Al presidente de la Comunidad Valenciana le están criticando en clave interna por haber cerrado la televisión autonómica, porque piensan que no le va a venir bien a los intereses electorales del PP a menos de dos años de las elecciones autonómicas. Sin embargo, yo más bien creo que si el PP pierde las elecciones en Valencia va a ser por otras cosas derivadas de la megalómana gestión de Francisco Camps, un tipo que se creyó el mismísimo Obama y que gobernaba una comunidad de infinito recursos, como se ha visto por la deuda que ha dejado el pavo.

Alberto Fabra ha tenido por tanto un gesto de honestidad, porque ¿qué podía hacer? ¿Seguir recortando la Sanidad y la Educación de los valencianos para llenar más el pozo sin fondo en el que se convirtió la televisión autonómica? El balance es de película de terror: con 1.700 trabajadores de plantilla, más que Tele 5 y Antena 3 juntas, solo el coste de los gastos de personal se elevaban en 2014 a 72 millones de euros y en el presupuesto había consignados 107 millones para pagar la deuda, que ya alcanzaba los 1.000 millones de euros. ¡Viva Valencia!

La televisión valenciana es un eslabón podrido más de esa España de las autonomías que vio como lo más normal del mundo que cada comunidad, a imagen y semejanza del Estado, tuviera su propia televisión, pero luego nadie se preocupó de su viabilidad económica. Y el ejemplo más vergonzoso lo tenemos en esa corporación de TV3, que en plena era de recortes sociales tiene más presupuesto y subvención institucional que nunca. Esto demuestra las prioridades del nacionalismo: el proceso de construcción nacional de Cataluña, del cual TV3 es su abanderado, está por encima de la salud o la educación del pueblo. ¿A qué les recuerda?

Pero sin llegar a este grado de papanatismo, lo sucedido con la televisión valenciana debería ser un punto de inflexión sobre el papel que deberían desempeñar las televisiones y radios autonómicas en un futuro en el que el propio Estado del Bienestar está en regresión, y sometido a reformas para que su arquitectura no se venga debajo del todo.

Yo soy partidario de que haya algún medio de comunicación público, y que sirva en su programación a un interés público, aunque por ello no tenga obligación de competir con las audiencias con las cadenas privadas. Pero esto no significa que cada administración pública en España tenga que tener un medio público, que tampoco lo son, porque en nuestro país lo público se confunde con lo gubernamental y la información con la propaganda. Así nos ha sucedido que por todo el país han proliferado emporios de comunicación financiados por autonomías y ayuntamientos, especialmente, que no han hecho más que engordar el déficit público y contaminar el mercado publicitario, contribuyendo a su hundimiento general. Por lo que hemos visto en la misma Guadalajara, el intervencionismo informativo antiliberal no solo disminuye sino que se acrecienta.

No hay visos de que esto cambie. La misma Cospedal llegó a Castilla-La Mancha con la idea de privatizar la televisión, pero se le han enfriado los ánimos a medida que se acercan las elecciones. Ahora se excusa con el argumento de que hay que esperar a que lleguen tiempos más propicios, que dudo mucho que vuelvan alguna vez, pues no va a ser fácil que una empresa privada quiera asumir una plantilla de 441 personas, que en 2012 costó al erario público regional 38,7 millones de euros. En consecuencia, ese camino está cerrado, en mi opinión.

El problema, por tanto, es de modelo. Lo que se está demostrando inviable es que cada gobierno regional tenga una televisión para manejar a su antojo, porque eso es carísimo y lo acabamos pagando todos de nuestro bolsillo. Nunca debió haber televisiones autonómicas, y sobre todo en regiones que no tienen dos lenguas cooficiales.

La gran paradoja de todo esto es que hay una solución; y es fácil. Con los cientos de millones que se ahorrarían las autonomías se podrían firmar convenios con los centros territoriales de RTVE en cada autonomía, y a partir de ahí, aumentar la producción propia en cada uno de ellos, haciéndola compatible con la programación nacional.

¿Todavía estamos a tiempo? Solo si PP y PSOE estuvieran dispuestos a negociar un nuevo modelo de televisión pública, duradero, y que valiera para todos.¿Un imposible, como una ley de Educación por consenso, que nunca la hemos tenido?

De momento, esto es lo que hay. Y es la ruina.