Cuando llegamos al 41 aniversario de la Constitución española la Nación vive un momento grave del que no tenemos experiencia desde 1978. El gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez quiere conseguir una investidura que las sucesivas elecciones no le han permitido revalidar con mayoría suficiente desde el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, y lo quiere hacer apoyándose en dos patas principales, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, que no comparten aspectos fundamentales de la Constitución del 78.

En el caso de Podemos, sería la primera vez que un partido populista de extracción comunista llegaría al gobierno de España con esta Constitución de la que cuestionan asuntos esenciales, recogidos en el artículo primero de nuestra carta magna. En su apartado 2, se especifica que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», y el partido de Iglesias defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña (también el de País Vasco y Galicia, ¿y por qué no de Castilla-La Mancha, dónde se pone el límite), «derecho» que no recoge ninguna constitución europea. En su apartado 1.2 la Constitución señala que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria», y a estas alturas el postulante a vicepresidente del Gobierno todavía se pregunta ¿para qué sirve la monarquía?». Pero lo peor es que el presidente en funciones parece darle la razón al comportarse en todo este proceso de formar gobierno como un presidente de la República de facto, escondiendo la figura del Rey y su papel constitucional, porque ni tan siquiera ha podido iniciar las consultas para la formación del Gobierno, y todo parece decidido.

La segunda pata de la mesa que diseña Sánchez en su república de Ikea, se llama Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido más desleal a la democracia española que existe. En 1934, ya proclamaron el Estat Catalá, y la República tuvo que mandar al general Batet para poner orden, algo que ahora no parece muy dispuesta su descendencia (¡Ay Meritxel, qué espectáculo más esperpéntico consentiste en la toma de posesión de los diputados independentistas y antisistema de esta legislatura!). Esta misma ERC que el 1 de octubre de 2017 promovió y apoyó un referéndum ilegal en Cataluña, y que no tiene el más mínimo empacho en declarar (Oriol Junqueras, dixit) que «lo volveremos a hacer». Como dijo el otro día Alfonso Guerra en referencia a esta doble coalición «es como si a los niños les das una granada explosiva».

Pues bien, con estos mimbres quiere construir Sánchez la legislatura, sin explicarnos qué ha cambiado sobre lo que decía hace unos meses en campaña electoral del desvelo que le iba a producir un gobierno de Podemos. O de su firme disposición a aplicar la Constitución en Cataluña ante cualquier aventura separatista. De la noche a la mañana, el «problema de convivencia» al que se refirió en campaña se ha transformado en un «conflicto político», con lo que nuestros socios en Europa se deben estar pellizcando. Porque vamos a ver, ¿cómo puede un gobierno de Sánchez pedir a un gobierno de la UE que no reciba a los líderes sediciosos si ese mismo gobierno está negociando con ellos en la cárcel la investidura del presidente en funciones? Como decía también Guerra «este no es el nuevo PSOE, es otro PSOE», y en el que un referéndum plebiscitario a la militancia con una pregunta inducida se sustituye por el debate democrático que antes se hacía en las asambleas locales, provinciales, regionales hasta llegar al Comité Federal. Es este «otro PSOE» que en aplicación de los usos y maneras caudillistas el jefe se relaciona directamente con la militancia, sin contrapoderes intermedios, mediante referéndums en los que no es posible saber ni el resultado en cada provincia. Solo cifras globales.

Para hacer posible que estas alianzas contra natura funcionen, ya hemos visto que hay que empezar a desmontar principios esenciales de la Constitución, que en su artículo 2 nos habla de la «indisoluble unidad de la Nación española», a lo que siempre estará dispuesto ese PSC, principal apoyo de Sánchez en el PSOE, que le ha faltado tiempo para reclamar el «estado plurinacional», se supone que como paso previo a una interpretación diferente de la soberanía (si hay más de una nación, hay diferentes soberanías).

Pero esto no es lo malo, lo peor para que este tacticismo de Sánchez funcione (y que consiste en poner por delante su investidura de una mayoría parlamentaria que le dé estabilidad a ese gobierno), se está tirando por la borda la base fundamental de la Constitución y de la Transición que la hizo posible: renunciar a esas dos Españas, que parafraseando a Machado, una de ellas nos helaría el corazón. El camino que Sánchez parece dispuesto a recorrer disuelve ese consenso que se fraguó en la Transición, o como muy bien se expresa en esa «Carta a los españoles» que Nicolás Redondo, Fernando Savater, Paco Vázquez o Rodríguez de la Borbolla, entre otros han publicado: «Un gobierno que represente solo a una mitad del país no estará en condiciones de realizar las reformas imprescindibles para encarar el futuro ni conseguirá que cicatricen las heridas recientes. No lo estará un gobierno formado exclusivamente por el PSOE y Podemos. La situación empeora si consideramos que el gobierno que se prefigura habrá de contar, para cada paso, con la aprobación de fuerzas independentistas que no disimulan el objetivo de destruir nuestro devenir democrático común amparado en la Constitución. Además, resulta inviable la defensa del Estado del Bienestar a base de acuerdos con quienes pretenden destruir el Estado. Así que en estas circunstancias ningún gobierno de España puede quedar bajo su dependencia. Sería un gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana».

Porque esta es la clave de todo este asunto. Por mucho que Sánchez pueda prometer a los independentistas, nunca les podrá reconocer el derecho a la autodeterminación, y en consecuencia a un referéndum vinculante. Con lo que una vez más estaríamos engordando la frustración de la que se autoalimenta el independentismo y el victimismo que luego inocula a la sociedad desde la escuela y la TV3. En lugar de reflexionar sobre cómo se ha podido llegar a este estado de cosas y adoptar las medidas correctoras oportunas -empezando por la reforma de la Ley Electoral-, lo que nos propone Sánchez es que volvamos a entrar en el juego del nacionalismo, para que él pueda gobernar durante cuatro años, aunque sus futuros socios ya le han dicho que no están dispuesto a bajarse del burro, y que la misma felonía que hicieron en 1934 y en 2017 la van a repetir en cuanto tengan ocasión.

«Creemos que el momento exige abrir una fase de colaboración constitucionalista y transversal, que sitúe la política española en posiciones moderadas, alejadas de los extremismos sectarios. Tras años de tremendismo verbal, de exageraciones partidistas, debemos propugnar el sosiego. Las formas para conseguir la concordia necesaria y que la democracia funcione correctamente pueden variar: coalición de gobierno o pacto parlamentario. Lo importante es que sirvan para fortalecer los consensos básicos iniciados en la Constitución de 1978», prosigue la recomendación de esa «Carta a los españoles». Aunque ya sabemos que Sánchez no está por la labor, porque pedir a PP y CS que se abstengan (sin negociación de por medio) para que él pueda gobernar con la extrema izquierda es un insulto a la inteligencia que llevaría a estos partidos a su desaparición; y a dejar a un partido populista de derecha como Vox, única alternativa a Sánchez. ¿O no es esto lo que ha pretendido siempre para taponar un gobierno moderado de centro-derecha? ¿Estirar la política hacia los extremos buscando el frentismo que se ensayó en la última fase de la II República con los resultados conocidos?

Esto es lo que hay. Un tercio de los diputados que el martes tomaron posesión, utilizando algunos las formulas más estrafalarias, que avergonzarían a cualquier sede parlementaria europea, están por liquidar el edificio legal que «con errores y aciertos, vivimos el periodo de progreso social y económico más brillante de nuestra reciente historia y con la Constitución, nuestra casa común, recuperamos las libertades y alcanzamos la máxima dignidad, porque la ley nos hace a todos libres e iguales».

Desde la tristeza que a algunos nos produce esta «España de coros y danzas» a la que nos dirigimos (la expresión es también de Guerra), me gustaría que todavía hubiera tiempo para gritar:¡Viva la Constitución!, aunque la pena es que algunos lo hagan muy bajito para no molestar al jefe, y este no se entera.