Esta semana se produjo en el parlamento regional el debate sobre el techo de gasto que tendrá Castilla-La Mancha para los presupuestos de 2014, que supongo verían cuatro gatos por internet. En GuadalajaraDiario lo dimos la relevancia que se merece, todas las opiniones quedaron expuestas, y llega ahora el turno de la reflexión.

Arturo Romaní, que es un consejero competente, y que tuvo el reto de coger una hacienda regional que estaba en ruinas, y no salió corriendo hasta Berlín, puso el énfasis en que a pesar de tener para gastar 160 millones menos, se va a poder “preservar y garantizar los servicios sociales básicos, universales, gratuitos y de calidad para todos los castellano-manchegos”. Esto quiere decir, en román paladino, que el gobierno regional no va a cerrar hospitales o residencias de ancianos, porque para eso todavía queda, no sabemos hasta cuándo, pero en lo tocante a la calidad nadie puede negar que cada vez es más difícil mantenerla si cada año bajamos el gasto, solamente a base de hacer la gestión más eficiente. Suena muy bien, pero es complicado.

Tenemos entonces 160 millones menos para gastar, que según Romaní es debido esencialmente a que el sistema de financiación es “nefasto” para Castilla-La Mancha, porque se van a recibir 129 millones menos por el Fondo de Suficiencia. Y les recuerdo que este fondo de compensación se creó en la etapa de Zapatero para que todas las comunidades, también las más pobres –entre las que se encuentra CLM– pudieran garantizar los servicios esenciales en materia de salud y servicios sociales. Los socialistas discreparon con Romaní en el sentido de que el problema viene sobre todo por la caída de los tributos propios –hablaron de 463 millones menos en ingresos propios no financieros–, a lo que el consejero respondió que crecieron 16,7 millones, un 4%. Lo que omitió Romaní es que gobierno de Cospedal también ha subido tasas e impuestos, y creado nuevos gravámenes para capear la caída de la recaudación, y que somos nuevamente los contribuyentes y empresas de esta región los que pagamos el descosido de las arcas públicas.

Los socialistas castigaron a Romaní con una evidencia: si hay 160 millones menos de gasto, los famosos recortes no solamente se van a mantener, sino que se incrementarán. Pero volvieron a defraudarme con la solución que propusieron como alternativa a ese recorte de 160 millones. Crear nuevos impuestos a las entidades financieras por los depósitos que tengan en la región, a las compañías distribuidoras de electricidad, a las que degradan el medio ambiente –se referían a los pantanos– y para los ricos oficiales de la autonomía, que se suponen que son los que ganan más de 80.000 euros al año.

Este discurso obrerista que consiste en decir que son las grandes fortunas y la gran empresa los que van a pagar este desajuste suena muy bien para los mítines, pero cada vez hay menos gente que se lo compre. Porque el pueblo español no se chupa el dedo y sabe que si se suben los impuestos a la distribución eléctrica, más pronto o más tarde, lo repercutirán en el recibo que pagamos los usuarios; si se crea un nuevo impuesto a los depósitos, lo que harán los bancos es lo que hacen ya, subir las comisiones de operación y mantenimiento, que cualquier día nos van cobrar solo por entrar a una entidad de crédito. Y gravar las rentas a los que cobran más de 80.000 euros y explicar que con eso pagarían las grandes fortunas es sencillamente una estupidez, porque las grandes fortunas no tributan por la renta sino por el impuesto de sociedades, y lo único que conseguirían es que los profesionales más destacados pidan refugio fiscal en Madrid y trasladarían allí su domicilio fiscal. Pero no es únicamente que la facilona receta de subir impuestos para compensar la caída de la recaudación solo contribuye a alargar la salida de la crisis, como ha quedado ampliamente demostrado en España, sino que ni el propio Martínez Guijarro se cree que en el 2014 sacaríamos 200 millones con estos nuevos gravámenes. Con lo que al final se acabaría generando más déficit, por lo tanto más deuda, y nos instalaríamos en un ciclo pernicioso del que no habría manera de salir.

Tenemos por tanto dos hechos ciertos, el sistema de financiación autonómica es nefasto para CLM, como dijo Romaní, y un pronóstico que no lo es menos, que es el que avanzó el portavoz socialista: que en el ejercicio 2014 los recortes y sacrificios serán todavía mayores para el ciudadano corriente, con lo que no se creerá una sola palabra cuando oiga que hay signos de recuperación, aunque sean verdad. Por lo tanto, más frustración.

Llegados a este punto, sucede que los políticos no quieren reconocer la mayor. Y es que como se ha advertido más de una vez desde Alemania – y frau Merkel ha vuelto a ganar– este sistema autonómico español de 17 autonomías peleadas, cuyas competencias no están acotadas por la Constitución se hace insostenible. Ahora, por ejemplo, parece que Rajoy quiere compensar a Cataluña con una nueva financiación, para frenar la deriva separatista –que por otro lado no va a conseguir–, y que lo que se traduce al final es que Cataluña aporte menos a la caja común española, con lo que no nos engañemos: esos 129 millones menos del Fondo de Suficiencia para Castilla-La Mancha en pocos años serán 200 o 300. Porque no es solo Cataluña la que apela a la independencia económica, Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana también quieren cambiar el sistema de financiación, pero para reducir todavía más los fondos de Suficiencia y Cohesión, con lo que llegados a ese punto autonomías como Castilla-La Mancha no serían sostenibles, o estarían condenadas a un menor nivel de desarrollo. Sería la España de dos velocidades.

Por mucho que a Rajoy le dé urticaria sobre lo que está pasando en Cataluña, y se ponga de perfil, hay algo que cada vez es más patente. La Constitución necesita una reforma de su título VIII para tratar de acomodar en ella a las autonomías históricas –Cataluña, País Vasco y Galicia–, y al mismo tiempo ver qué se hace con las demás, para que sean sostenibles, y frau Merkel no nos corra a gorrazos. Es complicado, porque habría que armar una nueva mayoría constitucional, como se hizo durante la Transición, pero no hay otro remedio. Hay que hablar de financiación, sí, pero también de fusión de autonomías, de gestión compartida entre el Estado y las comunidades que lo deseen las competencias en materia de sanidad y servicios sociales –lo que es el cuerpo del Estado del Bienestar– y de encajar a las autonomías vasca, catalana y gallega en la arquitectura constitucional española por otros cuarenta años.

De lo contrario este país regresará a la inestabilidad de siglos pasados y en autonomías como esta de Castilla-La Mancha, cada vez que se discuta el techo de gasto nos vamos a encontrar con el debate de este año. Que habrá menos dinero procedente de la caja común.

Esto es lo que hay, aunque no se quiera reconocer. Porque la política de hoy solo piensa en el corto plazo. No hay luces largas,como diría Montoro. Y con Rajoy, más.

Las Ferias han salido bastante bien. Porque sucede que con este modelo que nos hemos dado, la animación está garantizada con tal de que haga buen  tiempo. Pero este año he tenido la sensación de ver más gente que nunca en  calles, plazas y praderas durante las noches del largo fin de semana. También en los bares y en las terrazas del centro, cosa que antes no sucedía.

Tal es así, que el debate sobre el nuevo recinto Ferial, polémico cuando se inauguró, ha quedado zanjado. En Guadalajara, en Ferias, hay gente pa tó, como diría el Guerra, y da para tener tres zonas de expansión, jolgorio y bailoteo. Una, en el mentado Ferial. Dos, en el Eje del Botellón, que va desde la Fuente de la Niña hasta La Concordia. Y tres, en la plaza de Santo Domingo, cuyas actuaciones musicales estuvieron  muy concurridas.  A estos tres lugares podemos añadir un cuarto, la plaza Mayor, que  este año ha acogido a la nueva muestra de Teatro Popular, que con la fórmula de poner comedias de toda la vida, de esas que hacen la vida alegre al público, han  llenado todas las noches con un público maduro, que ya no está en edad de ir de botellón o a los conciertos de la Fuente la Niña.

Y de ese público quería hablarles. Yo estoy con el alcalde cuando dice que las fiestas de Guadalajara están en la calle, así que no estoy cuestionando ese modelo charanguero, que saca a 50.000 personas a las calles de Guadalajara durante el fin de semana, y en el que las peñas, sus carpas y verberas son las reinas del mambo. Pero, y lo dice un viejo peñista, nuestras fiestas son  de trazo duro, hay que tener un cuerpo muy joven para soportarlas,  y en la Guadalajara actual  hay otro tipo de público, como se detecta en las encuestas,  que no se reconocen ese modelo, y que aprovecha estos días para salir de vacaciones o marcharse al pueblo.

Creo que ha llegado el momento de dar satisfacción a este sector de vecinos, cada vez más numerosos, que demanda algo más que cha-cha-chay rock and roll. No hay que cambiar nada, simplemente aportar algo más.  Tanto el éxito del teatro de la plaza Mayor como los monólogos de Leo Harlem, han demostrado que existe hueco para este tipo de público, más sereno y reposado. En realidad, siempre lo hubo y recuerdo la semana de teatro y revista que organizaba con éxito la familia Luengo en el viejo Coliseo. O mucho antes, en el teatro Liceo. No hay que inventar nada.

Lamentablemente, ya no hay teatro privados en Guadalajara, pero existe un teatro Buero Vallejo, dirigido por gente con experiencia, y que bien podrían programarnos una semana variadita a base  de teatro, música, danzas, humor y monólogos. De pago, por supuesto, no habría que agrandar la bolsa  de la concejalía de Festejos.  Estoy seguro de que sería un éxito, y no por ello se iba reducir esa animación en la calle, de la que habla el alcalde. Y se repararía un  agujero que tiene el modelo actual con miles de ciudadanos a los que tanta bulla no les pone.

Esto es lo que hay. Se me olvidaba: He echado mucho de menos esas noches en los Jardines del Infantado. Tampoco han tenido su alternativa.

Un resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –no es una sentencia, pero en sus 24 folios los fundamentos de la decisión están muy detallados- ha tirado por tierra el principal proyecto de la legislatura de Antonio Román, lo que se ha dado en llamar filosofía Smart City, consistente en vincular la gestión del servicio y su retribución con la calidad del mismo, lo que por otro lado es un principio plausible al que el ayuntamiento no debería renunciar. De hecho, ya ha dicho Román que no lo hará. En cambio, sí tendrá que revisar de arriba abajo todo lo referente a la agrupación de servicios por cuanto la resolución supone un varapalo para la tesis defendida por la comisión de contratación, que preside el concejal de Obras Jaime Carnicero, y cuyo informe “sorprendentemente no se encuentra firmado por ningún componente del mismo, sino por un despacho de abogados”, según cita la resolución judicial aludiendo al conocido bufete Cuatrecasas, por el que el Ayuntamiento ha pagado unos 60.000 euros, que incluirían la retribución a una consultora (Deloitte) por la redacción de los pliegos de condiciones técnicos- administrativos.

La primera consecuencia de este fracaso es que el Ayuntamiento pensaba ahorrar mediante este primer megacontrato 1,5 millones de euros, “ahorro que se iba a trasladar de manera directa a la ciudad reduciendo los impuestos, y eso es lo que realmente no quería la oposición”, en palabras del alcalde. Es notorio que la oposición ha celebrado como un gran éxito esta resolución, ya que tanto PSOE como IU son los recurrentes, pero eso a mí me da igual. Lo que sí me preocupa como vecino –y contribuyente, que no es igual- de esta ciudad es que ya el alcalde está sugiriendo que no solo no van a bajar los impuestos sino que los podrían subir para poder mantener la calidad de los servicios. Y esto me pone los vellos de punta teniendo en cuenta que el IBI o contribución urbana, el impuesto principal del que se nutre el Ayuntamiento, ya subió en torno al 22% en el último año y el concejal de Hacienda reconoció que no hay margen para una rebaja cuando en el último pleno se rechazó una moción del Grupo Socialista para reducir su coeficiente del 0,63% al 0,53%. Y si la concejalía de Hacienda ha dicho esto hay que creerla, porque su titular Alfonso Esteban se ha ganado la credibilidad en esta legislatura buscando recursos hasta debajo de las piedras, y haciendo lo que no se había hecho nunca. Inspeccionar las matrículas de los impuestos y tasas que paganos algunos –iba a escribir erróneamente todos– porque se han detectado bolsas de fraude por importe de 1,4 millones como consecuencia de que unas 2.000 unidades urbanas no tributan el IBI y unas 800 no estaban dadas de alta en el padrón de basuras. Así no hay manera de cuadrar las cuentas.

Por lo tanto, la conclusión más negativa de toda esta historia del megacontrato de servicios municipales es que sería el contribuyente el que pague las consecuencias del fracaso. Y miedo me da porque todavía queda por venir la subida de las tasas del agua, donde por un lado hay una petición de Guadalagua para revisar sus precios y además el Ayuntamiento tendrá necesariamente que repercutir la subida del agua en alta aprobada por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que también preside el señor Carnicero, para empezar a pagar su famosa tercera conducción, que no puede venir en peor momento, porque aumenta la presión fiscal en el segundo tramo de la legislatura, y el electorado de clases medias del PP es especialmente sensible a ello. Porque se presume que las políticas de alta fiscalidad son propias del intervencionismo de izquierdas más cañí. ¿Para qué votamos entonces al PP?, se preguntarán. Un regalito para la oposición.

Varapalo jurídico.- Pero si estas son las consecuencias, la sentencia deja también en evidencia la gestión y tramitación jurídica de todo este proceso, por mucha asesoría de Cuatrecasas y Deloitte que hubiera por medio. Los más interesados pueden consultar la sentencia AQUÍ, así que voy con lo principal.

El meollo de la cuestión es que la sentencia tira por tierra la tesis del órgano de contratación municipal de que estuviéramos en presencia de un contrato de gestión de servicios públicos, sino de un contrato de servicios, como sostiene la oposición, que suena a lo mismo aunque jurídicamente es radicalmente diferente. Y abona esta tesis el hecho de que la retribución del contratista se satisfaga directamente por el Ayuntamiento de manera independiente del grado de utilización de los servicios de los usuarios.

A juicio del Tribunal, el hecho de que el contratista acepte voluntariamente una disminución de la cantidad fija pactada en el contrato si no cumple los estándares de calidad fijados en el mismo, “no puede considerarse como una asunción voluntaria de los riesgos derivados de aquel”. Y concluye: “El hecho de que pueda disminuirse hasta un 6% la retribución del contratista en caso de una mala calidad en la ejecución del contrato [como argumentaba el órgano de contratación] no puede suponer que este asuma el riesgo del mismo, puesto que la disminución de la retribución es solo una consecuencia de la mala calidad en la ejecución del contrato”, dice la resolución, y precisan aun más: “No de factores externos como el uso que del servicios hagan los ciudadanos”. El Tribunal cita expresamente que la exigencia de ese riesgo necesario “no se produce en la mayoría de las prestaciones” y este es un “elemento sustancial para caracterizar el contrato mixto como de gestión de servicios públicos”. Y a continuación pone algunos ejemplos ilustrativos: ni siquiera en la prestación del suministro de energía eléctrica su puede decir que haya habido una transmisión del riesgo de demanda, y cita los casos de los semáforos o la energía que va a consumir el alumbrado, que “ya se conoce de antemano”.

El Tribunal rechaza de plano otra de las tesis clave del órgano de Contratación, y es que estuviéramos ante un contrato mixto, porque para ello es imprescindible que las prestaciones de servicios “se encuentren directamente vinculadas”. Pues bien, el Tribunal no ve por ninguna parte qué relación tiene que haber “entre la gestión del alumbrado público, por ejemplo, y la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos”. E igualmente “resulta difícil considerar que se puedan encontrar vinculadas entre sí, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de bicicletas de uso público, la gestión del alumbrado público, o la limpieza y mantenimiento de parques y jardines”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento tenía previsto sacar en unos días un segundo megacontrato para la agrupación en este caso de la gestión integral de los edificios municipales, que ascendería a 72 millones de euros, y también por 17 años prorrogables por otros tres. Supongo que todo esto se mirará ahora a la luz de esta resolución, que lo deja muy clarito: “Las prestaciones vinculadas deben ser aquellas que tengan una “relación material directa porque las materias a las que afecten versen sobre cuestiones muy próximas”. En ese caso de la gestión integral de los edificios municipales aparentemente sí se cumpliría el requisito, aunque habrá que tener en cuenta otras cosas. A saber.

El Tribunal ha dejado meridianamente claro, y apoyado en la jurisprudencia suficiente, que también se ha vulnerado el principio de concurrencia, un hecho especialmente relevante para cualquier partido que defienda los ideales de la economía de mercado. Pues bien, la duración de este contrato (17 años, prorrogables a 3) “vulnera el principio de la libre concurrencia, porque excluye la posibilidad de concurrir al contrato a otros licitadores en el futuro”. Y este principio es presumible que afectaría también a la agrupación de la gestión de los edificios municipales, así que mucho ojo.

Por si no fuera poco, hay otra consideración que establece el Tribunal, en ese caso procedimental. Al tratarse de un contrato de servicios vulnera también la normativa europea, ya que por la cuantía del contrato habría requerido su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para facilitar una mayor concurrencia de empresas.

El alcalde Antonio Román hace un ejercicio de realismo al avanzar que no cree que el Ayuntamiento recurra esta resolución. La verdad es que no le queda otra. Los contratos de limpieza y recogida de residuos terminan en octubre, lo que exige soluciones inmediatas. Ojalá que esta vez haya más tino del demostrado en este trascendental asunto de la agrupación de servicios, porque las prisas no son buenas consejeras.

Esto es lo que hay.

Pie de foto: El alcalde Antonio Román, con gesto serio, flanqueado por los tenientes de alcalde Juan Antonio de las Heras y Jaime Carnicero, este último también responsable de la comisión de contratación, en la rueda de prensa que dio tras conocerse la resolución judicial.

Entre el Jesús Parra que jura la Constitución al tomar posesión como diputado provincial y el joven Jesús Parra que saluda al estilo falangista en el valle de los Caídos, yo prefiero quedarme con esa primera imagen. Desde que coincidí hace mucho tiempo con mi admirado Paco Fernández Ordóñez en aquellos años de la Transición en la que unos pocos nos empeñamos en alcanzar la democracia sin tenernos que liar otra vez a tiros, me quedé con una frase que a menudo repetía cuando algún cretino le afeaba haber sido presidente del INI con Franco. “Mire usted-decía muy tranquilo- los únicos que no cambian son los diamantes”.

El problema no era entonces en que desde las filas del llamado franquismo sociológico hubiera algunos que se quisieran pasar al bando de la democracia. Empezando por Adolfo Suárez o su mentor el ex ministro Herrero Tejedor. El problema siempre estuvo en los que erre que erre siguieron inasequibles al desaliento hasta cinco minutos después de fracasar el golpe del 23 F. Y por muy asentado que ahora parezca el régimen democrático, siempre será mejor que bajen al valle los que estaban asilvestrados allá en los riscos con las cabras que se tiren al monte millones de personas por no ver en el sistema democrático la solución a sus problemas. No olvidemos que en los tiempos de las grandes crisis europeas, así sucedió. Y para arreglarlo se necesitaron dos guerras mundiales.

El joven Parra podría haber salido mejor de este lío si se hubiera limitado a pedir disculpas sinceras, no al secretario de las Juventudes Socialistas, sino a los votantes que dan la confianza al PP pensando que es un partido democrático, y que no les gusta ver a sus representantes políticos saludando a la romana por santuarios y peñas recreativas. ¡Pues claro que hay gente que tiene que sentirse molesta! La duda ofende.

¿Pecados de juventud? Yo lo podría perdonar, por la única razón de que Jesús Parra no era entonces diputado provincial. Y por seguir las enseñanzas de Ordóñez. Pero Parra, en lugar de optar por la sincera disculpa, ser humilde y reiterar su compromiso con la democracia y la Constitución española, en el comunicado de ¿rectificación? se mete en otro jardín sin ninguna necesidad, y cae en descalificaciones generales tan absurdas como las que vierte sobre el PSOE y la izquierda por su presunto desprecio a la democracia y a la Constitución. Eso se llama equivocarse dos veces.

Mi querido Manolo Martín Ferrand, catedrático de los periodistas de mi generación, que se nos ha ido en silencio, escribió muchas veces sobre esa soberbia sobrevenida que parece afectar especialmente a políticos de las nuevas generaciones, que parecen empeñados en seguir alimentando un guerracivilismo tan estúpido como pernicioso. Y así escuchamos soflamas de jóvenes aspirantes a políticos, que parecen sacadas de la mochila del general Lister o disquisiciones sobre la intrínseca maldad de la izquierda que podrían figurar en la contracrónica de la prensa del Movimiento sobre el famoso contubernio de Munich.

Querido Manolo, maestro, cada vez hay más gente entre nuestros políticos que no tiene ni puñetera idea de lo que cada parte tuvo que ceder para lograr la primera constitución de consenso desde 1812. ¿Qué no hemos sabido explicar?