La consejera de Fomento, la talaverana Agustina García-Élez, ribereña del Tajo, se sorprendía de que esa entelequia llamada Comisión Técnica de Explotación del Trasvase Tajo-Segura (porque no deja de ser el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, es decir el Gobierno, con nombre de tecnócrata), aplicara la Ley a rajatabla, y que el tri-trasvase de 20 Hm3 aprobado para los meses de abril, mayo y junio, se ampliara a 38 Hm3 para cada uno de los tres meses. Se lamentaba la consejera de que el Gobierno no había esperado a que se consolidaran los niveles de los embalses, como si esto fuera una novedad. Pero no lo es.
La normativa sobre trasvases simpre se ha aplicado a rajatabla por todos los gobiernos. Si lo hiciera igual con el conjunto de leyes y reales decretos que salen del parlamento y del Consejo de Ministros, España sería el país más cumplidor del universo.
Hubo un tiempo en que fue sumamente fácil: como no había líneas rojas –más allá de esa ridiculez que llaman caudal ecológico, y que no lo es tal–, el Gobierno podía trasvasar lo que le viniera en gana y dejar secos a los pantanos de Entrepeñas y Buendía (entonces llamados Mar de Castilla), si así le complacía. Luego echaron a andar las comunidades autónomas, y el gobierno de José Bono llegó a un acuerdo con el gobierno de Felipe González ( cuando Bono era guerrista y Guerra era Guerra) sobre un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, que por primera vez establecía un mínimo por debajo del cual ya no se podría trasvasar: fue de 240 Hm3, apenas el 9,7% de la capacidad de ambos pantanos; y como por estas tierras castellanas nunca hemos sido de mucho pedir, que eso queda para otros territorios oprimidos por el centralismo español, pues el personal lo celebró. Quiso la pertinaz sequía que, años después, tuviéramos un verano terrible, y el Gobierno autorizó un “trasvase de emergencia” por debajo de esa cantidad de 240 Hm3, aunque solo para abastecimiento humano del Levante. También lo coprendimos.
Y así pasaron los años, en los que la manga riega del Trasvase funcionó con generosidad y en el Segura debieron pensar que los recursos del Tajo eran ilimitados, por lo que cada vez había allí más superficie a regar y más bocas a las que dar de beber, por la expansión del turismo. Hasta que llegaron más pertinaces sequías, como decía aquel que inauguró los pantanos, que pusieron en solfa los cálculos sobre los que se basó la propia Ley del Trasvase. En Entrepeñas y Buendía el régimen de lluvias no garantiza las expectativas de los cabezas de huevo que ingeniaron el Trasvase, por lo que cada vez que llega un ciclo seco, hay que vaciar la cabecera del Tajo, sin remedio. Y así se hizo por los gobiernos de turno dando al traste con el incipiente desarrollo turístico que había despertado ese Mar de Castilla en los años buenos. Hasta el Rey del Pollo tuvo que cerrar.
En el 2014 se produjo un alineamiento planetario, parafraseando a Leire Pajín, por el que el gobierno central y todas las autonomías afectadas por el Trasvase estaban gobernadas por el Partido Popular , con lo que se aprobaron unas nuevas normas reguladoras del Trasvase Tajo-Segura, lo que se vino a conocer como el Memorando. Los populares lo vendieron como el fin de la guerra del agua y el gobierno de Castilla-La Mancha, con José María Barreda al frente, como una traición a la altura de la Campana de Huesca cuando Ramiro II el Monje, rey de Aragón, decapitó a doce nobles que se opusieron a su voluntad. La normativa elevó ese mínimo no trasvasable desde 240 Hm3 a 400 Hm3, que es tanto como decir del 9,7 % de la cabecera hasta el 16,1%. Por las matemáticas sabemos que 240 es < a 400, pero el tiempo nos ha venido a demostrar, además, que sigue siendo un mínimo insuficiente para atender a las expectativas futuras de la cuenca del Tajo; y ya no digamos cualquier expectativa de desarrollo turístico en los municipios ribereños. ¿Quién va a invertir en el entorno de un lago que en un ciclo seco se convierte en un secarral? Por ello, la Asociación de Municipios Ribereños reivindica que la raya roja se suba hasta el 40 % de la capacidad de la cabecera del Tajo, poco más de 900 Hm3. No parece descabellado. (Aprovecho este paréntesis para lo más farragoso, aclarar que si por un casual la cabecera mejora y está en un arco, según los meses, que va entre los 597 y 688 Hm3, el trasvase puede llegar a los 38 Hm3 mensuales, que es lo que se aprobó el viernes. O si se produjera un milagro climático por el que las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.300 hm3 , o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3, en ese caso el órgano competente -ordena la Ley- autorizará un trasvase mensual de 60 hm3 hasta un máximo anual de 650 hm3 en cada año hidrológico, 600 para el Segura y 50 para el Guadiana, cuando se ponga en marcha otro trasvase del que no se habla, porque es interregional , aunque en otra cuenca, la llamada tubería manchega)
Por tanto, a rajatabla se aplica el Memorando, así que más nos valdría dejarse de lamentaciones y corregir el tiro de una política regional sobre el agua, que siempre ha pinchado en hueso. Les recuerdo la frustrada reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, para finiquitar el Trasvase, que con tanta alegría Barreda presentó en el Congreso y se empantanó ante las mayores fuerzas (electorales) desplegadas por el Levante español, que en materia de agua siempre se ponen de acuerdo, porque saben lo mucho que se juegan.
En Castilla-La Mancha, el agua solo ha servido para hacer política con “p” minúscula. Para arrojarse el Travase a la cabeza, unos diciendo que un mínimo de 400 Hm3 es una ridiculez y los otros que con sus gobiernos todavía estaban peor, porque era de 240 Hm3. Los más triste de todo es que ambos tienen razón. Dijo el tuerto al ciego.
Así las cosas, mientras en el parlamento de Cartagena se han aprobado cuantas resoluciones han sido necesarias en favor del Trasvase, en el de Castilla-La Mancha no han sido capaces PP y PSOE de dar una respuesta unánime, porque siempre ponen por delante la carreta a los bueyes, la demagogia partidista antes que los intereses generales de la comunidad ¡Pero si ni tan siquiera en el Ayuntamiento de Sacedón se han puesto de acuerdo para aprobar una moción conjunta frente a la última derivación!
Lluego pasa lo que pasa. Que el secretario de los socialistas de Murcia, Diego Conesa, ha sido capaz de hacer cambiar de opinión a Pedro Sánchez en diez días, en los que pasó de enterrador del Trasvase a convertirse en su valedor. La percepción en los partidos nacionales y la opinión pública es que el discurso antitrasvase en Castilla-La Mancha es postureo, como se dice ahora, mientras que en el Levante, además de su superior fuerza electoral, tienen una economía poderosa a la que riega y alegra al PIB español.
Una economía, lo he escrito varias veces, que hay que cuidar, pero que se asienta en unos supuestos falsos, como es que la cabecera del Tajo, por sí misma, puede abastecer las necesidades de su envidiable huerta y el abastecimiento humano de una región, que tiene un turismo de masas.
No es posible, es injusto para la cuenca cedente, aunque tenga menos huertas y menos votos, y por eso es tan necesario llegar a acuerdos sobre un Pacto del Agua que sea verdaderamente nacional.
En esto soy pesimista; lo reconozco. Lo más razonable sería avanzar hacia una política hidráulica que contemplara la conexión de cuencas, de norte a sur, y aunque por técnica es viable es políticamente incorrecto. El deficiente funcionamiento del Estado Autonómico en todo lo que son políticas de solidaridad y cohesión territorial, en franca regresión por el avance hacia un modelo federal asimétrico, haría inimaginables derivaciones del Duero al Tajo, luego del Tajo al Levante y al Guadiana, o del Ebro al Levante. Ni lo sueñen ver en esta España nuestra planes que los regeneracionistas se plantearon en el siglo XIX o a principios del XX ministros progresistas como el republicano Indalecio Prieto. Tales políticas vertebradoras de España son ahora una quimera, porque el Estado Español, y sus gobiernos cada vez tienen menos fuerza ante los poderes periféricos. Y solo pueden imponer un trasvase: el del Tajo-Segura. Ahí se paró el Estado.
Por ello, seguramente, García-Page se ha hecho antitrasvasista y se ha convertido en un fervoroso defensor de las desaladoras, para que en el Levante tengan una alternativa al Trasvase. Tal vez una posición así se explica por puro posibilismo y por la incapacidad del Estado para ir más allá en esa deseable conexión entre cuencas, en los límites de lo sostenible.
Pero perdónenme, la pregunta, porque no me acaba de entrar en la cabeza: ¿por qué es mejor dejar que agua excedentaria se vaya al mar, sin que se pueda trasvasar una cantidad mínima (el 7% del Ebro en Tortosa, por ejemplo) y luego la recojamos de ese mismo mar, para desalarla, aunque nos sale mucho más cara y encima genera residuos salinos?
Sinceramente, no lo entiendo. Será la edad o mi empeño en leer a esos políticos e intelectuales incorrectos que creían en una España vertebrada, solidaria y cohesionada. A lo que se ve incompatible con este modelo nacional-regionalista al que avanzamos y que está más cerca de los excesos que acabaron con la I República Española que de los ideales que inspiraron la Europa de los Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet o Alcide de Gasperi .
Pero esto es lo que hay. Trasvases en modo “a rajatabla”. ¿Para siempre?
