Proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un día antes de salir de vacaciones a los paradores gubernamentales de Lanzarote y Doñana que de esta “salíamos más fuertes” y que la pandemia estaba controlada y casi vencida. Tampoco acertó en esto el señor presidente.

Cuando se acaban de cumplir los dos meses de esa tautología que el gobierno llama “nueva normalidad”, porque la normalidad no es ni vieja ni nueva, es sencillamente normalidad, es decir, todo lo contrario a lo que estamos viviendo.  Cuando Sánchez ha vuelto para descargar toda responsabilidad sobre las comunidades autónomas, porque él está en otras cosas como recomponer su mayoría Frankenstein en la que aspira incluir a Ciudadanos, con el veto de Pablo Iglesias, lo que nos ilustran los datos oficiales sobre el inicio de la pandemia es que ya estamos en el inicio de la segunda ola. Cuando se inició la nueva normalidad, en España había 246.272 contagiados y 28.323 fallecidos. Este viernes eran 439.286 contagiados y 29.011 los fallecidos.

Vemos por tanto que el verano ha disparado los contagios en casi doscientos mil casos más, lo que ha llevado a las comunidades autónomas a implementar medidas especiales en las localidades más afectadas (en Guadalajara, los municipios de Azuqueca y Marchamalo) frente a un virus que no se le ha tomado en serio, especialmente entre los jóvenes, poniendo de manifiesto la escasa pedagogía que las autoridades hicieron durante el estado de Alerta. Los aplausos taparon la dura realidad de los féretros con la complicidad de las grandes cadenas televisivas, muchos jóvenes creyeron que el covid-19 no era para tanto, o al menos que no iba con ellos, y a estos se les unieron esos iluminados negacionistas que surgen, siempre, ante hechos históricos incontrovertibles: el Holocausto, la llegada del hombre a la Luna, el cambio climático… Ya lo estamos pagando: la edad media de contagios tras los efluvios del verano ha bajado de 48 a 35 años, con un 60% de asintomáticos,  según nos apunta el instituto Carlos III.

Ciertamente, como apuntó Sánchez en su primera rueda de prensa postvacacional, la evaluación de la situación no es comparable a los primeros meses de la pandemia, pues a pesar de esos doscientos mil contagiados más la mortandad no ha subido exponencialmente, 688 fallecidos más (me resisto a escribir “solo 688 fallecidos” más como he oído por ahí), pero queda mucho otoño por pasar y hay que confiar en que se tomen las medidas necesarias  para que el sistema aguante, y no se ponga a los sanitarios otra vez al borde del precipicio, porque el ánimo no es ilimitado por la situación de la Asistencia Primaria.. Todo dependerá de cómo sea la evolución. Hasta el viernes la presión asistencial había subido del 5 al 6% y las camas ocupadas por pacientes Covid eran asumibles: 6.224 camas convencionales más 751 pacientes en UCIs. Por lo tanto, vemos  que esa escalada de contagios no está saturando los hospitales, pero por prudencia todos han hecho sus planes de contingencia para afrontar ese “otoño caliente”, que esta vez no solo va a ser político sino también sanitario y social cuando los ERTEs empiecen a acabarse

«La pandemia ha sacado las costuras a los ministerios de Sanidad y Educación, demostrando que al carecer de la mayoría de las competencias habían perdido también su capacidad operativa para poder actual ante una emergencia como es ésta».

Queda pendiente por ver cómo influirá el comienzo del curso escolar en la pandemia. Nadie en su sano juicio ignora que ningún país desarrollado se puede permitirse el lujo de cerrar las escuelas hasta que todo pase, porque no se puede condenar a esa generación del Covid a un retraso en su formación y su capacidad de socializar, pero también porque los padres deben volver al trabajo y no podemos dejar otra vez a los abuelos al cuidado de los niños, con el riesgo que ello supone.  Sabiendo que todos los países de Europa tienen asumido que las clases presenciales son irrenunciables, causa perplejidad que, hasta anteayer, la ministra de Sanidad Isabel Celáa y el inefable Salvador Illa no se reunieran con sus colegas de las comunidades autónomas para aprobar medidas y recomendaciones, que por lo que se está viendo se pueden convertir en agua de borrajas. Cada comunidad autónoma tenía ya sus planes perfilados y en un país donde ya no hay restricciones a la movilidad vemos como hay prohibiciones que imperan en unas comunidades autónomas y en otras no. La pandemia ha sacado las costuras a los ministerios de Sanidad y Educación, demostrando que al carecer de la mayoría de las competencias habían perdido también su capacidad operativa para poder actual ante una emergencia como esta. ¿Verdad doctor Simón? ¿Para cuándo esa comisión de auténticos expertos que le reclaman las sociedades médicas?   El estado de las autonomías no puede ser incompatible con políticas nacionales que se deben dirigir desde los ministerios, aunque a Torra y a Urkullu no les guste.

«Queda también cómo encarar la crisis económica que nos ha traído la pandemia, la peor desde la Guerra Civil, y si un gobierno incapaz de aprobar un presupuesto desde que tomó posesión puede abordarla, en soledad, solo con el apoyo de neocomunistas y los independentistas, como quiere Iglesias «

Queda también cómo encarar la crisis económica que nos ha traído la pandemia, la peor desde la Guerra Civil, y si un gobierno incapaz de aprobar un presupuesto desde que tomó posesión puede abordarla, en soledad, solo con el apoyo de neocomunistas y los independentistas, como quiere Iglesias, unos taimados aliados que están en otra cosa: la deconstrucción constitucional del régimen de 1978 y alumbrar no sabemos muy bien qué España tienen en mente; aunque lo sospechamos. Tal vez ninguna.

Pero esto es material para otro post. De momento, esto es lo que hay. ¡Tela como llega el otoño!

¿Qué puede hacer un Ayuntamiento como el de Alovera para actuar contra la okupación de un edificio nuevo, propiedad de una entidad bancaria, y que ha traído consigo la proliferación de actividades delictivas, broncas entre clanes y el terror de los vecinos del barrio?

Pues lamentablemente, poco. Reforzar la vigilancia y esperar a que la Justicia actúe, casi siempre tarde y con escasa eficiencia por mor de una legislación que es complaciente con las okupaciones, hasta el punto de haberse convertido para las mafias en un trabajo. En Guadalajara hemos conocido como auténticos caraduras okupan un edificio y lo realquilan a inmigrantes sin papeles. En el mejor de los casos, se limitan a pasar un tiempo en la vivienda hasta que son desalojados, y aunque son condenados a pagar alguna multa y los desperfectos, luego es prácticamente imposible ejecutar la sentencia. ¡Vamos, que se van de rositas!

Para un barrio la okupación de una vivienda es una desgracia. De la noche a la mañana pierde valor el patrimonio  de los vecinos, porque nadie quiere convivir con okupas, aunque sea en chalets con piscina.  Viviendas tantas veces de gente trabajadora, que han sido pagadas con el esfuerzo de toda una vida, un patrimonio que unos desahogados ponen en peligro por que prefieren robar lo que no es suyo antes de trabajar duro para lograrlo. Algunos partidos políticos de extrema izquierda, consentidores con la situación, lo justifican porque pudiera haber en esas casas okupadas, las menos, personas vulnerables. No caigamos en la trampa:  el Estado y las administraciones públicas deben ayudar a los más vulnerables, y para eso están el  socorro de emergencia, que en algunos casos incluye el alquiler para acceder temporalmente a una vivienda social. Lo que nunca puede estar justificado es okupar una casa, y que sea el propietario el que se convierta en papá Estado y corra con  los gastos de la emergencia.

La Real Academia ha estado ágil al asumir la voz okupar, como “Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario”; un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. Así, si en 2013 los cuerpos de Seguridad dieron cuenta de 7.739 casos en 2018 la cifra fue de 12.214, lo que supone un crecimiento del 58% en cinco años. Pero hay más, porque no todos los casos acaban en denuncia: el Instituto Cerdá decía en un estudio de 2018 que cada año son ocupados ilegalmente 87.000 inmuebles y otros 100.000 más lo son sin que medie denuncia porque se trata de propiedades sin custodia, normalmente de entidades financieras.

Es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes , si se tramitan.

Estamos por lo tanto ante una actividad ilícita ascendente, que algunos partidos quieren meter mano antes de que se desborde, otros parecen dubitativos y los hay también conformes con la situación, porque en el fondo les cuesta reconocer  el derecho a poseer una vivienda privada, cada cual en la medida de sus posibilidades. Así, nos encontramos con debates en ayuntamientos, diputaciones o autonomías que están bien, para tomar conciencia del problema,  aunque sabiendo que cualquier medida que se tome resultará ineficaz si no hay una reforma legal superior. En las Cortes de Castilla-La Mancha, se aprobó días atrás una resolución en la que se proponía crear una fiscalía antiokupación con suficientes recursos para combatirla.  Y Nacho Hernando, el consejero de Fomento, se preguntaba cómo en Baleares el fiscal general emitió una instrucción para que las fuerzas de seguridad pudieran expulsar a los okupas de los inmuebles sin orden judicial, solo con la denuncia del propietario, sin que tenga que ir al juzgado, y por qué esto no puede extenderse al resto del territorio español. ¿Pero qué clase de unidad de doctrina es esta, señora Dolores Delgado, Fiscal General del Estado? 

Al final, cualquier iniciativa siempre tropezará con ese entarimado legal que favorece las okupaciones, por lo que es de ilusos pensar que esta deriva se puede corregir sin la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes que se debatirían en el Congreso a partir de septiembre, por iniciativa de PP, Cs y Vox. ¿Qué pasará entonces? Pues que otra vez será Pedro Sánchez el que decida cómo se tramitan estas leyes, si en la línea de lo que reclaman estos grupos políticos o si prefiere edulcorarlas o directamente vetarlas, como quieren sus socios populistas de Podemos. Sánchez tendrá que retratarse y decidir si quiere continuar con el estado de cosas, por el que un número importante de okupaciones quedan impunes, por la saturación de los juzgados y por el retraso de las causas contra los okupas, ya que este delito prescribe ahora en 1 año, lo que da lugar a la impunidad y a la reincidencia del delincuente. Las propuestas de PP y Cs  también plantean acelerar al máximo los desahucios  -para que sean posibles en hasta 24 o 48 horas- o dar más poderes a las comunidades de propietarios para que puedan actuar directamente frente a los okupas cuando el propietario ( a menudo algún banco) se desentiende de su expulsión. Por no hablar, como decía en las Cortes regionales el diputado de CS, Alejandro Ruiz, de la situación “absolutamente surrealista” que se produce cuando los okupas se ven luego favorecidos por ayudas públicas con esos impuestos que pagamos los contribuyentes.  “Algunos se mantienen al margen de la ley para ocupar casas pero vuelven a la ley para apuntarse a cobrar subvenciones”, se lamentaba el diputado de Guadalajara.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se le va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta que acudir a una inmobiliaria?     

Esto es lo que hay,  y sobre lo que tendrá que decidir el presidente Sánchez cuando termine sus vacaciones en Lanzarote en una casa que el rey de Jordania regaló a Don Juan Carlos y que supongo tendrá la vigilancia suficiente para que nadie la ocupe. Aunque si lo hiciera, y fuera de un particular, bastaría con que nadie se diera cuenta en las primeras 24 horas, cambiase la cerradura y enchufe la luz a una farola para que pudiera estar tumbado en una hamaca entre uno, dos o tres años, dependiendo de la agilidad del juzgado, sin que vaya a recibir más que una multa, que tampoco pagará porque se declarará insolvente.

O Sánchez toma medidas y deja de hacer caso a los populistas también en esto o la okupación se les va de las manos. ¿Total, para qué voy a trabajar, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones fiscales como ciudadano cuando es más fácil  pegar una patada en la puerta?      

Las elecciones municipales que el 14 de abril de 1931 ganaron las candidaturas republicanas en las grandes ciudades, dieron paso a la proclamación de la II República. El rey Alfonso XIII renunció a la resistencia armada que de boquilla algunos consejeros le sugerían y tras despedirse del servicio en palacio se marchó a la estación de Atocha, camino del exilio, sin que los grandes de España se atrevieran a despedirlo, solo un avejentado Conde de Romanones, diputado por Guadalajara, que precisamente fue el que con su pragmatismo habitual le dijo en el último consejo de Ministros que no veía otra solución que su salida de España.  Don Alfonso se plegó a la dura realidad y dijo aquella frase que quedó para la historia: “Por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilaciones». El 28 de febrero de 1941, el rey destronado fallecía en Roma, ciudad en la que había nacido el 5 de enero de 1938 su nieto Juan Carlos.

“Este Juan Carlos camino del exilio es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco”.

No hubo la menor representación en la marcha de España de su nieto, el rey Emérito Juan Carlos I, comunicada por la mañana en la web de la Casa Real, ni sabemos todavía cómo se llevó a cabo. Su marcha era el segundo cortafuegos que el rey Felipe VI había dispuesto, alentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras fracasar el primero. La retirada de la asignación al Emérito y la renuncia a la herencia por parte de Felipe VI.  Por entonces, el Rey ya había tomado la decisión de no aceptar el chantaje de Corinna, que a través de un caro despacho de abogados londinense le ofrecía un pacto para no seguir con las revelaciones, como demuestran las cartas publicadas por El Mundo y otros medios de comunicación.   

La situación no podía ser más dura en lo personal, porque para no dañar otra vez a la institución, y a España, otro Borbón salía camino del exilio, aunque sea temporal, como antes lo hizo su abuelo Alfonso y con él su padre, Don Juan, Conde de Barcelona. En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno, y por lo que sabemos lo que se investiga son irregularidades de tipo fiscal al no haber declarado donaciones y negocios opacos que mantenía en fondos manejados por testaferros.   

“En una España donde escándalos de mayor calado, porque llevaron consigo la institucionalización de la corrupción, como con la familia Pujol, o el robo directo de los presupuestos públicos, el rey Felipe pone el listón muy alto, mandando al exilio temporal a su padre, aunque todavía no está acusado de delito alguno”

El comportamiento privado de D. Juan Carlos es injustificable e indigno de la más alta jefatura del Estado. En esto no puede haber disculpas. Ni tan siquiera que la Casa Real gaste veinte veces menos que la televisión de Cataluña o que carezca de propiedades, como Isabel II, que es la más rica del Reino Unido. Sí cabe preguntarse cómo la propia Casa Real, con ilustres servidores públicos a su servicio, no atajaron esas conductas desde el inicio, y cómo mirar para otro lado por parte de gobiernos y medios de comunicación solo ha valido para hacer la bola más grande. Habrá que reflexionar y tal vez legislar sobre ello.   

Y dicho esto, hay que añadir, también, que este Juan Carlos I camino de su exilio temporal, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles”– confiesa en su carta-, es el mismo que pilotó la Transición y trajo las libertades a España al entregar al pueblo español absolutamente todos los poderes del Estado que le había entregado el dictador Franco. Si hoy España es infinitamente más libre y más próspera que entonces, a pesar de la pandemia y su deficiente gestión, en parte se lo debemos a Don Juan Carlos. Y si un 23 de Febrero, un siniestro teniente coronel de la Guardia Civil, que entró pegando tiros en el Congreso, no consiguió que el golpe fuera a mayores, también se lo debemos al rey que había entonces, porque no se equivocó de bando.

Lamentablemente esta situación, que el Estado y sus instituciones empiezan a encauzar, está siendo aprovechada por los revolucionarios de pandereta para introducir un debate ridículo entre monarquía y república, impensable en los países con monarquías en el norte de Europa, cuando España está inmersa en la mayor crisis sanitaria y económica desde el restablecimiento de la democracia. A no ser que lo que se pretenda es distraer la atención es de una irresponsabilidad manifiesta, que añade más inestabilidad a la imagen de España, el país de Europa que más tocado sale de la pandemia. Ahora bien, si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que se pretende es eliminar esa clave de bóveda de la Constitución del 78, que es la monarquía parlamentaria, y alentar otro conflicto civil, como en los años treinta, han elegido muy bien su objetivo. Hasta el presidente del Gobierno, tan tibio otras veces en su relación con el Rey, ha tenido que salir al ruedo y aclarar que «lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas»; o reivindicar por una vez el papel del PSOE de González al reconocer: «Nosotros sí somos arquitectos de la Constitución, y por eso reivindico el pacto constitucional, donde una de las claves de bóveda es la monarquía», ha admitido.     

“¿Con qué Sánchez nos quedamos, con este que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con aquel que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con esa Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?”

Con esa declaración deberíamos quedarnos tranquilos de que nadie en el Gobierno quiera aprovechar esta triple crisis, política, sanitaria y económica, la Tormenta Perfecta escribía en mi anterior post, para socavar los cimientos de la Constitución y seguir una estrategia de derribo de una de esas claves de bóveda. Pero si echamos una vista al interior del Gabinete, y vemos al populista de su vicepresidente compartiendo discurso con los independentistas, nos asaltan las dudas. ¿Con qué Sánchez nos quedamos, con el que defiende las instituciones del Estado y la legalidad, o con el que pacta con los que quieren acabar, por derribo, no mediante la reforma previstas, con la Constitución que proclama la unidad de España y garantiza las libertades y el Estado de Derecho, del que emanan?

Esto es lo que hay. Sánchez se ha ido con buenas palabras, de vacaciones, a una residencia que otro monarca de Oriente regaló al rey Juan Carlos y que inmediatamente  pasó al Patrimonio del Estado, solo que desconfiamos de la estrategia que él e Iván Redondo nos traerán para abordar un curso político y económico sumido en la más absoluta incertidumbre, y que solo se puede encarar recuperando los valores de la Transición y el patriotismo constitucional.  

Tuvo merecida fama una película titulada «The perfect storm» (La tormenta perfecta), dirigida por Wolfgang Petersen (2000), un alemán que se carecteriza por saber dar con el ritmo de las películas hasta que terminas agarrado a la lámpara, y en la que a un honrado capitán de barco (George Clooney) se le iban acumulando tantas circusntancias adversas que no pudo evitar el naufragio a pesar de su pericia.

España, con el encadenamiento de dos crisis, la sanitaria y la económica, está amenzada por toda suerte de dificultades y lo que es peor, parece que el mundo empieza a desconfiar de casi todo lo que le llega desde aquí. No debería extrañarnos. Cuando llevamos casi cinco meses de pandemia, todavía el Gobierno no ha sido capaz de poner fin al baile de cifras (Sanidad reconocía a principios de semana 28.436 fallecidos y las cuentas de las comunidades autónomas los elevan a unos 45.000). Los contagios diarios se vuelven a acercar a los mil y hay una sensación de que la evolución de la pandemia se resiste a la «nueva normalidad», con independencia de que estemos o no en el inicio de una segunda ola, que el ministro de Sanidad rechaza, aunque su portavoz sanitario, el doctor Simón, diga que lo «están estudiando».

En esas circunstancias, y más allá del peso político de nuestra ministra de Exteriores, Europa empieza a perder la confianza en España y nos envía gestos que van a terminar por echar a pique nuestro 12% del PIB, estamos hablando de nuestro turismo. El peor de todos, el del populista Boris Johnson, un negacionista del virus, del que se acabó contagiando, como su homónimo Bolsonaro, tal para cual, por meter en el mismo saco a todas las regiones de España y luego echarlas a los tiburones. Al no querer sentar excepciones para las islas Canarias y las Baleares, que tienen menos casos por cada 100.000 habitantes que el Reino Unido, huele que atufa que no estamos ante un medida sanitaria, sino puramente económica para amarrar el turismo nacional británico en Portsmouth en lugar de largarse a Benidorn. Caso diferente es el de países como Alemania o Francia que han sabido diferenciar sus recomendaciones en función a la situación sanitaria en las comunidades autónomas.

Entre unas cosas y otras, la temporada turística se nos está yendo al garete (especialmente en las regiones de sol y playa) por esa desconfianza generalizada de la que el gobierno está haciendo muy poco por mitigar. Diríase que el presidente Sánchez ha dado su trabajo por terminado desde que pasó la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas, pero sin los instrumentos legales necesarios como para poder desarrollarlas. Me refiero a que las limitaciones de movilidad no tienen otra alternativa que el estado de Alarma, con lo que el gobierno ha mandado a por agua a las autonomías con un cesto de mimbre. Este viernes vuelven a reunirse los presidentes autonómicos con Sánchez, y no creo que sea para precisamente aplaudirlo tras los últimos acontecimientos. ¡Qué molesto tiene que ser para él volver a hablar de estas pequeñeces del virus cuando se ha pisado moqueta azul en Bruselas, aunque sea de oyente!

Pero si las olas que el carismático capitan Billy Thyne debía superar todavía no han sido batidas por la tormenta que se empieza a formar en Flemish Cap, el gobierno también tiene datos suficientes sobre la pandemia económica que se avecina. La última EPA del segundo trimestre ha destruído más de un millón de empleos, su mayor retroceso de la serie histórica, iniciada en 1976, y eso que entre los que figuran como ocupados están los sometidos a un ERTE, por lo que la pregunta que nos hacemos todos, empezando por ellos, que por eso han dejado de consumir, es cuántos podrán volver a sus trabajos y cuántos irán directamente a las oficinas de empleo. Con los afectados por ERTE pasa como con los muertos por el coronavirus, que ni la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tiene claro. Algunas fuentes hablan de entre 2,5 y tres millones. Más o menos, que diría aquel. Como para hacer un presupuesto. Solo en Guadalajara a finales de junio había 108.500 personas ocupadas. Son 9.400 menos que las que contabilizo el INE en el primer trimestre de este año.

Ante tanta incertidumbre, desmoraliza el juego que se traen nuestros políticos en el parlamento ocupados en señalar, solo, la responsabilidad del otro en lugar de estar reforzando, juntos, los mamparos del Andrea Gail . Porque España está ante su tormenta perfecta, el mayor desafío desde que recuperó la democracia, y de tripulación no es ya que no tenga al heróico capitán Thyne sino que lleva el timón a un presidente que ha consumido dos gobiernos diferentes y todavía va tirando de los presupuestos de Montoro, aprobados en 2018. Pero esto es lo que hay y no pasa nada.

El régimen de 1978 empieza a hacer aguas, desde su cabeza coronada, cuestionado por neocomunistas e independentistas y tenemos a los partidos constitucionalistas despreocupados de cualquier cosa que no sea su propio interés cuando hay que remontar una gigantesca ola de 30 metros que aparece en el horizonte.

P.D.- Una persona que regresaba de su país de origen, ya enfermo, a su residencia de Marchamalo, no informó de ello a las autoridades sanitarias ni fue detectado en los controles del aeropuerto de Barajas. En Marchamalo ya hay 16 personas que han dado positivo de su entorno más próximo y una de ellas está ingresada en el Hospital. Casos como este se están produciendo practicamente a diario. Una conocida que ha venido de Alemania nos decía que en el aeropuerto de origen tuvo que rellenar una ficha con sus datos y luego, en Barajas, nadie se la pidió. ¿De qué vale extemar otro tipo de medidas si tenemos un agujero covid en Barajas más grande que el ruedo de Las Ventas? ¿A qué espera Sanidad para adoptar medidas eficaces en el aeropuerto de Barajas, como le reclama la comunidad de Madrid, exigiendo test PCR en origen, como lo están haciendo cada vez más países?

La pandemia sanitaria, derivada después en una crisis económica global, ponía a la Unión Europea posiblemente ante el mayor reto desde la constitución de este maravilloso invento – el más grandioso desde la expansión de los Estados Unidos por el continente norte-americano-, porque no todos sus estados miembros salían afectados de la misma forma. Dos de los países grandes, España e Italia, con independencia de la mala gestión de sus gobiernos en el primer tiempo de la pandemia, salían muy tocados y si el resto de socios no facilitaban su recuperación, ponían en serio riesgo la pervivencia de la propia unión económica y política. Era el momento de ensayar algo a lo que siempre se habían resistido los países del norte, con economías más equilibradas: Mutualizar la deuda que se generase para incentivar la economía, en este caso 750.000 millones de euros, y que todos (no solo los países mediterráneos más afectados) deberán pagar.

Si Alemania no hubiera tenido una canciller europeísta como Merkel, de las pocas que son capaces de resistirse a la tentación populista, el sueño europeo habría saltado por los aires.  A ella es la que tenían que haber hecho el pasillo el resto de primeros ministros al término de la reunión.

Cuadrar tantos intereses entre los llamados países “frugales”, encabezados por el primer ministro holandés Mark Rutte no era nada fácil. Hacía falta mucho pegamento y alguien de auctoritas indiscutible, como en la antigua Roma, para que aquello no acabara como el rosario de la Aurora. Y allí apareció una vez más  Ángela Merkel. Si Alemania no hubiera tenido una canciller europeísta como Merkel, de las pocas que son capaces de resistirse a la tentación populista, el sueño europeo habría saltado por los aires.  A ella es la que tenían que haber hecho el pasillo el resto de primeros ministros al término de la reunión.

Lógicamente, el compromiso alcanzado ni es gratis, ni significa que cada gobierno pueda hacer de su capa un sayo. Inicialmente a España le corresponderían unos 140.000 millones (aunque si sumamos lo que cada canciller ha dicho que le toca nos vamos más allá de esos 750.000 millones), de los que el 90% se destinan al fondo de recuperación, inversión y reformas; y hay otra partida menor para subvenciones y préstamos a bajo interés. En compensación a esa mutualización de la deuda,  los países frugales han conseguido un freno de emergencia por si los planes presentados por cualquier país no responde a los criterios aprobados por Bruselas, algo que nos debería tranquilizar a todos ante  cualquier gobierno aficionado al derroche con el dinero ajeno.

Este acuerdo va  a facilitar al Gobierno de Sánchez la aprobación de futuros presupuestos, pero también tiene sus servidumbres y  el presidente deberá analizar si con los mimbres con los que está formado su gobierno le va a dar para presentar a Bruselas ese Plan de Reformas e Inversión que atienda a sus recomendaciones.

Este nuevo Plan Marshall europeo debería ser una oportunidad para gobiernos , como el español, de atacar las reformas necesarias y afrontar sin complejos los retos del siglo XXI.  Es una indecencia que un país como España presente cifras de paro que quintuplican la media de los países frugales, con déficit que se disparará este año al 10% del PIB y una deuda que escalará por encima del 115%. Deberíamos agradecer a Europa  que este acuerdo ponga en valor las recomendaciones que a través del Ecofin se hacían a países como España , y que ignoraba sistemáticamente por el cortoplacismo de su política,  referidas a la arquitectura más esencial de nuestra economía, reducida cada vez más al sector servicios y en la industria al automóvil, con un mercado laboral obsoleto que solo ofrece temporalidad y sueldos bajos a los más jóvenes, que gasta la mitad de la media europea en I+D+i, que dirige sus políticas sociales hacia el subsidio más que a la creación activa de empleo, lo que redundará  a largo plazo en la insostenibilidad de un sistema de seguridad social y pensiones que solo dependerá de un tercio de los habitantes activos de un país.

Este acuerdo va  a facilitar al Gobierno de Sánchez la aprobación de futuros presupuestos, pero también tiene sus servidumbres y  el presidente deberá analizar si con los mimbres con los que está formado su gobierno le va a dar para presentar a Bruselas ese Plan de Reformas e Inversión que atienda a sus recomendaciones. O de lo contrario el señor Rutte pegará el frenazo como si se tratara de una burra manchega.

La ventaja de Sánchez es que nos demuestra a diario que puede decir una cosa y la contraria sin que se ponga amarillo. Ahora tendrá otra vez la oportunidad de demostrarlo, porque solo con el respaldo de neocomunistas e independentistas, que están en lo suyo (con la que está cayendo en Cataluña, hoy su parlamento debatía la censura al gobierno de España y pedir la abdicación del rey Felipe VI) Sánchez tiene serio riesgo de que Rutte le eche el freno.  Fíjense en Merkel: ¿Con quién gobierna en Alemania? Pues esto es lo que hay.

No hay nadie como Feijóo que represente la centralidad en Galicia. Es moderadamente conservador. Moderadamente galleguista. Moderadamente españolista. De mediana edad, ni demasiado mayor, ni demasiado joven, hasta el punto de que con 58 años ha conseguido su cuarta mayoría absoluta, récord con el que iguala a un Manuel Fraga que la alcanzó solo al final de su carrera política. «Galicia, Galicia, Galicia» fue su lema de campaña, con la firma de Feijóo y un logo del PP que hacía falta una lupa para verlo. En un país como Galicia, poco dado a los alborotos, a Feijóo le favorece el panorama de una izquierda atomizada que acude a las elecciones con más caballos que el Gran National. El PSOE casi nunca fue en Galicia una alternativa por sí mismo, sino haciendo cabeza de un batiburrillo de fuerzas de izquierda, nacionalistas y hasta independentistas. Y, claro, hay gallegos de centro-izquierda que estarían dispuestos a dar su apoyo a un proyecto socialdemócrata sereno, que recuerdan con añoranza los tiempos de Paco Vázquez, pero les repele las aventuras populistas del acompañamiento y más en clave soberanista. Esta vez el PSOE de Sánchez ha perdido el segundo puesto en favor del BNG, algo que era previsible porque el Bloque ha rebañado todos los escaños de las Mareas, no ha habido por tanto un cambio sociopolítico. Podemos, que en los territorios históricos va siempre camuflado con otro nombre (esta vez Galicia en Común) ha cedido ante el empuje nacionalista, y sus electores han preferido antes el original que la copia. Es lo que tiene por mimetizarse con el soberanismo. Pero a lo mejor es que hay algo más y que Errejón tiene razón cuando dice que no existe Podemos, que ahora es UP y se ha quedado con los votos de Izquierda Unida.

La centralidad de Feijóo ha demostrado a su partido en Madrid tener poderes que habrá aprendido de las meigas. Porque solo siendo un quiromante se puede abarcar hasta la derecha más extrema sin perder el centro. Ni Vox ni Cs consiguieron escaño en Santiago de Compostela.

También hubo elecciones en el País Vasco y ganó el partido gubernamental, el PNV. El resultado estaba tan cantado que solo participó el 52% de la población. Allí, el PSOE volverá a ejercer su condición de bisagra y a sentarse en el consejo de Gobierno en Ajuriaenea, lo que dará tranquilidad a Sánchez en La Moncloa. Así que por ese lado más de lo mismo. Pero no seamos ciegos. Cada elección que pasa, el nacionalismo, omnipresente en tabernas, círculos gastronómicos, colegios, iglesia, y no digamos en los medios de comunicación públicos y privados del País Vasco, va ganando terreno; y ahora ya ocupa 53 de 75 escaños en el parlamento de Vitoria. Pero lo peor de todo es que cuando se cumple el XXIII aniversario del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, un chaval que iba todos los días en el Cercanías a trabajar, el voto de Bildu sube de 17 a 22 escaños, y son los más jóvenes los que impulsan esta escalada de una formación que no ha repudiado el terrorismo como vía política, sigue liderado por un ex etarra no arrepentido, y aun así se beneficia de un relato social complaciente con aquellos años de plomo. El Estado democrático derrotó a ETA con las armas y la sangre de un millar de víctimas, pero me deprime reconocer que estamos perdiendo la batalla del relato entre los que no vivieron aquellos años del terror , y solo es cuestión de tiempo, como diría Arzalluz, para que llegue el día de recoger las nueces. De momento, el PNV no quiere vías unilaterales, porque viven en una sociedad privilegiada con mucho que perder, pero todo se andará. Esto es lo que hay.

«En el Ayuntamiento estamos experimentando una caída importante en los ingresos y a la vez necesitamos destinar cada vez más recursos a ayudar a las familias que más lo necesitan con apoyo nutricional, becas de material escolar, pago de recibos de alquiler o de luz y gas».»Por ello, desde la responsabilidad de mi cargo y la vocación de servicio público he decidido renunciar a mi sueldo como alcalde, con el objetivo de poner más recursos a disposición de la ciudadanía que necesita la ayuda del Ayuntamiento, la administración más cercana y que con más agilidad debemos dar respuesta».

Así explica el alcalde socialista de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, su decisión de pedir su reingreso en RENFE. Blanco cobraba 49.812,70 euros anuales brutos, la misma cantidad que percibía como supervisor del AVE porque él mismo decidió tener ese salario cuando accedió al cargo.

Ciertamente, el alcalde Blanco ha puesto sobre la mesa un problema peliagudo que va a afectar a los ayuntamientos tras la crisis económica que llega después de la sanitaria. Como sucedió con la crisis inmobiliaria y bancaria que se inició en 2008, los ingresos municipales se van a desplomar sobre todo los impuestos más conectados a la actividad económica y esto se produce en paralelo al aumento del gasto social y de las ayudas de emergencia. En este sentido parece de sentido común, para no tener que seguir apretando tanto las clavijas al depauperado contribuyente, que los ayuntamientos implementen recortes en el gasto ordinario,tocando lo menos posible la inversión productiva,que incluyan un adelgazamiento de su nómina de asesores y de las retribuciones que perciben los grupos políticos, ediles y alcaldes. El Ayuntamiento de Azuqueca ya subió algunos impuestos de manera notable al principio de la legislatura y se ha quedado sin margen.

Pero lo que no acierto a entender es que teniendo el equipo de Gobierno diez concejales liberados además del alcalde sea éste el que regrese a su trabajo, y quede como una actividad secundaria el desempeño de la alcaldía del segundo ayuntamiento de la provincia.¿Está queriendo con este gesto de suficiencia del señor Blanco, yo tengo un trabajo al que volver, mandar un mensaje al resto de ediles liberados ante la difícil situación económica que va a pasar el Ayuntamiento? ¿Es posible atender las obligaciones de alcalde de Azuqueca cuando termine su trabajo en el AVE, teniendo en cuenta que no ha delegado ninguna función?.

Este es el panorama: Azuqueca, 12 concejales liberados, además del alcalde, que perciben 38.000 euros brutos cada uno, 456.000 entre todos. De los 12 liberados 10 son del PSOE, y de la oposición solo uno de IU y otro del PP. Todos están liberados al 80% de su jornada. Pero con este despliegue es el alcalde quien se va a supervisar el AVE. Algo me he debido perder en esta historia.

PD. Hubo otro alcalde, Antonio Román que también compatibilizó durante un tiempo su trabajo en el Hospital porque necesitaba una actualización profesional, lo que valió duras críticas de la oposición: «alcalde a tiempo parcial»,etc. Salía de anochecida del Ayuntamiento, cambiaron los horarios de algunas juntas y hasta las ruedas de prensa. Mi sensación es que no fue gratificante ni para él, menos a su familia y por defecto a la ciudad. Realmente duro. Caso disntinto es cuando tuvo una actividad marginal en la consulta de una clínica. Ahora, a Blanco le va a tocar supervisar Azuqueca desde el AVE en su jornada laboral y ni tan siquiera tiene parada en la estación. Me he perdido algo.

Un organismo oficial del Ministerio, el CEDEX ha hecho una propuesta para modificar ligeramente a la baja los niveles para trasvasar agua desde la cabecera del Tajo. Lo que se pretende con esta reforma es reducir las situaciones en que la cabecera se encuentra en situación excepcional, en la que ahora está la mitad de las veces. Con estas reducciones, CEDEX estima que la probabilidad de las situaciones excepcionales se reduce a un 20%, la probabilidad de no disponer de recursos trasvasables se limita al 5% y el trasvase mínimo anual se sitúa por encima de 100 hm3/año. Hay que significar que el trasvase medio anual resulta ser de 326 hm3/año, aunque desde que la regla entró en vigor, las aportaciones a los embalses de Entrepeñas y Buendía han experimentado un notable descenso.

La propuesta del CEDEX ha sido acogida con disparidad.

Los más críticos, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, porque si bien valoran que hay una reducción de los caudales a trasvasar, considera claramente insuficiente la rebaja dado que en los llamados niveles 2 y 3 se deberían negociar los criterios a aplicar, no que sean automáticos.

No es baladí, por tanto, que desde el Sindicato de Regantes de Murcia se valore la estabilidad del trasvase antes que el perjuicio por elevar de 1.200 Hm3 a 1.400 Hm3 el llamado nivel 1, como propone el CEDEX. Así lo reconoce su presidente:«Todo lo que sea estar en el Nivel 2, y que los trasvases sean automáticos, resultaría conveniente».

El consejero de Aguas y Agricultura de Murcia, el popular Antonio Luengo, ha tenido una reacción más política de crítica al Gobierno social-comunista, destacando que la reforma supone un descenso que él calcula podría llegar al 29%, lo que le «perjudicaría gravemente al campo». Aunque lo que le preocupa más al consejero murciano es que cuando se apruebe el plan hidrológico del Tajo se eleve su caudal ecológico, algo que al consejero no le gusta, porque preferiría «apostar por la depuración y el saneamiento en la cuenca, lo que tendría grandes beneficios medioambientales para todos y no tendría que llevar aparejado un nuevo descenso del volumen trasvasable».

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha no ha habido reacción a la propuesta del CEDEX, aunque días atrás el presidente García-Page se deshizo en elogios hacia el Gobierno Sánchez, por considerarlo el más favorable de los que ha habido hasta ahora en relación a las posturas que defiende Castilla-La Mancha en torno al trasvase Tajo-Segura. ¿Exceso de optimismo?

Yo digo que bien está subir los niveles, pero no me chupo el dedo: en el fondo se consolida la idea de la cabecera del Tajo como aljibe de la cuenca del Segura, unos pantanos donde hay un agua dispuesta a ser trasvasada de manera automática siempre que estén, como al día de hoy, apenas al 30%. Y eso solo sucede con el Tajo en todo el territorio español.

Todos tienen motivos para estar conformes y con los que discrepar, porque la propuesta del CEDEX es fronteriza, intenta contentar a todo el mundo y por un lado pone una vela en la cabecera del Tajo y un cirio en la huerta de Murcia.

En la cabecera no deberían despreciar que es un paso más a la hora de reducir la situación de «excepcionalidad» que afecta la mitad del tiempo a los niveles de Entrepreñas y Buendía, aunque supone para ellos una frustración que no se toque el nivel 4, que prohibe los trasvases cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía son inferiores a 400 Hm3, la mitad de lo que los ribereños reivindican.

Entre los regantes, no les importa tanto que pueda haber una reducción de los caudales cuando los pantanos están con más agua si finalmente se estabilizan en el nivel 2 (existencias conjuntas en Entrepeñas-Buendía inferiores a 1.300 hm3 sin llegar al nivel 3), porque de una manera automática se aprobaría un trasvase de 38 Hm2, como se ha hecho este mes de junio. Y aquí paz y después gloria.

Si en la época de José Bono se negoció un Plan Hidrológico que por primera vez estableció un mínimo no trasvasable de 240 Hm3; y luego con el Gobierno de Rajoy, el famoso Memorando, se subió a los 400 Hm2, la propuesta del CEDEX es un paso más hacia la estabilización de los embalses. Yo digo que bien está, pero no me chupo el dedo: en el fondo se consolida la idea de la cabecera del Tajo como aljibe de la cuenca del Segura, unos pantanos donde hay un agua dispuesta a ser trasvasada de manera automática siempre que estén, como al día de hoy, apenas al 30%. Y eso solo sucede con el Tajo en todo el territorio español. No se olvide lo que pasó con el trasvase del Ebro, que acabó entrando en una negociación del desnortado Zapatero con el independentismo catalán.

Seguramente este informe del CEDEX no deja de ser una escaramuza ante lo que viene: un Plan Hidrológico del Tajo en el que se tendrá que elevar el caudal ecológico del río para cumplir con las recomendaciones europeas, aunque no le guste al consejero de Agua murciano, que como es propio del cargo quiere llevar todo el agua (del Tajo) a su molino (en el Segura). Pero esto es lo que hay.

La declaración de Parque Natural para el Alto Tajo, de la que se cumplen 20 años, tardó mucho en llegar.  Se empezó a hablar de ella en los años setenta y cuando en la Diputación existía la Institución Provincial Marqués de Santillana, que ejerció un papel eficaz como engarce entre la Diputación y la sociedad civil de Guadalajara, del que hoy se carece, la sección de Medio Ambiente que abanderaba el montañero y escritor Jesús García Perdices (q.e.p.d.), lo llegó a plantear con gran emotividad. En la primera legislatura, cuando toda la corporación era de Unión de Centro Democrático (UCD) estuvo en un tris de ser solicitado, pero en el Señorío de Molina no lo vieron claro y se aplazó. José María Bris, que nos distingue con sus colaboraciones para este digital, lo podría contar en alguna de ellas con más detalle.

Fue una pena, porque tras ese fracaso hubo que esperar veinte años para que el Alto Tajo fuera declarado Parque Natural. El parque cuenta con 105.721 hectáreas, más otras 68.824 hectáreas de zona periférica de protección y comprendiendo ambas zonas partes o totalidades de hasta 35 términos municipales de la provincia de Guadalajara y 2 de la provincia de Cuenca. Aunque se manejó que una parte del parque tuviera la declaración de Nacional,  se descartó para evitar líos (como decía Salva Toquero, lo mejor suele ser es enemigo de lo bueno)  por más que tuviera condiciones para aspirar a ese máximo título del que disfrutan los quince parajes españoles más valiosos, entre ellos los castellano-manchegos de Las Tablas de Daimiel y el de Cabañeros, al que Bono salvó de convertirse en un campo de tiro. La declaración de parque Nacional es más restrictiva en cuanto a los usos compatibles y no hay que olvidar que en el Alto Tajo hay una explotación minera de caolín.

Por lo que el presidente regional Emiliano García-Page avanzó su última visita a Molina de Aragón y al santuario de la Virgen de la Hoz, parece que la idea del gobierno regional es que la parte mollar del parque, esos cañones y farallones que dan escolta al río desde Peralejos de las Truchas hasta más allá de Zaorejas,  pudieran formar parte del Parque Nacional, manteniéndose la declaración de Parque Natural para el resto, como hasta ahora. Los últimos veinte años han demostrado que es perfectamente compatible la protección del Medio Ambiente con ciertos usos agrícolas, cinegéticos, forestales y ganaderos, que fueron propios de la comarca, sin que suponga un impedimento la declaración de Protección, como sospechaban los diputados de UCD hace cuarenta años. Eso sí, presas y centrales eléctricas, no gracias.

 Por entonces el turismo rural no dejaba de ser una actividad tan limitada como emergente, y no se veía los beneficios que un parque natural podría traer a la comarca.

 En 2020 es palmario que el turismo en el  Alto Tajo debe ser la actividad económica con mayores posibilidades de crecimiento (sostenible) de la comarca, en algunas localidades lo es ya; y hay experiencias más recientes como el Geoparque muy interesantes. Por lo que, en principio, que una  parte del actual parque Natural se pueda convertir en Nacional es un fabuloso reclamo publicitario que bien aprovechado debe contribuir a dinamizar la comarca.

Por eso nos habría gustado que el consejero de Desarrollo Sostenible, el azudense José Luis Escudero, nos hubiera dado más detalles sobre qué se pretende con este paso, a qué áreas va a afectar y por qué,  y si la Junta perdería entonces la gestión de ese espacio más protegido, dado que los parque Nacionales  todavía son competencia del Estado. ¿O podría haber novedades? En su gabinete de prensa nos dicen que el asunto está todavía por madurar, así que tendremos que esperar a que el titular, el “Alto Tajo, parque Nacional” se haga realidad.  Esto es lo que hay, de momento, que no es mucho.         

Termino hoy con este  post el “Diario alarmado”, que nació con la pandemia, para reflexionar sobre las cosas que nos empezaban a pasar desde la declaración del estado de Alarma y que acabó con España confinada. Nunca llegué a pensar que al salir a la calle me la encontraría desierta y solo con una patrulla del Ejército recorriendo la calle Mayor y el paso de San Roque en tareas de policía. O que el mayor entretenimiento del día fuera  dar paseos por la terraza o salir a aplaudir a los sanitarios para no  tener que pensar cuántas advertencias se ignoraron antes para llegar a este estado de cosas, que ha tocado la moral de los españoles y ha hundido su economía hasta un punto que vamos a tardar tres años en recuperar los niveles anteriores a la pandemia.

Pero también esta anomalía sanitaria y democrática, con sus feas repercusiones políticas puestas en evidencia cada vez que había que convalidar el decreto de la Alarma por un parlamento más alejado del espíritu del 78 que nunca, constituían un formidable torrente informativo que la sociedad española quería conocer. En Guadalajara Diario nos reconfortaba que el esfuerzo que hacíamos todos los días por seleccionar entre comunicados y despachos de agencia la información esencial que merecía ser conocida tuvo una respuesta inmediata entre nuestros lectores.  Incluso creamos una nueva sección de actualidad: “Especial covid”, que lleva agregadas más de 150 noticias a las que hay que sumar las que tenían un perfil más local y que se publicaban en el resto de la web. Les confieso que había días en que después de haber leído más de un centenar de piezas sobre la evolución del virus acabamos psicológicamente fatigados. Pero era ver las estadísticas de difusión del día, hasta 750.000 visitas diarias acumuladas desde que comenzó la pandemia según la auditoría OJD, para que recobráramos el ánimo. La prensa volvía a ser un servicio público.  A todos estos lectores les quiero dedicar mi último post “oficialmente alarmado”. Aunque no se confíen: ha acabado el estado de Alarma, pero sigue la crisis epidemiológica y la política, no digamos. ¡Pero si todavía seguimos con los presupuestos de Montoro y la preocupación del sector comunista del Gobierno de Sánchez es ensuciar la figura de Felipe González por un caso juzgado que pasó hace 37 años!  ¿Será esto la famosa memoria histórica que algunos quieren imponer?