concepción está en el titular del último Post que escribe Carlos Sanz en su Tierra Molinesa: “Molina no tiene un Rajoy”.  Solo hace falta repasar un poco la desgraciada historia de su construcción para darse cuenta de ello. Recordamos que este proyecto es impulsado por el Estado en 2005 tras el incendio mortal en la Riba de Saelices, conjuntamente con el parador de Muxía, por el Prestige (2002) en el que no murió nadie pero dejó a la Costa de la Morte con gravísimos daños medioambientales. La suerte que tuvo Muxía es que el Gobierno de Rajoy lo apadrinó. Por ello, el parador gallego es ahora uno de los mejores de la red con una arquitectura y un entorno impresionante, mientras que con el de Molina todo son retrasos. Y eso que se hizo una reducción de habitaciones de 80 a 22, para ahorrar, con una inversión inicial de casi 30 millones que se quedaron finalmente en veinte. ¡Y ni por esas!

El Parador de Molina-Alto Tajo necesita un padrino que le dé el último impulso, después de que las últimas previsiones de la autoridades hayan quedado en agua de borrajas. El Parador de Molina requiere de un padrino con la suficiente autoridad y credibilidad, tras los fracasos de estos últimos doce años (se anunció su construcción en el Consejo de Ministros de Zapatero en  agosto de 2011) y con capacidad acreditada para influir en cualquier demanda que se le presente a Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo, lógicamente a Carles Puidemont, a quien el Ayuntamiento de Molina de Aragón le puede convencer recordando que el Real Señorío de Molina fue fundado como Señorío independiente en la edad Media entre los reinos de Castilla y Aragón y mantuvo su fuero hasta 1813. Estamos, por lo tanto, ante un territorio histórico de auténtico pedigrí, hasta el punto de que es el único que es mencionado expresamente en el Estatuto de Castilla-La Mancha con antecedentes para ser reconocido como entidad supramunicipal.

Señor Puigdemont, ya sabe usted que con esto de la Amnistía su nombre no era coreado en las manifestaciones, precisamente, para felicitarlo. Ahora tiene la oportunidad de cambiar su imagen apoyando a este antiguo reino medieval independiente, incluyendo la finalización de cualquier obra o compra de suministros en los Presupuestos del Estado que usted tendrá que revisar y aprobar en 2024. No se lo tome a chanza: teniendo en cuenta que las administraciones y políticos más próximo al territorio han dilapidado su credibilidad de tanto anunciar en vano la finalización de las obras, en Molina no les importaría poner la bandera catalana junto con la española (con perdón), la del Señorío  y la autonómica en el frontispicio del Parador, y adoptarle a usted, señor Puigdemont, como padrino. Y si hace falta, le haremos Señor de Molina… por un día; tampoco hay que pasarse. Aunque no sé qué opinará de ello Felipe VI, que por razón del cargo es el tenedor natural del título: “…Señor de Molina y de Vizcaya”, termina la retahíla de títulos que ostenta el titular de la corona española. Y bien que explotan los fueros y leyes viejas los jeltzales vascongados, que hasta han conseguido un acuerdo de legislatura, que llaman la “clausula foral”, por la que Ortúzar y sus muchachos tienen que dar el visto bueno a cualquier ley española que les afecte. Así la independencia la dejamos para mañana.

Esto es lo que hay; no nos queda otra: “Puigdemont, al parador”. Y como su aspiración es gestionar la red de Paradores en Cataluña -¡que no querrá usted despiezar don Carles!-, pues puede asimilar en su red el de Molina-Alto Tajo, con tal de que se termine de una puñetera vez.  Y si quiere, le invitamos a Ortúzar un fin de semana y le bailamos un aurresku en esos accesos que están esperando.

España se queda sin niños. Guadalajara se queda sin niños. Esta es la gran noticia más allá de amnistías, autodeterminaciones y demás mandangas que nos endilgan el calendario político en España; es decir, Puigdemont. Por tanto, a él tendremos que recurrir y no a nuestros parlamentarios naturales, sombras espectrales diría el Tenorio, para ver cómo podemos parar la caída en picado de los nacimientos en España, que ha descendido el 27,6% en la última década, según los últimos datos del INE. Claro, que como a Puigdemont España le importa una higa, deberemos apelar a que una de las provincias con peor estadística es Barcelona y que el resto de provincias catalanas también están en negativo. Solo en 6 de las  52 provincias españolas están naciendo más personas que el año pasado, encabezadas por Madrid con un saldo positivo de 663 niños. ¿Tendrá algo que ver con el aumento de las políticas de natalidad que ha desplegado el gobierno de Ayuso o solo es por las buenas perspectivas económicas que hay en la comunidad vecina?

En Guadalajara, las cifras del INE muestran que en la provincia  nacieron hasta septiembre  1.116 niños por  1.435 en el mismo mes del año anterior, pero lo preocupante es que la curva ha tenido un descenso continuado en los últimos años. Así, en septiembre de 2016 nacieron 1.779 niños; 163 nacimientos menos en siete años. La tasa bruta de natalidad ha pasado del 12,5% en 1975 a apenas el 7,07%, un desplome que nos debería poner los pelos de punta. A finales de los 90 se produjo un bache y se recuperó en torno al año 2011, coincidiendo con la salida de la crisis financiera, pero a partir de ese momento la curva cae otra vez en picado, como pueden ver por este gráfico. Los datos deberían llevar a una revisión de las políticas en favor de la natalidad que despliegan nuestras instituciones locales, porque si bien la mejor política de natalidad es una buena situación económica, por encima de ayudas y subsidios, algo habrá que hacer para corregir una deriva que nos lleva a la insostenibilidad del sistema. Y eso que Guadalajara no es de las provincias peores de España, porque está seis décimas por encima de la tasa bruta de natalidad de Castilla-La Mancha y 19 décimas sobre la tasa nacional.

Un tercer factor alienta el invierno demográfico que se produce en España, como es que solo tres provincias (Madrid, Murcia y Almería) tienen un mayor número de nacimientos que de defunciones. En Guadalajara el ratio es de 0,82 nacimientos por cada fallecido, un dato objetivamente malo pero que aun así es el segundo mejor de toda Castilla-La Mancha. El invierno demográfico ha llegado tan lejos que en muchos territorios es irreversible, especialmente en el noroeste de España

El freno al desplome poblacional en Guadalajara lo soporta la inmigración, no la natalidad de sus naturales, y que es la que ha permitido que su población haya crecido un 2% más que hace un año. Los datos son elocuentes. La población en octubre de 2022 era de 272.715 personas. Doce meses después hemos pasado a convivir en toda la geografía provincial 278.255 vecinos. Son 5.540 más que hace un año. De esos 278.255 vecinos, 43.993 son extranjeros, un 15,4%, casi 4.000 más que hace doce meses. En ese tiempo la población española ha crecido apenas en 1.571 vecinos. En porcentaje, hay un 9% más de población extranjera frente a un 0,67% más de española.

Esto es lo que hay.

P.D.- Argentina ha elegido entre el salto al vacío que es Milei y la perseverancia en la corrupción y la inutilidad que representaba el enésimo candidato peronista. Yo no sé cómo acabará la historia de este tipo de la motosierra cuando llegue a la Casa Rosada, imagino que moderará el discurso y sus políticas, pero no me digan que escuchar a un presidente electo gritar en el cono sur, caldo de cultivo histórico de la autocracia,  “Viva la libertad, carajo” no es  emocionante.   

El 9 de noviembre de 2023 se produjo el ataque más relevante contra la Constitución española y los ideales de la Transición tras el 23-F de 1981, porque fue el día en que descarriló el Estado de Derecho en España al bajarse en marcha uno de sus maquinistas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Un día que parafraseando a Roosevelt podría recordarse como el “Día de la Infamia”, después de que el documento firmado entre Junts y el PSOE (y que no se atrevieron a rubricar en persona Carles Puidemont y Pedro Sánchez) sobrepasa puntos esenciales de la Constitución, que si el progresista  Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general con Zapatero, no lo impide, quedará para vestir santos.

Hay aspectos de ese documento que atentan directamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, como ese concepto de Lawfare, que empezó  a utilizarse en América por Trump, como justificación a sus condenas judiciales por múltiples delitos y en España por el iliberal Pablo Iglesias, que hace tiempo salió del Gobierno aunque se encarnó ideológicamente en su presidente Sánchez. Ese uso del Lawfare lleva a decir en el infamante documento que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituyan en la próxima legislatura  se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esto significa que el Congreso se atribuye el papel que ahora ejercen los jueces, ya que podrás exigir acciones de responsabilidad. Todas las asociaciones de jueces, incluyendo las Juezas y Jueces por la Democracia -la cantera judicial de la izquierda- y todas las asociaciones de fiscales, incluyendo la Progresista UPF, en la que está la Fiscal de Memoria Democrática Dolores Delgado y el actual fiscal del Estado, Álvaro García, han reaccionado ante tal desatino impropio de una democracia liberal. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de CLM, nuestro Supremo regional, dice tajantemente que “supondría el final de la separación de poderes en un Estado de Derecho que ha regido en España y la vida de los españoles durante los últimos 45 años”, sobre el fondo de la cuestión. Y ante esa posible constitución de comisiones parlamentarias: “Resultaría una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial”; y en última instancia un “grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”.  En esa misma línea argumental, los Jueces Decanos de 79 partidos judiciales de España, entre los que se encuentra el de Guadalajara, advierten que tales comisiones podrían suponer la “revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales” y recuerda que el “Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aporta el riesgo que se apunta”. Por algo así, a Netanyahu le montaron en Israel una revuelta, que ahora ha tapado con su atropellada invasión de la franja de Gaza.

El documento de la Infamia, toman nota los jueces, desmonta la separación de poderes en beneficio del Ejecutivo; y ya sabemos que no hay democracia que valga sin unas leyes que ordenen  y acoten su funcionamiento y ante la que se sometan sus cargos públicos. Con este concepto de lawfere se quiere presentar a los jueces españoles como unos prevaricadores, como si fueran los jueces que se cargaron las leyes democráticas de la República de Weimar ante la presión del gobierno nazi, y salpican incluso al rey Felipe VI, que salió en defensa de la Constitución y la unidad de España tras el golpe de Estado en Cataluña en 2017. Eso es lo que no toleran del Rey los separatistas, más allá de su presunto republicanismo. ¡Como si en Francia un presidente de la República les iba a consentir ni la cuarta parte de sus tropelías!

La soberanía para al Parlament.- El documento de la Infamia se salta en la práctica  el artículo 2 del título preliminar de la Constitución, que establece: ”La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y esto es así, porque la soberanía en el acuerdo se descarga sobre “el Parlament de Cataluña, que representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. El parlament es por tanto, el titular de la soberanía de Cataluña, sin que el parlamento nacional o el resto del pueblo español tenga derecho a pronunciarse. El reconocimiento nacional de Cataluña lleva por el camino un referéndum, que propondrá Junts, como se avanza en el documento, párrafo en el que se cita a la Constitución como única vez y para colegir en su delirio que el artículo 92 ampara ese derecho. Juzguen ustedes mismos: Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.    

Esta es la hoja de ruta hacia la definitiva separación de Cataluña (y del País Vasco) de España, aunque el camino deja otros episodios inenarrables. A saber:

España es ya un país confederal.- El documento describe la futura relación de España con Cataluña (y con el País Vasco, por el acuerdo con el PNV) como una relación bilateral entre dos entes soberanos, que solo mantienen unos livianos nexos comunes, como son los estados confederados. A destacar, que se pone en jaque el sistema de financiación común y es el entierro de ese Café para Todos que tanto molesta a los separatistas. Para empezar, con Junts y ERC se prevé condonar esos 15.000 millones de euros que la Generalitat debe al FLA (es decir, préstamos al Estado) y se abre la puerta a acabar con lo que llaman déficit fiscal de 22.000 millones al año. Todo ello debería ser asumido por el Estado, es decir, por el resto de autonomías que no tienen el privilegio de contar con conciertos económicos propios. Los inspectores fiscales del Estado ya alertan de que “la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles (…) y por la vía de hecho, generará comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda”. Es así porque la cesión del 100 por 100 de los impuestos a Cataluña quebraría el actual sistema de financiación en el que hay regiones que aportan fondos netos y otras los reciben. Tal es así que el abrasado  ministro Escrivá decía hace meses que era anticonstitucional; otro que cambia de opinión.  Entre las regiones con fondo negativo está Cataluña con -2.168 millones, pero Madrid pone el triple, -6.313 y Baleares es la tercera con -334. La ruptura de este principio de solidaridad, hasta ahora defendido por el PSOE, dejaría a Castilla-La Mancha con 1.512 millones en el aire, por no hablar qué pasaría con la financiación autonómica si Madrid, que ahora pone esos 6.313 millones, decidiera hacerse nacionalista. «Se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera». Avisan los inspectores de Hacienda.

El documento de la Infamia es de una osadía inimaginable, pero solo voy a citar de pasada algunos aspectos más:

Miente sobre la historia. El PSOE asume el relato que hacen los separatistas sobre la historia de Cataluña, con citas a los Decretos de Nueva Planta y a la Guerra de Sucesión (1701-1713), como si el desencuentro naciera  de una derrota militar de Cataluña frente a Castilla. Pero más detalles se los dejo a mi compañero de blog, el historiador castellano Juan Pablo Mañueco. No voy a perder más tiempo con tonterías que lamentablemente se enseñan en la escuela catalana y se difunden por su sectaria televisión autonómica, la más deficitaria de España y la que más canales tiene.    

No hay renuncia a la unilateralidad. El documento no recoge que Junts renuncie a proclamar unilateralmente la independencia, como ya hizo en 2017 y por lo que el prófugo terminó valientemente en un maletero camino de Waterloo.

Verificadores internacionales.- Como si se tratara de dos ejércitos en pie de guerra o como si España fuera una república bananera, se recoge que unos verificadores internacionales velarán por el cumplimiento de los acuerdos, pues los separatistas no se fían de Pedro Sánchez. Y se lo dicen a la cara para mayor ridículo de España como nación.

“Conflicto histórico”.- El PSOE asume  el lenguaje de los separatistas,  que parte de la existencia de un “conflicto histórico” que hay que resolver. Y esta es la manera. Por cierto, dejando a un lado al PSC y a Salvador Illa, su presidente y ganador de las elecciones autonómicas, y que ha quedado relegado en le negociación por exigencia de Puigdemont.

Amnistía total.- Lo que se desprende del documento, y pendiente de saber cómo han dejado la Ley para ser presentada al Congreso, es que la amnistía será total. Solo con que el delito pueda ser justificado por los derechos nacionales de Cataluña pisoteados. No sabemos si por ello alcanzará a los casos de corrupción que tiene Junts (su presidenta Laura Borrás está procesada por trocear contratos, el abogado de Puigdemont, Boyé, imputado  en un sumario de narcotráfico con Sito Miñanco de por medio y el juicio por corrupción a la familia Pujol está a punto de abrirse), pero si empiezan a liberar a  terroristas e incendiarios con el argumento de que no hacían nada ilegal, supongo que los presos de ETA pedirán su aplicación, porque con ellos también hubo lawfare.

En resumen, que Puigdemont ha logrado todas sus propuestas que llevó a la negociación con el PSOE, como pueden comprobar comparando el documento con su intervención del 5 de septiembre, aunque según su portavoz Patxi López “estaban en sus antípodas”. A cambio solo han dado una cosa, pero era lo único que le importaba a Pedro Sánchez. Sus siete votos para que no tenga que evacuar la Moncloa y dejar sitio a la alternativa, que por ahora ha conseguido taponar. Dijo el viejo Ramón Rubial, presidente del PSOE, en la primera Ejecutiva tras la victoria de Felipe González en 1982: “Solo te pido una cosa, que no te conviertas en objeto de división entre los españoles”. Y lo decía un viejo sabio que había estado media vida en la cárcel de la dictadura. Sobran las palabras ante el que ha hecho de la división y de alimentar a los extremos su estrategia de supervivencia y que ha culminado con este despropósito  del que no sabemos cómo vamos a salir. Porque una cosa es ser investido y otra diferente gobernar España con una coalición mal llamada progresista, y en la que se integra a la extrema izquierda española, catalana, vasca y gallega, y a la derecha carlista vasca y catalana, que solo quieren romper España. Como se preguntó ayer Felipe González: “¿De verdad merece la pena?”.

Quiebra de la caja común en seguridad social.- El otro documento de investidura, el firmado por Sánchez y el PNV, acepta algo que hasta ahora era inasumible para todos los gobiernos de la democracia: la gestión de la Seguridad Social. ¿Y para qué quiere el PNV gestionar la seguridad social cuando el balance del País Vasco es negativo, es decir, recibe más del Estado de lo que aportan sus cotizaciones? Los mal pensados dicen que es un trámite para pedir luego la ruptura de la caja común de la seguridad social y que los analistas alertan podría poner en dificultades nuestro sistema de pensiones y protección social.  

Pues esto es lo que hay.