Hace justamente un año escribía lo siguiente:
«Han reconstruido por sus propios medios desde 2013 una casa del antiguo pueblo de Fraguas que estaba medio derruida. Y para ello utilizaron los métodos tradicionales, hasta el punto de que llegaron a fabricar sus propios ladrillos de adobe, que era el material empleado originariamente. La vivienda ya cuenta con agua, cocina, literas, biblioteca y luz generada por paneles solares. Además, se han dotado de una pequeña fuente de agua potable, un huerto, baño y una piscina que también les sirve para el control de incendios.

Si decimos, además, que todo esto se ha llevado a cabo en un antiguo pueblo de Guadalajara, que se despobló hace más de 30 años, es difícil no mirar esta aventura con simpatía. En el peor de los casos, estos repobladores que residen en lo que un día fue la aldea de Fraguas, en plena sierra norte de Guadalalajara, no parece que hagan daño a nadie. Y aunque solo sea por puro pragmatismo, el asentamiento que han consolidado allí no parece constituir un gran problema para Guadalajara y Castilla-La Mancha, como para degenere en algarada a retransmitir con altas dosis de demagogia por las redes sociales. Por ello, la aplicación rigurosa de la Ley sería en este caso muy antipática: a seis de estos repobladores o okupas les llegan a pedir penas de cárcel, 30.000 euros de multa y que por su cuenta vuelvan a demoler las casas que con tanto mimo y esfuerzo levantaron; y dejar aquello como lo encontraron, un descampado. Mucha gente no lo entendería.

Pero dicho esto, también, la Junta de Comunidades, como administración competente, tiene sus obligaciones y una de ellas consiste en ser garante del cumplimiento de la Ley. Por antipática que sea la situación. Y resulta que Fraguas ya no es ningún pueblo, porque sus antiguos vecinos fueron indemnizados por el Estado por sus propiedades, y desde entonces en un Monte de Utilidad Pública. Y una administración pública no puede hacer la vista gorda a la okupación de un patrimonio público por unos particulares, por muy buenas intenciones que estos tengan. En nuestro digital ya lo explicó el delegado de la Junta que legalmente no se puede catalogar de “núcleo urbano” a un lugar que no tiene esa consideración. Porque de no ser así, cualquiera podría construir en cualquier parte y como le viniera en gana, sin someterse a plan urbanístico alguno. Hay más incumplimientos, como que las casas que se reconstruyen se ubican en un parque natural. Aunque no me parece el mayor inconveniente, por la adecuada tipología serrana utilizada en su construcción.

El enredo legal, por tanto, es mayúsculo. Y la solución muy compleja. ¿Lo que a mí me gustaría? Que pudiera haber algún tipo de solución que amparara el nuevo asentamiento, sin que los que allí residieran generaran algún tipo de derecho a su propiedad. Algún tipo de convenio que resolviera la cuestión legal mediante un servicio a la comunidad a prestar por los repobladores, y que evitara la indeseable demolición de las casas reconstruidas.

Jurídicos tiene la Junta para explorar las vías legales».

Ha pasado un año y la administración de justicia, lenta pero inexorable, ha hecho su trabajo y ha puesto fecha y hora para ver la demanda interpuesta por la Junta de Castilla-La Mancha, como administración responsable. Un año en el que no se ha avanzado en la búsqueda de una solución legal que impidiera el juicio, por lo que la única propuesta que hemos conocido es la del diputado crítico de Podemos, David Llorente, quien propone lisa y llanamente a la Junta que retire la demanda. Y muerto el perro se acabó la rabia. ¿Que con ello creamos un precedente por el cual cualquier persona bienintencionada se puede hacer una bonita casa en medio de un parque natural, sin que pase nada? «¡A mi plin!»

Han tenido más de un año para buscar una solución legal; y no lo hicieron.Singularmente, el secretario general de Podemos, José García Molina, que estuvo en Fraguas para solidarizarse con los repobladores y hasta comió con ellos. Ni solucionó nada entonces, ni lo ha hecho ahora que -¡cosas de la vida!- es vicepresidente segundo de ese mismo gobierno regional que presenta la demanda. Esto es lo que hay.

PD.1.La pareja Iglesias-Montero tienen todo el derecho a comprarse un cómodo chalé en la sierra de Madrid, si tienen recursos con que pagarlo y una hipoteca que se lo financie. El problema es de coherencia, la de un político que presumía de vivir en Vallecas, y que de allí no le iba a sacar nadie. O en el caso de la señora Montero, de considerar indigno a un ministro que se compró un piso por una cantidad similar a lo que vale su chalé. Pero todavía hay algo peor: que cuando les han pillado con el carrito del «helao», convierten un problema estrictamente personal en un asunto central de su partido al pedir a sus militantes de una forma torticera que avalen la operación La Navata. Y encima los amenazan con marcharse -dos por uno-, si no les reiteran su confianza. Como decía su admirado general Perón: «Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia». O: “Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”.

PD.2.-Y ahora Zaplana. Por cada paso en la buena dirección que da el Gobierno (y los Presupuestos los tiene encarrilados) le aparece un cadáver en el armario. Esto ha llegado a tal punto en que por acción u omisión cualquier persona relacionada con aquellos años de plomo de la corrupción en el PP debería dar un paso atrás.Las encuestas son solo un aviso. El siguiente vendrá en las elecciones de 2019, y eso que las locales y autonómicas son las que peor le vienen a Ciudadanos, un partido que le queda camino por recorrer. Pero una bola de nieve cada vez más grande baja por la ladera de la montaña…