¿Qué puede hacer un Ayuntamiento como el de Alovera para actuar contra la okupación de un edificio nuevo, propiedad de una entidad bancaria, y que ha traído consigo la proliferación de actividades delictivas, broncas entre clanes y el terror de los vecinos del barrio?

Pues lamentablemente, poco. Reforzar la vigilancia y esperar a que la Justicia actúe, casi siempre tarde y con escasa eficiencia por mor de una legislación que es complaciente con las okupaciones, hasta el punto de haberse convertido para las mafias en un trabajo. En Guadalajara hemos conocido como auténticos caraduras okupan un edificio y lo realquilan a inmigrantes sin papeles. En el mejor de los casos, se limitan a pasar un tiempo en la vivienda hasta que son desalojados, y aunque son condenados a pagar alguna multa y los desperfectos, luego es prácticamente imposible ejecutar la sentencia. ¡Vamos, que se van de rositas!

Para un barrio la okupación de una vivienda es una desgracia. De la noche a la mañana pierde valor el patrimonio  de los vecinos, porque nadie quiere convivir con okupas, aunque sea en chalets con piscina.  Viviendas tantas veces de gente trabajadora, que han sido pagadas con el esfuerzo de toda una vida, un patrimonio que unos desahogados ponen en peligro por que prefieren robar lo que no es suyo antes de trabajar duro para lograrlo. Algunos partidos políticos de extrema izquierda, consentidores con la situación, lo justifican porque pudiera haber en esas casas okupadas, las menos, personas vulnerables. No caigamos en la trampa:  el Estado y las administraciones públicas deben ayudar a los más vulnerables, y para eso están el  socorro de emergencia, que en algunos casos incluye el alquiler para acceder temporalmente a una vivienda social. Lo que nunca puede estar justificado es okupar una casa, y que sea el propietario el que se convierta en papá Estado y corra con  los gastos de la emergencia.

La Real Academia ha estado ágil al asumir la voz okupar, como “Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario”; un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. Así, si en 2013 los cuerpos de Seguridad dieron cuenta de 7.739 casos en 2018 la cifra fue de 12.214, lo que supone un crecimiento del 58% en cinco años. Pero hay más, porque no todos los casos acaban en denuncia: el Instituto Cerdá decía en un estudio de 2018 que cada año son ocupados ilegalmente 87.000 inmuebles y otros 100.000 más lo son sin que medie denuncia porque se trata de propiedades sin custodia, normalmente de entidades financieras.

Es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes , si se tramitan.

Estamos por lo tanto ante una actividad ilícita ascendente, que algunos partidos quieren meter mano antes de que se desborde, otros parecen dubitativos y los hay también conformes con la situación, porque en el fondo les cuesta reconocer  el derecho a poseer una vivienda privada, cada cual en la medida de sus posibilidades. Así, nos encontramos con debates en ayuntamientos, diputaciones o autonomías que están bien, para tomar conciencia del problema,  aunque sabiendo que cualquier medida que se tome resultará ineficaz si no hay una reforma legal superior. En las Cortes de Castilla-La Mancha, se aprobó días atrás una resolución en la que se proponía crear una fiscalía antiokupación con suficientes recursos para combatirla.  Y Nacho Hernando, el consejero de Fomento, se preguntaba cómo en Baleares el fiscal general emitió una instrucción para que las fuerzas de seguridad pudieran expulsar a los okupas de los inmuebles sin orden judicial, solo con la denuncia del propietario, sin que tenga que ir al juzgado, y por qué esto no puede extenderse al resto del territorio español. ¿Pero qué clase de unidad de doctrina es esta, señora Dolores Delgado, Fiscal General del Estado? 

Al final, cualquier iniciativa siempre tropezará con ese entarimado legal que favorece las okupaciones, por lo que es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes, si en la línea de lo que reclaman estos grupos políticos o si prefiere edulcorarlas o directamente vetarlas, como quieren sus socios populistas de Podemos. Sánchez tendrá que retratarse y decidir si quiere continuar con el estado de cosas, por el que un número importante de okupaciones quedan impunes, por la saturación de los juzgados y por el retraso de las causas contra los okupas, ya que este delito prescribe ahora en 1 año, lo que da lugar a la impunidad y a la reincidencia del delincuente. Las propuestas de PP y Cs  también plantean acelerar al máximo los desahucios  -para que sean posibles en hasta 24 o 48 horas- o dar más poderes a las comunidades de propietarios para que puedan actuar directamente frente a los okupas cuando el propietario ( a menudo algún banco) se desentiende de su expulsión. Por no hablar, como decía en las Cortes regionales el diputado de CS, Alejandro Ruiz, de la situación “absolutamente surrealista” que se produce cuando los okupas se ven luego favorecidos por ayudas públicas con esos impuestos que pagamos los contribuyentes.  “Algunos se mantienen al margen de la ley para ocupar casas pero vuelven a la ley para apuntarse a cobrar subvenciones”, se lamentaba el diputado de Guadalajara.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se le va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta que acudir a una inmobiliaria?     

Esto es lo que hay,  y sobre lo que tendrá que decidir el presidente Sánchez cuando termine sus vacaciones en Lanzarote en una casa que el rey de Jordania regaló a Don Juan Carlos y que supongo tendrá la vigilancia suficiente para que nadie la ocupe. Aunque si lo hiciera, y fuera de un particular, bastaría con que nadie se diera cuenta en las primeras 24 horas, cambiase la cerradura y enchufe la luz a una farola para que pudiera estar tumbado en una hamaca entre uno, dos o tres años, dependiendo de la agilidad del juzgado, sin que vaya a recibir más que una multa, que tampoco pagará porque se declarará insolvente.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se les va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta?